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Jueves, 5 de diciembre de 2019
Carta blanca

Piñera promueve ley que garantiza exención penal para militares que defiendan ‘infraestructura crítica’

Nicolás Massai D.
Andrés Almeida

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Foto: Luis Hidalgo
Foto: Luis Hidalgo

En caso de aprobarla el Congreso, serán inmediatamente aplicables ciertos artículos de los códigos Penal y de Justicia Militar que ofrecen grados de impunidad bajo condiciones que determine el Presidente. Es una medida que ya los militares habían solicitado cuando el Gobierno estuvo a punto de volver a sacarlos a las calles el 13 de noviembre, tal como informó INTERFERENCIA.

Ha transcurrido exactamente un mes desde que los integrantes de las Fuerzas Armadas dejaron de estar en las calles de las principales ciudades del país, luego de que se terminaran varios estados de excepción constitucionales de emergencia, los que se alargaron desde el 19 al 27 de octubre.

La experiencia fue traumática y dejó imágenes de violencia militar en la vía pública y un saldo de al menos cuatro fallecidos en episodios protagonizados por miembros del Ejército y la Armada, que actualmente se encuentran en juicios donde uno de los principales querellantes es el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). También hay casos no resueltos, como lo que pasó en el Alvi de Pajaritos, donde operó un centro ilegal de detención.

A pesar de los intentos de la clase política por negociar y llegar incluso a un acuerdo para plebiscitar la continuidad de la Constitución de 1980, la rebelión en la calle no se detuvo y persisten graves situaciones de violencia social y represión policial, avizorándose crecientes enfrentamientos entre civiles.

En ese contexto, el presidente Sebastián Piñera envió este martes 26 de noviembre un proyecto de ley que le permitirá, mediante un decreto presidencial -sin recurrir a un Estado de Excepción- convocar a las Fuerzas Armadas en momentos de crisis social, como el actual, para que hagan resguardo de la "infraestructura crítica".

Dentro de este último concepto, y en caso de aprobarse esta regulación -que incluye una modificación a la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas- el Presidente deberá definir el tipo de infraestructura que protegerán los militares, donde se podrán incluir instalaciones energéticas, de redes y sistemas de telecomunicaciones, servicios sanitarios, hospitales, centros de abastecimientos, puertos y aeropuertos.

Este decreto tendrá una duración máxima de 30 días, renovable solo por una vez, y tiene por propósito liberar personal de Carabineros para que se dedique al restablecimiento del orden público. Cabe señalar que probablemente el número de policías liberados no será muy alto, pues en estos cerca de 40 días de crisis, no se han registrado mayores ataques a las redes de energía, ni telecomunicaciones ni de servicios sanitarios, estando los ataques concentrados en supermercados, los que todavía no es claro si se consideran infraestructura crítica como "centros de abastecimiento".

Más allá de que recurrir a las Fuerzas Armadas para resguardar el orden público ya es polémico y se avista un amargo debate parlamentario al respecto (ver artículo "Piñera insiste en militarizar el ambiente al pedir que las FF.AA. resguarden 'infraestructura crítica' sin estados de excepción"), el punto final del proyecto de ley resultó aún más controversial. Tiene que ver con la responsabilidad penal de los uniformados que presten este tipo de servicio:

"Se define que la exención de responsabilidad penal aplicable para personal militar que defiende infraestructura crítica (legítima defensa, cumplimiento de un deber y cumplimiento de una consigna) debe adecuarse precisamente a lo que se determine en las reglas del uso de la fuerza que determine el Presidente de la República por decreto supremo expedido por el Ministerio de Defensa Nacional", reza la iniciativa.

En tal sentido, un senador de la oposición comentó a INTERFERENCIA que varios colegas están convencidos en rechazar el proyecto, aunque no ve una postura unitaria dentro del bloque opositor. "Este proyecto lo que busca es prorratear la responsabilidad política del Gobierno con el Congreso por las violaciones a los derechos humanos que puedan cometerse o se hayan cometido", sentencia.

A la medida militar

Distintas fuentes calificadas que fueron consultadas por INTERFERENCIA durante la rebelión social indicaron que la principal razón para que los militares se negaran a salir nuevamente a vigilar las calles, el pasado 13 de noviembre, fue que querían garantías (ver artículo "FF.AA. se niegan a nuevo Estado de Emergencia, obligando a Piñera a recurrir a policías retirados para agenda de seguridad").

También los militares, tras la experiencia de los estados de emergencia recientes, manifestaron su inconformidad por el manejo del presidente Sebastián Piñera respecto de las llamadas reglas de enfrentamiento. Estas establecen los grados aceptables del uso de la fuerza conforme distintas circunstancias previstas, sobre las cuales Piñera no se hizo responsable, dejando las decisiones a cada jefe de la defensa de cada plaza. Hoy el proyecto de ley que envió el Gobierno pretende resolver el punto en favor de las Fuerzas Armadas, al obligar al Presidente a comprometer con su firma dichas reglas de enfrentamiento, bajo las cuales operaría la promesa de impunidad.

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Comentarios

Comentarios

Piñera, el rey de la letra chica.

Es inaceptable y espero que la DC no le haga el juego a este gobierno que que ya se terminó

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