Tras más de 100 audiencias de juicio oral, un reportaje de Ciper dio a conocer seis videos en los que el ex teniente coronel de Carabineros amenaza explícitamente a manifestantes durante la revuelta de 2019. Casos anteriores, una nueva formalización y una empresa familiar con contratos estatales forman parte del largo historial del ex G-3 de Fuerzas Especiales.

El ex carabinero —acusado también de cegar a G. Gatica— fue formalizado por disparar al ingeniero M. Zagaglioni, quien volvía a su casa del trabajo durante el estallido social. Mediante documentos policiales, fiscalía habría establecido que Crespo estuvo en el lugar y hora del ataque, corroborando que nadie más de la cuadrilla a su mando percutó disparos.

El ex carabinero será formalizado el 10 de diciembre por una tercera causa, imputado por disparar a un ingeniero en el tórax y la pierna en octubre de 2019, requiriendo intervención quirúrgica. Crespo es acusado de cegar a Gustavo Gatica, estando en medio de juicio oral, y fue recientemente absuelto en otra causa por disparar a la cara de un manifestante a 5 metros.

El 20 de octubre de 2019, los cuerpos de Muga, Osorio, Ponce, Pérez y Salas fueron hallados en dependencias de la siniestrada fábrica. De aquel día a la fecha, se encontró una bala en uno de los cadáveres, detectaron lesiones no atribuibles al fuego, se exhumaron dos cuerpos y se levantó una comisión investigadora en el Congreso. Aún no hay responsables.

Enrique Bassaletti fue dado de baja en octubre de 2021, en medio de cuestionamientos por su rol en el estallido social y por acusaciones de prestar servicios de seguridad a la compañía Chiletabacos estando en funciones. El ex uniformado es cercano a José Antonio Kast, viajando juntos a Hungría y El Salvador hace unas semanas. Actualmente es asesor de seguridad en La Reina, comuna con alcalde UDI.

La investigación fue coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística y contó con la participación de 12 medios de 10 países de América, con Interferencia cubriendo el capítulo chileno. “Constatamos que a medida que han crecido las protestas, el negocio de la represión con estas armas no letales ha florecido y que, en manos de las policías, ha dejado una estela de dolor, decenas de heridos graves y, también, muertes. Todo lo que se suponía que las armas no letales querían evitar”, explica María Teresa Ronderos, directora del proyecto.

Por encargo del entorno del ex mandatario, el abogado sostuvo conversaciones con el actual jefe del Segundo Piso para convencer a La Moneda de no insistir en una persecución judicial y política por el estallido social. A la luz de varios hechos de los últimos meses, esa gestión resultó exitosa.

En la octava jornada de protestas se produjo la manifestación más multitudinaria en la historia del país, demandando reformas sociales para superar la profunda inequidad generada por el ‘modelo chileno’. El presidente le respondió al país por Twitter. Este es el artículo de portada de Interferencia del 26 de cotubre de 2019.

Pese a la peor crisis política en décadas, el mandatario no ha cambiado a nadie de su gabinete, mientras que, hoy viernes, la ciudadanía se prepara para la que podría ser la mayor manifestación en años. Este fue el artículo de portada de Interferencia del 25 de octubre de 2019.

Ayer se cumplieron cuatro años del fatídico incendio en la empresa Kayser, donde cinco personas fallecieron en circunstancias que aún no están del todo claras. “En un oficio de fiscalía se expresó que no había antecedentes de impactos balísticos, cuando sí hubo, lo pudimos constatar”, comenta el diputado Andrés Giordano (Independiente - RD) respecto a hallazgos en siete meses de trabajo de la comisión.

Durante la segunda noche de toque de queda, en distintas ciudades de Chile, el mandatario radicalizó su discurso y aseguró que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie”. En paralelo, el control militar ya ha dejado al menos un muerto, además de múltiples heridos, incluidos niños. Este fue el artículo de portada de Interferencia del lunes 21 de octubre de 2019.

El primer toque de queda por motivos políticos desde el fin de la dictadura fue un intento del presidente Sebastián Piñera por controlar el descontento social, pero no ocurrió esto. Las personas salieron a manifestarse de igual forma, y al menos no les ganó el miedo. En Santiago, incluso Carabineros se vio atemorizado en sus propias comisarías por la presión social. Este artículo corresponde al de la portada de Interferencia del 20 de octubre de 2019.

El viernes 18 de octubre reinó el caos en Santiago, después de días de indolentes declaraciones de las autoridades de La Moneda. El Gobierno perdió el control tras decidir resolver la crisis a través de una fuerte represión por parte de Carabineros. El Ejecutivo aumentó su apuesta represiva al decretar la Ley de Seguridad del Estado por parte de Andrés Chadwick, y luego, al invocar el Estado de Emergencia, por parte de Sebastián Piñera. Este fue el artículo de portada de Interferencia del 19 de octubre de 2019.

La senadora rechazó públicamente la contratación de la empresa de seguridad donde trabaja Crespo -propiedad de su esposa y suegra- por parte de la Delegación Presidencial del Maipo. El ex carabinero acusó -mediante un recurso de protección- que las palabras de la senadora le valieron amenazas y lo obligaron a iniciar un tratamiento psiquiátrico.

