En septiembre de 2025, se cumplirán doce años desde que la empresa Andes Iron, ligada a la familia Délano, ingresara al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el estudio técnico para llevar adelante el proyecto Dominga, que busca la extracción y exportación de hierro y cobre desde la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo.

Rechazado en tres ocasiones anteriormente, esta vez el Gobierno salió a defender el actuar del Comité de Ministros, que en enero de 2025 dio el último portazo al proyecto minero-portuario. 

La reacción del Ejecutivo surge luego de que el Primer Tribunal Ambiental (1TA) ordenara que la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emita una nueva resolución sobre el proyecto, en su calidad de secretaría técnica del Comité.

En su resolución dada a conocer ayer lunes, el tribunal consideró que los ministros se excedieron en su votación del pasado 8 de enero, toda vez que abordaron dos nuevas materias para sustentar su nuevo rechazo que no formaban parte del fallo original.

A través de una declaración pública, el ministro (s) de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, adelantó que el SEA apelará contra el fallo del 1TA, argumentando que el Comité de Ministros revisó su composición, sesionó y tomó una decisión ajustada a derecho.

A través de un video, Proaño sostuvo que “respecto a la resolución, como ministerio estamos analizando el contenido, pero desde ya hay elementos que llaman la atención”.

"Por ejemplo, que obliga a pronunciarse al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, que oficia de secretaría técnica de la instancia ministerial) para alterar una decisión del Comité de Ministros cuando no tiene las competencias para aquello”, sostuvo el secretario de Estado.

Desde la cartera adelantaron que “el SEA presentará en los próximos días un recurso de apelación contra esta resolución, argumentando que el Comité de Ministros revisó su composición, sesionó y tomó una decisión apegada a la ley y a la propia sentencia del Tribunal Ambiental”.

Por último, el subsecretario, advirtió que “usar las herramientas de defensa que nuestro sistema jurídico contempla es un derecho y vamos a ejercerlo”.

En contraparte, desde Andes Iron -compañía detrás de Dominga- expresaron a través de un comunicado que el fallo del tribunal “demuestra un actuar inédito y grave de parte del Comité de Ministros, al negarse a acatar fallos judiciales”.

“El Primer Tribunal Ambiental incluso, deja abierta la posibilidad de imponer medidas coercitivas si el Comité de Ministros persiste en incumplir la sentencia, conforme al artículo 240 del Código de Procedimiento Civil”, añadieron.

Desde la firma manifestaron que esperan que “se cumpla con lo instruido por la justicia ambiental y, finalmente, se reconozca que la discusión técnica sobre nuestro proyecto está concluida, ya que éste cumple cabalmente con la normativa medio ambiental”.

De esta forma, pidieron poner fin al “espiral interminable de resquicios para poner trabas ilegítimas a la puesta en marcha del Proyecto Dominga, situación que representa una mala práctica que desprestigia a nuestra institucionalidad y genera la postergación de inversiones sostenibles claves para la Región de Coquimbo”.

“El Proyecto Dominga ha recibido siempre pronunciamientos favorables en todas las instancias técnicas y judiciales”, aseveraron.

En esa línea, sostuvieron que “la justicia ambiental ha emitido cuatro fallos favorables, en los cuales se ha establecido que Dominga cumple cabalmente con la normativa ambiental y que los distintos Comités de Ministros que la han calificado de manera desfavorable han actuado de manera ilegal”.