El 20 de junio de 2015 se casaron el carabinero Claudio Crespo y Giovanna Cúneo, dueña -junto a su madre y su hermana- de la empresa de limpieza Servicios Generales Fullclean S.A.
Diez días después del matrimonio, el 1 de julio de 2015, llegó una orden de compra para la empresa de Cúneo, emitida por la institución a la que pertenecía su marido: por $2.840.628 pesos, Carabineros contrató a la empresa de la esposa de uno de sus funcionarios para la limpieza de la Academia de Ciencias Policiales.
No era el primer negocio celebrado entre la institución policial y la empresa de la pareja de Crespo, la que se adjudicó cuatro licitaciones y un trato directo con Carabineros entre 2011 y junio de 2015. Sí era el primero desde que se casaron. Le seguirían otras 19 órdenes de compra pagadas por Carabineros entre 2015 y 2017, año de la última licitación adjudicada a la empresa de Cúneo antes de que Crespo fuera dado de baja en junio de 2020.
El monto total recibido por Fullclean S.A. desde 2015 a 2017 asciende a más de $3.600 millones de pesos, con una licitación de $2.125.725.648 pesos para la limpieza y aseo del Hospital de Carabineros y otras dependencias anexas, y un trato directo por $881.999.998 pesos para el mismo servicio.
Claudio Crespo fue expulsado de Carabineros en el marco de la investigación por lesiones causadas a Gustavo Gatica, cegado de un disparo de escopeta durante el estallido social, luego de cometer “grave incumplimiento de los protocolos” al descargar en su computador personal el contenido de su cámara corporal de servicio. Un mes después, el Ministerio Público lo acusó como el autor del escopetazo que cegó a Gatica el 2019, en un caso que continúa aún en etapa de investigación pero cercano a su cierre.
Por esa causa, Crespo estuvo en prisión preventiva entre el 21 de agosto de 2020 y el 12 de octubre de 2021, intertanto en el que Fullclean, como reveló Interferencia la semana pasada, se adjudicó una licitación con Carabineros por $6,5 mil millones de pesos. (Revise acá el reportaje al respecto).
El monto total recibido por Fullclean S.A. desde 2015 a 2017 asciende a más de $3.600 millones de pesos, con una licitación de $2.125.725.648 pesos para la limpieza y aseo del Hospital de Carabineros y otras dependencias anexas, y un trato directo por $881.999.998 pesos para el mismo servicio.
El resto de las licitaciones adjudicadas en ese período con Carabineros de Chile también comprenden servicios de aseo y limpieza en distintas instalaciones de la institución, como la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros (Acipol), el Consultorio de la Prefectura Santiago Sur, y la Escuela de Carabineros, entre otras.
Posible conflicto de interés
La Ley N° 19.886 sobre compras públicas dice que “Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575 (cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive)”. La misma ley plantea que todos los contratos celebrados con infracción respecto a lo anterior “serán nulos y los funcionarios que hayan participado en su celebración incurrirán en la contravención al principio de probidad administrativa”.
En opinión del presidente del Consejo para la Transparencia, hay un conflicto de interés evidente que se debería evitar, cumpliendo más allá de la ley. “Cuando se pertenece a una organización o institución, tienes amigos, perteneces como a una familia".
En la misma línea, al consultar a Carabineros por las licitaciones de Fullclean, respondieron que “estos procesos licitatorios fueron ejecutados conforme lo establece la normativa legal y reglamentaria que regulan la adquisición de bienes y servicios para los órganos del Estado”, además de asegurar que “Los procesos se realizaron con plena observancia a lo señalado en el art. 4 de la Ley N° 19.886, que refiere a las inhabilidades para contratar con la administración y con estricta sujeción al contenido y reglas que establecían las bases de licitación, las cuales fueron tomadas de razón por la Contraloría General de la República”.
Interferencia contactó a la Contraloría General de la República para consultar sobre posible conflicto de interés detrás de las licitaciones adjudicadas a la esposa de Crespo, sin embargo, no hubo respuesta por parte de la institución.
Francisco Leturia, abogado, académico de la Universidad Católica y presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), reflexiona más allá de lo que establece la ley, distinguiendo entre lo que dice la regulación y el sentido común o la ética.
Para Leturia, lo más importante es que si hubiera conflicto de interés, la sanción sería administrativa y con una eventual nulidad del contrato, mediante un juicio de largo aliento. “Estas situaciones tendrían que tener un manejo mucho más estricto, porque sino se pierde el respeto a las normas y se hacen cosas que el sentido común dice que no hay que hacer, causando un malestar social cuando se conocen”, dice el abogado.
En opinión del presidente del CPLT, hay un conflicto de interés evidente que se debería evitar, cumpliendo más allá de la ley. “Cuando se pertenece a una organización o institución, tienes amigos, perteneces como a una familia. Si uno tuviera que corregir la ley habría que ampliar muchísimo más el rango de las incompatibilidades y subir los estándares. Encuentro que la ley es del todo insuficiente y tienen un estándar muy bajo que permite que legalmente esto parezca como que no tiene una incompatibilidad lejana”.
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A continuación, revise la cobertura de Interferencia del caso Gatica y el accionar de Crespo durante su carrera.
- Caso Gustavo Gatica: Fiscalía investiga a uniformado que sumario de Carabineros ocultó
- Los tropiezos del subdirector de Carabineros ante diputados por rol de G-3 en caso Gatica
- A un año del disparo a Gatica: las otras víctimas del Fuerza Especial Claudio Crespo, G-3
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la corrupcion en Chile, es
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