Ministerio Público
Además de ser acusado por Fiscalía de provocarle un estallido ocular a un niño el año 2014 en La Legua y estar siendo investigado por Carabineros por acoso laboral y sexual, el coronel Jorge Araya Parodi fue denunciado por violencia intrafamiliar. No se le han suspendido los beneficios institucionales.
La Corte de Apelaciones dejó en libertad al oficial de Carabineros Claudio Crespo apelando a su conducta anterior, y a que no sería un riesgo para la sociedad al estar de baja; quedando con arraigo y firma quincenal. Esto, pese a que el caso de E.G., baleado un año antes que Gatica, se encuentra aún en investigación, con Crespo formalizado por apremios, falsificación de instrumento público y obstrucción.
Denisse Cortés, quien se encontraba en la marcha como observadora, fue alcanzada por un proyectil mientras dialogaba al interior de un piquete de Carabineros, en una jornada de fuerte represión. Quienes la acompañaban acusan que Carabineros no prestó ayuda suficiente. Aún no se confirman las circunstancias de su muerte.
El cumplimiento de la medida cautelar en Escar por malversación de fondos por $1.600 millones desde 2007 no tiene precedentes en 30 años, y está causando molestia en la institución: “En la Escuela son oficiales en formación y ven la impunidad como ejemplo”, opina un carabinero.
Juan Domingo Acosta indicó que las condiciones del contrato de compraventa de Dominga ya estaban en la carpeta que manejó el fiscal Manuel Guerra.
En 2017 el fiscal Manuel Guerra pidió sobreseer a Sebastián Piñera, y afirmó que no había ninguna relación entre la cancelación del proyecto Barrancones y Minera Dominga. Esto, aunque era conocido por Fiscalía que solo uno de los dos proyectos podía realizarse en el lugar y a que parte de la venta de los Piñera a Délano estaba condicionada a que la zona no fuera reserva natural.
Esto podría llevar cuestionar los actos administrativos de ambos altos mandos y sus alzas salariales. Contraloría sugirió sanciones porque los oficiales no tomaron "medidas oportunas" para evitar la crisis de derechos humanos de 2019 y 2020.
A pesar de que el Ministerio Público mantuvo su acusación por delito de tenencia de arma durante todo el procedimiento (un revólver Smith & Wesson .44, sin inscripción ni permiso), en última instancia decidió no perseverar. Además, en el acta de la audiencia, su condena corresponde al delito de receptación simple y no al de daño a patrimonio.
"Han dilatado un año y medio un juicio para el que tienen pésimas pruebas, haciendo uso y abuso del sistema judicial con fines políticos", dice Nicolás Pavez, abogado de dos de los detenidos en la redada que Carabineros protagonizó en Plaza Dignidad en marzo de 2020.
El ex titular de Interior denunció ante el fiscal Eugenio Campos –quien indaga el megafraude de Carabineros– la existencia de saldo sin justificar “que no se encuentra en la cuenta contable de la institución”, correspondientes a gratificaciones y gastos en adquisición de terrenos, vehículos y equipos. Con esto, ya serían $45 mil millones en investigación por el Pacogate.
El líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) aclaró en INTERFERENCIA que al momento de ir a reconocer el cuerpo vio que se trataba de otro weichafe; Pablo Marchant. "Estamos consternados. Murió combatiendo en una acción de sabotaje a la Forestal Mininco, en una faena custodiada por Carabineros, por lo que lo vamos a reivindicar”.
Leonardo Medina Caamaño, el infante de marina que conducía el vehículo de la Armada con que se asesinó al joven de Talcahuano, podría enfrentar un juicio oral y de ser condenado, cumplir al menos 10 años de cárcel efectiva.
El funcionario de la Armada, Leonardo Medina Caamaño, actualmente se encuentra formalizado por cuasidelito de homicidio, con lo que incluso podría terminar condenado tan sólo a 61 días de firma.
La defensa del infante Leonardo Medina Caamaño, a cargo de Pelayo Vial, pidió cerrar el caso y dejar libre de condena a su representado. La familia de la víctima insiste en que debe haber justicia en este caso, uno de los emblemas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el Estallido Social.
Marcela Isla vive hace más de cuatro décadas en Huañaco Millao, comunidad vecina de Temucuicui. La policía maneja la hipótesis de que el detective Morales Balcázar falleció frente a su vivienda, algo que ella desmiente. “Quieren que delate a alguien que no sé quién es”.
Un policía antidrogas tuvo hasta diciembre una automotora que usaba los mismos proveedores y la misma logística del negocio de autos del traficante y ex informante Alex Cuevas, asesinado en 2015. Hasta hoy, el alto mando de la policía no ha investigado a este y otros agentes acusados de formar una camarilla dedicada a la extorsión.
