El funcionario de la Armada, Leonardo Medina Caamaño, actualmente se encuentra formalizado por cuasidelito de homicidio, con lo que incluso podría terminar condenado tan sólo a 61 días de firma.

La defensa del infante Leonardo Medina Caamaño, a cargo de Pelayo Vial, pidió cerrar el caso y dejar libre de condena a su representado. La familia de la víctima insiste en que debe haber justicia en este caso, uno de los emblemas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el Estallido Social.

Marcela Isla vive hace más de cuatro décadas en Huañaco Millao, comunidad vecina de Temucuicui. La policía maneja la hipótesis de que el detective Morales Balcázar falleció frente a su vivienda, algo que ella desmiente. “Quieren que delate a alguien que no sé quién es”.

Un policía antidrogas tuvo hasta diciembre una automotora que usaba los mismos proveedores y la misma logística del negocio de autos del traficante y ex informante Alex Cuevas, asesinado en 2015. Hasta hoy, el alto mando de la policía no ha investigado a este y otros agentes acusados de formar una camarilla dedicada a la extorsión.

Un día después de señalar que no se referirían a la situación, la empresa de la familia Matte confirmó que recibían una prestación por parte del dirigente hasta que decidió postularse a la Convención Constituyente. Sin embargo, la filial de la CMPC no quiso entregar detalles del contrato.

En esta segunda entrega, Patricio Sánchez relata cómo fue amedrentado por oficiales de la unidad de antinarcóticos de Arica tras denunciar que en el asesinato de un informante estarían involucrados agentes corruptos. Además, INTERFERENCIA contesta carta de la PDI.

Un ex detective antinarcóticos, que aún es funcionario activo, lleva seis años denunciando a una camarilla de policías de Arica a los que acusa de orquestar el asesinato de un informante que los iba a delatar por narcotráfico y corrupción. La PDI nunca ha remitido las denuncias al Ministerio Público, pese a que la ley la obliga, levantando la sospecha de encubrimiento.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, dejó a Marcela Cartagena a cargo de la investigación de la muerte del niño, esto después de dos semanas en que el fiscal de Arauco, José Ortiz, dejara en mal pie el trabajo del Ministerio Público. La decisión llama la atención, puesto que la fiscal no se había pronunciado pese a ser la superior jerárquica de Ortiz.

Andrés Cruz estuvo en el Ministerio Público en uno de los momentos políticamente más tensos del conflicto entre el Estado y el Pueblo Mapuche. Hoy es docente en la Universidad de Concepción y busca ser parte de la Convención Constituyente, y pese a su currículum centrado en el área penal, es enfático en que la solución para la violencia en La Araucanía y Arauco es política.

No ha podido ver la autopsia de su pariente y el video revelado por INTERFERENCIA acrecienta sus dudas respecto del origen de la bala que le dio muerte a su familiar. Héctor Espinosa, además, deberá enfrentar una denuncia en Contraloría realizada por un ex detective.

Según antecedentes a los que tuvo acceso nuestro medio, entre marzo y julio de 2020 el fiscal jefe de la zona Metropolitana Sur trabajó desde su segunda residencia en esa localidad costera de la Cuarta Región, transgrediendo las cuarentenas sanitarias y sin informarlo al interior del Ministerio Público.

Según expertos no se veía un despliegue de esta cantidad de policías civiles desde 1987, para el secuestro del coronel Carlos Carreño por parte del FPMR. El operativo dejó insatisfechos a policías, políticos y a la ciudadanía. Tan solo ayer en Zapallar, se incautaron 3 mil matas de marihuana, bajo la vigilancia de la Fiscalía de La Ligua.

En su declaración ante el ministerio público, el imputado Daniel Goldberger reconoce haber escrito la carta con amenazas dirigidas a la persecutora. Además de pedir disculpas, el psicólogo de la UDD explica que la idea de la misiva surgió de él como una alternativa “no violenta” al plan inicial de tirarle huevos a la casa de Chong.    

En su declaración judicial realizada el pasado 14 de septiembre, y a la cual tuvo acceso INTERFERENCIA, el ex comandante en jefe del Ejército aseguró que todo lo que se hizo en el caso del Fondo de Ayuda Mutua (FAM) se “ajustaba a la legalidad”. La fiscalía indaga gastos irregulares por más de 3.500 millones de pesos para cubrir el desfalco de esa entidad privada de ahorro tipo “Cutufa”, que descontaba dinero a los militares a través de sus planillas de pago.

La condena de Orpis e Isasi pone fin a uno de los casos que -junto a Penta y SQM- terminaron con la idea de Chile como un oasis en el que la corrupción no tenía cabida. INTERFERENCIA publica a continuación extractos del libro 'Pescado Rabioso' de Carlos Tromben, donde revisa el origen del caso, el rol de Pablo Longueira y del gobierno de Sebastián Piñera.

