El asesinato de la sargento segundo de Carabineros, Rita Olivares, perpetrado la madrugada de este domingo 26 de marzo en Quilpué, mientras acudía al llamado de un asalto, sumado a la muerte del cabo primero, Alex Salazar, luego de ser atropellado durante un operativo en Concepción hace dos semana atrás, movilizó a una clase política que en materia de seguridad parecía no ceder terreno desde sus trincheras. 

Un primer punto lo sentó el propio general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien tras la muerte del carabinero Salazar declaró: “Hago una invitación a todos los parlamentarios por todas las indicaciones, por todos los proyectos de ley que se han mandado al Congreso para que por una vez por todas esta ley salga a la luz, donde el rayado de cancha esté claro, donde los carabineros no tengan que dudar, donde no tengan miedo a tener que enfrentar la delincuencia”. 

Las palabras de Yáñez fueron interpretadas en ese entonces como un emplazamiento al Congreso. Además, el alto oficial señaló que para que los carabineros trabajaran con tranquilidad debían “tener la certeza que lo que va a hacer no será cuestionado ni por el Ministerio Público ni por las autoridades ni por nadie”. 

Las palabras de Yáñez fueron interpretadas en ese entonces como un emplazamiento al Congreso.

Las declaraciones de Yánez motivaron que la ministra del Interior, Carolina Tohá, lo citara a La Moneda, en algo que se interpretó como un sobregiro de las atribuciones del jefe policial. Tras la reunión, la secretaria de Estado aclaró que le había solicitado comunicarse por los canales formales, además de despejar dudas sobre el apoyo del Gobierno a la institución policial.

Once días después de la muerte de Salazar y en el contexto del asesinato de la carabinera Olivares, Yañez afirmó que: “Tenemos absolutamente el respaldo del Gobierno”, y agregó que “nunca habíamos tenido tanta compra de equipamiento y materiales para poder ejercer nuestra labor policial”.  De hecho, el presidente Gabriel Boric (CS) aumentó en un 4,4% el presupuesto en seguridad para el año 2023.

Las declaraciones de Yañez, en cierto sentido, avivaron directamente las críticas que desde la oposición se han levantado en contra de la administración Boric y su gestión en materia de seguridad, lo que está cruzado por el relato de que quienes hoy están en La Moneda, tenían una postura diferente a su paso por el Congreso. Algo que la oposición no ha dudado en utilizar frecuentemente para expresar contradicciones del oficialismo. 

En esa línea, no pasaron inadvertidas las declaraciones del presidente Boric, quien desde La Moneda afirmó que: "Personalmente estaré acompañando a carabineros en procedimientos operativos para que quede claro el apoyo que existe". 

Con todo, el asesinato de Olivares fue el catalizador para que la clase política copara por completo la agenda de seguridad, con lo que la derecha política se sobaba las manos.

La primera señal fue por parte de la Cámara de Diputados, luego de que su presidente, Vlado Mirosevic (PL), indicara la suspensión de la semana distrital -que comenzaba este lunes- para realizar sesiones extraordinarias con foco en Seguridad y discutir inmediatamente, esta semana, las leyes anti secuestros, anti armas, reforma de Gendarmería, anti sicariato, iniciativa de control migratorio, Ley Naín y Ley sargento Retamal. 

Con todo, el asesinato de Olivares fue el catalizador para que la clase política copara por completo la agenda de seguridad, con lo que la derecha política se sobaba las manos.

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), informó cambios en la agenda legislativa del gobierno con 16 urgencias entre las que detalló la ley que moderniza el sistema de inteligencia del Estado, la ley marco de ciberseguridad, la ley que agrava el secuestro, la ley que sanciona la conspiración con el sicariato, la ley que crea el delito de extorsión, el proyecto para reforzar las competencias de Gendarmería, porte de armas en lugares públicos y la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, la que llamó “la madre de todas las batallas”. 

“Además, ya logramos despachar del Congreso Nacional la ley contra el crimen organizado y el delito de narcotráfico [...] si queremos desbaratar las bandas de crimen organizado y las bandas de narcotráfico, necesitamos dar con el paradero del patrimonio de ellos y es importante como herramienta para eso el levantamiento del secreto bancario”, señaló Vallejo. Una medida que es resistida por los sectores de derecha, pues afecta el secreto bancario. 

En paralelo, tras una reunión que sostuvo con Tohá, el actual presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), dijo que “tenemos que hacer un esfuerzo especial, un esfuerzo con plazos, condiciones y con capacidad de que el Estado tenga herramientas para recuperar esa seguridad perdida. Por eso nos hemos reunido con el presidente de la Cámara de Diputados, con la ministra del Interior, ministra Segpres [Secretaría General de la Presidencia] y el ministro de Justicia, justamente para darle curso a este fast track legislativo, donde en un periodo de 90 días, podemos hacer avances decisivos”.

Por su parte, la ministra del Interior señaló sobre la agenda y los plazos que "queremos proponer es que nos pongamos una meta de un conjunto de proyectos que podamos despachar en un plazo de 60, 90 días. Proyectos sustantivos, donde combinemos las urgencias del Ejecutivo con las sesiones del parlamento y, de esa manera, saquemos las leyes más rápido y bien".

Fuera del terreno político, la tarde de este lunes, se sumó un tercer detenido como presunto responsable del asesinato de Olivares: Luis Martínez, quien según publicó Ex-Ante, pertenece a los 1.700 indultados por el ex presidente Sebastián Piñera, que en el contexto de la pandemia por Covid-19 otorgó dicho beneficio a diversos grupos que cumplieran con determinados requisitos. En el caso de Martínez, haber cumplido 2/3 de su pena para abril de 2020. 

La tarde de este lunes se sumó un tercer detenido como presunto responsable del asesinato de Olivares: Luis Martinez, quien pertenece a los 1.700 indultados por el ex presidente Piñera.

Antecedentes que contrastan con un relato que desde finales de diciembre la oposición ha utilizado para criticar al gobierno por los indultos otorgados por Boric, los que en su momento debido a desprolijidades en el proceso, tomaron como responsables políticos a la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos (CS) y al ex jefe de gabinete de Boric, Matías Meza-Lopehandía (CS). Además de una crisis que se perpetuó intermitentemente por cerca de tres meses y que ‘finalizó’ hace tan solo días el Tribunal Constitucional votara que el Presidente actuó dentro del marco constitucional de sus atribuciones. 

Pese a la voluntad transversal de discutir las urgencias en materia de seguridad, probablemente uno de los puntos que mayor debate generará serán las atribuciones de Carabineros dispuestas en el proyecto de ley de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), pues entre el oficialismo y la oposición es una de las materias donde más diferencias tienen. 

Eso, pues la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados, encabezada por Jorge Alessandri (UDI), decidió fusionar los proyectos de Ley Retamal, que permite el porte de armas automáticas y dispositivos de electroshock, con la Ley Naín, que endurece penas por delitos cometidos en contra de las policías y Gendarmería.