Un duro golpe recibieron esta semana los familiares de Yoshua Osorio (17) y Andrés Ponce (38), ambos fallecidos en un incendio al interior de la fábrica textil Kayser, ocurrido el 20 de octubre de 2019. El fiscal nacional, Ángel Valencia, comunicó que no aprobó financiar el trabajo del Equipo Chileno de Antropología Forense y Derechos Humanos (Echaf), grupo multidisciplinario especializado en casos de violaciones a los DD.HH. que los familiares de Osorio y Ponce –mediante sus abogados– buscaban incorporar en nuevas autopsias luego de la exhumación de sus familiares.

Valencia estimó que, “si bien la pericia que se solicita financiar puede aparecer como pertinente […] su utilidad se estima como no relevante, dado que los aspectos a periciar se encuentran abordados por los peritos ya programados”. Esto fue informado el pasado martes 25 de abril mediante una carta que, curiosamente, estaba fechada del 17 del mismo mes. (Revísela acá).

Las autopsias a ambos cuerpos, a realizarse el 9 y 10 de mayo, estarán a cargo de la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, de la Brigada de Delitos Contra los Derechos Humanos de la PDI (Bridehu) y de un médico forense independiente contratado por la propia Fiscalía.

“Que rechacen a Echaf es terrible para nosotros, porque confiamos en ellos y como familia tenemos desconfianza de todo el sistema”, explica Solange Arias, madre de Yoshua Osorio. A pesar de esta negativa, desde el equipo de abogados de los fallecidos indicaron que Fiscalía aceptó la participación de un perito como veedor de las autopsias y peritajes nombrado por la familia de las víctimas.

Echaf es una corporación sin fines de lucro, la que proponía una veintena de pericias para “establecer el mecanismo de muerte de las víctimas a través de un estudio multidisciplinario”, “descartar o establecer la intervención de terceros” e “indagar la valoración de posibles daños producidos por proyectil balístico, mediante la extracción de elementos o fragmentos metálicos en los cuerpos” y el análisis de éstos.

El equipo está compuesto por ocho profesionales, contando con antropólogos físicos especializados en criminalística, médicos forenses y un ingeniero civil con estudios en modelación; todas profesiones que, para las familias, iban a aportar un enfoque multidisciplinario y completo al esclarecimiento de las muertes de Osorio y Ponce.

Ante la negativa de financiar las pericias de Echaf, los responsables de esclarecer los fallecimientos de Ponce y Osorio serán las entidades que, como explicaba Solange Arias, les generan “desconfianza”.

Dudas en torno al trabajo del SML en el Caso Kayser

En enero de 2020, Interferencia publicó parte de un informe pericial elaborado por Echaf, donde se detallan dudas en torno a lo informado por el SML y su departamento de Tanatología, distinto a la Unidad de Derechos Humanos del servicio, entidad que será la encargada ahora de participar en las nuevas autopsias y que previamente ya levantó alertas en torno a lesiones presentes en los cuerpos. (Lea acá el artículo Caso Kayser: nuevo informe pericial pone en duda circunstancias de muerte de cinco cuerpos calcinados).

Dentro de los primeros elementos criticados en el escrito, destacan que es “imposible vincular a cada individuo autopsiado una disposición en el sitio del suceso”, puesto que no se encontraban disponibles en la carpeta investigativa los informes del Laboratorio de Criminalística de Carabineros ni los del Departamento de Investigaciones Criminales (OS9) sobre el sitio del suceso.

Agregan que no existe descripción de los protocolos de análisis y levantamiento de cadáveres, además de inexistencia de una cadena de custodia para éstos.

En cuanto a la autopsia de Yoshua Osorio, Echaf se detiene en tres orificios en el tórax del menor de edad. Tanto estos orificios como la existencia de “fracturas conminutas de cráneo asociadas a hematoma epidural" son cuestionadas por el equipo: “Debemos recalcar que la descripción hecha a estos orificios como solución de continuidad, con fracturas conminutas en calota, y astillamiento y pérdidas de segmentos en costilla, son similares a las descripciones de un evento lesivo de energía contundente y a paso de proyectil de arma de fuego respectivamente", explican, citando seis estudios académicos al respecto (Baraybar & Kimmerle, 2011; Love & Symes, 2004; Langley, 2007; Scheirs y otros, 2016; Scheirs y otros, 2018; Scheirs y otros, 2018).

