“Aquí hay que jugar con las reglas que están”, asegura el ex carabinero José Florentino Fuentes Castro.

Aquella lección le quedó grabada de su tiempo en la cárcel de Punta Peuco, recinto penitenciario especial para violadores de derechos humanos. En su comentario, el “juego” es intentar salir de la cárcel, y las “reglas que están” son los beneficios a los que se puede acceder estando preso y los requisitos para lograr la libertad condicional.

José Fuentes es uno de los asesinos del Caso Degollados, responsable del secuestro y degollamiento de los militantes del Partido Comunista José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero. Fue condenado en 1992 a cadena perpetua y 541 días por secuestro reiterado seguido de tres homicidios y asociación ilícita.

Fuentes Castro “jugó”, y las “reglas que estaban” le acomodaron: desde el 2016 está libre, después de cumplir sólo 24 años de la condena 'perpetua'.

Fuentes Castro “jugó”, y las “reglas que estaban” le acomodaron: desde el 2016 está libre, después de cumplir sólo 24 años de la condena 'perpetua'. De la mano de su abogado, el ex candidato a diputado Maximiliano Murath (Partido Republicano), Fuentes Castro habría mentido y engañado para “ganar” su liberación.

Las palabras de Fuentes conrresponden a audios de cuatro horas a los cuales INTERFERENCIA accedió, los cuales registran una conversación telefónica de 2018 donde el ex carabinero relata -entre muchas otras cosas- a un interlocutor no identificado cómo lo hizo para conseguir, primero, los beneficios carcelarios que gozó durante sus últimos años en prisión y, finalmente, su libertad condicional.

Es el mismo audio que sirvió para elaborar el artículo Asesino del Caso Degollados asegura que se confesó con el ex director de Carabineros González Jure en 1988 y que éste lo encubrió.

Volviendo al "juego" de Fuentes, un año antes de dejar Punta Peuco, la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones había resuelto negarle la libertad, fundamentando la decisión en el informe psicológico del criminal de lesa humanidad. En éste se concluye que Fuentes “no ha adquirido una adecuada conciencia del delito cometido, del daño y del mal causado con el mismo” y que requiere de mayor tiempo de evaluación para “comprobar que se encuentra corregido y rehabilitado”. (Revise acá la resolución).

Fuentes y su abogado apelaron la decisión de la Comisión, apoyándose en el Tribunal de Conducta de Punta Peuco, el que calificó a Fuentes Castro cómo apto para la libertad al cumplir con los “requisitos legales". De tal modo, presentaron un recurso de protección que la Corte Suprema terminó por acoger, quedando uno de los asesinos del Caso Degollados definitivamente fuera de Punta Peuco y en libertad.

Fuentes confiesa haber firmado un contrato falso con la empresa de una sobrina para poder salir a “trabajar” en días de semana estando en Punta Peuco, además de haberse casado “a la mala” con una amiga para conseguir la libertad condicional.

En el audio, proporcionado por la Comisión Funa –organización de familiares de detenidos desaparecidos y de defensores de derechos humanos que trabaja en impedir que criminales de lesa humanidad vivan libres y en impunidad–, Fuentes confiesa haber firmado un contrato falso con la empresa de una sobrina para poder salir a “trabajar” en días de semana estando en Punta Peuco, además de haberse casado “a la mala” con una amiga para conseguir la libertad condicional.

La libertad condicional y trabajo en la mente de un criminal de lesa humanidad

Sobre la libertad condicional, José Fuentes tiene una certeza: “esa ley está hecha para los delincuentes, y nosotros no somos delincuentes, a pesar de que delinquimos. Pero no somos delincuentes. Los delincuentes no saben leer ni escribir”, afirma a la persona al otro lado de la línea. (Revise acá el audio con la conversación telefónica de Fuentes).

Sin embargo, pareciera no estar de acuerdo con los requisitos que le solicitan. Curiosamente, el criminal tiene críticas al sistema que terminó por liberarlo: “entonces dice ‘requisito: saber leer y escribir’. Yo lo cumplo. ‘Haber aprendido bien un oficio’. ¿Y para qué necesito aprender yo un oficio? Aprendo a ser carpintero, ¿y para qué voy a trabajar si tengo mi pensión? Todos tienen pensión allá po. Entonces esas hueás son obsoletas, no pueden ser consideradas. ‘Tener medio de subsistencia en el exterior’. Yo tengo mi pensión”, argumenta.

“Todos tienen familia bien constituida”, continúa, explicando algo que parece ser requerido para conseguir beneficios en Punta Peuco. “Por eso es que yo tuve que casarme así a la mala. Me casé, pero por contrato. Tengo una amiga yo y me casé con ella. Pero me separé al tiro"

“Todos tienen familia bien constituida”, continúa, explicando algo que parece ser requerido para conseguir beneficios en Punta Peuco. “Por eso es que yo tuve que casarme así a la mala. Me casé, pero por contrato. Tengo una amiga yo y me casé con ella. Pero me separé al tiro, salí y me separé”, confiesa, todo “para poder salir”.

