Desde Argentina, el presidente José Antonio Kast se refirió a la fallida detención del ex frentista Galvarino Apablaza, quien es acusado de ser el autor intelectual del asesinato del ex senador Jaime Guzmán.

La noticia remeció a buena parte de la derecha y en particular del gremialismo, riños del actual mandatario. "Estoy seguro, como lo dije el día de ayer, de que tarde o temprano el prófugo Apablaza va a tener que rendir cuentas ante la justicia“, dijo Kast desde la embajada de Chile en Buenos Aires.

Además, se desplegó un operativo que incluyó una recompensa de $20 millones de pesos argentinos, equivalentes a $13 millones de pesos chilenos, por información que lleve a las autoridades hasta el paradero de Apablaza.

No obstante, el despliegue por la búsqueda del ex frentista contrasta con los más de diez prófugos por crímines cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet que incluye a condenados por violaciones a los Derechos Humanos en casos como el asesinato de Víctor Jara y Rodrigo Rojas de Negri, la Operación Condor y el Caso Quemados. 

Gloria Elgueta, integrante del Espacio de Memorias Londres 38, señaló sobre esta diferencia que: “Resulta impresionante el contraste y la contradicción en la actitud del gobierno y de dirigentes de la derecha frente al caso de Galvarino Apablaza. Una persona que aún no ha sido procesada, y menos condenada, pero respecto de la cual se despliegan diversas gestiones para asegurar su extradición".

"En paralelo, existen cerca de 20 prófugos condenados por delitos de extrema gravedad -torturas, violaciones, abusos de distinto tipo, homicidios y desapariciones- cuyo paradero se desconoce, y frente a los cuales no se han destinado ni la preocupación ni los recursos necesarios para garantizar su captura y el cumplimiento de sus condenas en Chile. Ese debiera ser el verdadero esfuerzo de un gobierno que se define como democrático y respetuoso de sus instituciones”, añadió.

Los prófugos

En primer lugar, destaca Ricardo Soto Jeréz, teniente (r) del Ejército de Chile, condenado entre 2024 y 2025 a más de 40 años de prisión por distintos casos de secuestro, tortura y desaparición ocurridos en Tejas Verdes entre 1973 y 1974.

Le sigue Miguel Riveros Valderrama, agente de la DINA y la CNI, y capitán (r) del Ejército de Chile, condenado a 36 años de prisión por el secuestro, tortura y desaparición de dos personas, además de cinco desapariciones y homicidios en el marco de la Operación Cóndor, en 1976.

También figura Nelson Haase Mazzei, capitán (r) del Ejército de Chile, condenado en 2023 a 25 años de prisión por el secuestro, tortura y homicidio del cantautor Víctor Jara Martínez y del abogado Littré Quiroga Carvajal, en 1973, en Santiago.

En esa línea, aparece Juan Higueras Álvarez, sargento primero (r) de Carabineros de Chile, condenado a 25 años de prisión por el secuestro, tortura y desaparición de 18 campesinos en Mulchén, en 1973.

A continuación, se encuentra Iván Figueroa Canobra, teniente coronel (r) del Ejército de Chile, condenado a 20 años de prisión por el homicidio de Rodrigo Rojas de Negri y el homicidio frustrado de Carmen Gloria Quintana Arancibia, en 1986, en el denominado “Caso Quemados”.

Luego, se incluye a Sergio Chifelle Kirby, capitán de corbeta (r) de la Armada de Chile, condenado en 2025 a 15 años de prisión por el homicidio del estudiante universitario Marcelo Barrios Andrade en 1989, en Valparaíso.

Asimismo, se considera a Federico Chaigneau Sepúlveda, agente de la DINA y teniente coronel (r) del Ejército de Chile, condenado en 2023 a 15 años de prisión por el secuestro, tortura y desaparición de cinco personas en 1976, en Santiago, en el denominado “caso Conferencia”.

En el mismo rango de condenas, aparece Alberto Badilla Grillo, capitán de fragata (r) de la Armada de Chile, condenado en 2023 a 13 años de prisión por las torturas y el homicidio del sociólogo español Enrique López Olmedo, en 1977, en Valparaíso.

Por su parte, figuran Pablo Belmar Labbé y René Quilhot Palma, ambos agentes de la DINA y oficiales (r) del Ejército de Chile, condenados en 2023 a 10 años de prisión por el secuestro, tortura y homicidio del diplomático español Carmelo Soria Espinoza, en 1976, en Santiago.

En esa misma línea, se suma Jaime Ojeda Torrent, oficial (r) del Ejército de Chile, condenado en 2023 a 10 años de prisión por el secuestro y homicidio de 15 personas en la “Caravana de la Muerte”, en 1973.

Asimismo, aparece Luis Barrueto Bartning, civil condenado a 10 años de prisión por el secuestro, tortura y desaparición de 28 personas en 1973, en Santa Bárbara, Región del Biobío.

Finalmente, se incluyen Andrés Potin Laihacar, condenado en 2017 a 6 años de prisión como coautor del secuestro, tortura y desaparición de dos personas en 1976, en Santiago, y Guillermo Mella Colpihueque, condenado en 2024 a cinco años de libertad vigilada por el homicidio y desaparición de un conscripto en 1973, en Valdivia.