El pasado 8 de noviembre, se reportó la desaparición de la defensora medioambiental, Julia Chuñil, presidenta de la comunidad Putreguel localizada en el sector rural de Huichaco, en la comuna de Máfil. 

Conforme a la denuncia presentada por presunta desgracia, la mujer fue vista por última cuando, junto a su perro "Cholito", salió a alimentar al ganado que mantiene en un terreno cercano a su vivienda. 

Las dudas en torno a la desaparición de Chuñil despertaron alertas tras darse a conocerse que la mujer había sido objeto de amenazas vinculadas a su trabajo en la conservación de un bosque nativo de mil hectáreas. 

De hecho, según reportó Diario Sostenible, junto con desconocerse el paradero de Chuñil y su mascota, se halló en un lugar cercano al último lugar donde la defensora fue vista la huella de camioneta por un camino poco transitado que presuntamente haría pensar la participación de terceros en los acontecimientos. 

Así las cosas y ante el poco éxito de las labores que desplegaron bomberos, carabineros y voluntarios en la zona, la familia de Chuñil en compañía de Escazú Ahora, se presentaron el pasado 27 de noviembre en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara para exponer los antecedentes del caso. 

La visita tuvo un efecto inmediato, pues se acordó oficiar al Ministerio del Interior y al delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial para redoblar los esfuerzos en la búsqueda de Chuñil lo que se tradujo en los días posteriores en la conformación de una mesa de seguimiento en el marco del Acuerdo de Escazú y dar con el paradero de la mujer. 

A casi un mes de la desaparición de Julia Chuñil. podemos constatar como organización que en su rol de defensora ambiental y presidenta de una comunidad indígena había recibido numerosas amenazas y ataques previos por su labor de defensa de un bosque nativo de alrededor de mil hectáreas. Hemos podido indagar respecto de quiénes están detrás de esta amenaza y dice relación con empresarios locales que tienen intereses comerciales respecto de este territorio. Es una situación que nos preocupa y estamos trabajando al máximo para poder esclarecer lo sucedido y buscar a los responsables de este caso.

A raíz de los hechos, Interferencia entrevistó a Sebastián Benfeld, presidente de Escazú Ahora quien manifestó su preocupación por la desaparición de Chuñil, el aumento de amenazas en contra de defensores medioambientales y la poca acción del gobierno para implementar los protocolos que resguardan la vida de estas personas. 

"Tenemos conocimiento de que Julia Chuñil fue víctima de amenazas y ataques por parte de un empresario local hace ya por lo menos seis años atrás. Amedrentamiento que fue intensificándose a lo largo del tiempo, llegando justamente a lo sucedido el pasado 8 de noviembre", dice Benfeld. 

Asimismo, manifiesta que en lo que va de 2024 la cifra de amenazas en contra de defensores ambientales ya se acerca a las cifras de 2023 y que en su mayoría tienen como víctimas a mujeres y personas de edad, justamente el perfil de Chuñil, afirma Benfeld. 

-¿Cuáles son los últimos antecedentes que conoce respecto a la desaparición de Julia Chuñil?

-A casi un mes de la desaparición de Julia Chuñil. podemos constatar, como organización, que en su rol de defensora ambiental y presidenta de una comunidad indígena ya había recibido numerosas amenazas por su labor como defensora de un bosque nativo de alrededor de mil hectáreas. Además, hemos indagado respecto de quiénes están detrás de esta amenaza y dice relación con empresarios locales que tienen intereses comerciales sobre este territorio. Es una situación que nos preocupa y estamos trabajando al máximo para poder esclarecer lo sucedido y dar con eventuales responsables.

-Ahora bien, esas amenazas comenzaron, según se ha conocido, desde hace dos años...

-Desde el 2018 Julia ha estado recibiendo amenazas constantes por su labor como defensora.

-Podría profundizar respecto a los antecedentes que vinculan a un empresario local con las amenazas en contra de Chuñil

-Tenemos conocimiento de que Julia Chuñil fue víctima de amenazas y ataques por parte de un empresario local hace ya por lo menos seis años atrás. Dicho amedrentamiento fue intensificándose a lo largo del tiempo, hasta lo sucedido el pasado 8 de noviembre cuando Julia Chuñil va en busca de sus animales y no regresa más. Tampoco su perro "Cholito", que la acompañaba. Las amenazas que recibió constan de ataques verbales explícitos, cortes de camino, agresiones físicas y también a la propiedad de Julia Chuñil.

