Con el fin de las comisiones temáticas, se acabó el trabajo de la Convención para ingresar artículos a la nueva constitución. En siete meses de votaciones la derecha, que ocupó 37 escaños, rechazó y se abstuvo de gran parte de los artículos presentados, incluso en aquellos que prometieron defender en sus programas políticos.
Uno de los más relevantes y que más revuelo mediático causó fue el derecho a la propiedad. El 31 de marzo se votó un inciso clave para establecer este derecho en el borrador de nueva constitución. La norma, que fue aprobada por 107 votos a favor, incluso tenía una redacción similar a la de la Constitución de 1980: “Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador”.
En contraste, en el artículo 19 de la Constitución del 80, que define el derecho de propiedad, inscribe el siguiente texto: “Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad (...), sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador”.
A pesar de la mantención de este derecho personal y deber estatal, los convencionales de derecha votaron en contra de su entrada en la nueva constitución. Desde Vamos por Chile -colectivo que agrupa a independientes, RN, Evópoli, UDI y pro Republicanos- rechazaron el artículo. Entre ellos estuvieron el hijo del ex ministro de Justicia, Hernán Larraín, el hijo del ex senador, Manuel José Ossandón, y el ingeniero comercial Bernardo Fontaine.
En ese mismo artículo, se abstuvieron en la norma que establecía el pago previo y la facultad de la persona expropiada para reclamar por la legalidad de la expropiación y el monto y la modalidad de pago. Esto en momentos que, si se rechazaba el artículo, quedaba totalmente fuera del borrador de la nueva constitución.
Por su parte, entre Chile Unido y Chile Libre, colectivos más pequeños dentro de la derecha, se abstuvieron. La convencional Rocío Cantuarias acusó que: “Para asegurar la propiedad de todos los chilenos nosotros propusimos que el Estado se obligara, en caso de que fuera a expropiarlo, su casa o un terreno, a pagar el valor que realmente tuviera, a pagárselo en efectivo y anticipadamente”.
Sin embargo, sus camaradas igualmente opusieron a la norma que establecía que “el propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado”, acusando que la denominación de “precio justo” no era jurídicamente correcta, pues podía malinterpretarse. Esto, a pesar de que la Constitución del 80 determina que el precio de la expropiación “será determinado provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley”.
En ese mismo artículo, se abstuvieron en la norma que establecía el pago previo y la facultad de la persona expropiada para reclamar por la legalidad de la expropiación y el monto y la modalidad de pago. Esto en momentos que, si se rechazaba el artículo, quedaba totalmente fuera del borrador de la nueva constitución.
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En contra del Estado único e indivisible
En la primera presentación ante el Pleno de la Comisión de Forma de Estado se aprobó el artículo uno del informe, el que establecía que en la nueva constitución Chile será un “Estado Regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado".
Esta última frase, la preservación de la unidad e integridad del Estado, se refrendó con un artículo clave para las pretensiones de la derecha en la Convención, la conservación de la unidad de la nación. El artículo fue aprobado por 120 votos a favor, entre ellos parte de los convencionales de derecha, y estableció que “Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible”.
Los votos en contra, nuevamente, vinieron del ala más dura de la derecha en la Convención, entre ellos el ex almirante Jorge Arancibia, Rocío Cantuarias, Teresa Marinovic y Constanza Hube.
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En esta línea, otra demanda respecto a los aspectos simbólicos del Estado era la mantención de los emblemas patrios, temática que durante la campaña para elección de convencionales desató una ola de noticias falsas levantadas a partir de la franja de la UDI y Ena Von Baer.
Esto no se detuvo con el inicio de la Convención, cuando la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, reactivó la campaña de desinformación sobre el fin de los emblemas patrios con un tuit en que acusaba a la machi Francisca Linconao, convencional por el pueblo Mapuche, de querer cambiar la bandera el himno y la cueca.
Al respecto, Paulina Veloso (RN) insertó una indicación para agregar el siguiente artículo al informe de Forma de Estado: “Son emblemas nacionales de Chile la bandera, el escudo y el himno nacional”.
Al respecto, Paulina Veloso (RN) insertó una indicación para agregar el siguiente artículo al informe de Forma de Estado: “Son emblemas nacionales de Chile la bandera, el escudo y el himno nacional”.