Para el caso de Ponce, Echaf, por aquel entonces, cuestionaba la presencia de un hematoma subdural que el SML asociaba a un efecto del calor postmortem, cuestión que no ocurre con los hematomas subdurales. Posterior a la publicación de este informe y ante consultas del fiscal del caso, José Morales, el Servicio Médico Legal rectificó sus hallazgos, indicando que se apuntó por error un hematoma subdural cuando se trataba de una lesión epidural.

Además, el equipo multidisciplinario detalla una serie de incumplimientos al Protocolo de Minnesota, el cual entrega lineamientos para periciar cuerpos que podrían haber sido afectados por terceros bajo un contexto de vulneraciones a los derechos humanos, como lo sería el estallido social de 2019. Ejemplo de esto es que se realizaron las autopsias antes de que estuviesen identificados los fallecidos, recomendando el protocolo que “las familias susceptibles de haber sido víctimas en contextos de violaciones a los derechos humanos cuenten con un representante dentro de la sala de autopsias".

En cuanto a los protocolos que sí se usaron, el Equipo Chileno de Antropólogos Forenses explica que sólo dos autopsias expusieron su biografía y metodología, siendo también sólo dos casos para los que se solicitaron análisis complementarios.

Todas estas dudas y consideraciones, aunque no serán supervisadas por Echaf por decisión del Ministerio Público, deberían recogerse durante el próximo proceso de autopsias y peritajes luego de las exhumaciones de Yoshua Osorio y Andrés Ponce.

Las razones que esgrimió el fiscal nacional para no contratar a Echaf

El fiscal nacional justifica no dar a lugar a la contratación de Echaf luego de solicitar “la opinión técnica de la Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, así como el parecer de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte”. 

Son a grandes rasgos, tres argumentos los que da Ángel Valencia para tomar su decisión.

Primero, asegura que se está dando curso al Protocolo de Minnesota, cuestión que se refleja en la contratación de “un experto independiente, médico de la Facultad de Anatomía y Medicina legal de la Universidad de Chile, para que participe como perito”.

En segundo lugar, indica que, “en consideración a que el Protocolo de Minnesota establece garantías de acceso a la justicia y participación para víctimas y familiares de las personas fallecidas”, ya se han adoptado medidas “para entregar de manera permanente a las víctimas y sus abogados querellantes información actualizada sobre el avance de la investigación”.

Por último, el Valencia argumenta que, dado que Echaf ya realizó un metaperitaje el año 2020 sobre el caso, estos perjudicarían el “principio de objetividad”. Agregan que éste tuvo “amplia circulación a través de medios de comunicación”, citando un artículo de Interferencia al respecto. 

Sobre el último argumento del fiscal nacional, llama la atención que dentro de los equipos que realizarán los peritajes se encuentra la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, entidad que –aunque a diferencia de Echaf pertenece a una institución pública– justamente participó del caso y cuyos importantes hallazgos también circularon en medios de comunicación; precisamente en otro artículo de esta redacción. (Lea acá el artículo).

La Unidad de DD. HH. realizó un extenso peritaje al cuerpo de Luis Antonio Salas –mismo fallecido que tenía una bala alojada en su pie, lesión que el SML establece como producida antes de morir–, donde se detectaron fracturas en su clavícula y en los metatarsos del pie, lesiones ocurridas cercanas a su muerte y que no correspondían al accionar del fuego. De momento, el cadáver de Salas no será exhumado para realizar su autopsia bajo el protocolo de Minnesota.

Se confiará, entonces, en el profesionalismo y la experiencia reconocida de aquella unidad que ya levantó alertas sobre este caso.

El fiscal nacional cierra el escrito donde deniega a las familias contar con un equipo forense de confianza reiterando sus “más sinceras condolencias por las lamentables pérdidas de los familiares que representan”.