“Diálogo” es una de las palabras clave para entender el inicio del gobierno de Gabriel Boric. Este concepto es el que han empujado en su discurso las principales autoridades de La Moneda a la hora de referirse al conflicto entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche, tema fundamental para el programa de cada gobierno, independiente de la perspectiva con que se aborde.

¿Se convertirá esto en un lugar común o realmente logrará la ministra del Interior, Izkia Siches, sentarse a conversar con el lonko de Temucuicui Autónomo, Víctor Queipul, o con el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul? Por citar sólo a algunos de los dirigentes mapuche más relevantes políticamente.

El tiempo lo dirá.

Mirando hacia atrás, Siches y el presidente Gabriel Boric pueden tomar la experiencia, por ejemplo, del segundo gobierno de Michelle Bachelet. En éste la apuesta de diálogo la encabezó el entonces ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza (Partido Comunista) a través de una consulta indígena. O incluso pueden estudiar el Plan Araucanía del segundo mandato de Sebastián Piñera, encabezado por el ex titular de Desarrollo Social, Alfredo Moreno.

De seguro la primera conclusión, al ser históricamente evidente, es que ambas iniciativas fracasaron. Probablemente, en un análisis más profundo, notarían que las dos corrieron la misma mala suerte por decisiones tomadas por sus pares del Ministerio del Interior. Para Barraza, fue la Operación Huracán del ministro Mario Fernández (Democracia Cristiana) y del subsecretario Mahmud Aleuy (Partido Socialista). Para Moreno, fue el Caso Catrillanca del ministro Andrés Chadwick (Unión Demócrata Independiente) y el subsecretario Rodrigo Ubilla (Renovación Nacional).

En el escenario actual Siches es un caso excepcional. Ella encabeza el intento de diálogo y además la política de seguridad pública, por tanto la primera que podría hacer fracasar el objetivo de acercar posiciones es ella misma, por la tensión entre ambas funciones. Pero en esta línea la ministra del Interior ya ha dado señales inéditas: después de ser recibida con disparos al aire en Temucuicui, mediáticamente bajó el perfil a la situación y luego descartó querellarse contra los responsables. 

De lograr un equilibrio, luego vienen otras líneas a superar. La primera a la vista es con su subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (Partido Socialista), quien contrario a Siches, niega la existencia de presos políticos mapuche.

Después viene el resto de organismos del Estado que inciden en el conflicto, principalmente el Ministerio Público y el Poder Judicial, protagonistas de la persecución penal a dirigentes mapuche.

Sobre estas vallas a superar, INTERFERENCIA conversó con la abogada Karina Riquelme, quien en los últimos 12 años ha dedicado su vida a defender a presos políticos mapuche en casos emblemáticos como la Operación Huracán y el Caso Luchsinger-Mackay.

Sobre estas vallas a superar, INTERFERENCIA conversó con la abogada Karina Riquelme, quien en los últimos 12 años ha dedicado su vida a defender a presos políticos mapuche en casos emblemáticos como la Operación Huracán y el Caso Luchsinger-Mackay. 

Desde su punto de vista, no habrá una solución en 4 años a un conflicto de 5 siglos, pero cree que se pueden dar pasos importantes para aquello. Lo que sí, asegura que esto depende de que las instituciones tengan un mensaje coherente que no esfume la confianza del Pueblo Mapuche como ha ocurrido en gobiernos anteriores.

La profesional además es cercana a una de las figuras clave del actual gobierno. Se trata del jefe de gabinete del presidente Gabriel Boric, Matías Meza-Lopehandía, abogado con quien compartió al interior del Centro de Investigación y Defensa Sur (CidSur), en el cual ambos participaron en el pasado representando a presos políticos mapuche.

- En base a su experiencia trabajando en Wallmapu ¿Qué le pareció lo ocurrido con la visita de la ministra Izkia Siches a Temucuicui?

- Me pareció un desacierto y es una clara muestra de lo alejado que se encuentra el centro de Chile de Wallmapu, en especial el desconocimiento de que los tiempos del Wallmapu no son los tiempos de un Estado, no son los tiempos del resto de Chile. Wallmapu tiene otra forma de coexistir, en especial las comunidades. Esto debe observarse de manera seria y responsable por quienes tienen la representación del Estado. El gobierno manifiesta buenas intenciones, pero estas deben ser observadas con pertinencia cultural, con respeto a las comunidades y sin apuro. En 4 años no van a solucionar los conflictos de 500 años, entonces hay que ser humildes en observar eso.

