El 20 de mayo, mientras el ministro de Justicia, Fernando Rabat, asistía a la Comisión de Constitución en Valparaíso, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, firmó como ministro subrogante el decreto que rebajó en 19 meses la condena de César Luis Acuña Luengo, ex agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), la policía política de la dictadura, condenado por el secuestro calificado de cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. La Corte de Apelaciones había ordenado al ministerio pronunciarse sobre esa solicitud, sin exigirle que la aprobara.
No fue el único decreto relevante firmado por un subrogante. El 8 de septiembre, el entonces subsecretario de Justicia, Luis Silva Irarrázaval, firmó como "Ministro de Justicia y Derechos Humanos (S)" la rebaja de 18 meses a un hombre condenado en Punta Arenas por violar y abusar sexualmente de una niña durante ocho años, que salió en libertad pese a que Gendarmería lo había evaluado con un riesgo alto de reincidencia, como informó este medio. Ese día, la agenda de Rabat lo sitúa a las 12:00 en la Universidad de los Andes, en Santiago, y a las 17:30 en Valparaíso.
Consultado por Interferencia por esas y otras fechas, el Ministerio de Justicia respondió en términos generales: "Las firmas de documentos por parte de subrogantes proceden cada vez que el ministro no puede hacerlo, por el solo ministerio de la ley. Una de esas razones son los viajes, ya sean nacionales o internacionales, y esa subrogancia en la firma puede durar minutos, horas o días".
La cartera agregó que "un ministro podría firmar como titular y ser subrogado dentro de una misma jornada", y lo ilustró con un ejemplo: "El ministro podría firmar en la mañana en el Ministerio, luego ir al Congreso a trabajar un proyecto de ley y por continuidad de la función pública en ese espacio de tiempo podría firmar el subrogante legal... en la tarde, el ministro podría regresar al Ministerio y seguir firmando normalmente como titular".
Según esa explicación y el dictamen de la Contraloría que el ministerio adjuntó a su respuesta, la subrogación no requiere ningún acto que la disponga y puede durar unos minutos. No existe, por lo tanto, un registro público que permita saber en qué momento firmó el subrogante cada decreto ni qué impedía al ministro hacerlo. La agenda oficial de Rabat, publicada por el propio ministerio en su sección Agenda Abierta, registra actividades, no la hora en que se firmó cada documento, y no necesariamente incluye todas las actividades del ministro. La fecha de un decreto, además, puede no coincidir con el momento exacto de su firma.
Lo que dice la ley
La Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado dispone, en su artículo 25, que corresponde a los subsecretarios subrogar al ministro. El dictamen 8.275, de 2009, de la Contraloría General de la República, que el ministerio envió junto a su respuesta y que se adjunta a este artículo, establece que si un ministro se ausenta "por cualquier causa" corresponde aplicar la subrogación legal, y que esa figura "opera en forma automática, por el solo ministerio de la ley, no requiriendo, en consecuencia, un acto formal de la autoridad que disponga su designación".
El mismo dictamen fija condiciones. La subrogación procede "cuando existe una causa que imposibilite al funcionario para ejercer su empleo", y "deben existir motivos que [...] justifiquen la asunción de labores del subrogante para no interrumpir la continuidad de la función pública". También recuerda un criterio anterior de la Contraloría, según el cual la subrogación resulta improcedente "si ella importa la existencia paralela de dos jefaturas". El documento no se refiere a ausencias de minutos u horas dentro de una misma jornada.
Las fechas que el ministerio no explicó
La respuesta del ministerio no aborda los casos concretos por los que consultó este medio. A diferencia del ejemplo entregado por la cartera, el 17 de marzo, a seis días de asumir, el ministro no registra viajes ni sesiones en el Congreso: su agenda consigna una sola actividad, a las 10:00, una reunión con el equipo directivo de Gendarmería en el propio ministerio. Esa jornada, los decretos de rebaja los firmó Silva como subrogante. Entre ellos hay uno que otorgó 15 meses de rebaja a un ciudadano peruano condenado por violaciones reiteradas contra una persona menor de edad, en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema que ordenó al ministerio "emitir en forma inmediata" el decreto, y otro, que ya informó este medio, que negó el beneficio a un condenado por violación reiterada de una persona menor de 14 años, con el argumento de que el ministerio "debe aplicar la ley vigente al momento en que se dicta el Decreto".
