Una de las principales inquietudes que rondaban en los altos mandos de la Armada, era la certeza del trabajo de infiltración política-ideológica que estaban desarrollando los partidos de la Unidad Popular con las Fuerzas Armadas. Aquellas apreciaciones eran reafirmadas por los discursos de algunos partidos y movimientos a través de constantes llamados a la desobediencia de la tropa con sus altos mandos. 

Por ejemplo, el secretario general del Partido Socialista manifestaba que "los soldados, marinos, aviadores y carabineros no pueden prestarse, en ningún momento y bajo ningunas circunstancias, para asesinar trabajadores. Y llegado el caso en que nuevamente algunos oficiales se alzaran, los oficiales, suboficiales, clases, soldados no tienen la obligación de obediencia. Aún más claro: no sólo tienen el deber de negarse a acatar órdenes que signifiquen disparar contra el pueblo [...], sino de oponerse activamente". 

La Armada sostenía que el trabajo de penetración de la izquierda lo que perseguía era producir una insurrección en sus filas. Hecho que para ellos quedó demostrado la primera semana de agosto, específicamente el lunes 6, en la madrugada, cuando comenzaron a ser detenidos algunos miembros de la institución, entre ellos cabos, marineros y suboficiales tanto en Valparaíso como en Talcahuano.

Mientras que Miguel Enríquez a mediados de julio en un discurso en el teatro Caupolicán manifestaba que "los suboficiales, soldados y carabineros deben desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas y, en ese caso, todas las formas de lucha se harán legítimas. Entonces, sí que será cierto que los trabajadores con los soldados, marineros, aviadores y carabineros, los suboficiales y oficiales antigolpistas, tendrán el legítimo derecho a construir su propio ejército, el Ejército del Pueblo". 

La Armada sostenía que el trabajo de penetración de la izquierda lo que perseguía era producir una insurrección en sus filas. Hecho que para ellos quedó demostrado la primera semana de agosto, específicamente el lunes 6, en la madrugada, cuando comenzaron a ser detenidos algunos miembros de la institución, entre ellos, cabos, marineros y suboficiales, tanto en Valparaíso como en Talcahuano. Los oficiales del Servicio de Inteligencia Naval habían detectado aquellos elementos de algunas instalaciones navales vinculados a activistas de la Unidad Popular, afines a las ideas de izquierda, partidarios del Gobierno y dispuestos a su defensa. 

A los días de la detención del personal de la institución, algunos medios de prensa, especialmente de oposición, daban a conocer la noticia de una "infiltración o intento de subversión en la Armada". Al mismo tiempo se señalaba que: "En el cuartel Silva Palma, prisión que posee la Armada en este puerto dependiente de la Infantería de Marina ubicada en el Cerro Artillería, se encontraban detenidos ayer alrededor de 50 oficiales y tripulantes de las naves 'Almirante Latorre' y 'Blanco Encalada'. Los detenidos fueron sorprendidos realizando actividades de orden subversivo de acuerdo con investigaciones realizadas por el Servicio de Inteligencia Naval". En opinión de la institución, esta acción era consecuencia de la sostenida campaña de grupos de izquierda, destinados a quebrar la disciplina interna, a través de distintos llamados a la desobediencia al interior de la institución. 

Pero aquello no era todo, paralelamente a lo que ocurría en algunas unidades de la Escuadra; en la Planta de Astilleros y Maestranza de la Armada (Asmar) de Talcahuano, la institución y su Servicio de Inteligencia habían detectado otro movimiento de similares características a los denunciados en Valparaíso. Al respecto el comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval, contralmirante Jorge Paredes Wetzel, daba a conocer un comunicado público el cual decía: "Se ha detectado irrefutablemente que, en esta Zona Naval, elementos civiles de extrema izquierda intentaron infiltrarse en algunas Unidades y en la Planta ASMAR de Talcahuano, logrando que un muy reducido número de personal naval infringiera gravemente sus obligaciones miIitares [...] al respecto, se han tomado todas las medidas necesarias y la situación está totalmente controlada y neutralizada. Los oficiales y personal dependientes de esta Zona Naval, al igual que los trabajadores de los Astilleros y Maestranzas de la Armada, han reaccionado con absoluta indignación, virilidad y firmeza, frente a una situación como la antes señalada, expresando por su conducto regular su total adhesión a la institución".

