De acuerdo a los antecedentes obtenidos por Interferencia, la indagatoria se inició luego que la madre del bebé interpusiera una denuncia ante el organismo, donde relata que siempre mantuvo la duda sobre lo que ocurrió con el bebé, porque nunca pudo verlo después del parto.

Es más, le indicaron que había muerto e incluso le indicaron que sería buena idea que donara el cuerpo a la ciencia, a lo que se negó. Además, para hacer los trámites le entregaron los documentos para inscribirlo en el Registro Civil, pero el fiscal Sergio Moya descubrió el fallecimiento no aparece en la base de datos del servicio de identidades. Esta es la historia.

Sería Claudio

En septiembre de 1988, Carmen comenzó a sentir que el nacimiento de su bebé era inminente y se preparó para el parto. Claudio llevaría por nombre.

Para ello concurrió al Hospital del Salvador y el 15 nació un varón. Luego de aquello, una funcionaria le informó que el niño había nacido con hipertensión pulmonar y asfixia neonatal severa, de acuerdo al diagnóstico de la doctora Ana Carrasco. La probabilidad de que muriera era alta.

Pascual, esposo de Carmen, concurrió a neonatología, donde observó que su hijo portaba la pulsera con su futura identidad, pero dentro de una incubadora. En esa oportunidad pensó que se hallaba en buen estado de salud. En el mismo lugar otra doctora se le acercó y le confirmó lo mismo que Carrasco. 

De esta manera, desde el 17 de septiembre, ambos padres no volvieron a ver al niño y durante la tarde les informaron que había fallecido.

Cuatro días más tarde, Carmen volvió al centro asistencial para recuperar el cadáver y le indicaron dos cosas. La primera, que debía solicitar al juzgado una orden de retiro. La segunda, que podía donarlo a la ciencia y así evitar cualquier trámite. 

Nuevamente no le permitieron ver el cuerpo del niño, porque supuestamente se encontraba en la morgue para la necropsia de rigor. Acto seguido, le entregaron el certificado de defunción y la estadística de mortalidad fetal tardía y la autorización para inscribir la defunción. Eso sí, los documentos estaban fuera de plazo.

Carmen vivió siempre con una sospecha, hasta que en 2021 por fin pudo conversar con su familia, manifestándoles que mantenía dudas sobre el supuesto fallecimiento de su hijo.

Fue así como este se dirigió a la Fiscalía Oriente e interpuso una denuncia. El perseguidor penal a cargo, César Moya, ingresó entonces a la base de datos del Registro Civil y se llevó una sorpresa: la defunción de Claudio nunca fue inscrita en el servicio de identidades.

El hecho indicaba el posible delito de sustracción de menores, por lo que solicitó al Octavo Juzgado de Garantía la copia de la ficha clínica, que debiera contener la información sobre el procedimiento médico.

Una vez leídos los antecedentes, el magistrado Juan Carlos Valdés, autorizó la diligencia y ordenó al Hospital del Salvador la entrega del documento médico.

Inhabilidades

En Chile, a poco de iniciarse la dictadura cívico militar, comenzó el tráfico de menores, los que eran sustraídos a sus madres bajo distintas explicaciones.

El hecho derivó hace pocos años, en la designación del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, hoy magistrado de la Suprema.

Durante la tramitación de la causa, Carroza fue acreditando que muchos de los menores fueron entregados a familias extranjeras con autorizaciones falsas y cobrando por los trámites.

Actualmente, la causa es tramitada por el ministro del tribunal de alzada capitalino Jaime Balmaceda, quien aseguró en una entrevista otorgada al diario El País de España, que no existen elementos para procesar.

Por esta razón el INDH presentó un recurso de recusación en contra de Balmaceda para que sea inhabilitado.