Esta no es la primera vez que el presidente Sebastián Piñera debe enfrentar una huelga de hambre de presos políticos mapuche. Entre 2010 y 2011, comuneros en cárceles chilenas, realizaron este tipo de protesta, principalmente para denunciar la aplicación de la ley antiterrorista, y por los dobles enjuiciamientos a los que eran sometidos.

La más emblemática de estas huelgas ocurrió en 2010 y tras 82 días, 23 huelguistas de Concepción, Lebu y Temuco llegaron a acuerdo con el gobierno.

En esta ocasión, la estrategia de Piñera es similar, pues hoy se cumplen 73 días de huelga de hambre, y el mandatario al estilo Margaret Thatcher en 1981, continúa ignorando la huelga de presos políticos mapuche hasta el límite.

“El lunes ingresó la machi y el médico de confianza a la cárcel, ellos coinciden en que los prisioneros están en una situación límite, comenzaron a presentar calambres más frecuentes y dificultad para caminar. Lo que más le preocupa al médico es que le comiencen a fallar alguno de sus órganos de carácter vital, entendiendo de que cada uno de ellos tomó la determinación de no ir a los hospitales a ponerse suero, en vista de que el gobierno no ha respondido a las demandas políticas planteadas”, dice Rodrigo Curipan, dirigente del Lof Rankilko y werken (vocero) de los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol, Región de La Araucanía.

Desde el 4 de mayo, ocho presos políticos mapuche de la Cárcel de Angol, Sergio Levinao, Víctor Llanquileo, Fredy Marileo, Juan Queipul, Juan Calbucoy, Danilo Nahuelpi, Reinaldo Penchulef y Anthu Llanca, iniciaron una huelga de hambre líquida. Los manifestantes solicitan al gobierno la aplicación efectiva del Convenio 169 de la Organización Internacional del  Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. El mismo día, en la cárcel de Temuco, el machi Celestino Córdova también comenzó una nueva huelga de hambre líquida. 

El Convenio 169 fue ratificado por Chile en septiembre del año 2008, y entró en en vigencia el 15 de septiembre de 2009. Los huelguistas apelan al artículo 10 del tratado que indica que, “cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales”. En este mismo artículo agrega en su inciso dos que “deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.

A su vez, el lunes 06 de julio, once presos políticos mapuche en la Cárcel de Lebu iniciaron huelga de hambre líquida, “en solidaridad a los presos políticos mapuche de Angol y del machi Celestino Córdova”. “Como presos políticos mapuche no podíamos quedar indiferentes al proceso de lucha y resistencia que nuestro pueblo y presos llevan adelante en distintos puntos del Wallmapu”, indicaron.

La negativa de Hernán Larraín

El jueves 9 de julio en la Comisión de Derechos Humanos del Senado se realizó una sesión para “conocer la situación de los presos mapuche recluidos en la cárcel de Angol y del machi Celestino Córdova, en la cárcel de Temuco, quienes se encuentran en huelga de hambre”. En la instancia participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: la subsecretaría de Derechos Humanos Lorena Recabarren y el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela. Además, fueron el director nacional de Gendarmería, Christian Alveal y el director regional de La Araucanía, Leonardo Barrientos.

“Dentro de las acciones que hemos ido realizando -con el consentimiento de las familias, los mismos huelguistas y las comunidades a las que pertenecen- fue participar en la Comisión de Derechos Humanos. En aquella ocasión, después de tres presentaciones que hicimos, finalmente en la última participó el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Ahí dimos a conocer las demandas y profundizamos en los argumentos sobre en qué consiste en que se aplique el Convenio 169 de la OIT, para quienes están imputados y para quienes están condenados”, indica el vocero Curipan.

“Lo que el gobierno hasta el momento ha hecho, es plantear una salida de cambio cautelar, pero sin aplicar el 169, lo que no nos sirve. También nos invita a conversar con el director nacional de Gendarmería, Cristian Alveal, autoridad que no nos da confianza. Hemos conversado con él desde casi un año, porque gendarmería tomó la determinación, de forma unilateral, de definir cómo se hacía una actividad cultural y ni siquiera nos consultaron el protocolo, nada. Finalmente las actividades mapuche no se pudieron desarrollar más ni en Temuco, ni en Lebu ni en el Angol. Hay una forma discriminatoria de que los mapuche no pudiesen tener actividades tradicionales dentro de la cárcel", dice Curipan.

