Por años, Bizarro Live Entertainment fue el nombre que garantizaba espectáculo, solvencia y éxito. En los conciertos más grandes del país, en los festivales de más alta audiencia, su firma aparecía como sinónimo de poder y control. Pero hoy, ese imperio construido entre luces, exclusividades y cláusulas contractuales, se derrumba bajo la lupa judicial.
El 17 de julio de 2025 ante el 9º Juzgado Civil comenzó la guerra judicial más grande de la industria del entretenimiento en Chile. Ese día se interpuso una demanda contra el zar de los grandes shows, Alfredo Alonso. Así saltaba a la arena de los acusados el intocable, el carismático músico uruguayo que se hizo conocido en Chile por integrar una banda llamada Aleste, a comienzos de los 90.
De su época en los escenarios poco y nada queda. Músicos de la época recuerdan -en modo anécdota- que Alonso era un músico bastante sui géneris: no cantaba ni tocaba ningún instrumento. Incluso -enfatizan- movía las manos sobre las cuerdas de las guitarras en señal de conocer el instrumento de cuerdas.
“Esto no se trata de una simple disputa entre productoras”, dice Jorge Echevarría, abogado de Swing Booking & Management, entidad demandante, mientras sostiene una carpeta repleta de correos impresos. “Esto es la demostración de cómo una empresa al acaparar espacios, artistas y recintos, distorsiona todo un mercado que debería funcionar con libertad. Lo que hace Bizarro es ocupar su posición dominante para excluir a los demás. Y eso, en cualquier país serio se llama abuso”.
Hoy la corona de rey tambalea producto de una acusación de competencia desleal y serias acusaciones de mantener un monopolio comercial cuyos réditos se calculan millones de dólares.
“Esto no se trata de una simple disputa entre productoras”, dice Jorge Echevarría, abogado de Swing Booking & Management, entidad demandante, mientras sostiene una carpeta repleta de correos impresos. “Esto es la demostración de cómo una empresa al acaparar espacios, artistas y recintos, distorsiona todo un mercado que debería funcionar con libertad. Lo que hace Bizarro es ocupar su posición dominante para excluir a los demás. Y eso, en cualquier país serio se llama abuso”.
La acción judicial contra Bizarro lo acusa de ejecutar prácticas que “desvían clientela y otorgan ventajas indebidas en vulneración de la buena fe comercial”, amparadas en la Ley N° 20.169 de Competencia Desleal.
En paralelo, el 2 de septiembre fue declarada admisible una querella por injurias graves en contra de Carlos Lara, director y dueño de Swing Mangment, abriendo un nuevo frente -esta vez penal -entre ambas compañías. Esto, a juicio de fuentes ligadas a la industria, tiene una sola lectura: establecer una cortina de humo para desviar la atención de la demanda contra Bizzarro.
Mientras en tribunales capitalinos se ventilan ambos casos, en Viña del Mar, la Contraloría General de la República recibió una denuncia por el uso irregular de recursos públicos en los últimos cuatro festivales producidos por TVN y Canal 13 donde Bizarro actuó como productora externa.
Según la presentación ante el ente contralor habría “opacidad en la ejecución de fondos y rendiciones incompletas” —un punto que fuentes de la propia Contraloría confirman estar revisando para delimitar atribuciones y responsabilidades.
La génesis del conflicto
Carlos Lara, productor con más de 25 años de trayectoria, es un empresario conocido en el medio local por llevar adelante una compañía de “importación” de artistas y organización de eventos. En su rol como ejecutor de grandes alianzas artísticas acompañó en el ascenso de bandas como Morat e Il Volo en Latinoamérica. “Partí con Morat cuando eran unos cabros desconocidos que tocaban en el GAM”, recuerda. “Los llevé a Perú, Bolivia y Chile; construimos la carrera juntos. Pero cuando llegó la hora del Festival de Viña, me borraron del mapa”, denuncia Lara.
El modus operandi de Bizarro- a juicio de sus demandantes- tiene diversas aristas, todas al margen de la ley y reñidas con la ética. Alfredo Alonso habría intervenido directamente ante los managers de los artistas con los que Swing ya tenía acuerdos previos. En uno de esos casos, los representantes de Il Volo confirmaron que el ejecutivo de Bizarro Daniel Merino, mano derecha de Alonso, les ofreció Viña “a cambio de firmar una exclusividad para toda Latinoamérica”. Lara lo relata con amargura: “Me dijeron que para estar en Viña tenían que firmar con Bizarro. Que era la condición. Eso no es competencia, es coerción. Es como si te invitaran a cantar en la Quinta Vergara, pero con una pistola en la mesa”.
