La mañana

A las 07:30 del viernes 18 de octubre, el subsecretario Rodrigo Ubilla ya se encontraba en su oficina en La Moneda para coordinar con Carabineros la seguridad en la red del metro. El día anterior, las evasiones masivas habían escalado y ya no eran solo estudiantes secundarios los que protestaban. Por las redes sociales se viralizaban imágenes que mostraban la dura represión que Carabineros aplicaba en algunas estaciones e incluso dentro de los vagones: jóvenes siendo sacados a palos, arrastrados por sus cabellos, pasajeros gritando en contra de la policía, estaciones con las rejas bajadas sin que nadie pudiera entrar o salir provocando el enojo de los usuarios que, en varias ocasiones, simplemente las echaron abajo. Lo que era una protesta de estudiantes crecía hasta alcanzar a toda la población. Mientras, la línea política del gobierno se mantenía firme desde el inicio del movimiento de desobediencia civil. Los que lideraban estas acciones, aseguraban las autoridades, eran solo delincuentes.

Esa mañana, en los quioscos de la ciudad, colgaba el diario La Tercera, que tituló su portada “Interior apunta a ‘grupos de delincuentes’ tras crecientes evasiones masivas en el metro”. El periódico —propiedad de Álvaro Saieh, entonces, uno de los empresarios chilenos más ricos del mundo, según la revista Forbes, y quien tres meses antes había sido nombrado por Piñera como embajador de Chile ante la ExpoDubai 2020— se hacía eco de la tesis del Gobierno.

Por eso, esa mañana del viernes 18, Rodrigo Ubilla decidió redoblar su estrategia y atestar las estaciones del tren con policías antimotines, pese a que, hasta ese momento, su plan había dado pocos frutos.

El 17 de octubre, Rodrigo Ubilla había insistido en la línea de criminalizar lo que, a todas luces, ya era un movimiento ciudadano. Casi dos millones y medio de santiaguinos tomaban diariamente el tren subterráneo y en los días anteriores habían presenciado por redes sociales la forma en que Carabineros reprimía a los secundarios al interior de las estaciones, lanzaba bombas lacrimógenas e incluso cerraba las rejas de acceso.

La tarde del jueves, en una de las entradas del metro en Plaza de Armas, decenas de oficinistas que querían tomar locomoción echaron abajo las rejas para abrirse paso a la estación. Ante el intento infructuoso de la policía de impedirlo, se formó de manera espontánea una manifestación, la que terminó con lacrimógenas y tácticas de dispersión hacia la gente. Ahora, estas mismas personas se enteraban de que las autoridades políticas las tildaban de “antisociales”.

Por eso, esa mañana del viernes 18, Rodrigo Ubilla decidió redoblar su estrategia y atestar las estaciones del tren con policías antimotines, pese a que, hasta ese momento, su plan había dado pocos frutos. Para ese día, había reasignado a más del 60% de los Carabineros del plan cuadrante al resguardo de varias de las ciento treinta y seis estaciones de la red subterránea, que se extiende por más de ciento cuarenta kilómetros.

Carabineros le informó al subsecretario que para esta jornada tenían contemplados dos turnos. Ya a esa hora se habían desplegado mil ciento setenta y dos uniformados en torno a la red de trenes, y en la tarde asumiría un nuevo contingente de mil ciento ochenta y dos policías. Nunca, en los más de cuarenta años de existencia del metro, se había visto un despliegue tan masivo de seguridad.

Así, a las 7:10, los pasajeros en la estación San Joaquín de la Línea 5, uno de los nuevos polos universitarios de la capital, se encontraron con un contingente de FF.EE. que copaba los accesos y controlaba la entrada, dado que en un acto de evasión el día anterior los usuarios habían destrozado los torniquetes.

Una hora después, a las 8:00, y mientras Ubilla finalizaba la reunión con Carabineros para coordinar la seguridad, las cosas comenzaron a salirse de control.

A la misma hora, en la estación Las Rejas de la Línea 1, grupos de estudiantes lanzaban panfletos animando a los usuarios a una evasión masiva. El grito de “Evadir, no pagar, otra forma de luchar” comenzó a escucharse en decenas de estaciones.

Una hora después, a las 8:00, y mientras Ubilla finalizaba la reunión con Carabineros para coordinar la seguridad, las cosas comenzaron a salirse de control.