"El ministro insiste que dialoguemos con gendarmería. Consideramos fundamental establecer una conversación con el gobierno para resolver esta situación, pero siempre bajo la demanda de la aplicación del convenio 169”, concluye Curipan, dirigente del Lof Rankilko y werken (vocero) de los presos políticos mapuche.

Por su parte, la diputada Emilia Nuyado, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, comenta que “la idea era que el ministro pudiese escuchar a los voceros, le pidieron generar una mesa de trabajo para buscar de manera conjunta una salida al petitorio, pero se negó porque dijo que el petitorio era muy amplio”.

“Los voceros plantearon la posibilidad de que el ministro Larraín tenga la disposición de dialogar en una comisión especial, y no dio la posibilidad que así sea, porque señaló que los que deberían dialogar es el director nacional Gendarmería. Además, el presidente Sebastián Piñera no se ha manifestado en lo absoluto”, explica Nuyado 

Ese no ha sido el único intento de diálogo. El martes 23 de junio partió desde Victoria hasta Temuco una caravana de comunidades mapuche, quienes llegaron hasta la Intendencia de La Araucanía con el objetivo de entregar una carta dirigida al Presidente de la República. Sin embargo, antes de que llegaran al lugar, el edificio fue cerrado. “Cuando intentamos dialogar con el gobierno, se nos cierra la puerta”, dice Rodrigo Curipan.

"El gobierno, a través de Gendarmería, presentó un recurso de protección a favor de los huelguistas, una cuestión que nos parece contradictoria, interpusimos un recurso para contrarrestar esto. Como el gobierno no ha cedido, ni ha querido tener la disposición política de sentarse a conversar con quienes están dirigiendo la huelga, los prisioneros políticos tampoco van acceder a ninguno tipo de acción que pudiese contrarrestar la situación de la protesta”, dice Curipan.

El 8 de julio, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de protección que presentó Gendarmería, interpuesto por el director de región de La Araucanía, Leonardo Barrientos.

“La decisión adoptada por éstos constituye un atentado a su vida e integridad física y que se autoriza a Gendarmería de Chile para que adopte las medidas conducentes para internar en caso de urgencia a los huelguistas en un centro hospitalario, a objeto de que se les brinde una total y completa atención médica en el resguardo de su salud hasta su completo restablecimiento, sin perjuicio de que haga uso de las demás facultades que le confiere a ese Servicio su Ley Orgánica y Reglamento respectivo, respecto a la alimentación de los mismos, de manera de asegurarles su vida e integridad física”, indica parte del documento.

Ante ello, Isabel Figueroa, abogada de los presos políticos mapuche en huelga de hambre de la cárcel de Angol, explica a INTERFERENCIA que “la resolución no habla directamente de la alimentación forzada, no utiliza el término, pero lo deja abierto. Ante la duda, interpusimos el recurso, por eso solicitamos que rechace el recurso y que se declare expresamente que no se puede usar la fuerza ni la coerción”.

Además indica que la apelación se basa en distintos argumentos para que no haya alimentación forzada, “pero uno de los más importantes es que se aplique el artículo. 3.2. del Convenio 169 de la OIT, que señala que ‘no deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio.”

Sobre los 73 días de huelga de hambre, la diputada Nuyado señaló que seguirá insistiendo en la comisión que preside. “Espero que hoy podamos revisar esta situación y buscar un día para volver a sesionar en la comisión de derechos humanos. Esperamos tener la voluntad del ministro para generar el acercamiento con los familiares y voceros de angol y del machi Celestino. Seguiremos insistiendo, no sé hasta qué hora estaremos votando por el retiro de fondo de pensiones, pero no podemos esperar 80 ni 90 días, es cada día más preocupante”.