Según expertos no se veía un despliegue de esta cantidad de policías civiles desde 1987, para el secuestro del coronel Carlos Carreño por parte del FPMR. El operativo dejó insatisfechos a policías, políticos y a la ciudadanía. Tan solo ayer en Zapallar, se incautaron 3 mil matas de marihuana, bajo la vigilancia de la Fiscalía de La Ligua.

El abogado Daniel Soto ayudó a fundar el Departamento de Derechos Humanos de Carabineros el 2011 e hizo clases en la institución hasta septiembre de este año. Junto a su colega Rodrigo Pérez de Arce, realizaron un estudio jurídico para responder el por qué falló el uso de la fuerza durante el estallido, centrándose en el derecho internacional.

El centro de investigación Citizen Lab publicó un informe sobre ciberespionaje en distintos países, donde se afirma que la PDI de Chile es cliente de Circles, compañía afiliada al NSO Group que estuvo en medio de un escándalo por espiar a activistas y periodistas en México. La policía civil chilena niega la vinculación.

La falta de transparencia en su gestión ha llevado a más de 50 ex uniformados a solicitar el rescate de sus primas de seguro de vida a la mutualidad. Recibirán mucho menos dinero que si siguen pagando la póliza, pero temen que, si no sacan parte de sus fondos ahora, se queden sin nada. Ya convocaron a una protesta fuera de sus oficinas para ser escuchados.

Una reunión de mayo de 2019 marcó el quiebre definitivo entre socios y administrativos de la mutualidad. En la ocasión se cambiaron estatutos internos con artimañas cuestionables que motivaron a la PDI a recurrir a la justicia. La Fiscalía Económica Nacional comenzó una investigación sobre los movimientos financieros de la cuestionada mutualidad.

Un documento fechado en junio de 2018 muestra los elevados pagos que la mutualidad de Carabineros realizaba a sus altos mandos, mientras escondía balances a la Comisión para el Mercado Financiero para no evidenciar su precariedad financiera.

En diez años Ingeniería Solem S.A. ha recibido órdenes de compra directas por más de $1.200 millones, pese a que existen más proveedores, y una de las funciones contratadas puede hacerse usando dispositivos Simccar disponibles por la policía desde 2015.

Entre los implicados en el crimen está el ex brigadier de Ejército, Pedro Espinoza, subdirector de la agencia de represión de Augusto Pinochet en los 70. En la lista aparecen agentes ligados a la Brigada Lautaro, una de las más temidas de la época.

La subsecretaria Paula Daza se negó en dos ocasiones a entregar información sobre este nuevo fallecido, que fue confirmado como positivo de coronavirus por el Instituto de Salud Pública este miércoles, siendo que había muerto el viernes 20 de marzo y que el Servicio Médico Legal envió la muestra para examen un día después. Según vecinos de la persona fallecida, nadie del sector ha hecho cuarentena.

En 2016 la Fundación Monte Verde, que custodia el lugar cercano a Puerto Montt donde se hallaron los restos de asentamientos humanos más antiguos del continente, denunció que el hoy diputado Kuschel (RN) instaló dos estructuras sobre una parte del terreno que es de su propiedad. El parlamentario asegura que se trata de construcciones superficiales que no afectan las excavaciones. En diciembre la PDI realizó las primeras diligencias en el lugar.

Los colaboradores de al menos cinco senadores deberán declarar este mes sobre su papel en informes y asesorías pagados y que podrían haber sido copiados o falsificados.

Desde que una patrulla de Carabineros atropelló a un joven el martes pasado, en el contexto de las protestas contra la PSU, muchos vecinos de ese sector vertieron su ira contra la fuerza policial. La noche del viernes 10 de enero no fue la excepción, y tuvo la misma tónica que se han vivido durante estos días. A continuación, una crónica de lo vivido esas horas.

La inteligencia policial no está preparada, casi no existen controles en la comercialización de insumos y falta una legislación moderna y coherente. Esas parecen ser las principales trabas que impiden el control y la prevención de ataques como el del jueves pasado.

Según la jueza que investiga el homicidio de los hermanos Jorge Marimán Loncomilla y Matías Cariqueo Loncomilla, a manos de Freddy Marileo en Ercilla, el hecho habría sido gatillado por un conflicto “de recuperación de tierras y relaciones con empresas forestales”, entre dos comunidades mapuche, en el que Mininco tiene algo que decir.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos envió un oficio al fiscal regional de Los Ríos, Juan Meléndez, con el objetivo de esclarecer los hechos que produjeron la muerte del presidente de la Asociación de Comunidades Indígenas de Chan Chan, Marcelo Vega, y de su acompañante en el vehículo siniestrado, Jorge Hualme, cuyo cuerpo fue encontrado el martes en una caleta cercana a la zona.

Esta asignación fiscal, que incluía chofer, bencina, pago de tag y mantención, estaba vigente en las Fuerzas Armadas y de Orden Público hasta comienzos de este año. Actualmente sólo permanecería en Carabineros. 

Este jueves 20 de diciembre el máximo tribunal se pronunciará respecto de los recursos de nulidad presentados por las defensas de los condenados por la muerte de Eduardo Lara Tapia, que falleció asfixiado en dependencias del Concejo Municipal de Valparaíso, inmueble incendiado durante las protestas realizadas mientras se desarrollaba el discurso presidencial.

La entidad policial maneja cifras que no coinciden con las observadas por el órgano fiscalizador respecto del polémico beneficio por Asignación de Casa de 2016,. ¿Quién tiene razón?

El órgano fiscalizador está encima de la entidad policial desde el año pasado. Encontraron más de $5 mil millones en asignaciones de casas sin la documentación que justificara el gasto, además de otros montos que no correspondía entregar y que se deben reintegrar a las arcas fiscales. El asunto ahora enfrenta a funcionarios con el Alto Mando de la institución.