Pese a que en marzo de este año nuestro medio junto con Periódico Resumen revelaron el registro que muestra cómo el 21 de octubre de 2019 el vehículo de la Armada se abalanzó directamente contra la víctima, al conductor aún se le imputa el delito de cuasidelito de homicidio. La Fiscalía espera una reconstitución de escena que está frenada por la pandemia, mientras el infante de marina sigue en sus funciones.

La Ley de Inteligencia vigente establece que la coordinación está a cargo del jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia, quien posteriormente informa al mandatario. En medio de la crisis sanitaria y con el estallido social en aparente pausa, el gobierno busca que la Cámara de Diputados despache lo antes posible esta iniciativa que ya fue aprobada de forma unánime en el Senado.

En diciembre de 2018 la compañía de telecomunicaciones Entel se adjudicó la licitación para implementar el sistema de ciberseguridad de las Fuerzas Armadas. Según datos obtenidos por INTERFERENCIA, la empresa además subcontrató los servicios de dos firmas extranjeras.

La institución policial -luego de una solicitud de transparencia- comunicó solamente el monto desembolsado entre el 1 de enero y el 19 de marzo del 2020, sin informar unidades compradas ni el modelo. El último gasto dentro de vehículos destinados a control del orden público corresponde al 2019, donde se destinaron $4.266 millones para la compra de cuatro vehículos blindados, tres camiones lanza agua y tres carros de transporte de personal blindados.

La iniciativa busca que el presidente pueda disponer de las Fuerzas Armadas para resguardar “infraestructura crítica”, pero no existe claridad sobre qué significa este concepto, lo que se vuelve un argumento para rechazar la medida, pese a que pasó el trámite de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

Intendente del Bío Bío aseguró que video es categórico, mientras que  el ministro de Defensa prefirió ser “prudente” frente al registro que muestra el asesinato de una persona a manos de una patrulla conducida por un infante de marina.

En el registro audiovisual, grabado por cámaras de una empresa pesquera, se ve cómo el vehículo persigue a alta velocidad a varias personas, matando de forma instantánea a Manuel Rebolledo Navarrete. El uniformado se encuentra sólo con arraigo nacional y firma quincenal.

Senado aprobó que las FF.AA. puedan proteger infraestructura crítica sin decretar estados de excepción–y sin determinar qué instalaciones son críticas- otorgando poderes presidenciales que erosionan libertades democráticas. Falta que vote la Cámara de Diputados.

Hace dos semanas La Tercera reveló que la empresa española Alto Data Analytics había elaborado ese reporte. Pero ¿quién lo mandató? El informe fue elaborado para Quiñenco y Rodrigo Hinzpeter traspasó la información al gobierno, según pudo establecer nuestro medio.

Mientras que varios en la Democracia Cristiana han apoyado desde ya el proyecto de ley presidencial, sin una definición de lo que es "infraestructura crítica", otros en la oposición consideran la iniciativa como anticonstitucional.

Durante la segunda noche de toque de queda en distintas ciudades de Chile, el mandatario radicalizó su discurso y aseguro que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie”. En paralelo, el control militar ya ha dejado al menos un muerto, además de múltiples heridos, incluidos niños.

El monto obtenido por la empresa bordearía los 6 millones de dólares. Pegasus, uno de los perdedores de la licitación, se querelló en contra de funcionarios del EMCO por prevaricación administrativa.  Mañana martes oficiales de esa institución tendrán que declarar ante la fiscalía.

Un decreto de Pinochet de 1975 le ha permitido, hasta hoy, al Ejército enajenar propiedades fiscales, realizando lucrativos negocios inmobiliarios. Pese a un pronunciamiento de la Contraloría en 1998, que anuló ese decreto, la institución continúa con la práctica. Ahora está negociando con terrenos premium en el sector oriente de Santiago.