Sin embargo, un grupo de trabajadores de Asmar objetando las opiniones del contralmirante Paredes, manifestaron su malestar ante las agresiones de las cuales habían sido víctimas en los últimos días, durante la revisión de la planta industrial que ha hecho el personal de la institución en busca de posibles conexiones de algunos trabajadores con los detenidos o con elementos de izquierda ajenos a la institución. 

Al respecto, la institución naval emitió un comunicado señalando que se había detectado un "movimiento subversivo en dos unidades de la Armada apoyado por elementos extremistas ajenos a la institución". 

El comunicado de los trabajadores de los astilleros señalaba que "... estamos en total desacuerdo con todo acto de atropello que vaya contra el respeto y la dignidad laboral [...] como trabajadores conscientes de nuestro papel en la empresa en que laboramos, estamos siempre dispuestos a defender la Constitución y el orden". Firmaban la declaración los dirigentes Ramón Carrasco, Sergio Ceballos, Francisco Cabrera, Jesús Bustos, Humberto Carrasco y Francisco Aranda. 

En esta misma línea la CUT, más los cordones industriales de Talcahuano, Centro y Pesquero San Vicente hacían un llamado a todos los dirigentes y organismos de base a solidarizar y exigir la libertad de los trabajadores detenidos de Asmar, los cuales habían sido violentamente vejados y atropellados en sus derechos. 

A Salvador Allende se le sumaba otro problema más. A las ya conocidas dificultades que estaba enfrentando el Gobierno, ahora tenía que explicar cuál sería su posición ante este complejo acontecimiento, especialmente cuando la institución había apuntado las acusaciones a dos connotados dirigentes de la Unidad Popular, como el senador socialista Carlos Altamirano y al diputado mapucista Oscar Guillermo Garretón. 

En una declaración el presidente Salvador Allende manifestó que el Gobierno en su política de respeto al Estado de Derecho, no emite juicios sobre acontecimientos que se están investigando. Al mismo tiempo criticó la política de algunos sectores que pretenden producir un antagonismo entre el pueblo y las Fuerzas Armadas. "El Gobierno ha insistido en que no puede deformarse la realidad chilena con un falso antagonismo entre el pueblo y las Fuerzas Armadas. Instituciones éstas que deben mantener su integridad y profesionalismo para cumplir con las elevadas responsabilidades que imponen la defensa y seguridad nacional". Estas opiniones fueron reafirmadas por el ministro de Defensa, Orlando Letelier del Solar, al señalar que con preocupación se ha constatado en los últimos días cómo algunos órganos de prensa y publicaciones han pretendido dañar el prestigio e institucionalidad de las Fuerzas Armadas. 

Con respecto a las acusaciones de tortura a las cuales se les estaría sometiendo a los detenidos, el presidente Allende manifestó que "si hay culpables de torturas, serán sancionados; en caso contrario, serán castigados los que se hayan hecho responsables de imputaciones sin fundamentos". Más enérgicos y comprometidos fueron el Comité Político y el Comité Ejecutivo Nacional de la Unidad Popular. A través de dos declaraciones expresaron su solidaridad y apoyo a Carlos Altamirano, secretario general del Partido Socialista, y Oscar Guillermo Garretón, secretario general del Partido MAPU; además, descartaron absolutamente que estos dirigentes tuvieran comprometidos en algún acto que signifique subversión o alterar el orden interno en la Armada o del país. 

"... el Comité Político de la UP reafirma su solidaridad con el secretario general del PS, senador Carlos Altamirano, y con el secretario general del MAPU, diputado Oscar Guillermo Garretón. Está fuera de toda lógica que pudieran participar en actividades subversivas personeros de partidos integrantes de Gobierno y de una coalición que ha expresado reiteradamente su posición de respeto irrestricto al carácter profesional y constitucionalista de los institutos armados". 

