El pasado 7 de enero, durante la discusión del proyecto, el titular de Energía argumentó con un artículo periodístico del año 2019 que los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) ya habían alertado que se detendría la inversión con los cambios impulsados por la entonces ministra Susana Jiménez, sin mencionar que al día siguiente la titular de cartera fue sustituida por Juan Carlos Jobet, quien finalmente destrabó la discusión manteniendo la inversión del sector. 

La Corte de Antofagasta se manifestó contra los argumentos de la Comunidad de Coyo, quienes cuestionaron que la licitación no precise el lugar donde serán extraídas las cuotas de litio, pues eso esconde qué comunidades serán afectadas, aunque todos los salares están asociados a pueblos indigenas. Otro recurso sigue en la Corte de Copiapó.

Mientras los distintos pueblos que levantaron un recurso de protección ven con optimismo el resultado de sus argumentos en el proceso judicial y esperan que el gobierno entrante opte por no apelar en el Tribunal Supremo en caso de un fallo favorable, el presidente de la Sociedad de Geología manifestó cómo -además de los reparos técnicos a la licitación- este nuevo revés judicial termina afectando la imagen del país frente a la industria minera internacional.

En medio de críticas de la oposición y del gobierno entrante, el gobierno finalmente otorgó dos de las cinco cuotas a BYD Chile SpA, una empresa china de larga trayectoria en el negocio del elemento químico y a Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A., perteneciente al Grupo Errázuriz. Ambas se adjudicaron una cuota de 80 mil toneladas cada una con un plazo de 7 años para la extracción del mineral.

A pocos días de que se conozcan los resultados del concurso al que convocó el Ministerio de Minería en octubre, que permitirá que empresas privadas se adjudiquen la explotación de 400 mil toneladas por 29 años, un importante grupo de profesionales del área minera entregó sus argumentos para rechazar la iniciativa gubernamental. 

Desde las bancadas PC y DC de la Cámara se presentaron dos recursos legislativos para impedir el concurso que concesiona 400 mil toneladas de litio a privados por 29 años, mientras el biministro de Minería y Energía se reunió con el equipo del gobierno entrante para aclarar puntos sobre la iniciativa gubernamental.

El ente contralor respondió al oficio que buscaba detener la licitación de 400 mil toneladas del recurso minero en siete años prorrogables afirmando que el decreto se ajusta a la norma. Ante este escenario, en el Congreso evalúan acciones legislativas para detener la concesión a 29 años a empresas privadas.

El fallo obligará a la cartera que dirige Juan Carlos Jobet a llevar a cabo la consulta de manera presencial. El intento de hacerlo por teléfono o vía online fue algo que la Asamblea Originaria por la Descolonización y la Plurinacionalidad denunció como una participación falsa e ilegal, y fuera de los estándares de la OIT.

Prestadores de servicios de alimentación, maquinaria y transporte –entre otros– se tomaron los accesos a los parques fotovoltaicos La Cruz Solar y Sol de Lila. Acusan que las empresas internacionales subcontratadas no pagan y los mandantes no responden; algo que se repite en una veintena de parques solares de distintos dueños acumulando $4 mil millones impagos.

En medio de la batalla descarnada por preservar los fondos previsionales, el titular de Hacienda ha silenciado un detalle: fue parte del directorio de la AFP Capital en 2016. Y no es el único ministro de Evópoli con intereses cruzados.

En el veto de Sebastián Piñera a la disposición que prohíbe el corte de los servicios básicos, se argumentó que los costos de no hacerlo vía acuerdo no implicarán cargo fiscal ni a los usuarios. Sin embargo, fuentes del sector aseguran que eso nunca fue concordado. 

Además otros beneficios acordados entre el gobierno y las empresas de servicios han recibido críticas ciudadanas pues hay atascos en el trámite para acceder a ellos.

El secretario de Estado se mueve entre tensiones con la industria de pequeños generadores, el gremio distribuidor y parlamentarios de oposición que han evaluado una interpelación en su contra por el continuo aumento en las cuentas de electricidad. A ello se suma la discusión sobre la ley corta de distribución eléctrica, donde está enfrentado a senadores que esperan resolver una ley intermedia, preocupados porque la discusión abarque otros temas no considerados.

Quien hasta hace poco se desempeñaba como jefe del Subdepartamento de Normativa de la entidad estatal a cargo de establecer los precios y tarifas de las eléctricas, fue nombrado como director ejecutivo de la Asociación de Pequeños y Medianos Generadores (GPM-AG), un gremio que apoya a las grandes empresas del sector en su pugna contra los productores de energías eólicas y solares, a quienes acusan de haber sido subsidiados con el precio estabilizado para proyectos de Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGDs).

El ministro Jobet anunció que el gobierno piensa continuar con la modificación del precio estabilizado para proyectos de Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), poniendo en peligro el financiamiento para que las firmas pequeñas de energías renovables sigan creciendo.

Manuel Díaz de Valdés y su hijo Manuel José, familiares políticos del titular de la cartera, son abogados y han estado ligados como accionistas y directores a Aprovechamientos Energéticos, filial del grupo español Ibereólica, que tiene proyectos energéticos en la región de Antofagasta y Atacama. Además, el propio ministro participa de negocios en esta industria.

Tras pasar por la cartera de Trabajo en el primer gobierno de Sebastián Piñera, Juan Carlos Jobet estrechó lazos con Pedro Pablo Errázuriz y Abel Bouchon, con quienes formó Veta 3, empresa que entre sus áreas de negocios se dedica a las inversiones en energías renovables y biogas. A través de su rama familiar, Jobet también se relaciona con el derecho ambiental, derechos de aguas y minería.