A las 8:14, la Línea 4 tuvo que detener su funcionamiento porque varias personas comenzaron a bajar a las vías del tren en señal de protesta. Una hora más tarde, en el otro lado de la ciudad, manifestantes en la estación Los Libertadores cerraban el acceso a los andenes de la Línea 3, interrumpiendo parcialmente ese recorrido en la comuna de Conchalí.

A partir de esas horas de la mañana inician los primeros reportes de violentas detenciones y de la fuerte represión por parte de Carabineros. Poco a poco, miles de usuarios iban subiendo imágenes y videos a redes sociales que provocaron un fuerte impacto en la población. Nunca en la historia chilena la información corrió de esta manera. Y mientras las autoridades insistían en hablar de una delincuencia descontrolada —versión oficial de la que se hizo eco en los canales de televisión, que a esa hora ya comenzaban a transmitir sin interrupciones lo que estaba sucediendo debajo de la ciudad— empezó a circular el primero de muchos videos que se volvieron virales ese día. Mostraba a una colegiala a la que un contingente de FF.EE. le disparó directamente al cuerpo en la Estación Central. Las imágenes mostraban las caras de incredulidad y rabia de los pasajeros, mientras corría sangre por uno de los muslos de la chica. “¡Asesinos, asesinos!”, gritaban decenas de pasajeros.

Alrededor de las nueve, el presidente Piñera decidió hablar en Radio Agricultura y advirtió que quienes “han agredido a Carabineros y destruyeron, van a tener que enfrentar a la justicia”. Plenamente convencido de su propio guion, el mandatario agregó: “Estamos estudiando la posibilidad de aplicar la Ley de Seguridad del Estado. En algunos casos la vamos a aplicar, para eso está la ley. Nadie tiene derecho a afectar la vida de los demás”.

Si Piñera creyó que con eso bajaría la intensidad de las protestas, estaba muy equivocado. De hecho, tal como sucedería en los días y semanas venideras, sus intervenciones hacían crecer la indignación. Estaba convencido de que bastaba mantener el curso para que todo volviera al cauce.

En paralelo, una buena parte de la clase política —incluyendo a la oposición en el Congreso— repetía su mismo discurso de orden. “Soy partidario de reprimir con energía el intento por saltarse los torniquetes para no pagar”, declaró ese día el exministro del Interior y senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza.

Sin embargo, echar marcha atrás en el alza de los pasajes era algo a lo que el Gobierno no estaba dispuesto. Y para dejarlo en claro, poco antes del mediodía la ministra del Transporte, Gloria Hutt, convocó a una conferencia de prensa en La Moneda. “Hay una decisión que ya está establecida”, dijo respecto al alza de las tarifas.

El diagnóstico de su colega en la Cámara Alta, el senador del PPD Felipe Harboe, era que las evasiones masivas eran una “expresión millennial inaceptable”. Y si bien a esas alturas no eran solo estudiantes secundarios quienes protagonizaban los desórdenes, el exministro de Michelle Bachelet puso el foco en ellos: “Quieren todos los derechos y ningún deber. La vida en sociedad no funciona imponiendo visiones por la fuerza o amedrentando”.

El diputado de la DC y presidente de ese partido, Fuad Chahín, se sumó a la condena por las protestas: “A mí me parece que es legítimo protestar, pero la manera de hacerlo, evadiendo y destruyendo mobiliario, atacando a los guardias, personas, funcionarios, no es aceptable”, aseguró ese día a La Tercera. “Se puede reclamar, pero no me parece que esa sea la forma de hacerlo”.

Y el fiscal nacional Jorge Abbott también concordaba con la tesis del gobierno, tildando de “delincuentes” a los que supuestamente encabezaban las evasiones. “Es un grupo pequeño el que lidera esta manifestación, a esos hay que identificar”, afirmó en conversación con radio Cooperativa esa mañana.

Solo desde el Frente Amplio y el Partido Comunista se escucharon voces disidentes ese día. “Como Frente Amplio llamamos al gobierno y al presidente Sebastián Piñera a revertir el alza del pasaje ya, y a no criminalizar la protesta social. No son delincuentes quienes han evadido, son estudiantes y familias cansadas de abusos. Diálogo ahora, no más represión», tuiteó el diputado de Convergencia Social Gabriel Boric.