En otras fechas, la explicación oficial podría aplicarse, pero no es posible verificarla. El 3 de junio, la agenda de Silva registra a las 11:00 una actividad "con Rabat y Mira" en San Miguel, y la del ministro, una sesión en la Sala del Senado a las 13:00. El 1 de junio y el 15 de julio, ministro y subrogante asistieron a la misma Cuenta Pública en Valparaíso. En las tres jornadas, los decretos llevan la firma de Silva como subrogante, sin que exista registro de a qué hora se firmaron ni de dónde estaba cada autoridad en ese momento.
Lo mismo ocurre el 21 de julio, cuando la agenda de Rabat registra a las 09:00 una audiencia de lobby "en su oficina" y a las 15:00 comisiones de la Cámara, y ese día los decretos los firmó Silva. Algo similar sucedió el 13 de mayo, cuando el ministro visitó junto a Mira la Fundación Santa Clara, en Recoleta, en una actividad sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de protección, según la agenda del subsecretario, antes de asistir a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara; el 13 de julio, cuando tuvo actividades en La Moneda y en el Senado en Santiago, y el 2 de abril, cuando asistió a actividades en San Miguel y Ñuñoa.
El 20 de mayo, en cambio, firmó como subrogante Mira y no Silva, el primero en el orden de subrogación. Según el orden descrito por La Tercera, los decretos corresponden al ministro, cuando este está ausente lo subroga Silva y, si ninguno de los dos está, entra Mira. La agenda de Silva indica que en toda esa semana "no se registran actividades públicas", y el ministerio no explicó su ausencia.
Tampoco es posible establecer qué determinaba quién firmaba en las jornadas de Congreso. El 7 de abril, con comisiones del Senado y de la Cámara en Valparaíso, Rabat firmó personalmente los decretos de rebaja, y lo mismo hizo el 10 de agosto y en otras cinco fechas con actividades en el Congreso. El 23 de junio y el 11 de agosto, también jornadas de Congreso, firmó Silva. Según el ejemplo del propio ministerio, en esos días el ministro pudo firmar antes de viajar, o el subrogante mientras él estaba fuera.
Los beneficiados
Entre las rebajas firmadas por subrogantes en las fechas por las que consultó este medio hay condenados por crímenes de la dictadura, narcotráfico, homicidio y delitos sexuales.
El 20 de mayo, el mismo día de la rebaja a Acuña Luengo, Mira firmó otra a Mariela Andrea Gutiérrez Medina, condenada por tráfico de drogas, que según el decreto se redujo en "15 meses y 92 días".
El 1 de junio, con Rabat y Silva en la Cuenta Pública presidencial, Silva rebajó en seis meses la condena del colombiano Fredy Alexander Orlas Heredia, condenado por tráfico de drogas en Antofagasta. Orlas tenía una orden de expulsión y Gendarmería lo había evaluado con un riesgo alto, según los antecedentes de su causa en el Poder Judicial. El decreto incluyó en su distribución a la Policía de Investigaciones y al Servicio Nacional de Migraciones. Su coimputado, José Miguel Carvajal Santander, había recibido una rebaja de seis meses y 12 días el 17 de marzo, también con la firma de Silva.
El 13 de julio, cuando Rabat tuvo actividades en La Moneda y en el Senado en Santiago, Silva rebajó en 15 meses las condenas de dos hombres sentenciados a unos siete años y medio de cárcel. Según consta en sus causas en el Poder Judicial, uno es el venezolano Dany Jesús Castro Escobar, condenado en 2023 por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas y municiones, tras ser sorprendido en Til Til con 271 plantas de cannabis, más de 20 kilos de marihuana y un revólver con encargo por hurto. El otro es Diego Nicolás Benavides Salazar, condenado por robo con intimidación y porte de arma de fuego prohibida y de municiones, en La Pintana.
El 21 de julio, la agenda del ministro registra la audiencia de lobby en su oficina de calle Morandé con representantes de la Fundación San Carlos de Maipo, registrada en InfoLobby, "vinculada a niños, niñas y adolescentes", para presentarle la "necesidad de efectuar coordinación en red desde programas de parentalidad y salud con educación". Ese día, Silva firmó como subrogante una rebaja de 13 meses a un condenado por violación de una persona mayor de 14 años, y otra de 10 meses a Orlando Hernán Tapia Martínez, condenado a cinco años y un día por homicidio frustrado.
En otras jornadas en que el ministro estaba en el Congreso o en regiones, como el 16 y el 24 de junio, el 11 y el 31 de agosto y el 7 de septiembre, Silva firmó rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores en las que la cartera se declara "jurídicamente impedida" de rechazar el beneficio. Lo mismo hizo Mira el 13 de agosto, mientras Rabat y Silva estaban en Talca.
