“Daniel y Luis decían: Flaca, tranquila, si aquí está metido todo Chile, no nos va a pasar nada”.
— María Leonarda Villalobos, declaración ante la Fiscalía, marzo de 2026
[Este capítulo integra declaraciones judiciales de María Leonarda Villalobos ante la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente en marzo de 2026, entrevistas directas de esta autora con Villalobos en 2025, y material de la carpeta investigativa del caso Factop-Audios. Los perfiles de los socios y el ecosistema financiero se construyeron con documentos societarios públicos, actas de directorio, resoluciones de la CMF y declaraciones de imputados ante la Fiscalía. Las declaraciones de Villalobos sobre el funcionamiento interno de Factop, la relación entre los socios y la red de empresas vinculadas que no han sido verificadas de manera independiente están indicadas como tales en el texto]
Hay una forma de reclutar a alguien para que haga cosas que jamás haría por iniciativa propia. No es mediante la violencia. Tampoco bajo amenaza. Es un asunto de paciencia para construir, durante meses y años de gestos pequeños, una deuda que la otra persona ni siquiera sabe que está contrayendo.
Alberto Sauer era muy cariñoso. Muy preocupado por la salud de los demás. Decía haber sido amigo del padre de Leonarda Villalobos —su madre desmiente esa amistad, pero eso lo supo ella mucho después. A Leonarda la llama Negrita, con la familiaridad de quien ya sabe que van a confiar ciegamente en él. Ella reconoció ante la Fiscalía que lo que Alberto ejercía sobre ella era comparable con el reflejo condicionado del perro de Pavlov: Alberto hacía sonar la campanilla y el perrito salía a comer. Ese era aquel supuestamente sincero cariño paternal.
El viernes 23 de marzo de 2023, Alberto Sauer la llamó a las cinco de la tarde. “Negrita, necesito que vayas a una reunión con Hermosilla”. Y ella fue, por supuesto. Respondía al llamado sin pensar, sin hacerse la pregunta que debía hacerse: “¿cómo llegué hasta aquí?”. La verdad es que ya estaba demasiado involucrada, muy en el interior del oscuro edificio que se alzaba en torno a ella. No tenía cómo echar pie atrás.
“¿Cómo llegué hasta aquí?”. Esa pregunta recorre este capítulo. Y la respuesta, que emerge de horas de conversación de esta fuente con la autora de este libro, no es la de una criminal que planificó su entrada al ecosistema de modo voluntario. Es la de alguien que fue siendo reclutada, capa por capa, por una red que nunca presentó su verdadera naturaleza, que nunca le mostró la cara de una sola vez.
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La amistad con un hombre que decía haber conocido a su padre. Primero un cliente. Luego una reunión. Y después, una llamada un viernes a las cinco de la tarde.
Así funciona el ecosistema cuando opera en su modo más eficiente: no con conspiraciones, sino con afectos calculados. Con lealtades que se construyen lentamente y se cobran de golpe.
El capítulo anterior trazó el mapa del sistema. Este capítulo es el de las personas que lo habitaron. No sobre sus papeles formales —esos están en el expediente—, sino acerca de la textura humana que explica cómo cada quien llegó a estar donde estaba, y por qué siguió ahí.
Alberto, Ariel y Daniel Sauer son tres capas de una misma estructura de poder familiar. Cada uno con un rol distinto, cada uno actuando con una precisión calculada.
Alberto era el afecto. El padre que construyó en un círculo muy selecto, un espacio de confianza durante años, a través de gestos calculados de cariño, y que cobraba cuando lo necesitaba. Sostenía una relación de décadas con un tal Munir Hazbún, de quien hablaremos en un momento. Alberto era el arquitecto, pero su ambición y descuido provocó lo que vino después. Tuvo arresto domiciliario. La investigación sigue abierta.
Ariel era el hombre responsable, correcto. Hoy, esa personalidad se lee de otra manera: como la frialdad de quien sabe que el mecanismo está suficientemente aceitado como para que las preguntas molestas no lleguen a incomodarlo. Era el presidente del directorio de STF Capital. Era la figura que debía reportar a la CMF los detalles de las operaciones y de índices que nadie enviaba. Cuando finalmente una auditora externa le puso ante las narices los correos electrónicos que durante meses le enviara Luis Flores por parte la CMF, él respondió con soltura: “Yo no me meto en asuntos de la corredora”.