Sin embargo, echar marcha atrás en el alza de los pasajes era algo a lo que el Gobierno no estaba dispuesto. Y para dejarlo en claro, poco antes del mediodía la ministra del Transporte, Gloria Hutt, convocó a una conferencia de prensa en La Moneda. “Hay una decisión que ya está establecida”, dijo respecto al alza de las tarifas y que, de todas formas, “no es una discusión que tenga que surgir del nivel de violencia que hemos visto”. Acto seguido confirmó que, tal como había dicho el presidente dos horas antes, el Gobierno estaba estudiando la posibilidad de aplicar la Ley de Seguridad del Estado en contra de algunos manifestantes.

Mientras las autoridades y la mayoría de la clase política se mantenían en sus posturas, cada hora que pasaba, la situación en Santiago se volvía más caótica.

Cuando cerca de la una entró el segundo turno de más de mil carabineros al plan de seguridad, a gran parte de los activos del primero se les ordenó continuar en sus puestos. Así, más de dos mil policías estaban repartidos dentro y fuera de decenas de estaciones de metro. Y, aun así, la situación se alejaba del control.

La tarde

Cuando cerca de la una entró el segundo turno de más de mil carabineros al plan de seguridad, a gran parte de los activos del primero se les ordenó continuar en sus puestos. Así, más de dos mil policías estaban repartidos dentro y fuera de decenas de estaciones de metro. Y, aun así, la situación se alejaba del control.

Las violentas actuaciones de Carabineros solo incendiaban más los ánimos. En la estación La Moneda decenas de usuarios increparon y lanzaron objetos contra la policía al presenciar cómo golpeaban con sus bastones a personas que se manifestaban al interior de la estación y las arrastraban por las escaleras para llevarlas detenidas. Poco después, manifestantes en el mismo lugar arrancaron una de las pantallas gigantes de televisión y la lanzaron desde un piso superior a las vías, provocando una pequeña explosión que paralizó las operaciones.

A estas alturas, la cuenta de Twitter de Metro no paraba de informar de un incidente tras otro. “Manifestantes han destruido y lanzado a las vías infraestructura en algunas estaciones, entre otros desmanes. L1 y L2 cerradas por no contar con las condiciones mínimas de seguridad”, publicó la empresa estatal a las 15:20. Solo quince minutos después, la federación de sindicatos de Metro pidió a la empresa el cierre total de la red para proteger la seguridad de los trabajadores y usuarios.

A las 16:30 horas, el presidente Piñera convocó a una reunión de emergencia para evaluar la situación del tren metropolitano. En esta participaron el presidente del directorio de Metro, Louis de Grange; el gerente general de la empresa, Rubén Alvarado; el ministro del Interior, Andrés Chadwick; el subsecretario Rodrigo Ubilla y la ministra de Transportes Gloria Hutt.

Sin embargo, mientras las autoridades discutían los acontecimientos, las manifestaciones ya habían escalado y ahora se producían enfrentamientos entre civiles y carabineros en las calles. A dos cuadras de la estación Santa Lucía, por ejemplo, efectivos de Fuerzas Especiales incluso disparaban lacrimógenas a simples transeúntes que iban caminando o tratando de llegar ahí para retornar a sus hogares. En algunas ocasiones disparaban directamente al cuerpo de las personas, provocando sorpresa, incredulidad y rabia.

En la Alameda, a la altura de la estación Los Héroes, decenas de manifestantes cortaron el tránsito y trataron de levantar las primeras barricadas, terminando en una dura represión por parte de Carabineros.

Entre las 18:00 y las 19:30 horas comenzó el descontrol. Con la red del metro definitivamente clausurada, cientos de miles de santiaguinos se encontraban caminando a la deriva por las calles en busca de transporte público para retornar a sus hogares. Y ahí muchos, en especial los que salían de sus oficinas en el centro de la ciudad, experimentaron en carne propia el recrudecimiento de la acción policial.

Mientras Piñera daba curso a la reunión en La Moneda, varias organizaciones hicieron llamados a protestar de manera más masiva. Poco antes de las cinco de la tarde, por ejemplo, la Confech convocó para el lunes 21 a una “Jornada nacional de protesta”.