- Usted conoce a Matías Meza-Lopehandía y su trabajo defendiendo a presos políticos mapuche. Él convive en La Moneda con autoridades como Manuel Monsalve, quien planteó que no existen presos políticos mapuche ¿Cuán compleja cree que es esta diferencia en el gobierno?

- Que exista una persona como Matías en el gobierno entrega la esperanza de que pueda enseñar y hacer entender a quienes son parte de la política, la existencia de temas que sólo se entienden cuando se habita Wallmapu, como es su caso. Él logró entender cuáles son los problemas profundos e históricos que ahí existen de abandono del Estado. Tengo la esperanza de que los políticos antiguos, quienes siguen con el mismo discurso de Mahmud Aleuy, puedan abrir sus mentes y lograr entender la existencia de la utilización del derecho penal para criminalizar y mantener prisioneros políticos, tanto condenados como imputados en las cárceles de Wallmapu.

"Hoy estamos como estamos por comentarios como el del subsecretairo Manuel Monsalve, que manifiestan su ignorancia y poco acercamiento con el tema. Yo lo invito a que si quiere conversar de este tema lo podemos hacer"

Creo que esa mirada distinta de Matías puede desplegar un gobierno que deje de lado antiguas formas de criminalización, antiguas formas de persecución que a la luz de los hechos no traen resultados. Hoy estamos como estamos por comentarios como el del subsecretairo Manuel Monsalve, que manifiestan su ignorancia y poco acercamiento con el tema. Yo lo invito a que si quiere conversar de este tema lo podemos hacer, porque hay evidencia clara de la existencia de presos políticos y respecto de eso no debiera existir ningún tipo de discusión.

- Desde su perspectiva ¿Cuál es el estado de la situación en este conflicto entre el Estado y el Pueblo Mapuche?

- Creo que nos encontramos con un daño gigantesco, por cómo gobiernos en democracia han ofrecido la posibilidad de diálogo, por ejemplo, Michelle Bachelet en su primer gobierno. Éste fue aceptado por varias comunidades que confiaron en las palabras y en las buenas intenciones que Bachelet entregó respecto de cómo solucionar el conflicto, pero devuelta recibieron Ley Antiterrorista, allanamientos violentos, heridos y muertos. Entonces lo que hoy se está cosechando respecto de estas buenas intenciones que manifiesta el gobierno actual y que no fueron "bien recibidas" por la comunidad, son responsabilidad de gobiernos como el de Michelle Bachelet, que pusieron buena cara pero que tuvieron reacciones como la que tiene hoy Manuel Monsalve. 

- ¿Qué le parece lo que han dicho dirigentes como Héctor Llaitul o Víctor Queipul respecto de la posibilidad de diálogo? Ellos no cierran la posibilidad del todo, pero con ciertas condiciones.

- Respecto de las decisiones autónomas y las formas de diálogo político que asuman las comunidades, yo sólo tengo un amplio respeto. Me parece que son ellos quienes viven día a día el exterminio de sus tierras por el extractivismo de las forestales, son ellos los que viven la represión, los tanques siguen ahí. Tengo respeto de la autonomía y de la autodeterminación, nunca me he metido ni nunca me voy a meter, porque no soy mapuche.

- Usted criticó que el Ministerio Público designara a César Chibar a cargo del caso de los disparos al aire en Temucuicui. En Twitter lo acusó de “colono antimapuche”.

- Yo me concentraría en la Fiscalía en general, que a lo largo de mi experiencia en litigación en Wallmapu ha mostrado una falta de conocimiento y de pertinencia cultural en relación a la historia de los conflictos existentes entre latifundistas, camioneros y mapuche. 

"El Ministerio Público teniendo las facultades y habilidades para poder generar resoluciones de conflicto de manera pacífica, en general incendia más los temas, porque toma parte por unos sin ser objetivos, no cumpliendo sus obligaciones legales"

El Ministerio Público teniendo las facultades y habilidades para poder generar resoluciones de conflicto de manera pacífica, en general incendia más los temas, porque toma parte por unos sin ser objetivos, no cumpliendo sus obligaciones legales, protegiendo de manera mucho más eficaz a quienes son víctimas latifundistas, a diferencia de cuando las víctimas son mapuche. 

