Carlos Montes
A las controversias de la gestión del ahora exdirector de Parquemet, Carlos Ponce, como un auditoría al reparto de entradas de Lollapalooza y los ascensos de la tía de Crispi en el organismo, hoy se suma una denuncia que apunta al traspaso de $350 millones para solventar trabajos inconclusos de la empresa Siglo Verde, cuyo representante legal se encuentra formalizado por cohecho.
Aunque, según información en su Linkedin, Serrano inició su carrera en Parquemet en 2014 tras un paso por el Ministerio de Vivienda con la entonces ministra Paulina Saball. Bajo el actual gobierno, ascendió a directora de comunicaciones y posteriormente a jefa de gabinete, llegando a ganar $4.600.000.
Una de las lecturas que se realizan en la interna de los partidos oficialistas es que la querella presentada por Jackson nuevamente debilitó los puentes de consenso entre las dos coaliciones de Gobierno, y en particular un quiebre directo con el Partido Socialista. Una decisión que, fuentes conocedoras, indican no convencía incluso al propio Presidente.
De las 27 acusaciones constitucionales presentadas desde 1991, solo tres han tenido éxito: Yasna Provoste, Harald Beyer y Andrés Chadwick. Durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, se interpusieron nueve en contra autoridades gubernamentales en un lapso de cuatro años. La administración de Gabriel Boric ya ha enfrentado cinco en menos de dos años de gestión.
La declaración de Tatiana Rojas puso en entredicho la gestión de Carlos Montes tras señalar que había informado del caso de Democracia Viva antes de que fuera público contradiciendo al titular de Vivienda. Se suma que Contraloría auditó a fundaciones en 15 de 16 regiones y el allanamiento a las oficinas del Ministerio. Desde el primer libelo contra Izkia Siches las fuerzas opositoras no han prosperado en ninguna y el escenario vuelve a ser difuso.
La declaración judicial de la ex subsecretaria de Vivienda ante la Fiscalía contradice lo afirmado por el ministro Carlos Montes y pone en entredicho lo declarado por Miguel Crispi ante la comisión investigadora del Congreso, acorralando a La Moneda.
Tras no asistir en dos ocasiones ante la comisión del Congreso, ayer finalmente Miguel Crispi aseguró a esa instancia que le informó al presidente Boric del caso el 16 de junio, nueve días después de haber sabido del caso por un 'rumor'. Otros personeros de RD, como Juan Ignacio Latorre, lo sabían al menos desde el 6 de junio, mientras que Tatiana Rojas, ex subsecretaria de Vivienda, se enteró el 2 de mayo.
El ex ministro de Desarrollo Social dio un paso al costado en un gesto que buscó signar como 'altruista' para no entorpecer el diálogo en torno a la agenda gubernamental y de pensiones. La derecha desistió de la acusación constitucional, pero dice que la renuncia no es suficiente para bajar la presión frente a este caso de corrupción sistemática.
Primero Latorre y después Boric, ambos indicaron que sabían del caso antes de que un medio antofagastino lo publicara. Latorre dijo que no le había comunicado ni al ministro Montes ni a Jackson, pero al ser consultado por otros personeros del Gobierno, guardó silencio. Todo esto mientras recrudece el fuego amigo entre partidos oficialistas y la oposición saca ventaja de la crisis.
"Latorre dejó de ser un interlocutor válido dentro de la alianza", dijo la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, luego de revelarse que el presidente de Revolución Democrática conoció los primeros antecedentes del caso Democracia Viva diez días antes de que se hiciera público, información que afirma no comunicó al ministro Carlos Montes (PS) ni al ministro Giorgio Jackson (RD), lo cual hoy agudiza la crisis entre las filas oficialistas.
La derecha anunció una comisión investigadora para llevar la responsabilidad política al titular de Vivienda, donde sucedieron los posibles delitos, y al titular de Desarrollo Social, quien es el fundador y líder de RD. En tanto, dentro del PS no cayó bien el respaldo irrestricto de Gabriel Boric a autoridades regionales salpicadas por el caso.
Se trata de tres investigaciones abiertas por el Ministerio Público, el congelamiento de la toma de razón de contratos con fundaciones por parte de Contraloría y una nueva investigación del Servel a Aprueba por Chile. En tanto, Gonzalo Winter (CS) afirmó que "ningún partido político puede pretender que, en la medida que crezca y administre el Estado, vaya a ser cien por ciento probo", mientras que la derecha pide la renuncia de los ministros Carlos Montes (PS) y Giorgio Jackson (RD).
Alcaldes contra Catalina Pérez, ella contra sus cercanos, todos RD. Viejos socialistas contra jóvenes frenteamplistas en el Gobierno y las directivas partidarias. Pugnas de 'lotes' de Convergencia Social y Revolución Democrática por una fusión que se hace más compleja. Golpes van, golpes vienen.
De acuerdo al gobierno el déficit habitacional llega a 650 mil nuevas viviendas, una cifra superior al dato de 1996; 564 mil, que fue la primera vez que se midió. En tanto, el Ministerio de Vivienda informó que durante 2022 la entrega de viviendas solo fue de 39 mil en el marco del Plan de Emergencia Habitacional, con otras 136 mil en ejecución, y con una meta de 260 mil para todo el periodo de Gabriel Boric.
El consejo consultivo está en receso desde marzo y no se sabe cuándo retomará labores ni quién lo liderará tras la salida del arquitecto Sergio Baeriswyl. Esto en medio de un plan del gobierno para construir 260 mil viviendas en cuatro años.
Al menos se cuentan 14 nombres de personas cercanas a Michelle Bachelet que fueron importantes en la campaña de Gabriel Boric, o que están en puestos de gobierno. Ana Lya Uriarte, Paula Narváez, Haydeé Rojas, Gabriel de la Fuente, y las ministras Jeannette Vega, Jeannette Jara y Maisa Rojas, se encuentran en la lista.
Distintas organizaciones que trabajan temas de urbanismo, patrimonio y derecho a la vivienda han perfilado las características y acciones que debería agrupar el secretario de estado del gobierno entrante en materias de derechos sociales, fiscalización y vinculación con los territorios. Según informó la prensa ayer, el elegido sería el senador PS Carlos Montes.
En esta entrega, INTERFERENCIA reproduce dos artículos para entender la historia y el desarrollo del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU). Desde sus orígenes DC hasta su rol en dictadura, esta cobertura aborda los antecedentes de una orgánica que hubiese cumplido 50 años de existencia en mayo del año pasado.
Junto a Natalia González, directora de asuntos jurídicos y legislativos del instituto ligado al gremialismo, también se aprobó el nombre de Bernardo Navarrete, académico de la Usach, propuesto por la DC. La falta de experiencia de ambos en temas de transparencia suscitó críticas, pero finalmente se impuso la lógica de la época del binominal.
El apoyo de parlamentarios oficialistas casi se cuadruplicó respecto de la misma iniciativa en julio, en una señal clara de que el titular de Hacienda y el gobierno han perdido toda influencia, incluso en su propio sector. Con ello Ignacio Briones queda en una posición política que roza la irrelevancia, en medio de críticas por su cada vez más errática gestión.
El conflicto entre los fiscales Arias y Moya es sólo la punta del iceberg de un profundo quiebre en el Ministerio Público, que se originó con la llegada a la fiscalía nacional de Jorge Abbott. Era el hombre que la Nueva Mayoría impuso a fines de 2015 para tratar de enterrar los escándalos de financiamiento de la política.
Su último camino hacia La Moneda fue hace más de 10 años, en 2005, cuando fue derrotado por el mismo Sebastián Piñera en primera vuelta.
