"Es una investigación de otro poder del Estado, no tengo por qué y no corresponde que me entere antes", fueron las palabras con las que el subsecretario del Interior Manuel Monsalve se refirió a las dudas sobre si el Gobierno sabía o no que el Ministerio Público concretaría por medio de la Policía de Investigaciones (PDI) la detención del vocero de la CAM, Héctor Llaitul en Cañete.
Las palabras de Monsalve aclaraban una duda persistente durante las horas pasadas, respecto del grado de conocimiento del Gobierno de uno de los operativos policiales más importantes del año, y uno de los más delicados, ya que se realizó a escasos doce días de la elección, con el riesgo de perturbar por completo el proceso eleccionario.
Cabe señalar que -si bien es cierto que no hay obligación legal del Ministerio Público de informar al Gobierno- la PDI depende del Ministerio del Interior y es parte de la comunidad de inteligencia gubernamental que se congrega en la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), y debió advertir oportunamente de un operativo que tiene el riesgo de causar conmoción pública. Además, en el pasado, las operaciones de inteligencia contra la CAM eran celosamente coordinadas entre los gobiernos, las policías, los fiscales y los jueces.
La acción policial no fue informada directamente ni con antelación al presidente Gabriel Boric ni a la ministra Izkia Siches, tampoco a la ministra de Defensa, Maya Fernández -atingente, dada la presencia militar en la zona de Arauco, donde fue detenido Llaitul-, ni a la titular de Justicia, Marcela Ríos, quien pudo ser advertida por el Poder Judicial o el Ministerio Público.
En ese contexto, fuentes conocedoras de la interna gubernamental consultadas por INTERFERENCIA, aseguran que Monsalve supo solo minutos antes de concretarse la detención que esta iba a efectuarse, sin darle capacidad mayor de reacción política. De tal modo, la acción policial no fue informada al presidente Gabriel Boric ni a la ministra Izkia Siches, tampoco a la ministra de Defensa, Maya Fernández -atingente dada la presencia militar en la zona de Arauco, donde fue detenido Llaitul-, ni la titular de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, quien pudo ser advertida por el Poder Judicial o el Ministerio Público, lo que no se conoce si sucedió o no.
De hecho, según las mismas fuentes, fue el propio subsecretario del Interior quien informó al resto de autoridades que Llaitul había sido detenido. Cabe mencionar que Monsalve es visto como el interlocutor de La Moneda de mayor confianza por parte de las policías, pese a lo cual el gesto hacia él fue de concederle apenas breves minutos antes del operativo.
Según las fuentes consultadas, la 'cortesía' hacia Monsalve estribaría en que las policías buscaban resguardarse de un escenario calamitoso, en el que Llaitul resultara con alguna lesión -o incluso muerto- para así poder decir que no se operó a espaldas del Gobierno. No obstante, el vocero de la CAM se entregó sin oponer resistencia, en un restaurante.
Este episodio es otro de los acontecimientos que muestran una profunda desvinculación entre el Ejecutivo, las policías y las Fuerzas Armadas, y serias brechas en materia de inteligencia y contrainteligencia. Al respecto, vale la pena recordar el artículo de INTERFERENCIA La silenciosa estrategia del general Lopresti, jefe de la Dipolcar, para socavar al gobierno de Boric. en el cual se advirtió de elementos policiales que están jugando ex profeso contra el Gobierno.
Este episodio es otro de los acontecimientos que muestran una profunda desvinculación entre el Ejecutivo, las policías y las Fuerzas Armadas, y serias brechas en materia de inteligencia y contrainteligencia.
Llama también la atención que Llaitul haya sido detenido por robo de madera, en instancias en las que ese delito había adquirido figuración dadas las sospechas que recaen sobre el ex jefe de la Dipolcar en la Araucanía por la misma causa: Exclusivo: cae jefe de inteligencia de Carabineros en Macrozona Sur por posibles nexos con robo de madera, reportó INTERFERENCIA.
Esta no es tampoco la primera intervención policial de alta connotación pública, en las víspera de elecciones clave. Este episodio recuerda también al allanamiento de Carabineros de la sede de Comunes, a dos días de la elección, por una denuncia por corrupción en contra de la entonces candidata a senadora por Santiago, Karina Oliva, quien resultó finalmente derrotada. Insólito en 20 años: Carabineros allana partido opositor con violencia y publicidad a 2 días de la elección, reportó en su momento INTERFERENCIA.
Sale Vega por lo mismo que hacía Moreno
El inicio de la trama política que acabó con la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega (PPD), fuera del gabinete, tuvo como telón de fondo el control de detención de Héctor Llaitul en Temuco a las 10:00 de la mañana de este jueves.
Para ese entonces, todo rondaba con una tensa serenidad en La Moneda, buscando la mejor manera de afrontar los problemas políticos derivados de la detención, los que hasta ese entonces parecían manejables.
