Cuando una querella se dirige en contra de “quienes resulten responsables”, siempre hay una verdad que se cuela entrelíneas. Al menos, eso queda claro en la acción legal interpuesta por la Universidad Bolivariana (UB) por el delito de “administración desleal” ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
En simple, el libelo revela la existencia de facturas falsas en su contabilidad y otras cedidas a la empresa Factop, cuyo total supera los $1.197 millones.
La acción legal asegura que las dificultades económicas por las que atravesó la casa de estudios entre 2015 a 2022, apuntan a las autoridades anteriores
La acción legal -aprobada por la junta directiva de la UB, dirigida por Cárlos Cáceres- asegura que las dificultades económicas por las que atravesó la casa de estudios entre 2015 a 2022, apuntan a las autoridades anteriores, bajo cuya administración, las finanzas se vieron altamente mermadas. Y cómo los números no encajaban, hicieron una auditoría.
“Fue durante ese proceso que fueron capaces de identificar, con preocupación, registros correspondientes a 123 facturas por la suma total de $1.197 millones emitidas entre el 29 de mayo de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2022, a nombre de la UB, por Factop”, detalla el libelo al que accedió Interferencia.
Hay que recordar que en el llamado caso Factop tiene distintas aristas. Una de ellas tiene que ver con la prestación de intermediación financiera o factoring, que mantiene formalizados y en prisión preventiva a los dueños de la compañía, los hermanos Ariel y Daniel Sauer y al socio minoritario Rodrigo Topelberg.
Básicamente, por emitir facturas ideológicamente falsas o bien la emisión de los documentos tributarios “para la obtención de dinero del mercado de valores o productos”, detalla el libelo.
De acuerdo a los antecedentes de la Fiscalía Oriente, habrían defraudado al Estado en más de $32 mil millones. El SII, en tanto, apunta a la emisión de una cifra superior a los 9.970 facturas falsas, emitidas a más de 100 empresas distintas que superan los $12.900 millones.
En esa línea, la UB asegura que el mismo sistema ilegal operó con sus fondos.
“Estas facturas que fueron directamente emitidas por Factop a nombre de la UB y (...) que hayan sido meramente adquiridas por Factop (...) corresponden a servicios que jamás fueron prestados a la UB (...) nunca recibió ingreso alguno"
“Estas facturas que fueron directamente emitidas por Factop a nombre de la UB y (...) que hayan sido meramente adquiridas por Factop (...) corresponden a servicios que jamás fueron prestados a la UB (...) nunca recibió ingreso alguno, a ningún título, que diga relación con los inexistentes, improcedentes y millonarios gastos cuyo cobro se realizó mediante estas facturas de Factop”, sigue.
Asegura además que hasta 2022 las facturas nunca fueron rechazadas “dentro del plazo legal” y al menos hasta 2020 fueron consistentemente pagadas a Factop”.
"Todos narcos"
En ese contexto, la querella apunta a que los montos llegaron a Factop bajo la dirección de Munir Hazbún en la UB.
Este último, efectivamente, aparece ligado estrechamente a los hermanos Sauer en distintos negocios, como también a la Universidad de Aconcagua, donde también aparecen transacciones con Factop por más de $2.600 millones, de acuerdo a un reportaje de Ciper Chile.
De esta manera, la querella de la UB menciona la segunda arista de la investigación contra Factop, conocida como “el caso audios”.
Se trata de un registro que la abogada Leonarda Villalobos grabó en secreto en la oficina de su colega Luis Hermosilla, junto a Daniel Sauer, en 2023.
La grabación revelada por Ciper Chile daba cuenta de pago de coimas a funcionarios del SII, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), entre otros, que resultaron ser falsas.
Sin embargo, en el audio, Villalobos menciona en varias oportunidades a Munir Hazbún y las sociedades vinculadas a los negocios educacionales de este último, entre ellos el instituto profesional Valle Central.
En este punto es donde la UB apunta nuevamente sus dardos hacia Hazbún.
“En este contexto, aparece tanto el medio, como los potenciales motivos por los cuales Factop podría haber visto bien emitir facturas falsas a nombre de la UB, pudiendo aprovechar que se encontraba bajo el control de una parte relacionada”, señala.
Y agrega: “El señor Hazbún habría tenido participación directa en propiciar la emisión y pago de facturas ideológicamente falsas".
Y agrega: “El señor Hazbún habría tenido participación directa en propiciar la emisión y pago de facturas ideológicamente falsas, en directo perjuicio del patrimonio de la universidad que controlaba y que, en su calidad de director, representaba”.
Según La Tercera, Munir Hazbún es la actual pareja de Natalia Compagnon, ex nuera de la ex Presidenta Bachelet.
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Caso Factop o caso Hermosilla
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