El verdadero problema es que el Registro de Vándalos e Incivilidades no está diseñado para frenar la delincuencia, sino que es una táctica de represión política. Su objetivo es forzar la paz social mediante la amenaza de quitarle a la gente todos sus beneficios sociales. En una redada, bastará con que Carabineros actúe como ministro de fe y ponga en el parte la palabra "vandalismo" para que la ficha de cualquier persona sea procesada de inmediato de manera arbitraria y así asegurarse de cero protestas en las calles cuando el gobierno de José Antonio Kast le aplique la motosierra a los beneficios sociales y al bolsillo de la clase media.