El propio Merino, ejecutivo sin estudios superiores que respalden su actual trabajo, aparece en múltiples correos electrónicos dirigidos a ejecutivos de Mega y managers internacionales, donde promete “evaluar la participación de Morat y Luis Fonsi”, pese a que ambos artistas estaban siendo negociados por Swing. En uno de esos intercambios, fechado en octubre de 2024, Merino menciona “coordinación directa con la comisión del Festival” y el rol de la “alcaldesa” para confirmar artistas. “Esa fórmula matonesca de extorsionar a los artistas para subirse al escenario de Viña los deja en vergüenza”, les reprochó Lara a los ejecutivos de Mega, cuando se enteró de lo ocurrido. Y lo peor es que el contrato que firmaron con Bizarro los deja atados de manos: la estación televisiva, según consta en el contrato, sólo puede elegir a los animadores y transmitir, nada más”.
Pero el conflicto trasciende Viña. En el corazón de Santiago, bajo la cúpula del Movistar Arena, opera otro eje del negocio: el modelo de “experiencias VIP”. Según múltiples fuentes, la concesionaria —Grupo Hiller Inversiones, controladora también de Bizarro y de la ticketera Puntoticket— instala carpas y espacios privados detrás del escenario comercializando “experiencias” con comida, alcohol y merchandising durante conciertos producidos por terceros. “Lo hacen con las cortesías que el contrato obliga a entregarles como arrendatarios del recinto”, explica un productor que trabajó con la empresa, pero que pide anonimato. “Pero esas cortesías las revenden. Es un abuso descarado”, plantea.
Ese contrato —el que define la concesión del Festival de Viña 2025–2028— fue firmado entre Megamedia y el Municipio de Viña del Mar. Bizarro figura allí como “Unidad Técnica Proveedora (UTP)” del consorcio, lo que le otorga atribuciones en la producción y contratación de artistas. Pero según el documento, cuya revisión fue confirmada por fuentes municipales, el Capítulo 7 establece que cualquier vulneración a la probidad o a la libre competencia es causal directa de término anticipado del contrato. “Bizarro no puede tener un pie en la producción y otro en la representación”, explica un exasesor jurídico del municipio. “El contrato es claro: si se comprueba que intermedian artistas bajo exclusividad, el vínculo con Mega se cae. Y con él, la concesión”.
Es por ello que concejales y parlamentarios de la región han encendido las alarmas y preparan una artillería amparada en su rol fiscalizador. Así lo señala el concejal de Viña del Mar Francisco Mejías quien confirma la preocupación del cuerpo edilicio ante la judicialización del certamen viñamarino: “El Festival internacional de la canción hoy se encuentra en un manto de cuestionamiento en relación a su producción y calidad. Esto ha sucedido en las últimas ediciones desde que Bizarro ha tomado el protagonismo”.
La autoridad viñamarina continua: “Las recientes acusaciones de competencia desleal afectan notoriamente la marca con su propósito de seguir elevando el Festival nivel internacional. Como municipio debemos analizar esta situación con profundidad y sentido fiscalizador”, enfatiza.
“La denuncia hecha el 17 de julio por la productora Swing Boocking y Management no solo hace pensar sobre diversas irregularidades de malas prácticas sino también e rol que tiene el municipio en la protección de la marca y la función del concejo municipal en hacer respetar las bases de licitación”, añade.
En conjunto con el concejal Mejías, desde el Congreso indican que tanto en las oficinas del diputado Hotuiti Teao como del parlamentario Andrés Celis (ex concejal de Viña) hay preocupación. De ser necesario, solicitarán el esclarecimiento de los hechos y generar una comisión investigadora, adelantan desde la sede legislativa.
Cláusula espejo
En el convenio interno entre Mega y Bizarro, existe además una cláusula espejo que habilita a la señal televisiva a romper la asociación si se constatan actos que vulneren la libre competencia o la buena fe contractual. En la práctica, esto significa que Bizarro está hoy en el filo legal: una sola comprobación bastaría para que pierdan su posición en el festival. “Esa es la bomba de tiempo”, resume un ejecutivo de Mega que pide reserva. “Si Contraloría o la FNE determinan que hubo abuso de posición dominante o interferencia, el contrato entero tambalea”.
Pero el conflicto trasciende Viña. En el corazón de Santiago, bajo la cúpula del Movistar Arena, opera otro eje del negocio: el modelo de “experiencias VIP”. Según múltiples fuentes, la concesionaria —Grupo Hiller Inversiones, controladora también de Bizarro y de la ticketera Puntoticket— instala carpas y espacios privados detrás del escenario comercializando “experiencias” con comida, alcohol y merchandising durante conciertos producidos por terceros. “Lo hacen con las cortesías que el contrato obliga a entregarles como arrendatarios del recinto”, explica un productor que trabajó con la empresa, pero que pide anonimato. “Pero esas cortesías las revenden. Es un abuso descarado”, plantea.
