Este sábado 27 de noviembre la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, creada especialmente para investigar sobre los altos precios en el gas licuado, en especial en los balones de gas, votó por aprobar su informe final que indica como causa de estas alzas una colusión por parte de las empresas privadas que venden este producto.

Tal como en algún momento en Chile hubo colusión en el precio del papel higiénico, la venta de pollos y los medicamentos en las cadenas de farmacias, esta vez el gas genera rabia e impotencia en los consumidores.

"Existen fundadas sospechas de colusión en el mercado del gas licuado porque en tres empresas distribuidoras finalmente se demostró que se han ido poniendo de acuerdo en el tiempo, en distintas momentos -sobretodo en invierno-, para encarecer los balones de gas", detalló el sábado el diputado Juan Luis Castro (PS), integrante de esta comisión, en referencia a Gasco, Abastible y Lipigas.

Las sospechas de la colusión vienen de antes. Ya desde el año pasado, ciudadanos habían advertido el alza sostenida de los balones de gas y era comentario habitual incluso en redes sociales. En octubre de este año, ya con la Comisión Investigadora en funcionamiento, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) había planteado que el mercado del gas no estaba funcionando adecuadamente, desde el punto de vista de la competencia, y recomendó que  Gasco, Abastible y Lipigas dejaran el rubro de las distribución del gas, para dar paso a distribuidores locales y nuevas empresas.

“Este estudio confirma que el mercado del gas no es suficientemente competitivo y nuestras recomendaciones buscan que esta situación cambie lo antes posible en beneficio de los consumidores, porque estamos convencidos de que los precios pueden ser significativamente menores a futuro si se ajusta la regulación”, afirmó en octubre Ricardo Riesco, fiscal nacional económico.

En octubre de este año, ya con la Comisión Investigadora en funcionamiento, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) había planteado que el mercado del gas no estaba funcionando adecuadamente, desde el punto de vista de la competencia, y recomendó que las empresas Gasco, Lipigas y Abastible dejaran el rubro de las distribución del gas.

La FNE también planteó que de aplicarse sus recomendaciones, el balón de gas podría bajar un 15%, mientras que el valor del gas pro Metrogas también podría bajar.

El informe de los diputados vino a ponerle nombre a este “funcionamiento inadecuado”, definiéndolo como una "colusión", delito que de todos modos ha de ser probado.

Enap mira de soslayo

Frente a este escenario, la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) -compañía estatal que produce gran parte de los cilindros y los vende a las empresas en cuestión a precios muy por debajo que el del consumidor final (incluso al doble)- ha tenido una voz pasiva y ha pasado casi inadvertida, a pesar de que podría ser parte de la solución a este problema.

“Conversamos sobre la Enap, aunque no se precisó el rol que pudieron tener, a pesar que siempre estuvieron disponibles. Pero no hubo una posición taxativa”, cuenta a INTERFERENCIA el diputado Juan Luis Castro, sobre el trabajo de la Comisión.

Como explica Nolberto Díaz, dirigente sindical de la Federación de trabajadores de Enap (Fenatrapech), hasta la década de los 90 Enap era la encargada de importar y distribuir entre un 80% a un 90% del gas licuado a nivel nacional. Pero con los años, los distintos gobiernos fueron poniendo restricciones al sistema de “envasado” del gas, cerrando centros de este tipo en el país y permitiendo más libertad para que las empresas privadas “envasaran” e importaran gas a Chile.

“Lo mínimo que debiese hacer Enap es replicar la planta envasadora que hoy tiene en San Fernando, en Valparaíso, Concón, Quintero y abrir la planta que tenía en Maipú. Eso va a permitir envasar gas a precio razonable y justo, y no lo que han inflado de forma artificial por parte de las empresas de gas”, explica Díaz.

