“Informo a Ud. que hasta el 9 de marzo del presente año me desempeñé como Consejera del Consejo para la Transparencia [CPLT], por el periodo que corresponde a los años 2017-2023”, versa el comienzo de una carta enviada recientemente al CPLT por Gloria de la Fuente, quien dejó de ser consejera de dicho organismo un 9 de marzo, para comenzar a ser subsecretaria de Relaciones Exteriores del gobierno de Gabriel Boric, un día después, en el cambio de gabinete del 10 de marzo.

“Corresponde que me abstenga de intervenir en cualquier asunto que se relacione con dicho Consejo y con las solicitudes de acceso a la información a que se refiere la ley N° 20.285, en especial con la competencia que me entrega el artículo 14 de la misma, para entregar o denegar la información requerida a esta Subsecretaría, lo que comunico a Ud. para dar cumplimiento a la referida disposición de la ley N° 19.880”, cierra la carta con el membrete del Ministerio de Relaciones Exteriores, y fechada al 16 de marzo de 2023.

La abstención anunciada por Gloria de la Fuente, a priori, implica una limitante para el derecho al acceso a la información pública y a la transparencia, pues la responsabilidad queda delegada a un funcionario o funcionaria de menor peso político y administrativo. 

Con voto a favor de la entonces consejera Gloria de la Fuente, el CPLT resolvió acoger el amparo interpuesto por Interferencia en contra precisamente de la subsecretaría de Relaciones Exteriores, para conocer información sobre una supuesta comunicación oficial entre el gobierno de Chile y el de Estados Unidos a propósito de la ex jefa de asesores de Presidencia, Lucía Dammert.

Pero yendo al terreno de lo práctico, presenta problemas reales para aquellos ciudadanos que realizaron solicitudes de Transparencia a Cancillería, o reclamos y amparos para poder conocer información pública en manos de ese organismo.

Sin ir más lejos, Interferencia es uno de ellos. 

Tal como esta redacción publicó hace algunos días, el Consejo para la Transparencia -con voto a favor de la entonces consejera Gloria de la Fuente- resolvió acoger el amparo interpuesto por Interferencia en contra precisamente de la subsecretaría de Relaciones Exteriores, para conocer información sobre una supuesta comunicación oficial entre el gobierno de Chile y el de Estados Unidos a propósito de la ex jefa de asesores de Presidencia, Lucía Dammert, lo cual fue usado para desmentir una publicación de este medio.

Dicho artículo decía que la ex asesora presidencial de Boric había accedido a declarar como testigo en el caso de narcotráfico del ex secretario de Seguridad mexicano, Genaro García Luna, recientemente declarado culpable por la justicia del estado de Nueva York, y con quien Dammert trabajó cuando era autoridad. 

Ahora el acelerado paso de la militante PS desde el CPLT a Cancillería siembra dudas sobre lo que ocurrirá con la entrega de la información solicitada, la cual inicialmente había sido denegada por la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, en los tiempos de Ximena Fuentes (CS), la cual luego del amparo ganado por Interferencia, tendría que entregar la información o judicializar el caso, y así entrabar el acceso a la información. 

Interferencia se comunicó con Gloria de la Fuente para conocer más detalles sobre el tema, tras lo cual funcionarios de Cancillería se comunicaron con esta redacción para responder algunas preguntas. 

Desde la Subsecretaría de Relaciones Exteriores señalaron que “como es sabido hay todo un cuerpo de normas que regula la probidad en la Administración del Estado”, y que parte de esta normativa “señala que las autoridades y funcionarios de la Administración que tengan una ‘relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar’ o  que hayan prestado ‘en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar’, deberán abstenerse de intervenir en procedimientos relacionado con tales interesados, lo que deberá ser comunicado a su superior inmediato, para que lo resuelva”.

La funcionaria a cargo de resolver los requerimientos del CPLT sería María Cecilia Cáceres, como directora de Asuntos Jurídicos de la Cancillería.

En consecuencia, Cancillería dictó la Resolución Exenta N°494 del 16 de marzo de 2023 “que delegó en la Directora General de Asuntos Jurídicos a partir de esa fecha la función de calificar si respecto de la información solicitada, con arreglo a la Ley de Transparencia, concurre alguna de las causales de secreto o reserva, comprendiendo en este caso, la facultad de denegar total o parcialmente el acceso a dicha información y la función de presentar descargos, observaciones u otros antecedentes ante el Consejo para la Transparencia, en recursos de amparo presentados en conformidad al artículo 25 de la Ley de Transparencia”. En este caso, se trataría de María Cecilia Cáceres.

Entendidos en la materia, señalan que este caso es bastante inédito, pues se trata de un amparo ya resuelto por el CPLT, con voto favorable de quien ahora tiene que tomar la decisión de entregar la información. Las mismas fuentes, comentan a este medio que es cierto que corresponde delegar esta función en otra persona, pero que de igual forma la subsecretaria de Relaciones Exteriores seguirá ejerciendo influencia en la decisión que tome el organismo, dada su estructura jerárquica, lo que podría implicar un grave conflicto de interés de cualquier forma.

Además de esto, Cancillería señaló a Interferencia que “tal como lo dispone la norma, esta circunstancia fue comunicada al Presidente de la República y al Consejo de la Transparencia a través de una carta”.

El caso

El 21 de septiembre de 2022, el gobierno de Gabriel Boric hizo circular un comunicado en el que se afirmaba que el “Gobierno de Chile ha consultado al Gobierno de Estados Unidos, por medios oficiales, respecto de la veracidad de los hechos descritos en la publicación del medio de comunicación Interferencia, del pasado 15 de septiembre, sobre una supuesta investigación en la cual la ex jefa de asesores de la Presidencia de la República, Lucía Dammert, habría estado citada a declarar por parte del FBI. 

“Luego de recibir respuesta al mencionado requerimiento, el Gobierno de Chile confirma que dicha información es falsa y que Lucía Dammert no ha sido citada a declarar en ninguna investigación o proceso judicial llevado a cabo en EE.UU.” cierra el comunicado, que fue firmado simplemente como “Gobierno de Chile”, sin repartición gubernamental ni autoridad responsable, y que alude a una supuesta comunicación intergubernamental oficial para desestimar una investigación que en ese momento llevaba la Fiscalía de Nueva York, otro poder del Estado. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió que “atendido a que las comunicaciones fueron transmitidas por vías verbales, no existen registros de actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos o acuerdos, ni en ningún otro soporte, que versen sobre la materia consultada en su solicitud de acceso a información, por lo que no existen antecedentes que entregar"

Ante eso, Interferencia solicitó acceso a esa comunicación oficial vía Ley de Transparencia, además de todo tipo de detalles sobre cómo se produjo. Esto implica, el contenido del mensaje, los interlocutores, y también si dicha comunicación fue a través de correo, mensajería, teléfono, o algún otro medio.

Ante eso, el Ministerio de Relaciones Exteriores respondió que “atendido a que las comunicaciones fueron transmitidas por vías verbales, no existen registros de actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos o acuerdos, ni en ningún otro soporte, que versen sobre la materia consultada en su solicitud de acceso a información, por lo que no existen antecedentes que entregar de acuerdo a lo establecido en la Ley No 20.285, sobre acceso a la información pública”.

Finalmente, luego de presentar un amparo para conocer principalmente los interlocutores de esta supuesta comunicación oficial, el Consejo para la Transparencia votó a favor del requerimiento de este medio, con el voto favorable de Gloria de la Fuente, quien ahora, irónicamente, tendría que resolver la entrega de la información requerida.