Ministerio Público
El ex funcionario del Poder Judicial, en prisión preventiva en Valdivia desde abril de 2021 tras ser acusado de guardar un importante arsenal de armas en su domicilio, busca ser trasladado a la cárcel de Traiguén, su comuna, para poder recibir visitas de su familia.
En caso de que el proyecto constitucional sea aprobado, el mismo texto debe definir los plazos para la aplicación de la nueva normativa y establecer los protocolos para una transición ordenada al nuevo régimen político, legislativo y judicial. Para tal fin, Normas Transitorias está deliberando el articulado que pondrá fin a viejas instituciones, transicionará de unas a otras y dará fecha de comienzo a los nuevos órganos.
Una auditoría interna de Carabineros reveló que no existe documentación de respaldo para cientos de préstamos de este fondo de $147 mil millones financiado por descuentos mensuales a todos los funcionarios del país. Entre quienes recibieron créditos millonarios figuran involucrados en el caso PacoGate y ex jefes del Departamento de Bienestar.
El coronel Araya Parodi pasó a retiro el mes pasado con un sumario por acoso sexual en curso, el cual le podría haber significado la baja. Debía terminar en octubre de 2021, pero fue prorrogado cinco veces. Ahora, estando en retiro, no enfrentará consecuencias institucionales fuera de una anotación en su hoja de vida.
Jorge Montre en 2018 fue parte de la obstrucción del allanamiento de los cuarteles en Temuco por parte de la PDI, cuando blindados bloquearon las dependencias policiales. Hoy es el coronel a cargo de Fuerzas Especiales en 21 comunas, y tiene asignado el control del orden público en la Alameda y la sede de Gobierno.
La defensora de presos políticos mapuche apunta que para las comunidades indígenas la institucionalidad chilena en su conjunto es una sola, por lo tanto el esfuerzo político de Boric y Siches podría ser insuficiente para alcanzar el objetivo planteado por La Moneda. Asimismo, confía en que quienes “siguen con el discurso de Mahmud Aleuy puedan abrir sus mentes”, aludiendo al subsecretario Monsalve.
Hace tres días, INTERFERENCIA reveló que el coronel Araya Parodi –en arresto domiciliario nocturno acusado de agredir a un niño– sigue recibiendo beneficios institucionales a pesar de tener una investigación por acoso sexual en su contra y una denuncia por VIF. Esta semana le abrieron otro sumario en relación a mal uso de su arma.
Además de ser acusado por Fiscalía de provocarle un estallido ocular a un niño el año 2014 en La Legua y estar siendo investigado por Carabineros por acoso laboral y sexual, el coronel Jorge Araya Parodi fue denunciado por violencia intrafamiliar. No se le han suspendido los beneficios institucionales.
La Corte de Apelaciones dejó en libertad al oficial de Carabineros Claudio Crespo apelando a su conducta anterior, y a que no sería un riesgo para la sociedad al estar de baja; quedando con arraigo y firma quincenal. Esto, pese a que el caso de E.G., baleado un año antes que Gatica, se encuentra aún en investigación, con Crespo formalizado por apremios, falsificación de instrumento público y obstrucción.
Denisse Cortés, quien se encontraba en la marcha como observadora, fue alcanzada por un proyectil mientras dialogaba al interior de un piquete de Carabineros, en una jornada de fuerte represión. Quienes la acompañaban acusan que Carabineros no prestó ayuda suficiente. Aún no se confirman las circunstancias de su muerte.
El cumplimiento de la medida cautelar en Escar por malversación de fondos por $1.600 millones desde 2007 no tiene precedentes en 30 años, y está causando molestia en la institución: “En la Escuela son oficiales en formación y ven la impunidad como ejemplo”, opina un carabinero.
Juan Domingo Acosta indicó que las condiciones del contrato de compraventa de Dominga ya estaban en la carpeta que manejó el fiscal Manuel Guerra.
En 2017 el fiscal Manuel Guerra pidió sobreseer a Sebastián Piñera, y afirmó que no había ninguna relación entre la cancelación del proyecto Barrancones y Minera Dominga. Esto, aunque era conocido por Fiscalía que solo uno de los dos proyectos podía realizarse en el lugar y a que parte de la venta de los Piñera a Délano estaba condicionada a que la zona no fuera reserva natural.
Esto podría llevar cuestionar los actos administrativos de ambos altos mandos y sus alzas salariales. Contraloría sugirió sanciones porque los oficiales no tomaron "medidas oportunas" para evitar la crisis de derechos humanos de 2019 y 2020.
