En una entrevista con Tele13 Radio el ministro de Justicia, Luis Cordero (cercano a Socialismo Democrático), abordó la tramitación de la Ley de Usurpaciones que hoy se discute en la Comisión de Seguridad del Senado, luego del veto que el presidente Gabriel Boric aplicó sobre la iniciativa con 14 observaciones respecto del proyecto aprobado en el Congreso. 

El titular de Justicia, que en varias oportunidades complejas para el Gobierno pasa a la primera línea para ayudar a descomprimir el ambiente, afirmó que en el caso de reincidencias, con el veto presidencial, existe la posibilidad de cárcel para quienes participen en campamentos o tomas. 

La pregunta fue la siguiente: Como está planteado el veto, más allá de las normas transitorias, ¿existe el riesgo de que gente que está en campamentos o que hace una toma para montar un campamento termine en la cárcel? 

"El veto realiza varias distinciones para efectos de gravedad a la usurpación; y en el caso de reincidencia, es una hipótesis donde eso sería posible. Pero sólo en el caso de reincidencia, en mi opinión", fue la respuesta del ministro Cordero. 

"El veto realiza varias distinciones para efectos de gravedad a la usurpación; y en el caso de reincidencia, es una hipótesis donde eso sería posible. Pero sólo en el caso de reincidencia, en mi opinión", fue la respuesta del ministro Cordero. 

Escueto y direct0, el titular de Justicia afirmó que la posibilidad de que pobladores y pobladoras acabaran en la cárcel es una realidad incluso con el veto presidencial presentado por el gobierno de Boric. 

Pese a que el proyecto ya fue aprobado y se encuentra a la espera del resultado de la votación del veto, la tramitación del proyecto sigue siendo polémica. 

En una declaración pública, el Partido Comunista (PC) indicó que "tenemos observaciones sobre el tipo y magnitud de las penas de presidio que mantiene el veto. En nuestro país existen tomas de terrenos que históricamente surgieron como expresión de la lucha por la vivienda frente a falta de políticas públicas". 

"La necesidad de una familia no puede ser criminalizada. No estamos en disposición de apoyar medidas que signifiquen que las familias que viven en asentamientos irregulares, incluidas las que están en el Registro Nacional de Campamentos del MINVU [Ministerio de Vivienda y Urbanismo], corran el riesgo de tener penas efectivas de cárcel". 

Consultado sobre la postura del PC sobre el proyecto, Cordero comenzó su respuesta señalando que "si no leí mal, entiendo que comienzan [la declaración] afirmando su apoyo al veto de usurpaciones". 

"La manera en que está regularizado, en que está planteado el veto, las inquietudes que están manifestadas en ese comunicado están suficientemente acotadas, en particular para aquellas personas de campamentos", apuntó. 

Geraldine Cabrera, vocera del Movimiento Solidario Vida Digna, señaló a Interferencia que "el veto presidencial mantiene la posibilidad de que una familia que se toma un terreno por no tener dónde vivir pueda ir a la cárcel, y en el mejor de los casos, pague una multa. Con esto, el Gobierno decide priorizar la agenda represiva de la ultraderecha por sobre el bienestar de las familias sin casa, criminalizando la pobreza".

Geraldine Cabrera, vocera del Movimiento Solidario Vida Digna, señaló a Interferencia que "el veto presidencial mantiene la posibilidad de que una familia que se toma un terreno por no tener dónde vivir pueda ir a la cárcel, y en el mejor de los casos, pague una multa. Con esto, el Gobierno decide priorizar la agenda represiva de la ultraderecha por sobre el bienestar de las familias sin casa, criminalizando la pobreza".

Según Cabrera "la toma es un método desesperado que ocurre solo después de que falló la política de vivienda y también producto de la desregulación del precio de los arriendos que obliga a las familias a vivir de allegados o, justamente, irse a una toma, muchas veces incluso teniendo un trabajo".

"Si el gobierno de Boric realmente quisiera atender el problema de fondo, en vez de dar más herramientas para castigar a quienes no tienen vivienda, debería ponerle un freno a la especulación inmobiliaria y destinar terrenos sin uso para las familias sin casa", agregó Cabrera. 

Por otra parte, la dirigenta se refirió al plan de emergencia habitacional impulsado por el Gobierno. 

"El mejor ejemplo es la comuna de Huechuraba, donde el ministerio usa cifras a su antojo para decir que ya se cumplió la meta del plan de emergencia habitacional y con ello echan por tierra procesos de compra de terrenos impulsados por los propios comités, a pesar de que solo se basan en proyectos que vienen de gobiernos anteriores y luego de que en 12 años no se construyera ninguna vivienda social para las más de 4 mil familias sin casa", indicó Cabrera.

“Esta ley para nosotros es una derrota para todo el movimiento social de las familias sin casa. La toma de terrenos es una herramienta histórica que tenemos los pobladores y las pobladoras. Más que para conquistar el suelo, es la última herramienta que tienen las familias sin casa para conseguir la atención del Estado, son resultado de una necesidad”, indicó Santiago Castillo. 

Santiago Castillo, coordinador de la agrupación Luchadores y Luchadoras de Lo Hermida -que representa a 550 familias de la población-, señala a Interferencia que "el estado ha reflotado la antigua política de la zanahoria y el garrote. La zanahoria es la política de contención del Ministerio de Vivienda llamada Plan de Emergencia Habitacional -que de emergencia tiene poco- y por otra parte el garrote, que es la Ley de Usurpaciones, una respuesta, a nuestro juicio, de los poderosos a la ola de ocupación de terrenos que ocurrió en el contexto del estallido social”. 

Por otra parte, el coordinador indica que la ley no se hace cargo de las causas de la problemática: “Nuestra interpretación es que la Ley de Usurpación no solo no reconoce el derecho humano a la vivienda, sino que viola flagrantemente los tratados internacionales que ha firmado Chile en la materia. La Ley de Usurpación busca sancionar con penas de cárcel a quienes viven en campamentos y eso es no entender absolutamente nada del problema de la vivienda que existe en nuestro país. Ni el Plan de Emergencia Habitacional ni la Ley de Usurpaciones se hacen cargo de las causas del problema”. 

“Esta ley para nosotros es una derrota para todo el movimiento social de las familias sin casa. La toma de terrenos es una herramienta histórica que tenemos los pobladores y las pobladoras. Más que para conquistar el suelo, es la última herramienta que tienen las familias sin casa para conseguir la atención del Estado, son resultado de una necesidad”, agregó. 

Asimismo, un punto que también ha sido considerado sobre el avance de esta iniciativa es su impacto en el mundo mapuche. “La Ley de Usurpaciones busca castigar a dos movimientos sociales, al movimiento de pobladores sin casa y al movimiento mapuche. No debemos olvidar que la solución al problema estructural de la vivienda, como en la solución al problema estructural de la causa mapuche, pasa por la tierra y por la función social de la tierra”, sostuvo Castillo.