Fernando Rabat llegó a la sesión especial de este miércoles con la misión de bajar la tensión y salió con una acusación constitucional en camino. La sesión terminó entre gritos y carteles, y la oposición anunció que presentaría el libelo sin esperar siquiera que el ministro terminara de hablar. La pregunta ya no es si habrá acusación, sino si Rabat llegará vivo al otro lado, y la respuesta depende de tres variables: los votos, la paciencia de Kast y la solidez de la defensa jurídica. 

La aritmética de la Cámara

Con 65 diputados, la oposición necesita los 14 votos del PDG, y al menos seis parlamentarios de esa bancada ya rechazan la idea. Con los 14, el bloque llegaría a 79 votos de 155, apenas por encima de la mitad: cualquier fuga, ausencia o abstención deja la acusación sin posibilidad de prosperar. Los jefes de las bancadas oficialistas y del Partido Nacional Libertario, que suman 75 votos, ya se declararon contrarios. 

La rendija que queda está en el propio PDG. Pamela Jiles elogió la gestión de Rabat, pero sostuvo que el gobierno debe retrotraer los 56 decretos para impedir que avance la acusación. Es decir, la salida más barata para el ministro no es política, sino administrativa: dejar sin efecto lo que hoy sigue vigente. Justicia suspendió la tramitación de nuevas rebajas, pero las 56 ya concedidas se mantienen. 

Kast y el costo del respaldo

Kast reconoció que el Estado cometió un error, pero ratificó su confianza en Rabat y le encargó impulsar las medidas correctivas. Es una fórmula que separa la falla del responsable, y funciona mientras el ministro no se convierta en el problema. Tras la sesión, Rabat dijo irse con el convencimiento de haber cumplido la Constitución y la ley, sin reconocer errores. La Cámara, además, aprobó pedirle a Kast la renuncia del ministro y de dos subsecretarios, un gesto que no obliga al Presidente, pero que deja constancia del desgaste.

El antecedente que pesa sobre La Moneda viene de la vereda contraria. En enero de 2023, Boric reconoció desprolijidades en los indultos y removió a la ministra Ríos, y desde Republicanos se le exigió además revocar los beneficios. Kast hoy hace lo opuesto: reconoce el error, pero sostiene al ministro. Mientras la acusación se tramite, esa decisión lo expone a que cada nueva revelación sobre los decretos se cobre en el capital político del Presidente, no solo en el de Rabat. 

Una defensa con grietas

El ministro sostiene que no es posible desechar una sentencia de la Corte Suprema. Sin embargo, el argumento de que la ley no dejaba margen choca con dos datos. Primero, el exministro Jaime Gajardo afirma que desde 2022 el criterio era rechazar y que, si alguien quería recurrir, lo resolvía el máximo tribunal. Segundo, según revisó este medio, Rabat firmó cinco decretos que rechazaban rebajas por delitos sexuales cometidos antes de 2022, invocando la restricción de la letra e) del artículo 17. Si la ley lo obligaba a conceder, ¿por qué en esos casos la aplicó para negar? 

Ante la Cámara, Rabat sostuvo que su cartera solo formalizó decisiones de las comisiones evaluadoras y que volver a ponderarlas habría excedido sus atribuciones constitucionales. Sin embargo, reconoció que al llegar al ministerio rechazó las primeras solicitudes y que cambió de criterio tras un amparo en que la Suprema le reprochó aplicar retroactivamente la exclusión de 2022. Si no le correspondía evaluar el mérito, ¿cómo pudo rechazar? Dijo además que entre mayo y octubre se dictaron 54 decretos con el nuevo criterio, 36 con amparos previos, pero no precisó cuántos de esos fallos ordenaban conceder la rebaja y cuántos exigían reconsiderar la solicitud.

La comparación con la administración anterior tampoco es limpia. Según cifras de Emol, en cinco años se concedieron 332 rebajas, 276 de ellas bajo Boric. Pero Gajardo objeta esa comparación porque no distingue entre aprobar directamente una solicitud y hacerlo por orden judicial. El vocero Arenas exhibió decretos de ambos gobiernos, sin precisar si el de la administración anterior respondió a una orden judicial posterior a un rechazo. A esto se suma la revelación de rebajas a condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, un flanco que amplía el libelo más allá de los delitos sexuales. 

Politiquería de ida y vuelta

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, calificó de absurdo acusar a un ministro por cumplir la ley. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, planteó que una acusación no puede fundarse en que un ministro cumplió con la ley. Dos defensas del mismo molde: la acusación sería un ejercicio político de la oposición. Lo curioso es que el oficialismo ofrece, a la vez, su propia lectura política: desde el sector se repite que este gobierno va a resolver lo que el anterior no resolvió, y la comparación con Boric se volvió el eje de la vocería. 

La diputada republicana Paz Charpentier fue más lejos en la sesión: acusó a la oposición de instrumentalizar el dolor de las víctimas, de discriminar entre ellas según el gobierno que otorgó las rebajas y de tener una “complicidad histórica” con abusadores. El propio Rabat, entretanto, reconoció que estaban en una instancia política y dedicó parte de su exposición a enumerar rebajas de enero a marzo, antes del cambio de gobierno, y a reprochar al Congreso no haber dictado una norma transitoria en 2022.

La memoria legislativa de ambos partidos complica la postura. En 2023 la bancada UDI exigió a Boric revertir los indultos tras reconocer desprolijidades. Hoy, las diputadas gremialistas pidieron evaluar la viabilidad de revocar los 56 decretos, recordando que presionaron en esa dirección durante el gobierno anterior. Y los republicanos acusaron constitucionalmente a Izkia Siches en 2022 y, junto a los libertarios, presentaron en junio de este año una acusación contra el exministro Grau, que incluso desde la oposición fue leída como un punto político. Reprochar politiquería mientras se recurre al pasado para diluir la responsabilidad presente es la misma jugada que se critica. 

La suerte de Rabat sigue abierta y depende de dos decisiones que no están en sus manos. En la Cámara, basta con que el PDG se alinee completo con la oposición para que la acusación avance. En La Moneda, Kast puede cortar el problema antes de la votación prescindiendo del ministro. Mientras esto ocurra, cada día de tramitación mantiene vivo un caso que el gobierno no logra cerrar.