A esa misma hora, Metro anunció que cerraba la Línea 6 “por disturbios y destrozos que impiden contar con las condiciones mínimas de seguridad para pasajeros y trabajadores”. Pero contrario al relato que el Gobierno trataba de imponer —todos los actos que se estaban presenciando eran responsabilidad de grupos delictuales—, el propio sindicato de la empresa de transporte advertía ya que “el Gobierno está apagando el fuego con bencina” al permitir la violenta acción de Carabineros, que comenzaba a mostrar lo peor de sí.

Entre las 18:00 y las 19:30 horas comenzó el descontrol. Con la red del metro definitivamente clausurada, cientos de miles de santiaguinos se encontraban caminando a la deriva por las calles en busca de transporte público para retornar a sus hogares. Y ahí muchos, en especial los que salían de sus oficinas en el centro de la ciudad, experimentaron en carne propia el recrudecimiento de la acción policial, algo desconocido para gran parte de la población. Mientras cientos de personas se aglomeraban en los paraderos de micro en la calle San Antonio, efectivos antidisturbios disparaban más lacrimógenas desde la Alameda para —en un acto de confusión—dispersarlos.

Nuevas barricadas incendiarias se levantaron en este sector que, ya hacia las siete de la tarde, generaban nubes de humo negro que se mezclaban con el fuerte y tóxico aire de las lacrimógenas. Muchas protestas de esa tarde se generaron de manera espontánea y el centro de la capital hervía con una masa de decenas de miles de personas enrabiadas. Eso llevó al gobierno a decretar el cierre de las calles en torno al palacio presidencial, ya que temía que la muchedumbre se dirigiera hacia allí.

A medida que pasaban los minutos, se iban reportando cada vez más incendios en distintas estaciones del metro, así como disturbios en las calles aledañas. Por eso, a las 18:50 horas el Cuerpo de Bomberos de Santiago ordenó un acuartelamiento general inmediato para las veintidós compañías de la institución.

A partir de las siete de la tarde se multiplicaban los reportes sobre fuego en Santa Lucía, Baquedano y Pedro de Valdivia. Pero también estaba ocurriendo algo que el país no había vivido desde las jornadas de protesta en contra de la dictadura o desde el asesinato de Camilo Catrillanca. Y es que las manifestaciones y disturbios no se estaban dando solo en el centro de Santiago, sino también simultáneamente en la periferia.

A las 19:30 horas, el ministro Chadwick, acompañado de Gloria Hutt, decidió dirigirse al país a través de una conferencia de prensa en La Moneda. “Hemos presentado querellas por Ley de Seguridad del Estado, que establece penas muy severas. Seguiremos presentándolas ante cualquier hecho que pueda generar violencia”, dijo el ministro con cara y voz severa.

En la plaza de Maipú comenzaron las protestas y un grupo de manifestantes quemó una caseta de Carabineros en avenida Pajaritos, que luego arrojaron a la vía para formar una barricada. En la plaza de Puente Alto la situación era similar y la policía envió un contingente de Fuerzas Especiales.

A las 19:30 horas, el ministro Chadwick, acompañado de Gloria Hutt, decidió dirigirse al país a través de una conferencia de prensa en La Moneda. “Hemos presentado querellas por Ley de Seguridad del Estado, que establece penas muy severas. Seguiremos presentándolas ante cualquier hecho que pueda generar violencia”, dijo el ministro con cara y voz severa, contribuyendo muy poco a dar señales de calma a los ciudadanos. Además, el ministro advirtió que existían grabaciones con los rostros de los evasores del metro. El Gobierno aumentaba su apuesta por criminalizar los hechos que estaban sucediendo. Una trama que mantuvo por los próximos días.

La reacción ante la actitud del presidente no se hizo esperar. La Comisión Chilena de Derechos Humanos puso la pelota en el piso de inmediato y en una declaración pública afirmó: “La invocación de la Ley de Seguridad del Estado es una verdadera provocación a la gente y sus legítimas demandas  y una inaceptable incitación a la violencia”. Y, una vez más, las amenazas de la autoridad no tuvieron efecto alguno. Santiago ardía e iba a seguir ardiendo durante la larga noche del 18 al 19 de octubre de 2019.