Daniel era el gestor. El que ponía la cara. El que se sentaba a hablar de las consecuencias, y quien aparece en el propio audio grabado por Leonarda, diciendo: “tengo la máquina para financiar a todos mis clientes y la tengo con medio Chile”. La Fiscalía pide una condena de veinte años de presidio. Es la más alta de todos los acusados en el caso.
Lo que no aparece en ningún expediente, pero que está en la textura de esta historia, es lo que unía a Daniel Sauer con Rodrigo Topelberg. Cuarenta años de amistad. Compañeros del Instituto Hebreo desde niños. Una relación que quienes la conocieron de cerca describen con una frase que lo dice todo: “todo el mundo pensaba que eran pareja”. Cuando Daniel tuvo cáncer, siendo muy joven, quien estuvo a su lado durante un año fue Rodrigo. No su hermano Ariel, a quien encontraba “huevón”, y lo decía siempre a viva voz.
No es un dato menor. Es la clave de por qué la fractura entre Ariel y Rodrigo —no entre Daniel y Rodrigo, como ya se explicó— fue la que desató el colapso. Y por qué Daniel y Rodrigo, incluso cuando el edificio se derrumbó, nunca se quebraron del todo.
Topelberg es el personaje más incómodo del ecosistema, precisamente porque su posición hace incoherente cualquier narrativa simple. Era socio principal de Factop, con cuarenta años de historia compartida con los Sauer. Era quien se negó a inyectar más liquidez cuando Ariel se lo pidió —ahí se produjo el quiebre real—. Y era quien, en noviembre de 2023, envió el audio a la prensa y a la Fiscalía, aunque versiones creíbles señalan que sólo aprobó su envío y que no fue él quien lo hizo directamente.
Hay que decir que no actuó por un súbito ataque de culpa, de arrepentimiento. Lo hizo porque en esa geometría específica de responsabilidades y negociaciones, iniciar el incendio desde afuera le convenía más que quedarse adentro del edificio en llamas.
Y funcionó. Topelberg pagó por adelantado su libertad, y está a pasos de conseguirla. Porque ese es otro vicio del sistema judicial: si pagas parte de lo defraudado, no pagas penas completas. Mientras otros imputados enfrentan embargos y pérdidas documentadas, él logró, mediante un proceso civil, demandar por intermedio de su sociedad Tanuka a los hermanos Jalaff por más de diez mil cuatrocientos millones de pesos en daños. El abogado Sebastián Oddó —vinculado al Grupo Patio según el propio Topelberg en declaración judicial—, en medio del proceso, articuló la cesión de sus derechos litigiosos a cambio de tres mil novecientos millones de pesos pagados en efectivo.
¿Demasiadas coincidencias?
Munir Nagib Hazbún Rezuc -quien señala ser casi un hijo para Alberto Sauer-, es un empresario de origen palestino que construyó un imperio en negocios de educación privada e inversión inmobiliaria. Es, además la pareja de Natalia Compagnon, la exnuera de Michelle Bachelet y protagonista del Caso Caval. Ese solo hecho contiene suficientes conexiones como para entender por qué su nombre aparece veintisiete veces en el audio del 22 de junio de 2023.
Munir Hazbún es dueño de la Universidad Bolivariana, Alma Mater de Leonarda Villalobos. Fue socio de Alberto Sauer en los colegios Wessex de Concepción y Chillán. Fue representado por Hermosilla en una causa de espionaje que su exesposa interpuso en su contra —el abogado penalista más caro de Santiago, contratado para defender a su cliente de una querella por instalar micrófonos en el auto de lujo marca Maserati de su exmujer. Hazbún fue cliente de Factop, principalmente a través de las sociedades Pictor y Canopus, que, según sostiene Daniel Sauer en el audio, “no aparecen con él de dueño: son de otras personas, son sociedades que nos dio donde se las podía hacer (sic)”.
Luis Hermosilla fue también quien logró, en representación la empresa Syner, estrechamente vinculada a Hazbún, que ésta se adjudicara una licitación de Enel. El presidente de Enel Chile en ese período era Hermann Chadwick, hermano del exministro del Interior Andrés Chadwick, a quien Hermosilla transfirió doscientos veintiséis millones de pesos. El círculo se cierra solo, sin que nadie tenga que forzarlo.
Hazbún ha declarado ante la Fiscalía como imputado por presunto soborno. Pero su nombre no está en la acusación de enero de 2026.