A pesar de que el Ministerio Público mantuvo su acusación por delito de tenencia de arma durante todo el procedimiento (un revólver Smith & Wesson .44, sin inscripción ni permiso), en última instancia decidió no perseverar. Además, en el acta de la audiencia, su condena corresponde al delito de receptación simple y no al de daño a patrimonio.
"Han dilatado un año y medio un juicio para el que tienen pésimas pruebas, haciendo uso y abuso del sistema judicial con fines políticos", dice Nicolás Pavez, abogado de dos de los detenidos en la redada que Carabineros protagonizó en Plaza Dignidad en marzo de 2020.
El ex titular de Interior denunció ante el fiscal Eugenio Campos –quien indaga el megafraude de Carabineros– la existencia de saldo sin justificar “que no se encuentra en la cuenta contable de la institución”, correspondientes a gratificaciones y gastos en adquisición de terrenos, vehículos y equipos. Con esto, ya serían $45 mil millones en investigación por el Pacogate.
El líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) aclaró en INTERFERENCIA que al momento de ir a reconocer el cuerpo vio que se trataba de otro weichafe; Pablo Marchant. "Estamos consternados. Murió combatiendo en una acción de sabotaje a la Forestal Mininco, en una faena custodiada por Carabineros, por lo que lo vamos a reivindicar”.
Leonardo Medina Caamaño, el infante de marina que conducía el vehículo de la Armada con que se asesinó al joven de Talcahuano, podría enfrentar un juicio oral y de ser condenado, cumplir al menos 10 años de cárcel efectiva.
El funcionario de la Armada, Leonardo Medina Caamaño, actualmente se encuentra formalizado por cuasidelito de homicidio, con lo que incluso podría terminar condenado tan sólo a 61 días de firma.
La defensa del infante Leonardo Medina Caamaño, a cargo de Pelayo Vial, pidió cerrar el caso y dejar libre de condena a su representado. La familia de la víctima insiste en que debe haber justicia en este caso, uno de los emblemas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el Estallido Social.
Marcela Isla vive hace más de cuatro décadas en Huañaco Millao, comunidad vecina de Temucuicui. La policía maneja la hipótesis de que el detective Morales Balcázar falleció frente a su vivienda, algo que ella desmiente. “Quieren que delate a alguien que no sé quién es”.
Un policía antidrogas tuvo hasta diciembre una automotora que usaba los mismos proveedores y la misma logística del negocio de autos del traficante y ex informante Alex Cuevas, asesinado en 2015. Hasta hoy, el alto mando de la policía no ha investigado a este y otros agentes acusados de formar una camarilla dedicada a la extorsión.
Un día después de señalar que no se referirían a la situación, la empresa de la familia Matte confirmó que recibían una prestación por parte del dirigente hasta que decidió postularse a la Convención Constituyente. Sin embargo, la filial de la CMPC no quiso entregar detalles del contrato.
En esta segunda entrega, Patricio Sánchez relata cómo fue amedrentado por oficiales de la unidad de antinarcóticos de Arica tras denunciar que en el asesinato de un informante estarían involucrados agentes corruptos. Además, INTERFERENCIA contesta carta de la PDI.
Un ex detective antinarcóticos, que aún es funcionario activo, lleva seis años denunciando a una camarilla de policías de Arica a los que acusa de orquestar el asesinato de un informante que los iba a delatar por narcotráfico y corrupción. La PDI nunca ha remitido las denuncias al Ministerio Público, pese a que la ley la obliga, levantando la sospecha de encubrimiento.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, dejó a Marcela Cartagena a cargo de la investigación de la muerte del niño, esto después de dos semanas en que el fiscal de Arauco, José Ortiz, dejara en mal pie el trabajo del Ministerio Público. La decisión llama la atención, puesto que la fiscal no se había pronunciado pese a ser la superior jerárquica de Ortiz.
Andrés Cruz estuvo en el Ministerio Público en uno de los momentos políticamente más tensos del conflicto entre el Estado y el Pueblo Mapuche. Hoy es docente en la Universidad de Concepción y busca ser parte de la Convención Constituyente, y pese a su currículum centrado en el área penal, es enfático en que la solución para la violencia en La Araucanía y Arauco es política.
No ha podido ver la autopsia de su pariente y el video revelado por INTERFERENCIA acrecienta sus dudas respecto del origen de la bala que le dio muerte a su familiar. Héctor Espinosa, además, deberá enfrentar una denuncia en Contraloría realizada por un ex detective.
Según antecedentes a los que tuvo acceso nuestro medio, entre marzo y julio de 2020 el fiscal jefe de la zona Metropolitana Sur trabajó desde su segunda residencia en esa localidad costera de la Cuarta Región, transgrediendo las cuarentenas sanitarias y sin informarlo al interior del Ministerio Público.