Diputados del FA, DC, PC, PS, RN, Republicanos, UDI, e independientes estudiaron el caso desde enero de este año. Detallan irregularidades por parte del Servicio Médico Legal y Fiscalía a la hora de investigar las circunstancias en que cinco personas fallecieron al interior de la fábrica de Kayser durante el estallido social, caso que a cuatro años de ocurrido continúa desformalizado.    

Full Clean S.A., de propiedad de la suegra, esposa y cuñada de Crespo, recibió $40 millones vía trato directo por 9 meses de servicio. Desde la entidad explican no haber estado al tanto de que Crespo, quien firmó documentos como gerente de Operaciones de la empresa, “fuera parte del proceso judicial” por el “lamentable hecho sucedido contra Gatica”.

Ha declarado a Carabineros, Brigada de DD. HH. de la PDI y fiscalía que la compañía se llevó intacto el sistema de grabación (DVR) del interior de la bodega, donde se encontraron 5 cuerpos calcinados en octubre de 2019. Desde Kayser afirman que el sistema se quemó y además todos los equipos fueron sustraídos; confundiendo el guardia el DVR con los servidores.

La muerte del joven maipucino Jorge Salvo ocurrida el miércoles de esta semana volvió a instalar el debate sobre el acompañamiento y la contención profesional de los afectados.

El Dr. Tapia autopsió en octubre de 2019 a A. Ponce, fallecido en el incendio de las bodegas Kayser. Dudas sobre su muerte llevaron a su exhumación, iniciándose un proceso que debe registrarse en video. En marzo, Tapia abrió la bolsa del cadáver sin que exista grabación: asegura que confundieron el cuerpo con otro y que no lo habrían tocado.

Las exhumaciones de Y. Osorio y A. Ponce –dos de los cinco fallecidos en el incendio de bodegas de Kayser en 2019– no contarán con el Equipo Chileno de Antropología Forense, grupo multidisciplinario especializado en casos de violaciones a derechos humanos. Pericias serán realizadas por unidades de DD. HH. del SML, PDI, un perito externo y un veedor nombrado por familias.

En diciembre del 2019, Luis Guerrero fue golpeado con una lacrimógena que lo dejó con graves lesiones en su cuerpo. La semana pasada recién se formalizó al carabinero que disparó, siendo el primer uniformado procesado por lesionar a un funcionario del instituto.

La sede regional del organismo presentó un recurso para anular el juicio que condenó al Cabo 2° Manuel Sánchez al pago de 6 UTM por atropellar a un manifestante en el estallido social y no prestarle auxilio, argumentando que hay delito de apremios ilegítimos por parte del funcionario público. Nuestro medio accedió al video del atropello.

El cabo 2° Manuel Sánchez fue condenado al pago de 6 UTM (371 mil pesos aproximadamente) por atropellar a un manifestante en noviembre de 2019 en el contexto del estallido social en Concepción, desestimando una pena privativa de libertad. El tribunal también desestimó condenarlo por no prestar auxilio al manifestante y retirarse del lugar.

“La declaración de este lugar como un sitio de memoria nos permitirá desarrollar acciones de promoción y educación con enfoque en DD. HH.”, explica el documento entregado ayer al Consejo Nacional de Monumentos. También, según explican las familias, pretenden que en el lugar se desarrollen actividades deportivas y culturales para todos.

La Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI solicitó exhumar los restos de Yoshua Osorio y Andrés Ponce para esclarecer sus muertes. No hizo lo mismo con el cuerpo de Luis Salas, de quien no existe claridad sobre cuándo le dispararon ni cómo sufrió múltiples fracturas calificadas como traumáticas por el SML.

La Comisión Investigadora Especial del Caso Kayser tendrá como objetivo investigar los hechos ocurridos en la bodega de la empresa textil en Renca, donde tras un incendio se encontraron los cuerpos sin vida de cinco personas sin que se haya podido aclarar las cincunstancias en que murieron. Entre los citados por la Comisión está el fiscal José Morales, quien ha llevado esta causa que aún no tiene procesados.

Pio Park era estudiante de intercambio cuando el estallido social de 2019 lo pilló en pleno centro de Santiago. A pesar de no entender muy bien lo que pasaba, comenzó a fotografiar lo que veía en la calle. Dos años después publicó un libro con sus fotos en Corea del Sur y hace poco expuso su trabajo en una galería de Seúl.

Carolina Trejo -quien también es académica de la Universidad de Chile y colaboradora frecuente de INTERFERENCIA- fue condenada a pagar $20.000 pesos por la "falta penal de desobediencia policial", dado que fue detenida por Carabineros cuando cubría las protestas por el tercer aniversario del estallido social a la salida del GAM. La periodista apelará a la decisión judicial, pues considera que coarta la libertad de prensa.

INTERFERENCIA tuvo acceso a partes del reporte que está confeccionando la policía civil, el que recomienda diligencias adicionales en el caso que lleva el fiscal José Morales, insinuando un trabajo deficiente del Ministerio Público.

Alejandra Arriaza asegura que no se ven avances de la fiscalía en torno a esclarecer el fallecimiento de cinco personas al interior de la fábrica textil el 20 de octubre de 2019. Destaca el trabajo de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI en contraste con Carabineros, quienes “no realizaron esfuerzos por ubicar registros audiovisuales ni levantar evidencias”.