Álvaro y Antonio Jalaff fundaron Grupo Patio en 2004. Dos décadas después, administraban 158 activos inmobiliarios y más de un millón cuatrocientos mil metros cuadrados construidos. Por cualquier métrica con la que se le quiera medir, se trata de uno de los grupos de inversión más importantes de Chile y de América Latina.
Hay un dato que el debate público tendió a confundir: el Fondo Capital Estructurado I —que en los pasillos de la CMF llamaban informalmente “fondo Corneta”—, fue constituido para administrar las deudas de Antonio Jalaff, no las de Álvaro, el hermano menor. Las deudas que originaron ese fondo alcanzaban las setecientas mil UF, cerca de veintiocho mil millones de pesos.
Antonio Jalaff no pasó ni un solo día en prisión preventiva, pese a ser el beneficiario único de esa operación. La Fiscalía solicitó medidas cautelares para ambos hermanos; las resoluciones fueron distintas. Antonio logró evitar la más gravosa.
Daniel Sauer actuaba como palo blanco de Álvaro Jalaff en la propiedad de STF Capital: recibía la plata de Jalaff, la invertía a nombre de Inversiones DAS, y le pagaba las utilidades. No era una relación de iguales, sino una dependencia financiera que había crecido hasta el punto en que el derrumbe de uno significaba la caída del otro.
La defensa de los Jalaff sostiene que ellos son las víctimas, perjudicados en más de dieciocho mil millones de pesos. La Fiscalía los acusa de lavado de activos, estafa y administración desleal. Antonio Jalaff, a su vez, acusa de estafa a los compradores de sus acciones, particularmente a un tío político suyo, del que ya hablaremos en extenso, por lo que pidió pericias e investigaciones específicas a la Fiscalía, las que fueron desestimadas, aunque en realidad sí eran pertinentes. Finalmente, los Jalaff no perseveraron en la querella y terminaron descartándola.
LarraínVial es una de las corredoras de bolsa más antiguas y prestigiosas de Chile. Su nombre es garantía de legitimidad, y aquella era su función, precisamente legitimar al ecosistema del fraude. Para estos efectos, creo el Fondo Capital Estructurado I para administrar las deudas de Antonio Jalaff, pero no pudo –o no quiso- detectar que buena parte de las garantías que respaldaban ese fondo eran instrumentos vinculados al ecosistema Factop. La Fiscalía formalizó en enero de 2025 a ocho ejecutivos de la firma, entre ellos al director de finanzas corporativas Felipe Porzio, al exgerente general Claudio Yáñez y al socio Manuel Bulnes. A pesar de ello, la firma sostiene que actuó de buena fe en todas sus operaciones.
Lo que el caso LarraínVial agrega a la narrativa mayor es que, cuando el dinero llega a ese nivel de la cadena, ya no parece sucio. Tiene el nombre de un fondo. Tiene gestores con título universitario. Tiene informes de riesgo y actas de directorio. Y eso, dentro del ecosistema, no es un accidente. Es el punto. Porque la legitimidad no es sólo una consecuencia del prestigio, es su producto más rentable.
Tranquila, flaca
Hay una capa del ecosistema que el expediente judicial muestra solo de manera fragmentaria: la red de estudios jurídicos que representa a los distintos imputados en el caso Factop-Audio, que suman ya más de treinta y cinco. Se trata de una red en la que participan más de diez estudios de abogados. No es un detalle logístico. Es una descripción de cómo el sistema corrupto se defiende a sí mismo.
Villalobos me lo dice directamente durante una de nuestras conversaciones: “Daniel y Luis decían: Flaca, tranquila, si aquí está metido todo Chile no nos va a pasar nada.” Lo que esa frase significaba era exactamente esto: que la red de protección no se extiende sólo sobre los imputados, sino que además se extiende a quienes los defienden, y a quienes defienden a quienes los defienden.
Un dato concreto ilustra la densidad de esos cruces. El fiscal Felipe Sepúlveda —Jefe de la Fiscalía de Las Condes y uno de los cuatro fiscales a cargo del megacaso, la persona que el 13 de noviembre de 2023 recibió en su WhatsApp el audio que detonaría todo— inició su carrera profesional en el estudio Grasty Quintana Majlis.
