Anglo American
La Dirección General de Aguas (DGA), en su división regional de Valparaíso, tiene abierta una fiscalización en contra del grupo minero, por extracciones irregulares de aguas. En particular, éstas se habrían llevado a cabo en 2023 en un sector del río Aconcagua denominado estero Riecillos. Anglo American niega haber cometido infracciones en este caso.
Desde 2022 que la Dirección General de Aguas de la Quinta Región está a cargo de Camilo Mansilla Quiñones, geógrafo y ex dirigente del movimiento de defensa del agua Modatima. En todo este tiempo han multado a distintas empresas y personas por extracción irregular de aguas. Mansilla dice que han roto récords de multa: “el año 2023 nosotros multamos por $2.600 millones”.
Una misión de observación del instituto a los relaves de la mina revela que se produjo una fisura y filtración de agua en Las Tórtolas, provocando una “afectación ambiental”. Anglo American indicó que el tranque está “estudiado con un terremoto 9,3”, teniendo asegurada su estabilidad física.
Anglo American es el principal cliente de Aguas Pacífico, empresa que construye una planta desaladora en Quintero y un acueducto hasta Colina, donde proveerá 500 litros de agua por segundo a Los Bronces. El acuerdo incluye dar agua potable a 30 mil vecinos de la operación a un precio subsidiado, mencionó la empresa.
El Comité de Ministros, encabezado por la titular de Medio Ambiente, Maisa Rojas, aprobó de manera unánime el proyecto de la minera internacional Anglo American que pretende extender la vida útil de la operación en la precordillera de Santiago hasta 2036. Ecologistas recurrirán a tribunales ambientales para impugnar decisión política.
Rodrigo Del Pozo, director de la Corporación de Defensa de la Cuenca del Mapocho, argumenta que es inaceptable que un gobierno que se dice ecologista tenga a la cabeza de Economía a personas que no son capaces de ver que el desarrollo no puede ser a costa de la vida de las personas, llamando al Comité de Ministros a rechazar Los Bronces Integrado.
Anglo American tuvo una reunión de lobby en enero con el subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, así como con otros altos funcionarios de los ministerios que decidirán el futuro de la operación. Proaño declaró estar a favor de la operación minera. Opositores al proyecto señalan que recurrirán al Tribunal Ambiental si el gobierno de Boric aprueba el proyecto.
Mario Olavarría (UDI) asistió a una reunión con Isabel Valenzuela (UDI), alcaldesa de Colina, acompañando al gerente de Gestiona, empresa que presentó un proyecto para una planta potabilizadora de agua para Peldehue, en pozos que están en terrenos de propiedad del Ejército. Anglo American escuchó la propuesta como eventual financista.
Los principales gestores de interés que han sostenido audiencias de lobby representando a la minera con entidades gubernamentales, han trabajado antes en gobiernos de Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.
Un comité conformado por seis ministros de gobierno tendrá que decidir si aprueba o rechaza el proyecto minero de Anglo American, luego de que en mayo fuera rechazado por el SEA. Desde esa fecha, la compañía multinacional ha sostenido numerosas audiencias de lobby con autoridades de, al menos, cinco de esos ministerios.
El Comité de Ministros -presidido por la titular de Medio Ambiente, Maisa Rojas- rechazó un recurso de los vecinos de Farellones por el tráfico de vehículos a la mina. Mismo comité que pronto deberá resolver el destino completo de dicha inversión en la cordillera frente a Santiago.
La resolución de las autoridades señala, entre otros puntos, que la operación ubicada en la alta cordillera de Santiago y que previa una inversión de hasta US$ 3.000 millones, no entregó “información suficiente que permita descartar el riesgo a la salud de la población”.
La organización “Queremos Parque” busca que el santuario en la cordillera ocupe las 142 mil hectáreas de terrenos fiscales, pero propuesta del gobierno sólo contempla 37 mil. En 2016 Bienes Nacionales agendó una reunión con Codelco y Anglo American para discutir el proyecto, el que quedaría congelado hasta fines del año pasado.
En un duro golpe para las aspiraciones ambientalistas de la multinacional minera, el CMN acordó enviar los antecedentes del caso a Fiscalía. En sectores aledaños al camino no autorizado -obra ejecutada por Fundación Santuario El Plomo- se encontraron “elementos arqueológicos” en riesgo.
La decisión se tomó luego de que INTERFERENCIA publicara una entrevista al vocero de las comunidades quechua de Tarapacá y Antofagasta, Ariel León Bacian, quien acusó que el proyecto había destruido patrimonio indígena. Comunidades y organizaciones quechua interpusieron un recurso de protección en contra del proyecto.
