El miércoles 19 de diciembre de 2018, el gobierno del ex presidente Sebastián Píñera promulgó una nueva legislación que ya había anunciado en septiembre de ese año: la Ley Aula Segura. 

“Para ganar la batalla de la educación hay que restablecer ciertos valores y ciertos principios básicos, que hoy día, desgraciadamente, se ven vulnerados con demasiada frecuencia y con demasiada impunidad”, dijo entonces el Mandatario, acompañado de la Ministra de Educación de la época, Marcela Cubillos, tras la promulgación de la ley en el Complejo Educacional Estación Central.

La iniciativa buscaba potenciar la sana convivencia en los establecimientos educacionales, con el objetivo de que durante el proceso de investigación de cualquier agresión, un alumno sea suspendido y no pueda seguir asistiendo a clases. Así, en caso de que el director decida la expulsión de un alumno, el Ministerio de Educación debía reubicarlo y adoptar medidas de apoyo.

Sin embargo, de inmediato distintos sectores de secundarios comenzaron a acusar a la nueva ley como una herramienta represiva que comenzó a incurrir en arbitrariedades y amedrantamientos hacia los estudiantes organizados. 

Interferencia alertó de este fenómeno a fines de ese año en artículos como La letra chica del Aula Segura, Aula Insegura: gobierno ha fiscalizado solo 23% de denuncias de bullying y Por qué las expulsiones de alumnos no han vuelto 'más segura' el aula. 

A comienzos de 2019, la situación ya comenzaba a escalar. En mayo de ese año, este medio conversó con Sebastián Rojas, dirigente estudiantil del Liceo Enrique Molina Garmendia de Concepción, el primer expulsado bajo el marco de la normativa. En la entrevista, Rojas ya advertía de una actitud más activa por parte de las organizaciones estudiantiles frente a la iniciativa gubernamental. El caso se extendió y terminó llegando incluso a la Corte Suprema, con acusaciones de audios que develaron que estos primeros expulsados por Aula Segura no tuvieron derecho a apelación ni a notificación.

En medio, y pese a un paro de profesores, el entonces presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, descartaba que el rechazo a Aula Segura estuviera dentro del petitorio del gremio "para no enredar más las cosas". 

En junio de ese año, los episodios de violencia ya eran habituales, en especial en la comuna de Santiago y particularmente en el Instituto Nacional. Con imágenes de Fuerzas Especiales de Carabineros ingresando a las aulas de clases, Interferencia describía que "a seis meses de promulgada la medida estrella de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, la violencia en los liceos públicos se ha acentuado. Es una dinámica que en 2018 ya había sido advertida por expertos cuando se discutió esta ley", en un artículo titulado ¿Esto es Aula Segura?.

En agosto, la administración de Piñera anunciaba operaciones de inteligencia y fiscal exclusivo para intervenir el Instituto Nacional. "Después de una nueva de jornada de incidentes en el liceo, autoridades de gobierno sostuvieron una reunión con el municipio de Santiago, en la que reafirmaron continuar con la misma estrategia policial que partió con Aula Segura".

La resolución de los casos tuvo distintos finales, pero lo cierto es que sin duda la tensión ayudó a escalar el conflicto que derivó en lo sucedido desde ese viernes 18 de octubre de 2019 en adelante. 

En 2021, Interferencia publicó el artículo El legado de Alessandri: de 76 estudiantes perseguidos por Aula Segura en la comuna de Santiago, 42 fueron “sobreseídos” donde se daba cuenta de que un 55% de los alumnos a los que se les persiguió por ley Aula Segura durante su administración fue absuelto de toda acusación, mientras que un 25% de las denuncias terminaron en sanciones. 

En paralelo, el mismo ex alcalde enfrentó una seguidilla de acusaciones por utilizar funcionarios municipales para generar una red de delación de estudiantes en el INBA.