Sin embargo, cerca del mediodía, un artículo publicado por Ex Ante, filtró una llamada que realizó una de las asesoras de la ex titular de Desarrollo Social, Tania Santis, el 11 de mayo, quien representando a la ahora ex secretaria de Estado buscaba establecer contacto con Héctor Llaitul.
“Ella [la ministra] me pidió [ver] la posibilidad de contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted, por teléfono”, le dijo Santis a Llaitul vía telefónica. Llaitul solicitó aclarar la forma en que había conseguido su contacto y, a partir de aquello, recién posibilitar un contacto.
La estrategia ideada por Vega para la búsqueda del diálogo, había sido utilizada también por otros ex ministros de la misma cartera, como es el caso de Alfredo Moreno, quien bajo el segundo mandato del ex presidente Sebastián Piñera, también estableció diálogos con comuneros que pertenecieron a la CAM como Víctor Ancalaf.
Cabe destacar que Vega había sido una de las autoridades mandatadas a encargarse de parte del conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche, todo bajo el alero del plan Buen Vivir y también amparada en que dicho Ministerio es el encargado de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), institución clave en las gestiones estatales que buscan la promoción y coordinación de desarrollo indígena.
También esa comunicación había sido descartada como parte del proceso judicial, pues no incide en los hechos denunciados contra Llaitul.
Hasta el momento se desconocen las motivaciones del llamado, pero tomando en cuenta dichos antecedentes, no es de extrañar que la ex ministra haya decidido tomar contacto con uno de los liderazgos más emblemáticos de la zona.
De hecho, la estrategia ideada por Vega para la búsqueda del diálogo, había sido utilizada también por otros ex ministros de la misma cartera, como es el caso de Alfredo Moreno, quien bajo el segundo mandato del ex presidente Sebastián Piñera, también estableció diálogos con comuneros que pertenecieron a la CAM como Víctor Ancalaf.
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"Siempre el interés es conversar con todos pero el punto central es pedir primero el abandono de la violencia. Muchos líderes mapuche actuales,que son totalmente pacíficos, fueron violentos e incluso estuvieron presos. Pero abandonaron la violencia y hoy son líderes valiosos de sus comunidades", respondió Moreno a la consulta de INTERFERENCIA respecto a sus reuniones con miembros de la CAM cuando se desempeñaba en la misma cartera. De tal modo, el ex ministro, dice que en su momento rechazó la idea de hablar con Llaitul en particular.
El giro del Gobierno de Gabriel Boric fue de 180°; si en un principio apostó -al menos en la retórica- por el diálogo, pronto los actores políticos -fuera y dentro del Gobierno- lo presionaron para aplicar sucesivos estados de excepción en la zona y militarizar el conficto, con lo que volaron los puentes que tímida y torpemente había intentado tender la ministra del Interior Izkia Siches.
A esta altura, poco y nada de las intenciones iniciales quedaba en el Gobierno, y la presión fue cuidadosamente dispuesta para forzar el enfrentamiento del Gobierno con la figura misma de Héctor Llaitul, quien fue también adquiriendo posturas más duras en el intertanto, lejos también del momento de inicios de 2021, cuando se abrió al diálogo, con la presencia de observadores internacionales.
Frente a los hechos recientes y la rápida reacción de la oposición que pedía la renuncia de Vega o incluso que amenazaba con una acusación constitucional contra ella, se desató el desconcierto en el Gobierno, lo que acabó con una reunión especial entre los ministros y ministras del Gabinete para discutir las consecuencias de la información filtrada.
Una reunión particular además, pues el Presidente había arribado hace escasas horas a la región de Atacama en el marco de sus visitas a distintas comunas del país.
Luego de un silencio absoluto, quien finalmente rompió el silencio de la situación fue el mismo Boric quien en un punto de prensa desde Tierra Amarilla dijo; "quiero comunicarles que he tomado la decisión de aceptar la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, porque quiero que sepan que como Presidente de la República, debemos ser cuidadosos del fondo y también de la forma”.
“Los hechos que hemos conocido hace que corresponda hacer valer la responsabilidad política de la ministra y por eso reitero que he aceptado su renuncia”, agregó.
Asimismo, el mandatario confirmó que asumirá el Ministerio de forma interina la subsecreataria Paula Poblete.
Con todo, el momento había cambiado, y una de las lecturas que se barajaban en la interna de La Moneda precisamente apuntaban a las consecuencias de este episodio y cómo podía afectar la balanza ad portas del plebiscito del 4 de septiembre, para el que quedan tan solo 10 días.
De esta forma, se confirmó la primera salida de una secretaria de Estado del gabinete ministerial bajo la administración Boric. Luego de las palabras del Presidente, ninguna otra voz del Gobierno se refirió a la situación.