La crisis
Las rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores están en el centro de la crisis que enfrenta el ministro desde el 21 de octubre, cuando Interferencia reveló que entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre el ministerio había dictado 56 decretos que acortaron las penas de 27 condenados por abuso sexual de menores y 29 por violación. La del condenado de Punta Arenas es una de ellas. La mayoría de esos decretos los firmó Rabat, y el resto, Silva y Mira como subrogantes.
El 28 de octubre, la oposición anunció una acusación constitucional contra Rabat. Dos días después, el 30 de octubre, el gobierno removió a Silva, militante del Partido Republicano, después de que publicara en sus redes sociales un video en el que explicaba por qué su firma aparecía en esos decretos, y que, según reconoció, no estimó "necesario consultarlo con el ministro". "A quien le corresponde firmar es al ministro de Justicia. Y cuando el subsecretario subrogando al ministro de Justicia firma, lo hace aplicando el criterio fijado por el propio ministro, y eso fue lo que hice", dijo Silva en esa grabación. Como informó este medio, Kast sacó a Silva por el video y no por los decretos.
Ese mismo 30 de octubre, la Fiscalía confirmó que investiga una denuncia por prevaricación administrativa presentada por los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) ante el fiscal nacional, Ángel Valencia, contra Rabat y Silva. El jueves 12 de noviembre, la oposición ingresó a la Cámara el libelo acusatorio, de 189 páginas y tres capítulos, que cuestiona las rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores y a represores de la dictadura. La Sala dio cuenta de la acusación el lunes 16 de noviembre, y la comisión revisora quedó integrada por Lorena Pizarro (PC), Lorena Fries (FA), Raúl Soto (PPD), Carlos Chandía (RN) y Germán Verdugo (PNL). Su presidente, Soto, anunció que la primera medida sería oficiar a Rabat para que entregue "todos y cada uno de los decretos que ha firmado él o sus subalternos".
Las versiones del ministro
La explicación sobre las subrogancias se suma a otras que la cartera ha ido entregando desde que estalló la crisis. Tras la primera publicación de este medio, Rabat atribuyó las rebajas a la Corte Suprema y las describió como "cumplimiento de sentencias", aunque reconoció que los beneficiados no habían recurrido a tribunales para obtenerlas. Luego, Interferencia dio a conocer decretos que desmienten la llamada "Doctrina Rabat": entre marzo y mayo, el ministerio rechazó al menos cinco rebajas a violadores de menores por hechos anteriores a 2022, dos de ellas con la firma del propio ministro, y solo desde el 16 de junio comenzó a otorgarlas alegando que la ley no le dejaba opción.
Ante la Cámara, Rabat sostuvo que su cartera solo firma lo que deciden las comisiones de reducción de condena. Documentos revisados por este medio mostraron después que el ministerio aprobó rebajas que sus propias oficinas regionales habían objetado, dos de ellas bajo la norma contra agresores sexuales, y negó otras que esas oficinas daban por buenas. Incluso después de declararse "jurídicamente impedido" en los casos de delitos sexuales, el ministerio siguió corrigiendo a sus Seremi para negar rebajas por robo y microtráfico. Y en los fallos que el ministro invocó, las cortes solo ordenaron al ministerio pronunciarse, y en uno los jueces precisaron que podía "reconocer o rechazar el beneficio", lo que contradice su tesis de que estaba obligado a concederlas. El propio Presidente José Antonio Kast terminó tomando distancia de la tesis que inicialmente levantó su ministro. Y el 17 de noviembre, la Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó un fallo que ordena al ministerio decidir "a la brevedad" si acoge o rechaza la rebaja de un condenado por violar reiteradamente a una niña menor de 14 años, sin conceder el beneficio ni ordenar su liberación, según informó BioBioChile. Para el jefe de bancada del PS, Raúl Leiva, la resolución muestra que el ministro "tiene la facultad legal de acoger o rechazar la rebaja de condena".
Con la explicación entregada a este medio, la única forma de saber si en cada una de esas firmas el ministro estaba efectivamente impedido de hacerlo sería un registro de la hora en que se firmó cada decreto. Ese registro no es público. El 11 de noviembre, Interferencia solicitó por la Ley de Transparencia la fecha, la hora y la forma de firma de cada decreto de rebaja firmado por un ministro subrogante. El plazo legal para responder vence el 10 de diciembre.





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