Preocupación existe en el oficialismo a pocos días de concretarse la primera elección de gobernador regional, cargo que sustituirá al intendente como máxima autoridad política en todas las regiones del país.

Los sondeos que manejan en Chile Vamos indican que, en el peor de los escenarios, la oposición podría quedarse hasta con 13 de las 16 regiones en disputa, lo que crearía un panorama crítico para los partidos de gobierno y el mismo Ejecutivo.

Más allá del pesimismo en torno a los cálculos, desde La Moneda han optado por presidencializar los comicios, involucrando activamente a los aspirantes del sector en la campaña de Catalina Parot, carta de Evópoli en la Región Metropolitana. El todo o nada del oficialismo busca endosar algo de popularidad a una candidatura en problemas, pero también supone el riesgo de salpicar con un duro revés electoral a quienes buscarán ser la continuidad de Sebastián Piñera.

Consciente del peligro que conlleva transformar la elección del fin de semana en un precedente de cara a noviembre, el gobierno estaría trabajando para evitar a toda costa la “fotografía” de un intendente abandonando su cargo y siendo reemplazado por un gobernador de oposición. En esa apuesta, la clave es la distribución definitiva que tendrán los edificios de los GORE y la figura del delegado presidencial.

El delegado es otra plaza que se crea a partir de la disolución del intendente. A diferencia del gobernador, será designado por el Presidente de turno y su principal misión será ejercer jefatura ante las Seremi. Igualmente, tendrá potestad en temas como seguridad, extranjería y emergencias, lo que adelanta una relación tensa con el gobernador, que si bien actuará como primera magistratura en las regiones, nace a la vida política con un estrecho margen de acción.

En distintas ciudades las autoridades locales anunciaron que tanto gobernador como delegado compartirán oficinas en los actuales inmuebles de Intendencia, acusando razones de austeridad fiscal. Sin embargo, según detractores de la medida, se trata de un claro intento de La Moneda por minimizar el traspaso del mando regional y desactivar un “desalojo anticipado” a meses de las elecciones presidenciales.

“Al gobierno le va a ir muy mal en esta elección y una forma de seguir concentrando el poder durante el tiempo que le queda es que el símbolo del poder presidencial se quede ahí, el delegado de Sebastián Piñera. Para el presidente va a ser muy desagradable, antes de entregar la banda presidencial, transferir en regiones el poder a partidos de oposición”, plantea Egon Montecinos, director del Centro de Estudios Regionales de la U. Austral y ex intendente de Los Ríos entre 2014 y 2017.

El especialista califica como una “pataleta del centralismo” la idea de que delegado y gobernador convivan en un mismo edificio y apunta también a la poca voluntad de los partidos, a los que responsabiliza de acostumbrarse a librar grandes batallas a nivel nacional y luego repartirse el botín en las regiones. “El centralismo político es una forma de administración que tiene su expresión en el gobierno y está muy arraigado en las colectividades. No quieren perder poder, esto de ganar la presidencia y luego apoderarse de todo hacia abajo”.

Cohabitación política

Jeanne Simon, académica del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la U. de Concepción, afirma que la contienda por las oficinas configura un escenario de disputa entre delegado y gobernador antes de la asunción de este último, fijada en julio próximo. “La tensión entre las dos autoridades hoy se expresa en el espacio físico, pero luego se va a trasladar al día a día y es algo que no se ha abordado debidamente”.

Egon Montecinos coincide, y hace hincapié en que la dualidad de autoridades posibilita el fenómeno de la cohabitación, es decir, que el delegado presidencial y el gobernador regional respondan a coaliciones distintas. De todas maneras, puntualiza, tener dos responsables de un mismo partido no garantiza colaboración plena, por lo que el resultado de la combinación dependerá en gran medida del estilo de trabajo que se imponga.

“Se ha visto que alcaldes e intendentes de un mismo partido entran en tensión porque el alcalde creía que le tenían que dar todo. Lo mismo los parlamentarios, cuando quieren manejar la agenda regional a través del intendente. Los grandes conflictos se dan al interior de los partidos”, sostiene.

“Como sucede en algunos gobiernos, si no hay colaboración entre el presidente y el primer ministro difícilmente se puede gobernar bien, siempre hay uno que gobierna más que el otro. Si habrá o no colaboración pasará por las personas que lleguen, porque van a ser los primeros y les tocará marcar la cancha”, complementa Jeanne Simon.

No obstante, antes de llegar a ese punto, es necesario sortear primero la elección del sábado y domingo y tener en cuenta una particularidad: el proceso electoral contempla la realización de una segunda vuelta entre las dos más altas votaciones en caso de que ningún postulante supere el umbral del 40%.

Precisamente el balotaje del domingo 13 de junio se convirtió en un incentivo a la dispersión opositora, considerando un previsible alineamiento de cara a la segunda ronda. Ahora bien, en regiones como la del Biobío, donde existen candidaturas independientes fuertes, el panorama y los eventuales endosamientos de apoyo aún se encuentran en veremos.

Lo que sí es claro es que el signo político que se quede con la plaza de gobernador contará con una figura respaldada popularmente e impulso hacedor. La principal atribución del cargo, presidir el Consejo Regional, ubicará al gobernador regional al frente de las platas públicas correspondientes al FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional), por lo que uno de los mayores activos de la posición será su perfil orientado a obras.

Paradójicamente, el delegado presidencial como jefe político del Seremi de Obras Públicas, manejará un volumen de recursos más alto, que si bien no serán propios ni tampoco de libre disposición, permiten proyectar una alto protagonismo cuando los proyectos así lo demanden.

La pugna por prevalecer en las regiones amenaza desde ya con distorsionar la naturaleza de una reforma histórica, concebida para distribuir poder fuera de Santiago pero que hoy, a la luz de los cálculos y las polémicas domésticas, no entrega garantías encaminadas a la descentralización efectiva.