Ese viernes el sol se puso a las 19:58. Y mientras el cielo se oscurecía, en la ciudad se avistaban columnas de humo, gritos, desórdenes de alegría y rabia, y las sirenas de los vehículos de emergencia aullaban cruzando las calles en casi todas direcciones. En un momento, a las 20 horas, un espontáneo cacerolazo hacía eco en las casas y edificios. Era el golpeteo de sartenes y ollas contra una cuchara de madera o de palo; lo que fuera servía para expresar años de decepciones, abusos y frustraciones. Durante los siguientes tres meses ese gesto se repetiría todos los días, de lunes a domingo.

La noche

Poco después de invocar la Ley de Seguridad, Andrés Chadwick dio por terminada su jornada en La Moneda y partió a su casa en Lo Curro, uno de los barrios más exclusivos de la capital. Piñera también dejó el palacio a las 20:15 horas, aunque para dirigirse a una pizzería en Vitacura y celebrar el cumpleaños de uno de sus nietos.

El presidente se trasladó con su escolta en un auto negro con vidrios polarizados, un Hyundai Génesis G90. Normalmente, ese trayecto no dura más de quince minutos, pero con las calles cortadas y plaza Baquedano convertida en un campo de batalla, el mandatario demoró más de media hora en llegar a Romaria, el restaurante italiano ubicado en la avenida Vitacura, unas pocas cuadras al oriente de la exrotonda Pérez Zujovic. Quizás, en el trayecto, el mandatario escuchó los cacerolazos y bocinazos de los santiaguinos, que se sumaban incluso desde el barrio alto.

¿Por qué Piñera se ausentó de La Moneda en medio de una situación que ya estaba fuera de control? “Él no quería dar la sensación de preocupación, no quería que la población creyera que estaban asustando al Gobierno. Por eso decide ir a comer pizza con su familia”, afirmó para este libro un alto mando de La Moneda que ese día participó de varias reuniones.

Ya en el local, con varios de sus nietos, un comensal sacó una foto que atestiguó el momento. Mientras Santiago estallaba esa noche de viernes, el presidente de la república comía pizza con sus nietos preadolescentes en un gesto que fue interpretado como indolente; un desaire incluso para quienes lo escogieron como mandatario.

¿Por qué Piñera se ausentó de La Moneda en medio de una situación que ya estaba fuera de control? “Él no quería dar la sensación de preocupación, no quería que la población creyera que estaban asustando al Gobierno. Por eso decide ir a comer pizza con su familia”, afirmó para este libro un alto mando de La Moneda que ese día participó de varias reuniones. Según esta persona, en las conversaciones de esa tarde Piñera había comentado su intención de ir, pasara lo que pasara, al cumpleaños de su nieto. De todos sus asesores, solo Cristián Larroulet habría estado de acuerdo. “Muchos pensamos que era una desinteligencia total, pero al presidente no se le puede llevar la contra, porque si quiere hacer algo, lo hace nomás. Y quería ir al cumpleaños de su nieto”, recordó esta fuente.

De todos modos, el mandatario estuvo media hora con sus nietos y a las 21:16 en punto —como atestiguaron las fotos subidas a Twitter por alguien que estaba en el lugar— se subió al vehículo presidencial para partir de vuelta al centro de Santiago.

Algo más tarde, a las 22:30 horas, Chadwick también regresaría a La Moneda. Tanto Piñera como su primo recibieron malas noticias del subsecretario Ubilla, quien se había quedado en el palacio encabezando un comité de emergencia junto al director de Carabineros, Mario Rozas; al general a cargo de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez (quien a fines de 2020 sucedería a Rozas como jefe de la institución); Carlos Yáñez, subdirector de la PDI; Manuel Leiva, jefe de Inteligencia de la policía civil, y Louis de Grange, de Metro.

Ubilla había pedido a Carabineros aumentar los efectivos en las calles, pero ambos generales le dijeron que no quedaban más policías disponibles. La PDI ofreció sacar a casi todo su contingente de Santiago, unos mil trescientos agentes, pero no era posible hacerlo de manera inmediata.

Nunca se había llegado a esta situación: simplemente no había policías suficientes en la ciudad para controlar y reprimir las decenas de focos de protestas que se apoderaban de Santiago. Por una de las numerosas pantallas de televisión en el salón vieron cómo los canales transmitían en vivo los desórdenes, incluyendo un impactante incendio que afectaba unas escaleras exteriores del edificio corporativo de Enel, ubicado en avenida Santa Rosa, a una cuadra de la Alameda. Más de quince compañías de bomberos habían acudido al lugar, donde, en paralelo, hubo fuertes enfrentamientos entre carabineros y manifestantes.