“Acá lo que hubo, además de una colusión económica, fue una colusión política, empresarial, donde los gerentes de Enap pasaban después a gerencias en Gasco. Aquí somos claros en señalar nombres de esos gerentes, como Ricardo Cruzat, que de la Enap pasó a Gasco, también Julio Bertrand, Marc Llambías, Hernán Errázuriz y Mario Basualto, que pasó de Enap a Gasmar”, agregó Díaz a INTERFERENCIA.

Enap tampoco fue parte de la denuncia por colusión que investiga la Fiscalía Nacional Económica, a pesar de que es uno de los productores de gas- aunque no el único- para las empresas privadas.

Por su parte, Marcos Varas, dirigente sindical de Enap Refinerías Aconcagua y parte del directorio de la compañía, matizó la responsabilidad de la empresa estatal, apuntando a que en cuanto a los sobreprecios, la mayoría corresponden a costos logísticos de las empresas privadas que adquieren y distribuyen el producto. 

“Los que han investigado el tema de libre competencia habrían visto si desde Enap existiera un precio no justificado, pero el problema está en los costos extras. Se entiende que las compañías necesiten tener ganancias, pero sobre el 40% o el 60% es muy por encima de la paridad, del costo con el que llega a Quintero, por ejemplo”, dice. 

Asimismo, Varas argumenta que “creo que también ha existido un silencio por parte de las autoridades, el ministro de Energía [Juan Carlos Jobet] no se ha pronunciado con fuerza sobre este tema. Ellos prefieren no exponerse y no afectar a quienes pueden ser cercanos a ellos”. 

Alcaldes y un proyecto de ley

El viernes pasado más de 100 alcaldes del país se reunieron en torno al problema del alza de precios del gas. Con el objetivo de buscar generar “un precio justo” del gas, reunidos en Chiguayante, en la región del Bío Bío, llegaron a la conclusión de que buscarían un método para comprar gas a Enap y venderlo a los vecinos de sus comunas, muy al estilo de las farmacias populares que hicieron famoso al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).

“Acá lo que hubo, además de una colusión económica, fue una colusión política, empresarial, donde los gerentes de Enap pasaban después a gerencias en Gasco”, dijo el dirigente sindical de la Federación de trabajadores de Enap (Fenatrapech), Nolberto Díaz.

El alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, fue el impulsor de esta iniciativa, que sumó ya un centenar de alcaldes. Tras el encuentro, los municipios acordaron inscribirse en Enap como distribuidores minoristas de gas y poder así vender a precios más bajos el gas a sus respectivos vecinos.

En el mismo sentido de esta iniciativa hace una semana el diputado Juan Luis Castro y Gastón Saavedra (PS) presentaron un proyecto de ley para permitir a la misma Enap vender gas directamente a los consumidores, como distribuidor final del producto, lo que sumaría a la empresa estatal a la competencia.

“En estos 30 años la Enap fue empujada del mercado y esto entró a manejarlo tres empresas privadas”, comenta el dirigente sindical Nolberto Díaz.

Durante la jornada de ayer, la Contraloría General de la República contuvo las aspiraciones de los municipios que pretendían comenzar con la iniciativa de vender gas a precios rebajados a sus vecinos. Lo anterior, en respuesta a la presentación realizada por los municipios de Pelarco, Conchalí y Lo Prado, los cuales consultaron si, ante el alza en los precios, podían vender gas licuado a la población.

Frente a ello, la Contraloría señaló en su dictamen que “las municipalidades podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado las autoriza, lo que no ha tenido lugar en la especie”.

Así, “la venta de gas a sus vecinos sólo puede ser efectuada en la medida que el legislador lo autorice expresamente”. 

El ente contralor también explicó las diferencias entre la venta de gas licuado y el servicio de farmacia popular que un número importante de municipios mantiene: “cabe manifestar que la venta de gas por la que se consulta es una situación diversa de la analizada respecto de las farmacias comunales, las que se encuentran amparadas en las funciones de atención primaria de salud que el legislador radicó expresamente en las entidades edilicias”.

Ante esta respuesta, las autoridades municipales hicieron un llamado a los convencionales y parlamentarios a modificar la legislación para poder concretar la iniciativa.