El jueves 11 de abril de 2019, Raimundo Larraín Hurtado llegó hasta el Museo de la Educación Gabriela Mistral. El jefe de la División de Educación General (DEG) del Ministerio de Educación (Mineduc) –e hijo del ex senador y presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín Peña– llevaba apenas dos meses en el cargo, y arribó en ese lugar para participar en el lanzamiento de un texto confeccionado por la Agencia de Calidad de la Educación, que recopilaba la experiencia de 15 colegios de distintos lugares de Chile que habían trabajado en un mejoramiento educativo.

Larraín Hurtado felicitó a los directivos de los establecimientos, que se encontraban presentes en la cita. Dijo que las prácticas que se contaban en el libro reflejaban “en lo más profundo, lo que es calidad de educación (…) son un fiel reflejo de lo que ocurre cuando la confianza se deposita en las escuelas”.

Exactamente 25 días después, el 6 de mayo de 2019 el hermano de Raimundo, Carlos Larraín Hurtado, firmó un contrato millonario con la Agencia de Calidad de la Educación, en representación de una empresa de tecnología con sede en Suiza. A pesar de que esta sociedad proveía a instituciones públicas desde 2009, y que trató con Conicyt durante el gobierno de Michelle Bachelet, esta fue la primera gran compra por parte de un organismo ligado a la educación en la actual administración de Sebastián Piñera.

El contrato

“No es gran investigación ya que fue declarada por él mismo, por transparencia (…) no hay propiedad de colegios por tanto no existe conflicto de interés alguno”. Esas fueron las palabras que la ministra de Educación, Marcela Cubillos, escribió en su cuenta de Twitter en febrero de este año, cuando INTERFERENCIA dio a conocer la participación de Raimundo Larraín Hurtado en Inversiones LH Limitada, sociedad mediante la cual él, sus hermanos y su madre participan en el holding educacional Santo Tomás.

Esa fue la primera y última controversia en la que se vio envuelto Larraín Hurtado. Hasta su padre salió a defenderlo en privado, y le envió un mensaje al senador Alejandro Guillier –quien criticó este nombramiento– en el que le señaló que si había “alguien que no necesita pituto es Raimundo: Bioquímico con una tesis interesante; dos años con Enseña Chile apoyando escuelas y niños de carne y hueso en Peñalolén; grado en educación por U. de Columbia en Nueva York; dos años con Teach for América que lo envió a Bangladesh, Indonesia, Haití y a otros lugares”.

“¿No pueden mis hijos trabajar en el servicio público?”, escribió el ex senador, según consignó La Segunda.

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Raimundo Larraín Hurtado durante la actividad de la Agencia de Calidad de la Educación el pasado 11 de abril. Foto: Agenciaeducacion.cl

Desde entonces, el papel de Raimundo Larraín a cargo de la DEG, división encargada de relacionarse con los colegios, ha pasado bastante desapercibida. Sin embargo, un nuevo antecedente puede cambiar el escenario.

La historia comienza en febrero de este año, cuando la Agencia de Calidad de la Educación abrió un proceso de “Gran Compra” entre los proveedores que estaban suscritos al convenio marco para entregar a instituciones públicas el “servicio de reclutamiento, selección y consultorías en desarrollo y gestión de personas”. Un proceso que llegó a puerto el 6 de mayo pasado, cuando la empresa que se adjudicó el trato, Data Conversion Service, suscribió el acuerdo con Juan Bravo Miranda, secretario ejecutivo (s) del organismo.

Junto a su firma, y en la parte final del contrato –que publica INTERFERENCIA íntegramente–, estaba la del representante legal de esta compañía suiza que comenzó a operar en Chile en 2006. Era la de Carlos Larraín Hurtado, actual concejal por Las Condes, hermano de Raimundo Larraín Hurtado y socio de este en distintas sociedades, tales como Inversiones LH Limitada, la que vincula a ambos hermanos al holding educacional Santo Tomás.

El trato con Data Conversion Service tiene una vigencia de dos años, hasta 2021, por un monto total de 2.436 UF, una cifra que bordea los $68 millones. El servicio a realizar es el de selección y reclutamiento de personal, con todas las etapas que esto implica: análisis curriculares, realización de pruebas técnicas a los postulantes y evaluaciones psicolaborales, entre otras.

Este antecedente puede complicar las cosas no solo a Raimundo Larraín Hurtado, sino que también a la ministra Cubillos. Si bien la Agencia de Calidad de la Educación tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, depende de la cartera que hoy encabeza la militante de la UDI, pues nombra mediante decreto a los cinco miembros del consejo –principal órgano de esta entidad– “previa selección conforme al Sistema de Alta Dirección Pública”. No solo por eso; la Agencia trabaja codo a codo con la división que encabeza Raimundo Larraín Hurtado, generando estudios y estadísticas para mejorar la educación escolar en Chile.

Y como si fuera poco, el poder de Juan Bravo Miranda para haber firmado el contrato con Carlos Larraín Hurtado ese 6 de mayo, en representación de la Agencia de Calidad de la Educación, fue entregado a él mediante un decreto exento del propio Mineduc este 2019.

INTERFERENCIA se contactó con el equipo de comunicaciones del Ministerio de Educación ayer jueves en la tarde, que traspasó nuestra consulta a la Agencia de Calidad de la Educación. Desde este organismo se señaló que no podían responder a este medio en este lapso de tiempo. El Mineduc, por su parte, no envió una declaración al respecto.

La empresa

De acuerdo al sitio web de DCS, esta empresa tiene como domicilio Ginebra. “Esta compañía suiza se especializa en outsourcing informático y administrativo desde 1973, y en reclutamiento y selección desde 1976. Se forjó una gran experiencia en el ámbito de las gestión documental con el objetivo de facilitar las operaciones administrativas e informáticas de sus clientes”, indica la página de esta firma. 

Su primer trato con un organismo público en Chile se dio en diciembre de 2009, y ha tenido vínculos laborales con la subsecretaría de Salud, de Energía, el Conicyt, Sernapesca y ahora con la Agencia de Calidad de la Educación.

Según el sitio web de Mercado Público, en 2018 se adjudicaron un monto menor a $1 millón, y en 2017, durante el gobierno de Michelle Bachelet, un monto superior a $68 millones. En la ficha de proveedor donde se entrega esta información, aparece como contacto la misma persona involucrada en este caso: Carlos Ignacio Larraín Hurtado.