Un día después de señalar que no se referirían a la situación, la empresa de la familia Matte confirmó que recibían una prestación por parte del dirigente hasta que decidió postularse a la Convención Constituyente. Sin embargo, la filial de la CMPC no quiso entregar detalles del contrato.
En esta segunda entrega, Patricio Sánchez relata cómo fue amedrentado por oficiales de la unidad de antinarcóticos de Arica tras denunciar que en el asesinato de un informante estarían involucrados agentes corruptos. Además, INTERFERENCIA contesta carta de la PDI.
Un ex detective antinarcóticos, que aún es funcionario activo, lleva seis años denunciando a una camarilla de policías de Arica a los que acusa de orquestar el asesinato de un informante que los iba a delatar por narcotráfico y corrupción. La PDI nunca ha remitido las denuncias al Ministerio Público, pese a que la ley la obliga, levantando la sospecha de encubrimiento.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, dejó a Marcela Cartagena a cargo de la investigación de la muerte del niño, esto después de dos semanas en que el fiscal de Arauco, José Ortiz, dejara en mal pie el trabajo del Ministerio Público. La decisión llama la atención, puesto que la fiscal no se había pronunciado pese a ser la superior jerárquica de Ortiz.
Andrés Cruz estuvo en el Ministerio Público en uno de los momentos políticamente más tensos del conflicto entre el Estado y el Pueblo Mapuche. Hoy es docente en la Universidad de Concepción y busca ser parte de la Convención Constituyente, y pese a su currículum centrado en el área penal, es enfático en que la solución para la violencia en La Araucanía y Arauco es política.
No ha podido ver la autopsia de su pariente y el video revelado por INTERFERENCIA acrecienta sus dudas respecto del origen de la bala que le dio muerte a su familiar. Héctor Espinosa, además, deberá enfrentar una denuncia en Contraloría realizada por un ex detective.
Según antecedentes a los que tuvo acceso nuestro medio, entre marzo y julio de 2020 el fiscal jefe de la zona Metropolitana Sur trabajó desde su segunda residencia en esa localidad costera de la Cuarta Región, transgrediendo las cuarentenas sanitarias y sin informarlo al interior del Ministerio Público.
Según expertos no se veía un despliegue de esta cantidad de policías civiles desde 1987, para el secuestro del coronel Carlos Carreño por parte del FPMR. El operativo dejó insatisfechos a policías, políticos y a la ciudadanía. Tan solo ayer en Zapallar, se incautaron 3 mil matas de marihuana, bajo la vigilancia de la Fiscalía de La Ligua.
En su declaración ante el ministerio público, el imputado Daniel Goldberger reconoce haber escrito la carta con amenazas dirigidas a la persecutora. Además de pedir disculpas, el psicólogo de la UDD explica que la idea de la misiva surgió de él como una alternativa “no violenta” al plan inicial de tirarle huevos a la casa de Chong.
En su declaración judicial realizada el pasado 14 de septiembre, y a la cual tuvo acceso INTERFERENCIA, el ex comandante en jefe del Ejército aseguró que todo lo que se hizo en el caso del Fondo de Ayuda Mutua (FAM) se “ajustaba a la legalidad”. La fiscalía indaga gastos irregulares por más de 3.500 millones de pesos para cubrir el desfalco de esa entidad privada de ahorro tipo “Cutufa”, que descontaba dinero a los militares a través de sus planillas de pago.
La condena de Orpis e Isasi pone fin a uno de los casos que -junto a Penta y SQM- terminaron con la idea de Chile como un oasis en el que la corrupción no tenía cabida. INTERFERENCIA publica a continuación extractos del libro 'Pescado Rabioso' de Carlos Tromben, donde revisa el origen del caso, el rol de Pablo Longueira y del gobierno de Sebastián Piñera.
Este ex oficial, acusado de cometer abusos y operaciones de escuchas ilegales a autoridades, policías y en el caso Spiniak; es hoy un operativo especial de la Agencia Nacional de Inteligencia.
El ex ministro declara hoy en calidad de testigo en el juicio por el asesinato del comunero mapuche. Sin embargo, persiste la duda si acaso no supo desde el primer momento que nunca existió un enfrentamiento armado, ocultando durante varios días la verdad. El ex general Victtoriano asegura que le informó el mismo día que no hubo intercambio de disparos y que Camilo Catrillanca no portaba armas.
Después de huir con la munición de un marino para denunciar en redes sociales que los uniformados utilizaban armamento de guerra, estuvo encarcelado por once meses, lugar en que sufrió violencia de gendarmes y otros presos. Actualmente arriesga al menos cinco años de presidio y espera el juicio con arresto domiciliario nocturno. Antes de las protestas sostenía a su familia, pero desde que lo persigue la justicia no ha podido volver a trabajar y carga las consecuencias psicológicas que le ha dejado el caso.
