Luego de trascendidos de prensa, el mandatario concretó la compra de su nueva vivienda en 10.218 UF, unos $400 millones. Hasta marzo de 2025, la corredora pretendía vender la casona en Real Audiencia por 13.400 UF, unos $525 millones.

El acuerdo entre dicho organismo y la Cámara Chilena de la Construcción buscaba reunir en sedes del gremio constructor a funcionarios de Direcciones de Obras Municipales de la región responsables de revisar proyectos. La CGR lo invalidó luego de una denuncia reservada.

Los conceptos ya son uno de los ejes centrales de las conversaciones por el Pacto Fiscal, los que se han usado para acusar que la acción pública burocrática -muchas veces asociada a los mecanismos de protección ambiental- significa un freno a la inversión. 

Ha estado en el Consejo Constitucional, en la Convención, en el Congreso y sus apreciaciones sobre el sistema gozan de abundante espacio en la prensa. Es de la Cámara Chilena de la Construcción, la propietaria de AFP Habitat y Confuturo, de manera que tiene intereses en el negocio. Ciedess afirma que no recibe financiamiento de la CChC, y que los dineros públicos responden a licitaciones limpias y competitivas.

A fines de diciembre del año pasado, la respuesta de la Dirección de Desarrollo Urbano -dependiente del Ministerio de Vivienda- a una consulta de una empresa derivó en una delicada trama legal que ya ha sido analizada por la CChC para sentar un precedente que permita validar edificaciones que han sido cuestionadas por irregularidades.

Se trata de un dividendo provisorio con cargo al ejercicio del presente año cuyo pago se realizará el próximo 14 de octubre a todos los accionistas. El 80,6% de las acciones corresponden a un pacto entre la Cámara Chilena de la Construcción y la aseguradora Prudential Financial. En abril, Habitat había distribuído dividendos por $65 mil millones.

Una investigación da cuenta de cómo distintos ejecutivos y políticos se han pasado de directorios ligados al gremio de la construcción a importantes cargos en instituciones y empresas públicas, y viceversa. Aparecen nombres como René Cortázar, María José Záldivar, Fernando Coloma, Alberto Etchegaray, Fernando Echeverría y Carlos Hurtado.

Un estudio da cuenta de cómo el gremio de la construcción ha ido aumentando su interlocución con diversos actores públicos y privados y cómo su red de influencia se ha ido complejizando paulatinamente hasta influir en diversos aspectos de generación de políticas públicas y relaciones con privados.

Lo indica una investigación sobre el rol del histórico gremio inmobiliario, la que - entre otras cosas- observa la plataforma de Infolobby, donde la CChC se ve representada por sobre cualquier otra institución, con más de 750 encuentros sostenidos en los últimos tres años. 

El ex ministro de la Concertación recibió $69,3 millones en 2020 como remuneración por su rol como director de Inversiones La Construcción, sociedad ligada a la Cámara Chilena de la Construcción, y controladora de Habitat junto a Prudential, cuya principal fuente de utilidades fue la AFP (60%). Además, Cortázar ha recibido aportes de campaña de ex altos ejecutivos ligados a la firma.

Pese a que todavía no se paralizan los permisos de edificación -por lo que se siguen ingresando anteproyectos de edificios- el gremio inmobiliario ha desarrollado una ofensiva comunicacional para responder a las críticas por las afectaciones a la calidad de vida de los habitantes del centro de la ciudad, mediante una campaña cuyo eje principal es diferenciar a Concepción de Barcelona y Nueva York.

Contrariamente a lo que se sostiene, el sistema de AFP no es obra de un solo hombre, sino resultado del lobby de los principales grupos económicos de los años 70. José Piñera Echenique fue su facilitador.

Capital es controlada por el grupo colombiano Sura, mientras que Habitat por la Cámara Chilena de la Construcción y el holding Prudential Financial. Sus directorios presentarán en las juntas de accionistas el retiro de millonarios dividendos del año pasado (26.000 y 20.000 millones de pesos respectivamente), en medio de la pandemia por el Covid-19, con pérdidas declaradas para el primer trimestre de 2020 y con números rojos en las cuentas individuales de los trabajadores chilenos.

Patagon Land, ligada al hijo de Carlos Alberto Délano, certificó en 2015 varias subdivisiones de terrenos en una zona de preservación ecológica. Más actores del rubro lograron lo mismo en ese tiempo, sin ajustarse a derecho según dictaminó la Contraloría en 2017. Algunas de estas certificaciones se invalidaron; no así las del condominio Mirador Pie Andino. INTERFERENCIA detectó que en 2018 se vendieron dos terrenos allí señalando que levantaban un “proyecto inmobiliario”, prohibido para un área protegida.

Gabriela Luksic, hermana menor de Andrónico; José Ignacio Amenábar Montes, del grupo inmobiliario Fortaleza; y Gonzalo van Wersch y Carlos Valdivieso Valdés, ex directores de la corredora de bolsa IM Trust –actual Credicorp Capital–, son algunos de los nombres que componen el fondo de inversión MDPR, que controla el proyecto Mirador Pie Andino entre Chicureo y La Dehesa.

La AFP ligada en su propiedad a la Cámara Chilena de la Construcción -cuyo presidente Patricio Donoso Tagle, sería candidato a dirigir la CPC- indicó a INTERFERENCIA que el contrato con el tenista que dio doping positivo se encuentra "congelado" hasta el resultado de la apelación del deportista ante la Federación Internacional de Tenis.

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso Tagle y su hermano Francisco de Paula, enfrentan una querella por hechos ocurridos en 2016. El denunciante alega que se le impuso condiciones abusivas para el reintegro de lo adeudado, supeditando el pago a la venta de un terreno en Machalí. Una promesa impuesta de forma unilateral y que hasta la fecha no se concreta.

Según la denuncia el actual presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso Tagle, obtuvo permisos de loteo y de edificación viciados en el sector Villa Los Poetas. La acusación recae también sobre el alcalde socialista de Pichilemu, Roberto Córdova, y otras autoridades municipales y del Ministerio de Vivienda, a quienes se acusa de proteger los intereses del empresario.

La semana pasada la Inmobiliaria Placilla presentó un requerimiento ante ese tribunal para anular un dictamen de Contraloría que ordenaba paralizar las obras en Estación Central.

La Contraloría señala que hay vicios en los permisos de construcción, por lo que ordena la paralización de las obras. En respuesta, diez diputados, incluidos Raúl Leiva (PS), Carlos Abel Jarpa (PR) y Matías Walker (DC), presentaron un proyecto de ley que configura un perdonazo a las 12 inmobiliarias de la Cámara Chilena de la Construcción que incurrieron en falta, las que avanzan en obras pese a la prohibición.

Se trata de un anticipo de la segunda cuota que recibe la corporación cultural del gremio por parte de la Dirección Económica de la Cancillería para organizar el evento. Las quejas presentadas en su momento por congresistas de oposición carecieron de efecto.

Pese a que el martes el Senado no aprobó la transferencia a la corporación cultural de ese gremio, que asciende a US$ 39,2 millones, la entrega de recursos ya comenzó. Ocurrió el pasado 31 de agosto y bastaron resoluciones y decretos de los ministerios de Hacienda y Relaciones Exteriores.

Los fondos irán a una cuenta de la Corporación Cultural del gremio, entidad sin fines de lucro que, sin embargo, pertenece a una de los gremios empresariales más influyentes del país.