Después de una jornada marcada por el rechazo a cualquier represalia en contra del juez Daniel Urrutia Laubreaux, durante la tarde de ayer lunes la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó –por 12 votos en contra y 11 a favor– abrir un sumario administrativo en contra de este magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, a quien se intentó sancionar por por sus críticas al Poder Judicial realizadas en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente.

Según adelantó nuestro medio, el fin de semana se había coordinado en el tribunal de alzada de Santiago que durante el pleno de la jornada recién pasada se discutiera el castigo al magistrado. Esta iniciativa, según fuentes del Poder Judicial que hablaron con INTERFERENCIA fuera de micrófono, habría sido impulsada por los ministros Antonio Ulloa y Juan Cristóbal Mera, con respaldo de los jueces de la Suprema Arturo Prado Puga, Ángela Vivanco, Juan Eduardo Fuentes y Rosa Egnem.

Pese a la información obtenida por este diario digital, el tema se manejó con cierto sigilo. Por ejemplo, durante la tarde de ayer lunes señalaron desde el área de comunicaciones del Poder Judicial que no había información sobre el tema, pero, horas después, nuestro medio supo del resultado de la votación y consultó el detalle específico de las votaciones, pero esto no fue entregado debido a que la resolución escrita no estará sino hasta días posteriores.

Según información que obtuvo INTERFERENCIA, los ministros de la Corte de Santiago acordaron no dar públicamente el voto de cada cual, salvo que este sea solicitado vía Ley de Transparencia al presidente de la instancia, Alejandro Madrid.

La iniciativa de represalias contra Urrutia, según fuentes del Poder Judicial que hablaron con INTERFERENCIA fuera de micrófono, habría sido impulsada por los ministros Antonio Ulloa y Juan Cristóbal Mera, con respaldo de los jueces de la Suprema Arturo Prado Puga, Ángela Vivanco, Juan Eduardo Fuentes y Rosa Egnem.

La arremetida contra Urrutia se debió a que el pasado 25 de agosto el magistrado expuso en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención que “detrás de cada violación a los derechos humanos hay un juez que, por acción u omisión, permitió dicha violación (...) El Poder Judicial ha servido como parte del dispositivo de represión al avalar y justificar la represión a través de procesos basados en evidencias inventadas o de pésima calidad, lo que quedó claramente demostrado en el contexto del estallido social”, afirmó.

Asimismo, durante su participación en el órgano constituyente, Urrutia citó como ejemplo a Rosa Egnem a la hora de hablar sobre el encubrimiento del Poder Judicial a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la dictadura de Augusto Pinochet, mencionando en específico que la actual ministra de la Corte Suprema en 1979 ocultó información sobre la masacre de Laja ocurrida en 1973, en la cual Carabineros ejecutó a 19 trabajadores de la CMPC, empresa perteneciente al Grupo Matte.

Convención blinda a Urrutia

A partir de la información reportada ayer por INTERFERENCIA, la Convención dio una muestra de poder real respecto de su relación con el poder constituido, puesto que frente a la avanzada de la Corte de Apelaciones contra Urrutia, el organismo que redactará la nueva carta fundamental y que podría generar cambios en el sistema judicial chileno, tomó cartas en el asunto, lo cual pudo incidir en la votación del tribunal de alzada.

Durante la jornada, 54 convencionales –entre ellas Elisa Loncon, la presidenta del organismo– de Movimientos Sociales Constituyentes (MSC), la Lista del Pueblo (LDP), Chile Digno (PC y FRVS), escaños reservados indígenas, Colectivo Socialista (CS) e Independientes No Neutrales (INN) firmaron una declaración manifestando su apoyo al juez Daniel Urrutia Laubreaux, la cual fue presentada por la convencional Manuela Royo, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos en un punto de prensa realizado en el ex Congreso.

“Defendemos el derecho de toda persona a expresarse con libertad en un marco de respeto por los derechos humanos en cualquier espacio político”, dice la declaración de los convencionales. El texto menciona que la exposición de Urrutia contenía un análisis certero y necesario para las discusiones que se están dando en la Convención en materia de la refundación del Poder Judicial". 

También el respaldo deja de manifiesto su rechazo y preocupación por las posibles sanciones administrativas y las críticas emanadas desde la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial (ANMM), donde dos directores regionales habrían solicitado la renuncia de Urrutia. 

El jueves 26 de agosto, la ANMM manifestó en su cuenta de Twitter que las críticas del juez Urrutia en contra el Poder Judicial no representan la opinión mayoritaria del gremio, por lo que deben ser consideradas como apreciaciones personales. Además, agregaron que desde el retorno a la democracia la labor de la Asociación “es conocida, valorada y aceptada transversalmente por centros de pensamiento, el mundo académico y la sociedad en general”.

El domingo pasado, consultado por INTERFERENCIA sobre una posible sanción emanada desde la Corte de Apelaciones en su contra, el juez prefirió no referirse al tema. Sin embargo, ayer tras el punto de prensa de los convencionales, Urrutia reiteró en su cuenta de Twitter las palabras expuestas en la Subcomisión de Derechos Humanos, agradeciendo a todos quienes se han manifestado a favor de una refundación del sistema judicial chileno. “No más una justicia heteropatriarcal machista, colonial, servil a las élites abusivas que han mantenido a los pueblos sin una verdadera justicia”, finalizó el juez.

La Convención dio una muestra de poder real respecto de su relación con el poder constituido, puesto que frente a la avanzada de la Corte de Apelaciones contra Urrutia, el organismo que redactará la nueva carta fundamental y que podría generar cambios en el sistema judicial chileno, tomó cartas en el asunto, lo cual pudo incidir en la votación del tribunal de alzada.

La amenaza del sumario administrativo por parte de la Corte de Apelaciones se dio a pocos días de cumplido un año desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconociera la responsabilidad internacional del Estado de Chile por “coartar la libertad de pensamiento y expresión de un Juez”, en el Caso Urrutia Laubreaux vs. Chile.

La demanda internacional impulsada por Urrutia se dio luego de que en 2004 la Corte Suprema lo sancionó con una medida disciplinaria de “censura por escrito” por indicar en su tesis de diplomado que el máximo tribunal tenía la responsabilidad de pedir perdón por su complicidad con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.

En el fallo, la Corte reconoció que el Estado chileno violó los derechos a la libertad de pensamiento y expresión, a las garantías judiciales y al principio de legalidad del juez Daniel Urrutia, estableciendo medidas de reparación y garantías de no repetición que deben ser acatadas por el Estado, que está obligado a cumplir con la sentencia debido a que así lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos –conocido como Pacto de San José de Costa Rica– ratificada por Chile en 1991.

En esa misma línea, según conoció este medio, algunas fuentes judiciales aseguran que Urrutia es considerado un peligro para los integrantes del gobierno de Sebastián Piñera, especialmente para el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín (UDI), quien ha presionado para que lo saquen de su cargo en el Séptimo Juzgado de Garantía. Las autoridades cercanas al presidente temen que al acabar la presente administración, el juez sea el primero en sancionar los excesos cometidos por este gobierno en materia de derechos humanos”, sostiene una de estas fuentes.