-Como Escazú Ahora y junto con la familia de Julia Chuñil visitaron la Comisión de Medio Ambiente para exponer estos antecedentes, ¿cuál fue la respuesta política a esa visita?

-Es importante dar a conocer que la familia de Julia Chuñil no está sola. Hay un equipo y una organización que está trabajando en conjunto con otros activistas ambientales. Estamos ayudando a que la familia pueda esclarecer lo sucedido y que la investigación sobre este caso se acelere. En ese contexto, acudimos el pasado miércoles a la Comisión de Medio Ambiente para exponer estos antecedentes y recibimos un apoyo contundente y transversal que fue desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista.

Nos reunimos con la Subsecretaría de Derechos Humanos para manifestarles este caso y ver qué acciones podían realizar. Pero respondieron que no había ningún protocolo ni ningún mecanismo de acción por parte del gobierno para proteger a defensoras ambientales, pero que iban a hacer lo posible para por lo menos mantener una comunicación más expedita con el Ministerio Público e indagar sobre este tema.

Ese respaldo implicó que la Comisión oficiara al Ministerio del Interior, a la Delegación Presidencial, al Ministerio de Defensa, al director general de Carabineros y al director general de la PDI, para que puedan apurar la investigación y destinar más recursos a la búsqueda. El día lunes, llegó al lugar de los hechos Fiscalía, el INDH, la Delegación Presidencial y también un refuerzo muy contundente de Carabineros y PDI que se hicieron presentes, incluso, con helicópteros.

Además de esto, logramos hacer presente a la Comisión de Medio Ambiente la urgencia de avanzar en un proyecto de Ley de Protección de Defensores Ambientales que fue recogido por la Comisión y decidió poner en tabla para hoy miércoles esta iniciativa.

-¿Dichas acciones solo se concretaron tras la visita al Congreso?

-Efectivamente. De hecho, el viernes se conformó una mesa de trabajo para el caso de Julia Chuñil. Por otra parte, también nos reunimos con la Subsecretaría de Derechos Humanos para manifestarles este caso y ver qué acciones podían realizar. Respondieron que no había ningún protocolo ni ningún mecanismo de acción por parte del gobierno para proteger a defensoras ambientales, pero que iban a hacer lo posible para por lo menos mantener una comunicación más expedita con el Ministerio Público y avanzar en las indagatorias.

-Ahí se genera una especie de contradicción si se considera que una de las primeras medidas del actual Gobierno fue la adhesión al Acuerdo de Escazú. 

-Hay que tener presente que la primera acción que hizo el presidente Gabriel Boric al llegar a La Moneda fue justamente firmar el acuerdo de Escazú el 18 de marzo del 2022, en su primera semana de gobierno.

-En ese sentido y a casi tres años de ese hito, ustedes ya habían manifestado preocupación hace un año por las amenazas que defensores ambientales estaban recibiendo. 

-Nosotros estamos tremendamente preocupados por la falta de iniciativa del gobierno en la implementación del Acuerdo de Escazú. Pareciera ser que no hay ningún interés ni urgencia en que este tema se materialice en la práctica, por lo menos durante esta administración. Eso es una cuestión alarmante, considerando que solamente el 2023 registramos más de 20 casos de amenazas contra defensores ambientales y este año estamos llegando a un número similar, pero con casos que son aún más graves, como por ejemplo la desaparición de Julia Chuñil.

En ese sentido, acudimos el año pasado, justamente en esta fecha, a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Derechos Humanos del Senado para poder exponer los nulos avances del Gobierno en la implementación del artículo nueve del Acuerdo de Escazú, exponiendo que a un año de la firma del acuerdo no se había hecho nada para proteger a los defensores ambientales de manera legal, tampoco a nivel normativo ni administrativo.

Hoy día en Chile no existe ninguna ley que proteja a los defensores ambientales lo que significa que no hay una definición legal de lo que es ser un defensor ambiental y las vulneraciones que ellos enfrentan. Tampoco existe ningún agravante penal en caso de amenaza o ataque contra un defensor ambiental y tampoco tenemos ninguna institucionalidad ni un organismo que nos permita actuar ante estos casos.

No existe ninguna ley impulsada por el Ejecutivo para proteger a defensores ambientales y no existe una institucionalidad de protección de defensores ambientales como lo comprometieron los ministerios de Medio Ambiente, Justicia y Cancillería en su momento. Y respecto del plan de implementación Participativo de Escazú, el famoso PIPE, podemos constatar que ninguna de las medidas para proteger defensores ambientales, que deberían implementarse a partir del 2024, se ha cumplido hasta la fecha y ya estamos cerrando el año sin que haya novedad en el frente.