En este caso aludo Chibar por la historia que tiene de persecución a comuneros mapuche. Él persiguió por primera vez a Vania Queipul cuando tenía 15 años, pero no fue capaz de llevar adelante una denuncia por secuestro presentada por el lonko Víctor Queipul, la cual cerró sin comunicárselo a las víctimas, lo que trajo como consecuencia otro conflicto en el cual fueron criminalizados otros miembros de la comunidad.

- En el contexto del nuevo gobierno se ha visto la intención de generar diálogos con varias comunidades, sobre todo con las más radicales ¿Cómo cree que influye el rol de la Fiscalía en la posibilidad de diálogo?

- Influye de manera muy fuerte. Para quienes son parte del Pueblo Mapuche el Estado es uno sólo. Las instituciones que son partes de este Estado, el cual se instala después del ingreso militar al sur del Bío Bío en Wallmapu, representan a un mismo Estado, por lo cual si el gobierno establece mecanismos de acercamiento con Wallmapu no presentando querellas, saliéndose del contexto de criminalización, pero el Ministerio Público toma otro camino, evidentemente va a haber un choque en el diálogo en sí.

Desgraciadamente puede generar un alejamiento de esta posibilidad de diálogo si sigue manteniendo la persecución, si sigue levantando órdenes de detención en casos con mínimas afectaciones. Va a generar más reacciones en contra del Estado incluso con la buena disposición que pueda tener el Ejecutivo.

- Pero en un estado de derecho la Fiscalía tiene que actuar según su rol ¿Bajo lo que plantea usted qué puede hacer la Fiscalía?

- El Ministerio Público tiene que apegarse a la ley y es lo que no hace. El Ministerio Público tiene obligaciones establecidas en la Constitución y en su ley orgánica. Además el derecho penal tiene el principio de mínima intervención. La Constitución los obliga a ser objetivos cuando investigan, les otorga herramientas para dejar la persecución en caso de que no se afecten bienes jurídicos de gran gravedad. Por ejemplo, en todos los comuneros que fueron acusados por la toma de las municipalidades de Curacautín y Victoria, ellos denuncian torturas y hechos muy graves, pero la Fiscalía de Alta Complejidad solicita orden de detención contra ellos por la toma de la municipalidad, lo cual no tiene un efecto tan grande como las torturas que ellos sufrieron, los incendios de sus camionetas, respecto de los cuales no existen ningún detenido. 

"Los fiscales tienen que apegarse a la ley, lo cual no se ve sólo en el caso mapuche, sino que también en casos de financiamiento de la política. No se pide nada extraordinario, sólo que sigan la normativa que ya existe"

Entonces los fiscales tienen que apegarse a la ley, lo cual no se ve sólo en el caso mapuche, sino que también en casos de financiamiento de la política. No se pide nada extraordinario, sólo que sigan la normativa que ya existe.

- ¿Sus críticas pueden extenderse al Poder Judicial también? ¿Debería existir una conversación entre poderes del Estado sobre esta intención de dialogar con comunidades?

- El Poder Judicial es independiente y no debería conversar con el Ejecutivo, en situaciones como el Caso Luchsinger-Mackay pasó esto y lo denunciamos, porque el Poder Judicial no puede estar en mesas de seguridad, ellos deben tener completa independencia y no relacionarse de esa manera con los poderes respecto de la persecución. Lo que el Poder Judicial debe hacer es decolonizarse, porque el Poder Judicial en Wallmapu está compuesto por quienes son parte del conflicto, lo que hace que la persecución y las resoluciones que emanan del Poder Judicial sean observadas de manera súmamente críticas, como es el Caso Huracán, donde desde de noviembre de 2020 hemos intentando llevar adelante una preparación de juicio, la que ha sido dilatada con avenencia del Poder Judicial. Esto a diferencia del caso de Celestino Córdova, donde se nos obligó asumir patrocinio a los defensores y se nos dio 20 días para estudiar una carpeta de investigación. En este caso se dice que si asume un defensor público por el abogado de Patricio Marín Lazo, tienen que darle dos meses de plazo al menos. Ahí uno nota las diferencias en hechos que no son discutibles.