Christian Alveal, actual director nacional de Gendarmería, no ha pasado inadvertido para la prensa ni para los uniformados de la institución. En diciembre de 2018 el presidente Sebastián Piñera ratificó a Alveal como director nacional de Gendarmería, aunque meses antes ya estaba ejerciendo como director subrogante.
Se trata de un director que no ha estado exento de polémicas. Fue acusado de frenar un sumario en su contra y dirigir un montaje contra la ex directora, Claudia Bendeck, cuando asumió. Además, él era director regional cuando una reclusa mapuche fue obligada a dar a luz engrillada a una cama.
A esto se suma lo publicado en agosto de este año por INTERFERENCIA, cuando se dio a conocer que Alveal vive en una casa de la comuna de Las Condes, arrendada por el servicio que dirige, para él y su familia, con un costo de 53 UF mensuales; alrededor de 1.577.000 pesos. Anteriormente, Alveal había abandonado un domicilio ubicado en un condominio militar, para solicitar este inmueble ubicado en un barrio residencial, y que según constató este medio, no tenía protección policial, a pesar de que Alveal había aducido que habría sufrido amenazas y que esta casa contaba con la seguridad que requería.
La demanda es contra el Estado de Chile, en específico, en contra de Contraloría, representada también por el Consejo de Defensa del Estado, y la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca).
Esta vez, nuevos antecedentes a los que accedió INTERFERENCIA, dan cuenta de que Alveal participó en una demanda colectiva realizada por la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería de Chile (ANOP), en la que participa como socio, realizada en 2020. Es decir, ya como Director Nacional de Gendarmería, se mantiene como asociado a este sindicato, y además, participó en esta demanda, donde aparece su nombre y su firma.
Lo más sorprendente es que la demanda es en contra del Estado de Chile, en específico, en contra de Contraloría, representada también por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), y la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca), debido a lo que los oficiales de Gendarmería consideran que es un detrimento en su contra la resolución de Contraloría que le puso límite a las pensiones de los ex funcionarios, después de diversos escándalos que salpicaron incluso a la ex esposa del diputado Osvaldo Andrade (PS), Miriam Olate, quien recibía una pensión por sobre los cinco millones de pesos. La demanda suma a 786 asociados a la ANOP, que piden compensaciones del Estado.
Demanda contra el Estado
El 29 de mayo, la página oficial de ANOP dio cuenta de la demanda que interpuso la asociación, y sus asociados, la que fue acogida a tramitación en el 22° Juzgado Civil de Santiago. Allí se da cuenta de que el abogado en representación del sindicato es Ciro Colombara, profesional que defendió a Herman Chadwick en el caso Caval y durante un tiempo también defendió a Marco Enríquez-Ominami en el caso SQM.
El abogado del sindicato de los oficiales de Gendarmería es Ciro Colombara, quien defendió a Herman Chadwick en el caso Caval y a Marco Enríquez-Ominami en el caso SQM.
“Una demanda de nulidad de derecho público contra un Dictamen de la Contraloría es un camino complejo, pero es la única vía judicial para lograr que un Tribunal de Justicia se pronuncie -a través de un juicio de lato conocimiento- sobre una decisión del Órgano Contralor tomada en el año 2016, que ha perjudicado -y seguirá perjudicando- gravemente a centenares de oficiales de Gendarmería. En efecto, el Dictamen impugnado, al imponer un límite en la remuneración imponible de los funcionarios Gendarmería, ha puesto a dichos funcionarios públicos en una situación de desmedro en comparación con el resto de los cotizantes de Dipreca”, señaló Colombara en el comunicado publicado en mayo del año pasado en la web de ANOP.
El dictamen de Contraloría al que alude el abogado es el n° 42.701 de 2016, que definió un monto máximo de las pensiones de ex funcionarios de Contraloría, de 60 UF como máximo, argumentando que anteriormente Gendarmería, que también funciona en este beneficio con Dipreca, había calculado mal las pensiones, ya que usaban el criterio de jubilar con una pensión que promediaba los últimos salarios de los funcionarios, y con ese cálculo, se definiría el monto de la pensión.
El escándalo se desató tras una publicación que evidenció que la ex esposa del diputado Osvaldo Andrade (PS) tenía una pensión, desde 2015, de más de cinco millones de pesos, como ex funcionaria de Gendarmería. Luego de eso, una serie de ex oficiales y ex altos funcionarios de Gendarmería salieron a la palestra por millonarias pensiones, que habían obtenido, en muchos casos, a través de “maniobras fraudulentas”, según denunció el Consejo de Defensa del Estado en una ampliación de la querella por fraude al Fisco, en marzo de este año.