Pero no todos en el recinto penitenciario para violadores de derechos humanos están dispuestos a hacer lo que hizo Fuentes. “Los otros no quieren, los otros se rebelan. Entonces les decía yo, aquí hay que jugar con las reglas que están”, explica, y pasa a ejemplificar:

“Uno, para salir con beneficio todos los días, tiene que decir 'yo tengo que ir a trabajar'. Ya, pero ¿dónde están los contratos de trabajo? Los venden en las librerías. Usted lo firma, y queda para usted y para nadie más. No tiene que mandarlo ni a la Inspección del Trabajo, a ninguna parte. Vale ese contrato, porque es entre privados”, revela Fuentes.

“A mí una sobrina me hizo un contrato, en la hueá de médico [se refiere a una empresa de visitadores médicos, con José Fuentes trabajando de conductor, según informes de Gendarmería], y yo obligadamente tuve que ir a trabajar porque lo salen a fiscalizar a uno”, cuenta.

Las fiscalizaciones eran un problema. Según explica Fuentes, psicólogos y asistentes sociales se encargaban de cerciorarse de que el condenado por violaciones a los derechos humanos estuviese efectivamente trabajando durante sus salidas de Punta Peuco, siendo uno de los primeros pasos llamar a su empleadora, su sobrina.

“Yo era reamigo de la asistente social, porque era hija de un carabinero. ‘¿Dónde está?’”, cuenta que le preguntaba la asistente a la sobrina, quien le daba una dirección donde supuestamente estaría trabajando Fuentes. "’Ah, no es mentiroso usted’", asegura que le respondía la funcionaria luego de comprobar que estaba en la dirección entregada, trabajando como conductor de los visitadores médicos de la empresa.

Pero los profesionales con los que Fuentes Castro se relacionaba no sabían de su prontuario. El asesino del Caso Degollados quería evitar que eso se supiera a toda costa: “Le dije yo ‘ya, yo estoy aquí pero en caso de que yo terminara y saliera al médico, le aviso dónde voy a estar, porque yo no quiero que el médico sepa que yo soy un [no termina la frase]… porque esa cuestión es privada mía’".

La asistente, su amiga según él, accedía, y se juntaban en una plaza cerca del lugar donde estuviese conduciendo para desarrollar la entrevista.

Cierra la anécdota refiriéndose al resto de los privados de libertad en Punta Peuco, con el siguiente comentario: “los demás hueones no quieren hacer eso”.

Además de no contar con una adecuada conciencia del delito que cometió, los documentos señalan que demuestra dificultades en su capacidad de empatía e, incluso, evidencia “en su proceso elaborativo del delito cometido un estancamiento e incluso una regresión respecto a informes anteriores [al de fines del 2015]”.

Fuentes Castro logró acceder a todos los beneficios y finalmente a su libertad condicional a pesar de preocupantes hallazgos en sus informes psicológicos. Además de no contar con una adecuada conciencia del delito que cometió, los documentos señalan que demuestra dificultades en su capacidad de empatía e, incluso, evidencia “en su proceso elaborativo del delito cometido un estancamiento e incluso una regresión respecto a informes anteriores [al de fines del 2015]”.

Respecto a las víctimas de sus acciones, el criminal de lesa humanidad las integra “parcialmente” en su relato, “pero lo hace con carencia de correlato ideoafectivo, focalizándose en las pérdidas para sí mismo producto de la reclusión”.

Detrás de los beneficios carcelarios y la libertad del asesino del Caso Degollados hay más que la voluntad de “jugar el juego con las reglas que están”. Hay también otro nombre: Maximiliano Murath, su abogado.

Murath, republicano y defensor de presos de Punta Peuco por vocación

Su biografía en Twitter es ilustrativa: “abogado penal litigante, republicano, pro familia y del 44%”. Su foto de perfil, también: Maximiliano Murath figura sonriente junto a José Antonio Kast, con quien comparte militancia en el Partido Republicano y a quien apoyó férreamente en su cuenta durante la última elección presidencial. 

Sus tuits siguen esa misma línea. “Estimado Johannes, todo el éxito del mundo para un gran diputado patriota. Tu férrea defensa contra el comunismo y la izquierda radical será clave en los próximos años”, redactó el 11 de marzo a propósito del juramento como diputado de Johannes Kaiser.

José Florentino Fuentes Castro tiene sólo buenas palabras para referirse a Murath, el abogado que consiguió sacarlo de Punta Peuco. “Yo lo conocí unos ocho años atrás, y dice, si usted ve los videos [en los que aparece el abogado], ‘a nuestros camaradas de armas’, y él nunca ha sido militar, no ha sido paco, no ha sido nada. Es porque los quiere. Los defiende por convicción, no por la plata”, asegura en los audios.

“Bueno, los últimos siete detenidos que han salido [de Punta Peuco] los ha sacado él”. Acto seguido, Fuentes lo corrige: “todos los ha sacado él. Él sacó, su equipo, a doce, entre los cuáles estoy incluido, pero en total sacó 18 en esa época”.