Sin embargo, en el palacio presidencial cundió el pánico y la confusión. Nada de lo que hicieron ese día logró parar una protesta que, por el contrario, se había vuelto cada vez más masiva y violenta.

El fuego se controló pasadas las once de la noche y dañó varias oficinas entre los pisos diez y doce. Bomberos tuvo que evacuar a unas cuarenta personas que se encontraban en el edificio. La ciudad estaba en rojo. Minuto tras minuto se reportaban más focos de incendios en otras estaciones de metro, mientras que algunas autopistas urbanas estaban interrumpidas por las improvisadas barricadas que bloqueaban las vías. A estas horas se informaban los primeros reportes de buses quemados y de nuevos incendios, como el de una sede de la Universidad Mayor en Alameda con avenida Brasil. Y se repetían los reportes de violencia policial, reviviendo algunos viejos fantasmas de la violencia de Estado aplicada en dictadura. A las 23:22 horas, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, señaló que tenía antecedentes de muchos heridos con perdigones, entre estos un niño de catorce años que había recibido ocho heridas en su cuerpo, cerca de la Estación Central.

Mientras gran parte de la prensa tradicional informaba a esas horas de manera consternada la violencia social, en las calles y en las redes sociales el ánimo no era el mismo. “Esto se veía venir, la gente se aburrió de que le vean las weas”, tuiteó esa noche el futbolista Mauricio Pinilla.

En las postrimerías de la noche, la Cámara de Diputados anunció una sesión extraordinaria para el lunes 21 de octubre con el fin de abordar el “alza de pasajes y desastres que dejaron las jornadas de manifestaciones por el llamado a evasión masiva de Metro”.

Sin embargo, en el palacio presidencial cundió el pánico y la confusión. Nada de lo que hicieron ese día logró parar una protesta que, por el contrario, se había vuelto cada vez más masiva y violenta.

En una de las reuniones de la tarde, Carabineros le había entregado al Gobierno un informe de seguridad que señalaba la detección de una organización comunista no identificada y gente pro-Maduro que estaba manipulando a las masas, y que podía incluso hacer cosas peores de las que ya se habían visto. “Al principio Chadwick le restó importancia a ese informe”, aseguró una persona que estuvo en las principales reuniones de ese día. “Pero a medida que pasaban las horas y esto recrudecía, la idea comenzó a tomar más sentido, aunque me atrevería a decir que no fue hasta la medianoche, cuando Santiago ardía, que se lo tomaron realmente en serio”, recordó esta fuente.

Pasadas las 23:30 horas llegó a La Moneda el ministro de Defensa, Alberto Espina. Era una señal clara de que el gobierno estaba contemplando sacar a los militares a las calles.

En los días siguientes, La Moneda machacaría la tesis de que enemigos organizados —desde agentes venezolanos y cubanos hasta barras bravas, guerrilleros urbanos e incluso seguidores del K-Pop— estaban detrás de este masivo estallido social. Hasta hoy, no hay evidencia alguna de ello, así como tampoco de lo informado por Carabineros.

Pasadas las 23:30 horas llegó a La Moneda el ministro de Defensa, Alberto Espina. Era una señal clara de que el gobierno estaba contemplando sacar a los militares a las calles. Mientras el comité de emergencia sesionaba y trataba de comprender qué estaba pasando, el ministro del Interior nunca apagó su celular. Estaba recibiendo mensajes constantes de amigos, familiares y correligionarios políticos tratando de saber más. “Le escribí esa noche porque la situación estaba descontrolada, quise darle mi apoyo”, aseguró para este libro un político de derecha muy cercano al exministro. “Me contestó a los pocos minutos y me preguntó qué haría yo. Le dije que a esas alturas y con lo que sucedía, la única solución era sacar a los militares a la calle. ‘Creo lo mismo’, me contestó”.

A medianoche, los asesores de prensa de La Moneda convocaron a los periodistas y anunciaron por redes sociales que el presidente se iba a dirigir al país en cadena nacional. A las 00:14 de la madrugada del sábado 19 de octubre, Sebastián Piñera decretó estado de emergencia para gran parte de la Región Metropolitana y designó como jefe de la Defensa Nacional al general de división del Ejército, Javier Iturriaga.