Tras este escándalo, Contraloría se refirió al tema a través del dictámen de 2016 y luego en posteriores dictámenes que lo complementaron. Pero diversas asociaciones de funcionarios alegaron al respecto y hasta llegaron a la Corte Suprema, reclamando un prejuicio en su contra, lo que finalmente la corte rechazó.
Sin embargo, en mayo del año pasado la ANOP decidió insistir, esta vez por el área civil. La demanda detalla lo que los oficiales describen como un prejuicio que han sufrido al tener un límite de monto en sus pensiones de 60 UF, que hoy es más de 1.800.000 pesos. Entre las compensaciones que solicitan, está el monto de 100 millones de pesos para cada asociado a la demanda, entre los que se encuentran varios integrantes del alto mando de Gendarmería, incluyendo al propio Christian Alveal. Alveal, quien actualmente tiene un salario que supera los 5 millones de pesos.
Alveal, entre 2013 y 2014, fue jefe de gabinete del coronel Marcos Fuentes, quien fue director de Gendarmería, y uno de los beneficiados con una pensión millonaria.
En la demanda, no sólo aparece el nombre de Christian Alveal, como asociado a la ANOP, y quien eventualmente, de ganar, podría recibir los 100 millones de pesos que se solicitan. También se adjunta un mandato judicial para el abogado Colombara y su equipo, donde también aparece el nombre y la firma de Alveal. El mandato, de 2019, Alveal lo firmó ya siendo Director Nacional de Gendarmería. Asimismo pasa también con la demanda presentada en mayo del año pasado.
Alveal, entre 2013 y 2014, fue jefe de gabinete del coronel Marcos Fuentes, quien fue director de Gendarmería, y uno de los beneficiados con una pensión millonaria. Por lo tanto, Alveal conoce el mecanismo de jubilación que utilizaron los ex gendarmes denunciados por el fisco, mecanismo que Contraloría dictó corregir.
Alveal también fue dirigente de ANOP, antes de ser director nacional de Gendarmería, asociación en la que se mantiene como socio, sindicalizado.
Consultado sobre esta demanda contra el Estado, a la que él se sumó, se le consultó al director de Gendarmería las razones de este apoyo y si continuaría sumándose a este procedimiento judicial, sin embargo, no se obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.
Las explicaciones de la ANOP
INTERFERENCIA se contactó con la ANOP sobre los motivos que los llevaron a demandar al Estado, como asociación que agrupa al alto mando y oficiales de Gendarmería.
"Esta no fue una demanda que interpusimos al azar, no es una señal de molestia y disconformidad, es el resultado de mucho trabajo de recopilación apoyado por distintos profesionales, abogados, peritos y hasta economistas. En definitiva, llegamos a la conclusión que tenemos la razón, porque el Contralor General de la República, en el ejercicio de sus funciones, tuvo una conducta negligente inexcusable y se excedió y creó un nuevo sistema previsional, que no está en armonía con las leyes que a nosotros nos rigen, por lo tanto interpretó a su antojo una norma que no nos rige", afirma el teniente coronel Andrés Muñoz, secretario nacional de ANOP.
Muñoz agrega que uno de los temas pendientes tras el dictámen de Contraloría es que no se ha resuelto el método de pago de montepíos de viudas de integrantes de Gendarmería, que fallecieran ejerciendo su trabajo, Hasta el momento, correría , en un caso así, el límite de 60 UF como montepío.
Consultado sobre la afiliación de Christian Alveal en la ANOP, Muñoz indicó que estas afiliaciones y desafiliaciones "corresponden a una decisión personal y es de caracter voluntario".
"Efectivamente nuestro director hasta el día de hoy mantiene su condición de socio, él fue presidente de ANOP hace unos años atrás, y hasta hoy no ha dejado de mantenerse como socio", agregó.
Añade que como asociación solicitaron que la demanda civil se mantuviera en "caracter de reserva" y que no fuese de acceso público los nombres de los asociados que se sumaron a la demanda.
"Su condición de socio en nada ha intervenido en su desempeño como director del servicio, es más, en más de una ocasión hemos tenido tremendas diferencias con el director, y las hemos representado de manera formal, es decir, la relación se da de manera similar como con otras asociaciones sindicales", consignó Muñoz.
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