El interlocutor de Fuentes Castro, al parecer, conoce el trabajo de Murath, y aporta un dato a la conversación: “bueno, los últimos siete detenidos que han salido [de Punta Peuco] los ha sacado él”. Acto seguido, Fuentes lo corrige: “todos los ha sacado él. Él sacó, su equipo, a doce, entre los cuáles estoy incluido, pero en total sacó 18 en esa época”.

INTERFERENCIA intentó tomar contacto el pasado viernes con Murath mediante el teléfono que el abogado proporcionó en sus últimos litigios, disponible en documentación pública del Poder Judicial. No fue posible consultarle sobre los dichos de su defendido.

Quienes sí pudieron hablar con esta redacción fueron el abogado Francisco Bustos, contraparte de Murath en el recurso de protección donde la Suprema terminó liberando a Fuentes, y con Camilo Parada, hijo de una de las víctimas del Caso Degollados, el sociólogo José Manuel Parada.

Víctimas, abogados y defensores de DD. HH. rechazan la libertad de Fuentes

Consultado por la posibilidad de que Fuentes Castro regrese a la cárcel, Bustos reconoce que existe la posibilidad de revocar el beneficio de libertad condicional, pero no es algo común. “Habría que ver si algún requisito se deja de cumplir, pero yo no he visto que en ninguno de estos casos se deje de aplicar”, explica.

Para el penalista de Caucoto Abogados, no sólo la investigación por crímenes de lesa humanidad es de alta relevancia, sino también las sanciones y que éstas sean cumplidas con penas proporcionales. “En ese sentido, el otorgamiento de un beneficio inmerecido, o en realidad por el cual no se cumplía una condición, como que por sus informes psicológicos no debieran acceder a beneficios, profundiza la sensación de impunidad”, indica, por lo que “las autoridades deberían investigar esto y nosotros también vamos a estudiar los antecedentes para ver si cabe ejercer algún tipo de acción”.

Desde el lado de las víctimas del asesino José Fuentes, Camilo Parada, hijo de José Manuel Parada, aseguró que, en lo personal,. “Nosotros, el 2016 y en todas las ocasiones que los criminales de lesa humanidad involucrados en el caso de secuestro, tortura y asesinato por degollamiento tanto de mi padre como de sus compañeros Manuel Guerrero y Santiago Nattino, intentaron acogerse a beneficios carcelarios, como familia nos opusimos e intentamos desplegar todas las posibilidades judiciales que nos amparan en la ley chilena y en los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos”, recuerda.

“En primer lugar, nos oponemos porque se les otorgan estos beneficios carcelarios como si fueran criminales comunes y no de lesa humanidad, es decir, no como agentes del Estado. Uno de los poderes del Estado chileno, el Poder Judicial, desconoce los acuerdos y tratados en materias de derechos humanos que dicen que justamente los criminales de lesa humanidad no están a la par de delincuentes comunes”,

“En primer lugar, nos oponemos porque se les otorgan estos beneficios carcelarios como si fueran criminales comunes y no de lesa humanidad, es decir, no como agentes del Estado. Uno de los poderes del Estado chileno, el Poder Judicial, desconoce los acuerdos y tratados en materias de derechos humanos que dicen que justamente los criminales de lesa humanidad no están a la par de delincuentes comunes”, explica, por lo que en su opinión el beneficio de libertad condicional nunca debió ser dado.

La libertad, en adición a lo revelado por el propio Fuentes en los audios ahora publicados por INTERFERENCIA, es para Parada “un escándalo, un agravio donde además se nos revictimiza como familiares porque tuvimos que pasar nuevamente por estos juicios y revivir las heridas”.

Camilo Parada, además, agrega que “en tono personal, no como vocero de la familia, creo que, en el Caso Degollados, que fue un crimen con una visibilidad muy grande, tenemos de alguna manera una obligación ética. Porque hay miles de casos que no han tenido la misma visibilidad”, por lo que de existir antecedentes interpondrán recursos en contra de Fuentes y su libertad.

La Comisión Funa, en tanto, además de conseguir los audios del criminal del Caso Degollados, acudió el año 2018 a la casa de Fuentes Castro para realizar un acto en su contra.

“Si no hay justicia, hay funa”, explica Juan Saravia, miembro de la Comisión y defensor de los derechos humanos.

"Funa" a Juan Fuentes en 2018. Fuente: Comisión Funa

"Funa" a Juan Fuentes en 2018. Fuente: Comisión Funa

“Si no hay justicia, hay funa”, explica Juan Saravia, miembro de la Comisión y defensor de los derechos humanos. “Somos una organización de más de 23 años, creada con la misión de luchar contra la impunidad para los criminales de ayer y de hoy”. Según relata, ya son cientos los casos de violadores de DD. HH. condenados que han expuesto como Comisión, siendo la “funa” a Fuentes Castro una dentro de esa larga lista.