Gendarmería informó a INTERFERENCIA que investigará los hechos revelados el pasado miércoles por nuestro medio, los que dieron cuenta que el ex fiscal militar y asesor de Augusto Pinochet, Fernando Torres Silva, estuvo dirigiendo causas judiciales desde el penal Punta Peuco.

Los antecedentes publicados por este diario digital señalaron que el también ex auditor general del Ejército estuvo entre 2015 y 2019 enviando correos electrónicos desde el penal a sus colaboradores, entre los que se encuentran ex funcionarios del mismo organismo de las Fuerzas Armadas.

“Para recabar más información la Dirección Regional Metropolitana solicitó un informe a la unidad penal para investigar en profundidad la denuncia”, señalaron desde Gendarmería.

A raíz de la publicación, distintos diputados señalaron que oficiarán a Gendarmería y al Ministerio de Justicia, encabezado por Hernán Larraín, para que se aclare la situación ocurrida con Torres Silva.

En la comunicación con INTERFERENCIA, el organismo encargado de vigilar las cárceles recalcó que “ningún interno del penal Punta Peuco tiene acceso a internet y comunicación por esta vía. Los sistemas de comunicación están reglamentados en visitas presenciales con personas enroladas y llamadas a través de teléfonos públicos en horarios acotados y algunos días a la semana”. Asimismo, agregaron que Torres Silva no registra faltas al régimen interno.

Al interior de esta cárcel que alberga a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, anteriormente se ha encontrado la vulneración a esta restricción. Así fue el caso de el ex agente de la CNI, Álvaro Corbalán, quien en 2015 y 2019 fue sorprendido con distintos aparatos electrónicos que utilizaba para contactarse con el exterior.

El penal Punta Peuco, ubicado en la comuna de Til Til, nació en 1995 ordenado por el entonces presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con el objetivo ingresar a los condenados por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura liderada por Augusto Pinochet Ugarte. 

El recinto pudo haber sido cerrado a principios de marzo 2018, puesto que la entonces presidenta, Michelle Bachelet, ordenó clausurarlo. Pero como esto ocurrió durante las últimas horas de su mandato, el ministro de Justicia de la época, Jaime Campos (PR), se negó a firmar el decreto, dejando sin margen de tiempo la posibilidad de concretar la medida.