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BAJO LA SOMBRA DE FABIOLA CAMPILLAY

El martes 26 de noviembre Fabiola Campillay iba a trabajar al turno nocturno de la planta de Carozzi en Nos. Ella vive en San Bernardo y cerca de los 20:30 horas estaba en el paradero de buses de Villa 5 Pinos cuando una bomba lacrimógena percutada por una escopeta de Carabineros le llegó en pleno rostro y como consecuencia le significó la pérdida total de la visión.

Campillay tiene 36 años y no estaba participando de ninguna protesta. Hoy su rostro -a diferencia del de Gustavo Gatica, la primera víctima de pérdida total de visión- no es conocido, ni ha solivantado a ningún segmento social. Es el segundo caso sabido de una persona en perder totalmente la visión, pero tal vez lo significativo de su caso es que seguramente no va a ser el último. Esto, en tanto que Carabineros sigue desbandado en las calles, pero también porque de las más de 230 personas con traumas oculares graves a causa del actuar policial, algunos -con una lamentable alta probabilidad- irán perdiendo la visión de ambos ojos con el tiempo, dada la complejidad biológica del sistema humano de visión, en el cual la lesión de un ojo, puede llevar al deterioro del otro por las múltiples conexiones maxilofaciales. 

 Lo anterior no es un destino ineludible, y la medicina puede hacer mucho para evitarlo. Pero, estas centenas de heridos oculares van a enfrentar un sistema de salud excluyente, un reflejo tal cual de la sociedad, que irá mostrando la segregación  social, por mucho que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, crea voluntariosamente lo contrario. De tal modo, probablemente irán quedando ciegos en mayor proporción quienes -también- son más pobres. 

También las diferencias las encontraremos entre quienes tendrán la relativa suerte de perder la visión de un solo ojo. Hoy una prótesis ocular de alta calidad realizada por un experto alemán reconocido mundialmente cuesta 540.000 pesos en la Clínica las Condes, cuya consulta cuesta 35.000 pesos. El dinero tiene que ser pagado en efectivo o en tres cuotas, pero Fonasa -y por lo tanto las isapres- no tiene código para reembolsar algo así. Y no es algo baladí. Se trata de una solución estética que devuelve la dignidad a las víctimas mutiladas que puedan pagarlo, pues estas prótesis hacen que casi no se note el daño o la pérdida de un órgano tan importante del rostro humano como lo es un ojo.

Más allá del acceso (o no) a la salud de las personas en medio de esta crisis sanitaria, el caso de Fabiola Campillay -con todo el silencio que ha habido- representa también las voces en bajo volumen que de a poco van a empezar a clamar un gran caso judicial para denunciar y pedir justicia por graves violaciones a los derechos humanos.

Tal vez el Presidente y su primo, el ex ministro del Interior Andrés Chadwick, o el titular actual, Gonzalo Blumel (que ha pasado colado), zafen en el Congreso de las acusaciones constitucionales, pese a que estas prestarán altavoz a esta gran crisis sanitaria, que no tiene ninguna justificación y ningún freno, pues -sea con Blumel o con Chadwick- ha significado un promedio de nueve casos diaros, lo que bate todos los récords mundiales. Esto, con el agravante de que las advertencias han sido tempranas, tanto por el Colegio Médico, como por el INDH, e incluso este periódico que en la primera semana de la crisis ya advertía de 60 casos de heridos oculares graves. Se trata entonces de una política omisiva del Estado y sus agentes en la violación de los derechos humanos, por lo que estamos frente a crímenes de lesa humanidad, cuya persecución es imprescriptible.

En ese escenario, el panorama judicial al interior del país, y en especial a nivel internacional, se avizora como una carga de la cual estas autoridades -política y penalmente responsables- no van a poder desprenderse nunca. Tal vez en Chile -el país que defendió la inmunidad diplomática de Augusto Pinochet bajo los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos- judicialmente no pase mucho. Pero, a nivel mundial habrá con seguridad un gran caso que bien puede terminar el La Haya. Algo que tal vez desencadene una especie de síndrome de las Filipinas heredado del ostracismo que sufrió Augusto Pinochet, que ya se muestra en la necesidad de cancelar la APEC y la COP 25, y que seguramente hará que Piñera no vuelva a salir de Chile, salvo a los Estados Unidos de Donald Trump, o el Brasil de Jair Bolsonaro.

Pero, por lo pronto, y al igual que durante la dictadura, la clase gobernante no está tomándole el peso histórico a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile, y todo el oprobio mundial que le sigue. Ya la policía francesa negó la colaboración con el régimen policial chileno. 

Por mientras, los medios de comunicación tradicionales, la derecha, y la oposición de clase alta, prefiere poner las tildes en los saqueos y los incendios, más preocupados por el país de sus privilegios que se desvance. Delitos graves, por cierto. Pero que -en la mirada histórica y de la ética mundial- no resisten la comparación con tragedias tales como a la que el Estado chileno condenó a Fabiola Campillay.

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