Van dos semanas desde que MBI Corredores de Bolsa retiró su querella contra el empresario Álvaro Saieh por el supuesto vaciamiento patrimonial de Corp Group Banking (CGB), empresa de la que eran acreedores de parte de un bono por US$500 millones y que cayó en bancarrota en Estados Unidos. Esto, luego de que el Tribunal de Quiebras de Delaware, que visó la quiebra de CGB, ordenara retirar la acción penal ingresada en la justicia chilena por violar el plan de liquidación acordado.

Con ello, también condenó a costas a MBI en Estados Unidos y, por consiguiente, en tribunales nacionales, donde retiraron el pasado 31 de octubre la querella ingresada en enero de este año.

Según el abogado de MBI: “Ni siquiera hemos sido vencidos en Chile: no hay tribunal nacional que hubiese declarado que no hay delito".

Sin embargo, en la instancia la jueza a cargo, Kate Stickels, dejó abierta la opción de que la Fiscalía chilena continuara la investigación sobre lo ocurrido en CGB respecto a la demanda de vaciamiento de MBI, que apunta al traspaso de los activos de Corp Group Banking hacia otra empresa de Saieh para poder declarar su bancarrota.

Lo emplazado por la jueza estadounidense se refrendó este lunes tras la decisión de la Fiscalía Nacional de continuar con la investigación de lo denunciado por MBI a pesar de que la empresa retirara la querella, acción en la que todavía se cuentan otros 60 demandantes.

En detalle, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó el recurso de reposición ingresado por los abogados del dueño de La Tercera, Samuel Donoso y Gonzalo Cisternas, días después del desistimiento de la empresa demandante, con que pidieron al tribunal pronunciarse “sobre las costas de la causa, condenando a la querellante desistida”.

A ello, la jueza a cargo, Ximena Rivera Salinas, respondió que “el desistimiento de la acción ejercida por el querellante no pone término a la causa ni supone la inexistencia del delito expuesto en la querella. De hecho, bien podría el Ministerio Público continuar con la persecución penal de estimar concurrente la comisión de delito, hecho que explica por qué el tribunal no está obligado a resolver en esta etapa sobre las costas del procedimiento”. 

Al respecto, cabe recordar que el fiscal de la causa, Felipe Sepúlveda, solicitó incautar los contratos señalados por MBI como los instrumentos con los que Saieh habría vaciado el patrimonio de CGB en otra empresa de su propiedad. Así también, según consultó nuestra redacción con fuentes del caso, ante nuevos avances, la Fiscalía proseguirá con la investigación sobre el empresario por ahora.

Resolución Juzgado de Garantía establece que "no ha lugar" reposición de Saieh.

Resolución de Juzgado de Garantía establece que "no ha lugar" reposición de Saieh.

De todas formas, el documento complementó la resolución recurrida por los abogados de Saieh, agregando el siguiente párrafo: “La querellante tomará a su cargo las costas propias y quedará sujeta a la decisión general sobre costas que dictare el tribunal al finalizar el procedimiento”. 

"De hecho, bien podría el Ministerio Público continuar con la persecución penal de estimar concurrente la comisión de delito", señaló la jueza Rivera.

Por su parte, el abogado de MBI, Sergio Rodríguez Oro, dos días antes de la decisión de la jueza Rivera acotó en un recurso contra la reposición ingresada por los abogados defensores que el Tribunal de Quiebras de Delaware “no accedió a la petición [de Saieh] que se condenase a MBI Servicios Financieros Limitada al pago de las costas en Chile”.

Así también, el recurso de los ex querellantes apuntó a que el pago de costas depende de la decisión final del tribunal, “ya que puede no imponerse su pago cuando ‘aparezca que ha tenido motivos plausibles para litigar’”.

Según Rodríguez Oro: “Ni siquiera hemos sido vencidos en Chile: no hay tribunal nacional que hubiese declarado que no hay delito. La sencilla verdad es que la defensa fue a un tribunal extranjero y obtuvo -bajo apercibimientos graves- una orden que mi representada debía desistirse de la querella. Dicho tribunal no declaró que los hechos fueran atípicos. No existe pronunciamiento alguno, con lo cual no siendo totalmente vencidos y, por ende, teniendo motivo plausible para litigar, no debe mi representada soportar las costas”.