Quienes sí hablaron fueron los dirigentes del partido de Vega, La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, declaró que “relevamos que su única intención fue cumplir el mandato del Ejecutivo en cuanto a dialogar con todos los actores, en momentos en que el planteamiento del gobierno era que no se podían enjuiciar las ideas”.
Esto, pues el mismo Boric había señalado el 14 de mayo que “nuestro Gobierno no persigue ideas ni declaraciones, persigue delitos”. Declaraciones a propósito de dichos de Llaitul donde llamó “a preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada", luego de la propuesta de ‘estado de excepción intermedio’ que el Ejecutivo propició.
Por otro lado, el senador por La Araucanía, Jaime Quintana (PPD), también defendió la labor de Vega bajo esta tesis “ella estaba llevando adelante la orientación que en ese momento tenía el Ejecutivo, en el sentido de dialogar con todos y que aquí no se perseguían ideas políticas. Creo que actuó dentro del marco que existía en ese momento”.
A esa altura, la noticia había generado un absoluto revuelo dentro del PPD, cuyos dirigentes en la noche de este jueves se reunieron a discutir sobre los lineamientos a seguir luego de la renuncia. Altas fuentes contactadas por INTERFERENCIA indican que la situación era un verdadero “alboroto” en la interna partidista.
El alboroto dice relación también con el iniminente cambio de gabinete que deberá hacer Boric después del plebiscito, en el cual el PPD tiene cifrada la esperanza de poner a Carolina Tohá como titular de Interior.
Con todo, el momento había cambiado, y una de las preocupaciones que en la interna de La Moneda precisamente apuntaba a las consecuencias políticas de este episodio y cómo podía afectar la balanza ad portas del plebiscito del 4 de septiembre, para el que quedan tan solo 10 días.
El asunto es complejo, pues el episodio debilita al Gobierno y lo muestra impotente frente a las policías, lo muestra inconsistente respecto de lo que hace en agosto y lo que pensaba en marzo, y amenaza con cambiar la discusión constitucional, la que poco a poco había girado hacia los derechos que garantiza, hacia la plurinacionalidad, que es uno de los argumentos fuertes del Rechazo.
En ese sentido, mantener a Vega en el cargo le entregaba el control de la agenda mediática por completo a la oposición, quienes no dudarían en amenazar con una Acusación Constitucional para enfocar la discusión en la esquiva relación que ha tenido el Gobierno con los grupos que buscan autonomía territorial y en específico con la CAM y Llaitul.
Y de hecho, fue así desde el principio. El día miércoles, una vez se supo la noticia de detención sobre Llaitul, el primer personero en dar declaraciones fue el senador Rojo Edwards (republicano) desde La Moneda misma, pues justamente se encontraba en la sede de Gobierno citado a una reunión con otros representantes de todos los partidos políticos y la ministra Siches para coordinar la logística del próximo plebiscito. Un elemento más que muestra lo completamente inadvertido que estaba el Gobierno.
En ese sentido, mantener a Vega en el cargo le entregaba el control de la agenda mediática por completo a la oposición, quienes no dudarían en amenazar con una acusación constitucional en su contra, para enfocar la discusión en la conflictiva, contradictoria y torpe relación que ha tenido el Gobierno con los grupos que buscan autonomía territorial y en específico con la CAM y Llaitul.
Por otra parte, la salida de Vega, también podría posibilitar un posible enroque ministerial y futuro cambios de gabinete al que el Gobierno ha evitado referirse, pero donde todo apunta a que será post plebiscito.
En ese contexto, la vacante de Desarrollo Social podría asumirla Izkia Siches, dejando el paso libre a Carolina Tohá (PPD), una figura que en las últimas semanas a ganado presencia mediática como portavoz del Apruebo y que además, cumple con el cupo PPD que este conglomerado tenía y perdió con la salida de Vega del gabinete.
La arista PDI
La filtración de la llamada por parte de la PDI se realiza dentro de un órgano dependiente del Gobierno, lo que muestra nuevamente la debilidad de la administración Boric, que demuestra no tener herramientas de control propias frente a estos hechos y acrecienta la distancia entre instituciones subordinadas al Gobierno con el propio Gobierno.
Al respecto se abren muchas interregantes y aparecen nuevos antecedentes que muestran la conducta policial.
En ese sentido, un periodista de Chile Today, con nombre @BorisvanderSpek en Twitter, reveló durante esta jornada, a propósito de una entrevista realizada a Llaitul, que la PDI había visitado la casa de su novia preguntando por él. Todo esto, sucedió mientras el periodista se encontraba en Holanda y tras su retorno a Chile, la PDI retiene su pasaporte durante varios minutos y que por medio de la prensa se entera que los policías quieren tener su declaración, incluso, fue nombrado durante la formalización de Llaitul.
Tras este episodio, el corresponsal calificó la situación de un atentado a la libertad de expresión e intimidación a la prensa, tras las visitas que hizo la PDI a su domicilio y al de su familia.
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