La indicación fue deliberada en el Pleno y pasó al borrador de la nueva constitución. Y, si bien fue aprobado por 117 votos a favor, hubo 22 en contra, entre ellos Teresa Marinovic y Rocío Cantuarias, además hubo 10 abstenciones, en que destacó Katherine Montealegre (UDI).
Esta votación es irrisoria pues, el 22 de diciembre del año pasado, Marinovic, Cantuarias y los convencionales de Vamos por Chile presentaron una propuesta de norma para ratificar los emblemas patrios, así como lo hace el artículo dos de la Constitución de 1980. En el texto de presentación argumentaron que: “Estos emblemas representan e identifican a la nación chilena (...). La futura Constitución debe plasmar los valores permanentes de la chilenidad, como alegoría de unidad de toda la nación en torno a símbolos que fortalecerán y destacarán el imperio de los valores nacionales, y permitirán preservar la identidad histórico-cultural de la Patria”.
Sin embargo, luego de rechazar la indicación que consagrara esta propuesta, Marinovic tuvo que excusarse por Twitter, acusando que dentro de la misma indicación se reconocían los emblemas de los pueblos indígenas.
En contra del Banco Central autónomo
Uno de los órganos estatales que sobrevivió con sus funciones y atributos casi íntegramente en la nueva constitución fue el Banco Central. Durante la presentación de Iniciativas Populares de Norma, una de las que entró, con 37 mil firmas, a la deliberación constituyente fue la autonomía de esta institución.
De esta forma, la Comisión de Sistemas de Justicia consignó al Banco Central como “un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, encargado de formular y conducir la política monetaria”. Texto similar al redactado en la Constitución del 80, que utiliza los mismos adjetivos en su norma: “un organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico”.
Al respecto, Fontaine comentó en diciembre del 2021 a Radio Pauta que sostener este atributo del Banco Central era muy importante "porque es un avance institucional que ha cuidado que la inflación no se coma el bolsillo de los chileno”.
A pesar de la valoración para la mantención del sistema económico, la bancada de convencionales de derecha optó por rechazar el artículo. Alfredo Moreno, ingeniero comercial, uno de los pocos convencionales con estudios en economía, votó en contra. Por su parte, Bernardo Fontaine, también ingeniero comercial, se abstuvo.
Al respecto, Fontaine comentó en diciembre del 2021 a Radio Pauta que sostener este atributo del Banco Central era muy importante "porque es un avance institucional que ha cuidado que la inflación no se coma el bolsillo de los chileno”.
Por otra parte, Tomás Laibe (PS) cuestionó a los convencionales que rechazaron y se abstuvieron de consagran un Banco Central autónomo ante lo que Alfredo Moreno contestó en un tuit que: “En ese artículo después de decir que será un Banco Central Autónomo viene la letra chica a la que ya nos tienen acostumbrados, diciendo que la ley debe coordinarse con el gobierno. Por eso votamos en contra”.
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En contra del derecho a la vida y la libertad
El 15 de marzo, la sesión plenaria aprobó el artículo 23 del primer informe de la Comisión de Derechos Fundamentales. Este estableció que en la nueva constitución: “Toda persona tiene derecho a la vida. Ninguna persona podrá ser condenada a muerte ni ejecutada”.
A pesar de que fue aprobada con 146 votos a favor, hubo quienes tres convencionales que se abstuvieron y tres que votaron en contra. Entre quienes rechazaron el derecho a la vida estuvieron Álvaro Jofré (RN), Roberto Vega (UDI) y María Angélica Tepper, de la derecha. Entre las abstenciones estuvieron Raúl Celis (RN), Paulina Veloso (RN) y Ruth Hurtado.
En relación a este artículo, el inciso segundo establece que “toda persona víctima de desaparición forzada tiene derecho a ser buscada. El Estado garantizará el ejercicio de este derecho, disponiendo de todos los medios necesarios”. Si bien no hubo rechazos, sí la la suma de 24 abstenciones. Entre ellos el ex almirante de Augusto Pinochet, Jorge Arancibia (UDI), y la ex subsecretaria de la Niñez del segundo gobierno de Piñera, Carol Bown (UDI).
En la misma comisión, se aprobó el derecho a la igualdad. Según el texto aprobado, “en Chile no hay persona ni grupo privilegiado. Queda prohibida toda forma de esclavitud”. Si bien la lógica es bastante racional para la mantención de una democracia moderna, gran parte de la derecha optó por abstenerse de aprobar esta norma. Entre ellos, los ex ministros de Piñera, Cristian Monckeberg y Marcela Cubillos, además de otros 20 convencionales del sector.