En sus declaraciones del 18 y 23 de marzo de 2026, ante los fiscales Orellana y Araya —ocho horas duró la primera declaración, seis la segunda—, Villalobos presentó una arquitectura mucho más densa de lo que la acusación formal de enero de 2026 alcanza a cubrir. Señaló que, durante una reunión en la que se le recordó que debía limitarse “a hacer gestiones menores y puntuales ante el Servicio (de Impuestos Internos)”, se le entregaron los nombres de funcionarios de aquel Servicio a quienes apelar para controlar eventuales problemas. Aparecieron así actores cuya conducta cualquier Fiscalía habría investigado: Bernardo Lara, Ricardo Escobar, Marcelo Freyhoffer y Carolina Saravia. También se sumó a Carlos Pavez, director de la Unidad de Análisis Financiero, al que Calderón conocía desde la época de Julio Ponce Lerou, cuando Pavez era jefe de la Superintendencia de Valores y Seguros. Por el cargo ostentaban, Villalobos conocía a Lara y a Escobar, pero del resto no sabía nada.
Cuando en agosto de 2025 se llevaron a cabo las diligencias correspondientes, el SII negó todas estas acusaciones. Desde esa oficina señalaron que Freyhoffer y Saravia efectivamente habían realizado consultas internas, pero que éstas se enmarcaban en lo correspondiente a sus funciones legítimas y que, además, dichas consultas se habían hecho con posterioridad al estallido público del caso. Por su parte, la Unidad de Análisis Financiero no ha emitido declaraciones respecto de las responsabilidades que en el caso pudieran caber a Pavez.
La presencia (o ausencia del SII) aparece en otros pasajes de este entramado. De hecho, en la carpeta investigativa, en sus rincones más ocultos, se encuentra un diálogo por Wathsapp entre Marcelo Medina del Gatto —asesor contable de los Jalaff, condenado en agosto de 2025 a cinco años de libertad vigilada en procedimiento abreviado— y Francisco Feres Nazarala, descrito como operador político, socio de empresas domiciliadas en Antofagasta. El diálogo insinúa la coordinación de pagos por quince millones de pesos a funcionarios del SII a cambio de favores a las empresas de Feres, lo cual jamás se investigó.
La autora de este libro no puede verificar de manera independiente el contenido específico de esos mensajes. Lo que sí puede constatar es que Medina fue efectivamente condenado y que Feres aparece en el audio del 22 de junio de 2023. Si acaso esa línea de investigación será perseguida, es una pregunta que la Fiscalía deberá responder.
Cuando se dibuja el mapa completo —no el de diez imputados formales, sino el de todas las personas que aparecen en los audios, en los chats, en las declaraciones—, lo primero que llama la atención no es la dimensión del fraude. Es la densidad de las conexiones.
Hermosilla conocía a Hazbún porque se lo presentó Alberto Sauer poco tiempo después de ser querellado por su ex mujer -por los micrófonos en el Maserati. Hermosilla recomendó a Hazbún al Grupo Patio. Calderón medió en Cascadas, en Penta y en Factop. Su hija reorganizó las sociedades de los Jalaff. Manuel Guerra manejó Penta mientras pasaba información a Hermosilla. Andrés Chadwick recibió doscientos veintiséis millones de pesos de parte del abogado que también representaba al hermano del presidente de Enel, quien era socio de negocios del empresario que era pareja de la ex nuera de la presidenta.
Esta no es una cadena de causalidades. Es una red de acciones y vinculaciones criminales. Y las redes no tienen un centro desde el cual se controlan: se activan cuando se necesitan y duermen cuando no. Eso las hace más resistentes que cualquier organización jerárquica. Eso también las hace casi invisibles, hasta que alguien graba una reunión y otro la difunde.
Lo que los audios y las declaraciones agregan al cuadro público no es técnico. Es la textura humana de cómo opera la red: no a través de órdenes y jerarquías, sino por intermedio de afectos fríamente calculados. De lealtades que se construyen lentamente y se cobran de golpe. De personas que un día se encuentran haciendo algo que nunca planearon hacer y que ya no pueden dejar de hacerlo porque están demasiado involucradas.
Esa textura no es disculpa. Es explicación.
Y la diferencia importa, porque sin ella resulta imposible entender por qué una abogada fue un viernes a una reunión a la que no debería haber asistido. Por qué Ariel Sauer era presidente de una corredora de bolsa sin querer saber qué reportes debía enviar al regulador. Por qué nadie hizo nunca las preguntas que debían hacerse.
La respuesta es siempre la misma.
Dentro del ecosistema, las preguntas incómodas no tienen precio.
La impunidad, sí.
Habrán notado que en este capítulo Leonarda Villalobos aparece como fuente, como testigo, como pieza del ecosistema. Pero no como protagonista. No todavía. Es que ella merecía un capítulo propio. Y lo tiene.
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