El martes pasado la Corte Suprema resolvió dejar sin efecto las sanciones impuestas a catorce mujeres estudiantes de la Universidad Diego Portales, tres de las cuales fueron expulsadas del plantel y el resto suspendidas hasta por tres semestres como resultado de sumarios en su contra. 

Todo esto como represalia debido a su participación en la toma feminista de la casa de estudios encabezada por Carlos Peña, realizada en agosto de 2019 en protesta por la nula acción de la universidad ante denuncias por acoso y abuso en contra de tres académicos. (Para informarse más al respecto, lea nuestra cobertura del caso en los artículos: Los patrones de protección a los abusadores sexuales por parte de la UDP; Docentes y estudiantes UDP denuncian represalias y despidos por tomas feministas de 2019, y también Estudiantes y profesores de la Escuela de Arte de la UDP en paro por acusaciones de acoso sexual y discriminación de género)

La sentencia de la tercera sala de la Corte Suprema, redactada por la ministra Ángela Vivánco, estimó que la UDP vulneró el número 2 del artículo 19 de la Constitución Política, la que establece la igualdad ante la ley de todas las personas y el principio de “no discriminación arbitraria” por parte de la ley o cualquier autoridad de la república en contra de las personas.

“(...) la decisión de la recurrida de imponer las sanciones de expulsión y suspensión a los estudiantes de autos es arbitraria, pues no es posible encuadrar la conducta típica en los hechos que han resultado probados”, menciona la sentencia, agregando que la universidad sancionó “a un grupo de estudiantes por una conducta que no se encuentra suficientemente acreditada y castigando a un grupo reducido de estudiantes de a lo menos 600 que se encontraban en las mismas circunstancias”. 

La sentencia habla de "manifestaciones legítimas, como pueden definirse las manifestaciones en torno al movimiento feminista". Además dice que estas "luchas feministas" ocurrieron con motivo de "imputaciones al personal de esa Universidad y que afectaba a sus estudiantes”. 

Cabe mencionar que en los sumarios cursados por la autoridad universitaria contra estas estudiantes, se estableció que ellas se encontraban en una asamblea al interior de la universidad cuando esta se encontraba tomada. Sin embargo, los sumarios y consecutivas sanciones se cursaron contra solo algunas de las estudiantes de entre las 600 personas que asistieron a dicha asamblea, constituyendo un actuar arbitrario.

Sin embargo la sentencia va incluso más allá, pues se refiere a la movilización feminista llevada adelante por las estudiantes, al mencionar que “tratándose de manifestaciones estudiantiles, legítimas, como pueden definirse las manifestaciones en torno al movimiento feminista, no es posible configurar las causales de los números 4 y 6 del artículo 3 del Reglamento de Convivencia Estudiantil”, normativa interna que fue utilizada para expulsar y suspender a las estudiantes. 

“Algunas de las afectadas perdieron el año, perdieron becas, créditos o beneficios por culpa de esto. No solo se nos juzgó de manera injusta, sino que también vulneraron nuestro derecho a educarnos”.

La sentencia señala que no se pudo acreditar que la presencia de los estudiantes haya sido “por una circunstancia distinta a la de tomar parte en la decisión del cuerpo de estudiantes, respecto al período de manifestaciones sociales generado durante las actividades realizadas durante las denominadas luchas feministas, que debían decidirse en el seno de ese centro estudiantil, pues los hechos que las motivaron, obedecen a imputaciones al personal de esa Universidad y que afectaba a sus estudiantes”. 

En conversación con INTERFERENCIA, Emilia Garzón, una de las estudiantes expulsadas del plantel -la cual era parte de la Federación de Estudiantes de la UDP cuando ocurrieron estos hechos- considera que se trata de un “fallo histórico” puesto que “la Corte Suprema reconoció que nuestra lucha era válida y legítima, y que las razones por las que estábamos peleando eran problemas y errores de los que la universidad no se estaba haciendo cargo”. 

“La última decisión la tuvo él [Carlos Peña]. Nosotras mandamos una carta de gracia al rector, en la que él podría haberse dado cuenta o dicho que se dejaba sin efecto el procedimiento debido a la arbitrariedad, pero él hizo caso omiso y terminamos siendo sancionadas”

Garzón relató a nuestro medio que, al igual que muchas otras estudiantes afectadas por estas sanciones, tuvo que migrar a otra universidad en medio de la completa incertidumbre sobre el futuro de su carrera: “El resultado final de las sanciones recién lo tuvimos en marzo de 2020, luego de meses en el proceso desde la segunda mitad de 2019, de manera que muchas habíamos tomado ramos y estábamos preparándonos para un nuevo año de estudios”, menciona, y agrega que “algunas de las afectadas perdieron el año, perdieron becas, créditos o beneficios por culpa de esto. No solo se nos juzgó de manera injusta, sino que también vulneraron nuestro derecho a educarnos”.

Pese a la sentencia de la Corte Suprema que ordena que se deje sin efecto estas medidas, la ex estudiante de la Universidad Diego Portales señala que no volverá debido a la violencia con la que fue tratada y la inseguridad que sentiría en un lugar en que sufrió persecusión política. Plantea que para cumplir con el fallo de la Corte Suprema, debe haber una reparación efectiva a los estudiantes en términos de los costos personales y de salud mental que tuvieron que enfrentar, y dar garantías efectivas a quienes continúan en la universidad de que se trata de un espacio seguro. 

Además apunta los dardos a Carlos Peña, rector de la universidad que ha guardado silencio frente al caso. “La última decisión la tuvo él. Nosotras mandamos una carta de gracia al rector, en la que él podría haberse dado cuenta o dicho que se dejaba sin efecto el procedimiento debido a la arbitrariedad, pero él hizo caso omiso y terminamos siendo sancionadas”. 

INTERFERENCIA también tomó contacto con Esteban Spencer, abogado y director de la Corporación 4 de Agosto, organización dedicada a la promoción y protección de los derechos humanos con especial foco en las vulneraciones cometidas contra estudiantes. Esta corporación participó de los recursos presentados por estas 11 estudiantes ante la justicia, otorgando patrocinio legal y también acompañamiento a las víctimas. 

Coincide con Emilia Garzón en que se trata de una sentencia histórica que podría sentar precedentes en el marco de las luchas y protestas llevadas adelante por estudiantes del sistema educativo chileno, y en particular con las movilizaciones feministas. 

Consultado por nuestro medio, señaló que lo que corresponde ahora es pedir al tribunal que exija "informe de cumplimiento de la sentencia, para que así la universidad se vea obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento al fallo y así informar a la Corte que sus órdenes fueron cumplidas". 

Además agregó que como organización, ven necesario que "exista un proceso interno en la universidad que ponga en alerta respecto de las situaciones denunciadas, y así den garantías de no repetición y reintegración adecuada de las estudiantes, considerando que algunas de ellas fueron dirigentas de la movilización y que han estado separadas de la universidad desde septiembre de 2019 hasta ahora", agregando que "es necesaria una adecuada reparación".