Una denuncia interna llegó incluso a Alex Rebolledo, gerente general del recinto, luego de que se descubriera que una de esas carpas no estaba registrada en los planos ni contaba con permisos municipales. El resultado fue una multa mínima —“más baja que la ganancia de una sola noche”, dice una fuente de la sala del Parque O’Higgins—, pero el negocio continuó.
Este esquema genera lo que los expertos denominan asimetrías competitivas: el mismo grupo controla la ticketera, el recinto y la productora. Así, decide quién toca, dónde, a qué precio y bajo qué condiciones. “Ellos producen el show, arriendan el lugar, venden las entradas y hasta se quedan con el cargo por servicio”, señala un exmiembro de la Agepec, la gremial de empresas de espectáculos. “Eso no es mercado, es monopolio. Y lo peor es que cuando se discutió una autorregulación, el primero que violaba todas las normas era el Movistar Arena, que pertenece al mismo holding”.
Las irregularidades no son nuevas. En una sentencia del 30º Juzgado Civil de Santiago, dictada en la causa Bizarro SpA contra Motorola Mobility Chile (Rol C-12431-2019), el tribunal dejó constancia de cómo la empresa manejaba su negocio de forma vertical, usando su posición contractual como palanca. “El objeto ordinario de Bizarro SpA —dice el fallo— es la producción, organización y comercialización de espectáculos públicos, incluyendo la representación, intermediación y contratación de artistas, así como la administración de recintos y servicios asociados”. En otras palabras: el propio Poder Judicial reconoció que Bizarro actúa simultáneamente como representante, intermediario y operador, lo que hoy se convierte en el núcleo del debate sobre libre competencia.
A eso se suma el componente financiero. Megamedia, el socio televisivo de Bizarro, cerró el primer trimestre de 2025 con una caída del 97% en utilidades, y su primer semestre con cifras casi 50% menores que en 2024. Tres ejecutivos clave del proyecto Viña —Javier Villanueva, Rodrigo Norambuena y Álex Hernández— fueron desvinculados entre marzo y abril, justo cuando las auditorías internas comenzaron a revisar los gastos del Festival. “Había facturas sin respaldo, gastos cruzados entre TVN, Mega y Bizarro, y pagos que no cuadraban con los contratos”, señala una fuente que participó en esas revisiones. “Lo que se descubrió fue que el modelo no sólo era opaco: era insostenible”.
En paralelo y aunque parezca insólito, mientras en el canal de Vicuña Mackenna emitían finiquitos de altos ejecutivos y trataban de cuadrar los números, Daniel Merino aparecía en The Clinic señalando que “cuando nosotros llegamos, el Festival de Viña estaba muy enfermo financieramente y llevarlo a que tenga utilidad o al menos netearlo, ha sido un trabajo de rigidez”.
El abuso, sin embargo, se siente también en los márgenes más pequeños. El sistema de “cargos por servicio” de las ticketeras —un residuo de la era física que hoy se cobra digitalmente— sigue engordando las arcas del holding. “Antes el cargo cubría el costo de imprimir y entregar el ticket”, explica un exejecutivo del rubro. “Hoy todo es digital, pero igual lo cobran. Y lo peor es que una parte de ese cargo se devuelve al productor como rebote. En el caso de Viña, Mega no participa de ese rebote. Todo va a Puntoticket y, por ende, a Bizarro. Estamos hablando de cientos de millones diarios que se embolsan sin justificación”.
El resultado es un sistema cerrado, blindado, casi imposible de fiscalizar. Una estructura que, en apariencia, funciona bajo contratos legales, pero que en la práctica destruye la competencia, ahoga a los medianos y pone al Estado en un rol pasivo. Por eso, la FNE ya recibió denuncias sobre “posibles prácticas de exclusión, concertación y abuso de posición dominante” por parte del grupo, mientras Contraloría revisa los contratos de Viña y los flujos de dinero público asociados. “Si se confirma que hubo desvío de fondos o falseo de funciones, se aplicará todo el rigor de la ley”, dice una fuente del órgano contralor, consultada por este medio. “En el caso de TVN, eso es especialmente grave, porque se trata de recursos estatales”.
En una reciente reunión de AGEPEC, la gremial decidió emitir un comunicado de respaldo a la empresa demandante, Swing Management: “La transparencia y la equidad son pilares de la industria musical chilena, y cualquier práctica contraria a la libre competencia atenta contra su futuro”. Algunos de sus socios ya fueron citados como testigos en la causa civil.