"El 7 de agosto hubo en la Escuadra un intento de infiltración comunista en los buques; se detuvo inmediatamente a los que aparecían responsables y se inició el sumario judicial correspondiente, que quedó dentro de la jurisdicción del comandante en jefe de la Primera Zona Naval y juez naval [...] es importante destacar que los que promovieron y trataron de destruir la disciplina institucional fueron los parlamentarios nombrados [Carlos Altamirano y el diputado Oscar Guillermo Garretón], además del secretario general del MIR, Miguel Enríquez, que habían logrado penetrar y establecer relaciones con un sargento que era suficientemente hábil como para convencer a otros". 

Al respecto, la institución naval emitió un comunicado señalando que se había detectado un "movimiento subversivo en dos unidades de la Armada apoyado por elementos extremistas ajenos a la institución". 

Por su parte el entonces jefe de la Primera Zona y juez naval, almirante José Toribio Merino, no tenía dudas de quienes estaban moviendo los hilos de la infiltración y subversión en la Marina. De esta manera recuerda el hecho: 

"El 7 de agosto hubo en la Escuadra un intento de infiltración comunista en los buques; se detuvo inmediatamente a los que aparecían responsables y se inició el sumario judicial correspondiente, que quedó dentro de la jurisdicción del comandante en jefe de la Primera Zona Naval y juez naval. Debí hacerme cargo de este proceso, que era de singular importancia tanto en lo institucional como en lo nacional, ya que desde un comienzo aparecían como instigadores el senador Carlos Altamirano y el diputado Oscar Guillermo Garretón [...] es importante destacar que los que promovieron y trataron de destruir la disciplina institucional fueron los parlamentarios nombrados, además del secretario general del MIR, Miguel Enríquez, que había logrado penetrar. y establecer relaciones con un sargento que era suficientemente hábil como para convencer a otros". 

Para otros uniformados los planes de estos marinos relacionados con políticos eran muy claros. Se trataba de un trabajo de infiltración de los partidos de izquierda en las filas institucionales, para producir una subversión en algunas unidades. Por ejemplo, Patricio Carvajal ha señalado que "... en agosto del 73 hubo un intento de sedición en la Armada impulsado por Garretón y otros socialistas [...] al comienzo hubo ciertas personas que fueron seducidas por ellos porque les ofrecían sueldos varias veces superiores en la vida particular. Luego comenzaron a planear lo que había que hacer. El plan era bastante sencillo: matar a todos los oficiales en la noche, luego bombardear Las Salinas donde está la población naval".

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Lista de marinos detenidos en Talcahuano.

Mientras que para el contralmirante Sergio Huidobro Justiniano, "la Unidad Popular, conocedora de que su adversario más difícil dentro de ella era la marina, había decidido centrar allí sus esfuerzos [...] a fines de 1973 esta misión había producido sus primeros resultados positivos. En diversas unidades de la Armada y en los astilleros de Asmar en Talcahuano existían ya cerca de un centenar de infiltrados marxistas, dispuestos a todo. Eran en su mayoría, marineros jóvenes, menores de 25 años, sin arraigo en la institución naval y por ende, fáciles presas del adoctrinamiento marxista". 

Ante las acusaciones que realizó la Armada, el secretariado nacional del MIR, respondía que: "El único delito de los marinos antigolpistas de la Armada fue el de prepararse para resistir y desobedecer las incitaciones golpistas que han venido realizando en forma cada vez más frecuente y abierta hacia sus subordinados este sector de la oficialidad naval reaccionaria. 

Estas denuncias de la superioridad naval también han servido a la oficialidad naval reaccionaria para justificar el desencadenamiento de persecuciones y detenciones sobre los marineros antigolpistas y trabajadores civiles de la Armada que ya han significado brutales torturas a manos de los detenidos". 