En este sentido, no fue solo la esclavitud, sino también el derecho a la no desaparición forzada. Solo dos convencionales votaron en contra, Ruggerio Cozzi (RN) y Manuel José Ossandón. El resto abstenciones, entre ellas el ex intendente de Piñera, Raúl Celis, además de Martín Arrau (UDI), Álvaro Jofré, María Angélica Tepper, Paulina Veloso, Roberto Vega y María Ubilla.
En relación a este artículo, el inciso segundo establece que “toda persona víctima de desaparición forzada tiene derecho a ser buscada. El Estado garantizará el ejercicio de este derecho, disponiendo de todos los medios necesarios”. Si bien no hubo rechazos, sí la la suma de 24 abstenciones. Entre ellos el ex almirante de Augusto Pinochet, Jorge Arancibia (UDI), y la ex subsecretaria de la Niñez del segundo gobierno de Piñera, Carol Bown (UDI).
Otro derecho fundamental para la democracia es el que se aprobó en Principios Constitucionales, el que establece que: “En Chile, las personas nacen y permanecen libres, interdependientes e iguales en dignidad y derechos”.
Sin embargo, otra vez convencionales de derecha votaron en contra o se abstuvieron de constitucionalizar este derecho fundamental. La norma fue rechazada por seis convencionales, uno de ellos el ex ministro de Agricultura de Piñera y ex intendente de La Araucanía, Luis Mayol (RN). En tanto, de las 22 abstenciones del sector destacaron otros ex funcionarios del gobierno de Chile Vamos, Marcela Cubillos, Cristian Monckeberg, Carol Bown, Rodrigo Alvarez y Raúl Celis. Aunque también convencionales con presencia televisiva como Hernán Larraín, Bernardo De La Maza y Teresa Marinovic.
Un último punto básico de la democracia es la separación de la Iglesia y el Estado. Esto quedó establecido en el artículo 13 E de Principios Constitucionales, según esta norma: “Chile es un Estado Laico, donde se respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales (...)”.
A pesar de esto, que también estaba establecido en la Constitución del 80 y en la de 1925, los convencionales de Vamos por Chile, Martín Arrau y Bernardo de la Maza, rechazaron. Así también, se abstuvieron Carol Bown, Arturo Zúñiga y Marcela Cubillos.
En contra de probidad
La probidad y la condena de la corrupción quedó garantizada en dos artículos de la nueva constitución.
Por una parte, el artículo dos de la Comisión de Sistema Político estableció que “el principio de probidad consiste en observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”.
Se abstuvieron los ex ministros de Estado, Rodrigo Alvarez y Marcela Cubillos, además de los ex subsecretarios Carol Bown y Arturo Zúñiga.
A este artículo no se opuso ningún convencional, pero se abstuvieron los ex ministros de Estado, Rodrigo Alvarez y Marcela Cubillos, además de los ex subsecretarios Carol Bown y Arturo Zúñiga. Además de otros 18 convencionales del sector, entre ellos Teresa Marinovic, Harry Jurgensen, Jorge Arancibia y Constanza Hube.
Por otra parte, el artículo siete consignó que en la nueva constitución “la corrupción es contraria al bien común y atenta contra el sistema democrático”, razón por la que “el Estado tomará las medidas necesarias para su estudio, prevención, investigación, persecución y sanción”.
Si bien no hubo votos en contra, las abstenciones vinieron nuevamente de la derecha y ex funcionarios del Estado. Destaca Arturo Zúñiga, ex subsecretario de Redes Asistenciales, Carol Bown, Rodrigo Alvarez y Marcela Cubillos.
Asimismo, Sistema Político aprobó el artículo con que “no podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, aquellos vinculados a corrupción como fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos y los demás que así establezca la ley. Los términos y plazos de estas inhabilidades se determinarán por ley”.
Solo hubo un voto en contra, el de Agustín Squella del Colectivo del Apruebo. El resto fueron 27 abstenciones, la de Fernando Atria, del Frente Amplio, y otros 26 convencionales de derecha. Entre ellos, nuevamente ex ministros de Estado, subsecretarios, intendentes y figuras que surgieron con la elección de convencionales, como Constanza Hube, Teresa Marinovic o Katherine Montealegre.
Comentarios
Claramente las propuestas de
Respuesta a Sebastian.
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