Lara, en tanto, mantiene la calma y la convicción. “La gente que tengo al frente no es correcta”, dice. “Si quieren revisar mi cocina, tengo todos los cajones abiertos. ¿Ellos pueden decir lo mismo?”. Hace una pausa larga antes de rematar: “Ellos han hecho todo de forma arbitraria, abusiva y extorsionadora. No quieren competencia, quieren poder. Pero el poder no es eterno”.
Quizás ese sea el verdadero corazón de esta historia. No se trata sólo del Festival de Viña, ni de los artistas desplazados, ni de los contratos leoninos firmados en oficinas con vista al mar. Se trata de un modelo donde el espectáculo se volvió negocio, el negocio se volvió control, y el control impunidad. Bizarro no inventó el abuso, pero lo perfeccionó. Y mientras la justicia chilena decide si el abuso de poder es un delito o sólo una costumbre empresarial, la industria musical mira —una vez más— cómo los aplausos se los lleva quien controla el escenario, no quien canta sobre él. Algo que en miras a los reiterados delitos de corrupción en el país, que han permeado varias instancias otrora intocables, es necesario de una vez por todas normar estos hechos pues no se sostiene un negocio sin abusos donde el dueño del recinto es también el dueño de la ticketera y el representante del artista.
Un favor que costó una herencia
Corría el año 2014. En el centro de esta historia están Claudia Riveros, ex pareja de Sergio Belmar y madre de su hija, y Jaime Villalobos, entonces alto ejecutivo de Bizarro Producciones y cuñado de Belmar. Según el relato de Riveros, detrás de una red de favores familiares y compromisos incumplidos se esconde un episodio que terminó despojando a su hija de la herencia que por derecho le correspondía.
Todo comenzó cuando Bizarro Producciones —ya con una deuda considerable con el fisco según aparece en correos entregados por la entrevistada— buscaba una salida que le permitiera concretar su alianza con la productora Time4Fun (T4F). En ese contexto, Riveros asegura que Villalobos pidió a su cuñado, Sergio Belmar, absorber esa deuda como un favor familiar, con el compromiso de que sería saldada una vez consumada la fusión entre ambas compañías. Lo que se presentó como un gesto temporal de confianza terminaría costándole caro.
La versión de Riveros sostiene que la deuda nunca fue regularizada y que, con el tiempo, los intereses la hicieron escalar a entre $2.000 y $3.000 millones de pesos.
Para responder a las presiones, Belmar se vio obligado a retrasar la toma de acciones heredadas de sus padres para que no fuesen absorbidas las ganancias por el fisco. Es así como decide transferir las acciones de una empresa constructora de su propiedad, quedando prácticamente sin activos a su nombre. El favor terminó convertido en una pérdida patrimonial irreversible.
Como respaldo de sus dichos, Riveros presenta un correo fechado el 17 de febrero de 2020, en el que Belmar le escribe a Villalobos exigiendo:
“¿En qué están el pago de la deuda? Necesito traspasarme el 33,3% de la constructora a mi nombre y no puedo hacerlo mientras no regularice esta situación.”
Según la denunciante, tras ese mensaje, los intercambios entre ambos se tornaron tensos y Belmar llegó a calificar a Villalobos de “cara de raja” y “fresco”.
A la imposibilidad de transferirse su parte en la constructora familiar, se sumaron otras pérdidas patrimoniales: el 33,3% de las acciones de un departamento en Las Condes, correspondiente a la herencia de sus padres, y un departamento en Peñalolén que había puesto a nombre de su hermana antes de recibir la deuda de Bizarro. Todos esos bienes quedaron fuera de su alcance tras asumir el pasivo.
En 2015, la fusión entre Bizarro y Time4Fun se concretó, dando origen a la productora de espectáculos más grande del país. En los registros de prensa de ese año, Villalobos fue citado como “director de negocios de la nueva compañía”.
Belmar falleció en 2024 y desde el momento de su deceso, Riveros ha sostenido una pugna judicial contra su cuñada Villalobos y la hermana de Sergio tratando de rescatar los bienes y la herencia de su hija, la única descendiente de Sergio.
Su relato se inscribe en una trama de favores cruzados, responsabilidades diluidas y consecuencias personales devastadoras. Sostiene que la mediación de Belmar entre Villalobos, Alonso y la productora derivó en una operación que benefició la consolidación empresarial, mientras ella y su hija quedaron atrapadas en un vacío legal y económico, sin reconocimiento de herencia y con un litigio que —según afirma— aún permanece abierto en tribunales.
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