La Brigada Parlamentaria socialista, a través de su secretario coordinador, Francisco Padín, dio a conocer una declaración pública ante la detención del personal de la Armada. En uno de sus pasajes expresa la preocupación por el personal que se encuentra detenido, debido a que los interrogatorios estarían siendo efectuados por oficiales de menor graduación, sin el conocimiento del Alto Mando Naval. "La Brigada Parlamentaría Socialista solicita al respecto, la publicación de los nombres y grados de los detenidos, con especificación de los cargos que se les hacen... ". 

Ante las acusaciones que realizó la Armada, el secretariado nacional del MIR, respondía que: "El único delito de los marinos antigolpistas de la Armada fue el de prepararse para resistir y desobedecer las incitaciones golpistas que han venido realizando en forma cada vez más frecuente y abierta hacia sus subordinados este sector de la oficialidad naval reaccionaria". 

Con el transcurrir de los días, el senador Carlos Altamirano, el diputado Óscar Guillermo Garretón, más el líder del MIR, Miguel Enríquez, serán sindicados como los autores de planificar el complot contra la Armada. Mientras tanto, la institución tenía detenidas a más de doscientas personas entre marineros y civiles. Los mencionados políticos nunca han negado las reuniones que mantuvieron con estos marineros, específicamente con el grupo que encabezaba el sargento Juan Cárdenas. 

Por ejemplo, Carlos Altamirano ha reconocido públicamente en más de una ocasión que él asistió a una sola reunión solicitada por estos marineros a través de Miguel Enríquez, en la cual le expusieron el complot en marcha de la Armada para dar un golpe de Estado los últimos días de agosto, y que ellos tenían un plan para anticiparse al golpe de los oficiales, a lo cual Altamirano les manifestó una gran desconfianza en su accionar. Además, el senador manifestó que los planes de los marinos de tomarse los dormitorios de los barcos, maniatando a los oficiales para luego salir a la mar era simplemente demencial, de acuerdo con la cantidad de hombres con los cuales se contaba para aquella acción. Por lo tanto “el plan me parecía absolutamente irreal y que no era mucho lo que la izquierda podía hacer, que sólo imaginaba una posible huelga general de apoyo...".

A su vez el diputado Oscar Guillermo Garretón también reconoce una reunión con estos marinos, pero su respuesta fue de inmediato rechazo a los planes de Cárdenas y compañía. De hecho el año 1993 recuerda Garretón que "la Corte Suprema [...] por seis votos contra cero, falló que yo no había hecho ninguna sedición. y entre esos seis votos estaba también el del fiscal militar Fernando Torres Silva". 

Por su parte, Andrés Pascal Allende recuerda que "como encargado del MIR para el trabajo democrático hacia las FF.AA, me correspondió organizar en una vieja quinta cercana a Puente Alto una reunión de Miguel, Carlos Altamirano y Oscar Guillermo Garretón con una delegación de suboficiales y marineros democráticos. Ellos se habían organizado en oposición a los oficiales golpistas de la Armada. Confirmaron lo que ya sabíamos: la activación sediciosa de la oficialidad golpista era creciente en todas las instituciones armadas, pero también había oficiales y, sobre todo, suboficiales, clases y soldados que se oponían al golpismo y simpatizaban con el gobierno popular".  

Lo que sí estaba claro era que el auditor general de la Armada, Rodolfo Vio Valdivieso había presentado la petición de desafuero contra Altamirano Y Garretón bajo el cargo de incitación a la sublevación en la institución. 

Por aquellos días de agosto, dos eran las informaciones que circulaban en torno a aquel hecho: la oposición, amparada en este acontecimiento, reafirmaba su postura de que la izquierda pretendía infiltrar y dividir las Fuerzas Armadas, con el propósito de dar un golpe de Estado comunista para la toma del poder total. La otra información era la denuncia realizada por algunos sectores, abogados y familiares de los detenidos, de que a estos prisioneros se les estaba sometiendo a torturas. Al respecto, el Gobierno a través del aquel entonces ministro de Defensa, Orlando Letelier, solicitó al comandante en jefe de la Armada, Raúl Montero Cornejo, que aclarara la versión de los apremios físicos y torturas. Esto a los días fue desmentido por el propio Montero al señalarle a Letelier que: "Yo le aseguro que esto no puede ser así. Toda la información que yo he recogido me dice que se están cumpliendo las normas del procedimiento de la Justicia Militar. Quizá ha habido acciones en cuanto a expresiones fuertes, pero no creo que haya habido violencia física en contra de estas personas".