La construcción de un camino vehicular en el sendero que llega a Piedra Numerada, en el sector del Apu Wamani (o cerro El Plomo) ha causado angustia en las comunidades quechua de Tarapacá y Antofagasta. Su vocero, Ariel León Bacian, acusa que el proyecto “no es más que un burdo negocio, absolutamente no sustentable, depredador, destructor del patrimonio indígena y de nuestros lugares sagrados. Lo vamos a combatir hasta el final”.
La relación entre la multinacional y el alcalde Mario Olavarría (UDI) ha sido provechosa para ambas partes.
Mediante una presentación interna, la multinacional entrega argumentos para la compra de la totalidad de un santuario del que ya posee el 32%. A pesar de indicar en el documento un “uso potencial” industrial para una fracción del terreno, la empresa minera asegura que no considerará obras que “no sean compatibles con su naturaleza de área protegida”.
La petición nace luego de un reportaje de INTERFERENCIA donde se revela que el ex alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara firmó un convenio por $1.400 millones con Anglo American. En la carta solicitan a Lira –quien frenó el acuerdo a poco de llegar a la alcaldía– romper con éste y apoyar la creación de un Parque Nacional que tenga estándares de conservación en la zona.
El actual intendente suscribió en mayo de 2019 un acuerdo de $1.400 millones con la multinacional para crear un área de conservación en la cordillera bastante sui generis, ya que no interfiere con la explotación minera. Grupos ambientales y vecinos, en cambio, buscan crear un Parque Nacional, lo que perjudica a Anglo. El nuevo edil suspendió el trato para conversar con todas las partes involucradas.
La accidentada historia social y ambiental de este proyecto minero le ha costado cientos de millones de dólares en acuerdos extrajudiciales para deponer demandas. Aun así, la empresa canadiense vive uno de sus mejores momentos financieros y saca cuentas alegres.
La construcción es Monumento Nacional, y desde 2007 que la minera prometió recuperarla. Según documentos conocidos por INTERFERENCIA, el Consejo Nacional de Monumentos no estaba al tanto de que habían comenzado a ejecutarse las obras en febrero de 2019.
Entre 2008 y 2014 la minera donó un sistema de tratamiento de aguas servidas y agua potable que se ubicó en uno de los predios que la multinacional arrendó para alojar al personal que trabajó en el desarrollo de la operación de la mina Los Bronces. En ese lugar hoy en día funciona el regimiento Arsenales de Guerra. A esto se suman otros aportes.
Los trabajadores dicen que el convenio está lesionando la confianza de los intervenientes hacia el servicio. Esto se da en medio de distintas formas de apoyo del SEA a proyectos de Anglo American y Copec.
El máximo tribunal rechazó un recurso de casación interpuesto por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y Anglo American.
La iniciativa es de la Asociación de Municipalidades Parque Cordillera, integrada por dos municipios que deben presentar observaciones al proyecto Los Bronces Integrado. La idea corre de manera paralela con la propuesta de decenas de ONG’s medioambientales, que apoyados por el Congreso Nacional, intentan darle un mayor estándar de protección al predio: declararlo Parque Nacional.
En el marco de la transferencia de recursos por parte del Ministerio de Economía al SEA, con el propósito de agilizar grandes inversiones, fue contratada a honorarios una funcionaria en el órgano evaluador que coordina reuniones de lobby para Anglo American con otros servicios del Estado, a la vez que elabora informes consolidados.
Luego de intercambiar a partir de 2009 terrenos con la multinacional en la comuna de Colina, el Ejército además le cedió en 2012 gratuitamente parte de sus predios para que la empresa instalara ductos mineros.
Los aportes continúan hasta el día de hoy hacia la Corporación Municipal de Desarrollo Social, en medio del proceso que atraviesa la empresa en el Servicio de Evaluación Ambiental por su nuevo Proyecto Los Bronces Integrado, donde interviene la Municipalidad de Colina. Acorde a fuentes consultadas por INTERFERENCIA, esos dineros contravienen dictámenes de la Contraloría, pero Anglo American afirma que está todo en norma.
Según una investigación de DeSmog -y que INTERFERENCIA reproduce en exclusiva para Chile- la minera usó equivocadamente un estándar suizo para medir impacto por contaminación, el que no considera el hollín que producen estas operaciones y que es más nocivo para los glaciares que las sustancias medidas.
