Ya son cinco años desde el fatídico incendio en las bodegas de la empresa textil Kayser, en la comuna de Renca, donde fueron halladas sin vida cinco personas. Aquel 20 de octubre de 2019, a dos días de iniciado el estallido social, fallecieron Manuel Muga, Yoshua Osorio, Andrés Ponce, Julián Pérez y Luis Antonio Salas en circunstancias no del todo claras. A la fecha no existe ningún imputado en la causa. 

Las dudas en torno a qué ocurrió ese día y si hubo participación de terceros en las cinco muertes llevó a la exhumación de los cuerpos de Yoshua Osorio y Andrés Ponce

Interferencia ha seguido el caso desde un comienzo, revelando, por ejemplo, que la autopsia de Luis Antonio Salas indicó que había sido baleado en su pie en un periodo de tiempo cercano a su muerte, o que el Servicio Médico Legal (SML) aseguró en un peritaje posterior a la autopsia que su cuerpo presentaba fracturas desconocidas, ocurridas cercanas a la muerte y no atribuibles al fuego. (Revise acá la cobertura de este medio al respecto).

Las dudas en torno a qué ocurrió ese día y si hubo participación de terceros en las cinco muertes llevó a la exhumación de los cuerpos de Yoshua Osorio y Andrés Ponce —mas no el de Luis Antonio Salas, donde se encontró el proyectil balístico—, solicitadas por la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones.  

El cuerpo de Ponce, una vez exhumado, fue abierto sin autorización por el mismo médico legista que realizó su autopsia inicial, rompiendo la cadena de custodia de éste y por tanto el protocolo de derechos humanos con el que se buscaba realizar la segunda autopsia. 

El médico legista Germán Tapia aseguró que se trató de un error, puesto que junto al técnico de sala con el que se encontraba trabajando habrían confundido los restos del fallecido Andrés Ponce con otro cuerpo que debían autopsiar aquel día. Según su declaración, publicada por esta redacción a mediados de 2023, solamente habrían abierto la bolsa del cadáver y roto el sello de custodia, mas no habrían tocado los restos de Ponce al notar inmediatamente el error. El hecho fue notificado por el propio médico una vez ocurridos los hechos.  

No solo el equipo de defensores de los familiares y la prensa han identificado deficiencias en torno a la investigación. Parte de éstas fueron constatadas por el Congreso en una comisión investigadora, la cual de manera unánime y con la participación de parlamentarios desde el Partido Comunista y el Frente Amplio a Republicanos y la UDI, concluyó que existieron falencias en la investigación, apuntando al Servicio Médico Legal y al Ministerio Público. El informe fue aprobado en noviembre de 2023 por la Cámara con 85 votos a favor y ninguno en contra. 

“Por ser pobres nosotros tuvimos que aguantar que nos discriminaran como delincuentes, y ahora la investigación [de la comisión parlamentaria] confirma las fallas de todos”, comentó Solange Arias, madre del fallecido Yoshua Osorio.

“Por ser pobres nosotros tuvimos que aguantar que nos discriminaran como delincuentes, y ahora la investigación [de la comisión parlamentaria] confirma las fallas de todos”, comentó a Interferencia Solange Arias, madre del fallecido Yoshua Osorio (17 años), una vez conocido el informe que evacuó el Congreso. (Revise acá el artículo al respecto).

Dentro de las irregularidades denunciadas por la Cámara Baja en su informe, se encuentra la existencia de diligencias pedidas por los abogados de las familias que, en ese momento, llevaban cuatro años estando pendientes; en un caso que lleva adelante el fiscal José Morales. También se constató que no hubo resguardo al sitio del suceso posterior al retiro de los cuerpos, por lo que nunca se realizó un completo levantamiento de evidencia. Además, no fue aplicado el Protocolo de Minnesota, un conjunto de directrices que se aconseja seguir a la hora de investigar casos donde pudiesen existir potenciales violaciones a los derechos humanos. 

El escrito también resalta los hallazgos del Equipo Chileno de Antropología Forense (Echaf), publicados por Interferencia a comienzos de 2020, donde los especialistas, a petición de los abogados de los familiares afectados y luego de realizar un metaperitaje a la información disponible del caso, cuestionaron la falta de reportes sobre la posición en que fueron encontrados los cuerpos, descripciones insuficientes de los protocolos de análisis y levantamiento de cadáveres, inexistencia de cadena de custodia y también críticas a descripciones hechas por el Servicio Médico Legal (SML) a distintas lesiones presentes en los cuerpos de las víctimas.