Uno de los anuncios que más debate generó tras la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast fue el proyecto de ley que crea el Registro Único de Vándalos e Incivilidades, iniciativa que el mandatario firmó horas después de dirigirse al país desde el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar.

“Quienes cometan algunas de estas conductas perderán beneficios sociales. Eso va a ser un hecho. Y vamos a invitar a los parlamentarios a que nos apoyen en estas medidas, que son fundamentales”, anunció el Presidente.

La iniciativa busca crear un registro de personas condenadas o sancionadas por determinados delitos o faltas, con el objetivo de aplicarles restricciones en el acceso a beneficios estatales y en la realización de diversos trámites. Según anunció el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, el proyecto será ingresado al Congreso durante esta semana.

"Lo que busca el proyecto de ley es, primero, determinar dentro de todo el catálogo de delitos que tiene nuestro Código Penal y distintas leyes algunos delitos especiales en contra de la vida en comunidad. A eso es a lo que nosotros hemos denominado actos vandálicos. Es decir, el proyecto no busca definir lo que es un vándalo, sino categorizar como vandálicas ciertas conductas tipificadas como delitos", explicó el subsecretario.

En esa línea, la propuesta incluiría dentro de la categoría de actos vandálicos delitos como atentados contra carabineros y personal de salud, la retención del transporte público, el tráfico de estupefacientes y los daños a monumentos nacionales.

Por otra parte, se propone catalogar como incivilidades conductas como la venta ilegal de alcohol, el consumo de drogas en la vía pública, los rayados no autorizados en propiedades públicas y privadas, y la destrucción de equipamiento comunitario.

Respecto de las sanciones, Pávez detalló que "el primer efecto es que si usted tiene algún beneficio entregado por el Estado, lo va a perder mientras permanezca en el registro. Eso significa subsidios de arriendo, significa becas de posgrado, significa la PGU, la gratuidad".

La pérdida de estos beneficios sería temporal y se extendería mientras la persona permanezca incorporada en el registro. En el caso de quienes sean calificados como "vándalos", el proyecto contempla una permanencia de cinco años.

Sin embargo, esa no sería la única consecuencia. "Si usted está en ese registro, usted no puede sacar licencia de conducir. Si usted está en ese registro, usted no puede sacar pasaporte. Si usted está en ese registro, no puede incorporar un vehículo a su propiedad a través del Registro Civil. Si usted está en ese registro, usted no puede inscribir una propiedad a nombre suyo", añadió el subsecretario.

De acuerdo con lo explicado por el Ejecutivo, el registro funcionaría como una base de datos construida a partir de resoluciones judiciales, sanciones administrativas y otros antecedentes consolidados mediante la coordinación con distintas instituciones públicas.

El debate

La iniciativa del gobierno es una de las que mayor debate ha generado precisamente por las sanciones que establece. 

La ex ministra del Interior, Carolina Tohá, indicó en Radio Pauta que "creo que los beneficios sociales no son herramientas para aplicar sanciones. Creo que tienen otro objetivo y que las sanciones deben ser sanciones. Porque, si no, lo que empieza a pasar es que tú, al ocupar los beneficios sociales como mecanismo sancionatorio, generas una discriminación social, porque solo sancionas a las personas que necesitan los beneficios sociales". 

No obstante, la ex secretaria de Estado apuntó la importancia de discutir sobre las incivilidades, porque a asu parecer era el "primer eslabón" en la cadena de los delitos.

Dicho punto es compartido por el ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien en Sonar FM sostuvo que "antes de hablar del registro, creo que no hay que desatender que lo que el país tiene que discutir en primer lugar es cómo abordamos las incivilidades", pues explicó que podrían confudirse delitos graves con incivilidades. 

Pero por otra parte, advirtió de ciertas incompatibilidades constitucionales. "Es un registro que lo que busca es más bien retirar beneficios o derechos. Hay algunos que no se pueden retirar por expresa disposición constitucional. Por ejemplo, en Chile no se puede aplicar como sanción la pérdida de derechos previsionales", señaló Cordero.

El hecho de que la medida apunte hacia los beneficios sociales ha provocado que se interprete como un proyecto más bien clasista. 

Una mirada diferente la ofreció la ex candidata presidencial, Evelyn Matthei, quien señaló que la medida debiese incluir a miembros de las Fuerzas Armadas. "Supón que tienes a un sargento de la Fuerza Aérea que se mete en la droga… ¿también le vas a quitar la pensión? Yo creo que sí, yo creo que se la deberían quitar porque las pensiones de las Fuerzas Armadas son distintas. Tú te puedes retirar a los 20 años con pensión, en ninguna otra parte lo puedes hacer".

En tanto el fiscal nacional, Ángel Valencia, apuntó a la ampliación del registro a delitos de caracter económicos o colusivos en entrevista con Radio ADN. 

“Si lo miras desde el punto de vista de tratar de promover también la protección del patrimonio de lo que es de todos, es posible que si esa es la finalidad, asegurar la reparación del daño que se nos ha provocado a todos, considerar entonces herramientas que no solo promuevan esa reparación por quienes han cometido vandalismo”, comenzó.

Y agregó que “sino que también a quienes han cometido otro tipo de delitos que nos provocan daño a todos, como por ejemplo los casos de colusión, que hoy día no son necesariamente constitutivos de delito, en general no lo son, pero provocan un daño importante a la comunidad”.

Pese a lo anterior, el Gobierno descartó la ampliación de la iniciativa a delitos de carácter económico.