-Ahora bien, de haber estado implementado el Acuerdo de Escazú con sus protocolos correspondientes, ¿cómo podría haber influido dicha iniciativa en casos como el de Julia Chuñil?

-La familia de Julia Chuñil nos comentaba que durante mucho tiempo ellos recibieron amenazas y ataques por su labor en la defensa del medio ambiente. Sin embargo, se abstuvieron de presentar las denuncias correspondientes porque sabían que no iban a llegar a nada. Muchas defensoras ambientales nos comentan que cuando acuden a Carabineros, a la PDI o a la Fiscalía para hacer notar las vulneraciones de derechos, las policías no toman constancia de esto y muchas veces ignoran estos llamados a la alerta.

Es una cuestión que debería cambiar a nivel cultural e institucional. Deberíamos contar con un protocolo claro que permita a los funcionarios públicos saber actuar en caso de amenazas o ataques contra defensores ambientales. Y también deberíamos contar con una capacitación para que todos los organismos del Estado que reciban este tipo de denuncias puedan contar con las herramientas suficientes para poder tratar este caso de la manera más integral posible.

Además. hoy en día no existe ley que proteja a los defensores ambientales, lo que significa que no hay una definición legal de lo que es ser un defensor ambiental y las vulneraciones que ellos enfrentan. Tampoco existe ningún agravante penal en caso de amenaza o ataque contra un defensor ambiental y tampoco tenemos ninguna institucionalidad ni organismo que nos permita actuar ante estos casos.

Lo que nos comentaba la familia es que lo que más necesitan es contar con un abogado que los defienda y que los ayude a que la investigación avance lo más rápido posible. Sin embargo, la Subsecretaría de Derechos Humanos nos decía que ellos no tenían la capacidad de poner un abogado al servicio ni tampoco hay ningún organismo del Estado que pueda prestar esa asesoría jurídica.

- O sea, se tratan como cualquier otro delito. 

-Peor aún, porque muchas veces tampoco se deja constancia. En el fondo, la familia va a Carabineros y PDI a denunciar los actos, incluso con evidencia contundente, pero los policías, como desconocen del delito, ni siquiera lo dejan constancia.

-Por otra parte, se conoció el pasado viernes que la oficina de Orieta Llauca, defensora ambiental, fue quemada con archivos judiciales en su interior, ¿cómo lo interpretan? 

-La semana en que el presidente Gabriel Boric firmó el Acuerdo de Escazú, Orieta Llauca había recibido amenazas de muerte directamente a su teléfono celular. Durante el discurso de firma del Acuerdo de Escazú, el mandatario mencionó expresamente el caso, señalando que su acción iba a ser justamente para que este tipo de hechos no vuelva a ocurrir. No obstante, a dos años de la firma del Acuerdo de Escazú, vemos que Orieta Llauca sigue enfrentando amenazas y ataques cada vez más graves respecto de su persona y su propiedad. Una cuestión que es tremendamente preocupante y nos debería invitar a tomar acción de inmediato.

Orieta Llauca había recibido el año pasado una amenaza directa a su correo electrónico en la que le decían que si ella no se detenía en la lucha ambiental le iban a quemar su casa. Un año después de esa amenaza, el ataque se concretó directamente en su propiedad. No podemos seguir esperando para actuar y nos parece realmente muy preocupante que las amenazas que se han efectuado contra ambientalistas estén transformándose en acciones concretas cada vez más riesgosas para quienes arriesgan su vida en defender el medio ambiente.

-Por último, ¿qué acciones están planeando llevar a cabo en el corto plazo respecto a estos hechos?

-Estamos trabajando muy cercanamente a la familia de Julia Chuñil para poder esclarecer lo sucedido, apoyar la investigación y dar con los responsables de este caso. Para ello estamos trabajando muy fuertemente a nivel político para apurar la acción investigativa al respecto, y también estamos evaluando presentar algunas acciones judiciales que permitan también acelerar esta investigación.

Por otro lado, también nos parece relevante mencionar que este miércoles se discute el proyecto de Ley de Protección de Defensores Ambientales y nos parece relevante que avance lo más rápido posible porque las y los defensores medioambientales no pueden seguir esperando y cada día que pasa es un día en que sus vidas corren peligro gravemente.