Este ex oficial, acusado de cometer abusos y operaciones de escuchas ilegales a autoridades, policías y en el caso Spiniak; es hoy un operativo especial de la Agencia Nacional de Inteligencia.

El ex ministro declara hoy en calidad de testigo en el juicio por el asesinato del comunero mapuche. Sin embargo, persiste la duda si acaso no supo desde el primer momento que nunca existió un enfrentamiento armado, ocultando durante varios días la verdad. El ex general Victtoriano asegura que le informó el mismo día que no hubo intercambio de disparos y que Camilo Catrillanca no portaba armas.

Después de huir con la munición de un marino para denunciar en redes sociales que los uniformados utilizaban armamento de guerra, estuvo encarcelado por once meses, lugar en que sufrió violencia de gendarmes y otros presos. Actualmente arriesga al menos cinco años de presidio y espera el juicio con arresto domiciliario nocturno. Antes de las protestas sostenía a su familia, pero desde que lo persigue la justicia no ha podido volver a trabajar y carga las consecuencias psicológicas que le ha dejado el caso.

La jurista ha litigado en causas emblemáticas defendiendo los derechos de personas del pueblo Mapuche, mientras en paralelo ha sido fotografiada, intervenida telefónicamente e incluso perseguida judicialmente. Por lo mismo, llama a que las instituciones deben cuadrarse con detener este tipo de hostigamientos.

A un año del caso, ayer jueves se realizó la reconstitución de escena del crimen que dio muerte a Manuel Rebolledo. El único imputado en el caso no asistió a la diligencia, por lo que los padres de la víctima exigen al fiscal Julián Muñoz que lo reformalice y solicite la prisión preventiva. En tanto, la familia también señaló que nunca han sido contactados por el gobierno.

El gobierno de entonces entregó el equipo de Sebastián Dávalos a Carabineros en una diligencia que dependía de Bruno Villalobos, quien fue nombrado general director de la policía uniformada seis meses después por la presidenta Michelle Bachelet. Los equipos habían sido intervenidos y formateados, y Dávalos fue al final sobreseído por el fiscal Sergio Moya, quien luego se vio involucrado en la Operación Huracán con Villalobos. 

Después de que la ex funcionaria del Minsal Andrea Albagli hiciera la denuncia, otros dos empleados de la entidad han asegurado lo mismo ante el Ministerio Público. El caso de los correos ahora se maneja directamente desde el segundo piso de La Moneda.

Según consta en la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público, el abogado y militante RN, Rodrigo Arancibia, cometió el delito de “tráfico ilícito de drogas” en General San Martín 665, misma dirección del penal Colina 1. 

Una reunión de mayo de 2019 marcó el quiebre definitivo entre socios y administrativos de la mutualidad. En la ocasión se cambiaron estatutos internos con artimañas cuestionables que motivaron a la PDI a recurrir a la justicia. La Fiscalía Económica Nacional comenzó una investigación sobre los movimientos financieros de la cuestionada mutualidad.

El Ministerio Público había solicitado su sobreseimiento, pero el Juzgado de Garantía de Temuco dio 90 días para realizar nuevas diligencias, entre ellas, citar a declarar al ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, para que se refiera sobre el conocimiento que tenían los fiscales sobre el montaje.

Los abogados señalan que el Ministerio Público no ha entregado copia de toda la documentación de la causa, lo que afecta el debido proceso e incluso abriría la puerta a la anulación del juicio en caso de llevarse a cabo en las condiciones actuales.

Luis Arroyo, uno de los persecutores de La Araucanía que fue parte de la investigación que acusó a ocho mapuche con evidencias falsas, eliminó conversaciones de su WhatsApp que podrían comprometerlo más a fondo en el montaje. El fiscal regional del Maule, dice que no constituye delito.

Representantes de la DC y de RN, por separado, solicitaron al Ministerio Público que se indaguen los antecedentes revelados por INTERFERENCIA, en donde al menos dos órdenes de compra del organismo del subsecretario Arturo Zúñiga, han beneficiado a funcionarios del gobierno.

A propósito de la renuncia de Susana Tonda a la dirección del Sename, INTERFERENCIA conversó con este congresista que lideró las primeras investigaciones en torno a las históricas vulneraciones de los derechos de los menores. El diputado acusa que la prioridad del gobierno es engrosar el negocio de las subvenciones a privados, lo que ha probado no servir.

S. -cuya identidad será mantenida en reserva-, diagnosticado con trastorno del espectro autista, se enfrenta hoy, un día después del día internacional del autismo, a una audiencia donde se decidirá si continúa en prisión preventiva en la cárcel Santiago 1, luego de ser acusado de participar en desórdenes públicos durante el estallido social. S. fue uno de los 13 supuestos ‘primera línea’ cuya medida cautelar fue reducida a arresto domiciliario por el juez Daniel Urrutia, argumentando razones humanitarias por la crisis del Covid—19, lo que fue revocado por la Corte de Apelaciones el mismo día.