El país estaba expectante. Pero en su alocución quedó claro que el Gobierno no estaba entendiendo lo que pasaba, ya que reforzó nuevamente la tesis delictual. “El objetivo de este esta-
do de emergencia es muy simple, pero muy profundo: asegurar el orden público, asegurar la tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Santiago, proteger los bienes tanto públicos como privados y, por sobre todo, garantizar los derechos de todos y cada uno de nuestros compatriotas, que se han visto seriamente conculcados por la acción de verdaderos delincuentes que no respetan a nada ni a nadie, que están dispuestos a destruir una institución tan útil y necesaria como es el Metro [...]. Adicionalmente, como lo anunciamos el día de hoy, hemos invocado la Ley de Seguridad del Estado a través de querellas que persiguen el objetivo de que las personas que han cometido esos gravísimos actos de delincuencia enfrenten a la justicia y asuman sus responsabilidades”.

Era el comienzo de los llamados “detenidos de la revuelta” y otra señal de que Piñera y su gabinete no palpaban todavía lo que días después los manifestantes bautizarían con el lema “No son treinta pesos, son treinta años”. El presidente insistió en que el alza del pasaje era un asunto técnico y que no echaría pie atrás. Y recurriendo a un mecanismo tantas veces utilizado en los años anteriores, prometió un “diálogo transversal”, pero manteniendo su postura frente a los hechos que gatillaron el descontrol. “El alza ocurrida en los precios de los pasajes del metro obedece al mandato de la ley, responde al alza que ha ocurrido en el precio del dólar, en el precio del petróleo y fue determinado por un panel de expertos tal como lo establece la ley”.

Al final de su discurso, Sebastián Piñera agradeció la labor de Carabineros y, pese a que ya se sabía de numerosos casos de brutal violencia policial, no dedicó ninguna palabra a los civiles heridos, que ya sumaban varias decenas. “Quiero terminar estas palabras agradeciendo sinceramente a Carabineros de Chile y a los Bomberos de Chile por la entrega, por el sacrificio, por el compromiso que han demostrado por defender nuestra seguridad, por defender nuestra ciudad, por defender nuestro estado de derecho”.

A las 00:14 de la madrugada del sábado 19 de octubre, Sebastián Piñera decretó estado de emergencia para gran parte de la Región Metropolitana y designó como jefe de la Defensa Nacional al general de división del Ejército, Javier Iturriaga.

Nada más terminar la cadena nacional, los cacerolazos y bocinazos se intensificaron en toda la urbe. Las reacciones en algunos sectores de la oposición no se hicieron esperar. A las 00:47 el alcalde comunista de Recoleta, Daniel Jadue, publicó en su cuenta de Twitter: “Este es un Gobierno que ha entrado en pánico y no sabe qué hacer ni cómo abordar una crisis que él mismo ha generado. Vuelve a equivocarse con el estado de emergencia y dificulta aun más la búsqueda de una solución”.

La diputada del PC Camila Vallejo se sumó diez minutos después: “El Gobierno de Sebastián Piñera declara estado de emergencia demostrando que no saben responder ante demandas ciudadanas legítimas si no es con represión y restricción de derechos. ¡Se necesita diálogo! Respeten la dignidad del pueblo de Chile”, escribió.

Sin embargo, también hubo políticos de oposición que observaron con cierto horror lo que había ocurrido ese día. El diputado de la Democracia Cristiana Matías Walker fue uno de ellos. “La desobediencia civil es válida frente a las dictaduras, no en democracia, donde existe derecho a la manifestación pacífica, también contra alzas en el transporte”, aseguró. “[No se puede] justificar destrucción de bienes que son de todos y que ya se quisieran en regiones”.

Pero la clase política estaba muy equivocada al creer que lo que estaba pasando se seguía enmarcando en un alza de tarifas del transporte público en la capital del país. El sábado temprano comenzaron espontáneamente masivas manifestaciones en decenas de ciudades de Chile. En un caceroleo en el centro de Concepción una persona llevaba un lienzo que decía: “Nuestro metro son las forestales”.

Todo Chile comenzaba a despertar.