En septiembre de 2022, el grupo hacker Guacamaya filtró 400 mil correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto (EMCO), órgano que agrupa al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para asesorar al Ministerio de Defensa. Se trató de 350 gigabytes de información reservada y secreta de la inteligencia militar, que dejaron al desnudo la ciberdefensa nacional.

Entre los documentos, se develó el seguimiento a organizaciones sociales, la colecta de marinos para presos de Punta Peuco y un especial interés en el desarrollo y conclusiones del Estallido Social.

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El golpe se dio a pesar de que en 2018 el EMCO adjudicó una millonaria licitación a Entel para implementar un centro de ciberdefensa para organismos castrenses, conocido como proyecto Marciano.

Quien estuvo a cargo de dichas gestiones fue el vicealmirante (r) Rodrigo Álvarez Aguirre, elegido por el presidente electo José Antonio Kast como subsecretario de Fuerzas Armadas de su futuro gobierno.

El próximo subsecretario Álvarez Aguirre gestó la contratación por US$6 millones a Entel para la “implementación y operación de soluciones de Ciberseguridad, sabemos que nuestra solución lo ayudará a obtener las capacidades operacionales para monitorear, identificar, repeler y gestionar amenazas presentes en el ciberespacio que atenten contra la Seguridad Nacional, enmarcada en el presupuesto declarado”.

La adjudicación a Entel fue cuestionada por sus competidores en la licitación, quienes presentaron una querella contra el EMCO, encabezado por Álvarez Aguirre. Si bien dicha acción penal se encuentra sobreseída, Interferencia reveló que los marinos que levantaron el Centro de Coordinación CSIRT de la Defensa para el Estado Mayor Conjunto, eran propietarios en paralelo de la empresa C-Safe, compañía que presta servicios de protección informática a otras empresas y que intetó vincularse con el Estado.