“Es más -agregaría Montero- la Armada no usa las flagelaciones, eso lo pueden descartar". 

La situación de Montero era de absoluta complejidad, encontrándose prácticamente aislado y neutralizado, ya había perdido toda ascendencia y mando sobre un importante número de uniformados, ya que éstos consideraban a Montero un almirante con simpatías por la izquierda, y un comandante sin poder de decisión, que canalizaba las inquietudes del alto mando ante el Ejecutivo, especialmente referidas al clima de violencia y desorden imperante en el país y de la cual responsabilizaban en gran parte a los partidos de la Unidad Popular. 

Andrés Pascal Allende recuerda que "como encargado del MIR para el trabajo democrático hacia las FF.AA, me correspondió organizar en una vieja quinta cercana a Puente Alto una reunión de Miguel, Carlos Altamirano y Oscar Guillermo Garretón con una delegación de suboficiales y marineros democráticos. Ellos se habían organizado en oposición a los oficiales golpistas de la Armada. Confirmaron lo que ya sabíamos: la activación sediciosa de la oficialidad golpista era creciente en todas las instituciones armadas, pero también había oficiales y, sobre todo, suboficiales, clases y soldados que se oponían al golpismo y simpatizaban con el gobierno popular".  

Volviendo a Talcahuano, el comandante en jefe de la segunda Zona Naval, Jorge Paredes Wetzel, emitió un nuevo comunicado donde reafirmaba los conceptos expuestos por la institución con motivo de los hechos denunciados el 9 del presente mes. En el comunicado público la institución señaló, entre otras cosas, que "... las detenciones que han debido cumplirse se han ajustado absolutamente a la legalidad y las investigaciones se han realizado acorde con la gravedad que los hechos evidenciados exigían. Cualquier otra interpretación que se quiera dar, escapa a la verdad y es responsabilidad de quien la emita. La sola duda que se pretendiera sembrar en estos aspectos, agravia el honor de la institución. La Armada es fiel cumplidora y guardiana del imperio de la Constitución y la Ley. No acepta la infiltración de elementos políticos de cualquier orden dentro de sus filas. Tampoco el que se pretenda debilitar su cohesión y disciplina bajo cualquier medio o presión...". 

Entretanto, los detenidos permanecían en diferentes unidades de la institución, como en el Cuartel Silva Palma de Valparaíso y otros tantos en el Cuartel Borgoño de Talcahuano. 

No obstante, las declaraciones y comunicados institucionales, la idea de que los detenidos habían y estaban siendo sometidos a flagelaciones adquiría mayor fuerza en la opinión pública y en los familiares y amigos de éstos. En visita a la ciudad, por expresa invitación de los familiares de los detenidos, la senadora socialista María Elena Carrera se entrevistó con el jefe de la Segunda Zona Naval, contralmirante Jorge Paredes, quien, en palabras de la senadora, una vez más negó rotundamente las aseveraciones y rumores que circulaban en torno a eventuales torturas. Es más, agregó que "... si hubiera habido flagelaciones esos hechos quedarían consignados en el sumario que se instruye al respecto y, en tal caso, se procedería a efectuar las investigaciones pertinentes”. 

Al mismo tiempo me manifestó el Almirante Paredes que él personalmente no estimaba que eso fuera efectivo. 

Finalmente, a fines de agosto la Armada, a través del comandante en jefe de la Primera Zona Naval, contralmirante Daniel Arellano, dio a conocer la nómina de los detenidos, reos y procesados en Valparaíso y Talcahuano “relacionados con el complot subversivo descubierto en algunas secciones de la Armada Nacional".