El país despertó este miércoles 2 de marzo con lo que podría definirse como el peak de la crisis institucional del Ejército de Chile: la noticia de que el comandante en jefe de la institución, Ricardo Martínez Menanteau, se veía obligado a renunciar a su cargo pocos días antes de la ceremonia oficial de entrega de mando, programada para el 9 de marzo.

Su decisión fue en respuesta al hecho de que días antes la ministra en visita Romy Rutherford -quien investiga el caso de corrupción múltiple conocido como Milicogate- lo había llamado a declarar en calidad de inculpado en las aristas de la investigación conocidas como 'pasajes y fletes' y 'gastos reservados'.

La renuncia de Martínez se concretó hoy en su cuenta pública como comandante en jefe, en una ceremonia que por lo general suele ser protocolar y poco noticiosa. En el acto, que comenzó a las nueve de la mañana de este día, Martínez destacó el avance en probidad que habría tenido en Ejército bajo su mando y el “diseño e implementación de un modelo de prevención de delitos, iniciativa inédita en las Fuerzas Armadas”.

Al acto no asistió ni el ministro de Defensa ni subsecretarios, una señal del gobierno de Piñera de restarle respaldo a un comandante en jefe que ya va de salida y por la puerta trasera, ya que formalmente Martínez debía entregar su cargo el próximo miércoles 9 de marzo.

Según informó La Tercera, unas horas antes de la lectura del discurso, Martínez le agregó los párrafos referidos a su renuncia. Al acto no asistió ni el ministro de Defensa Baldo Prokurica (RN), ni los subsecretarios, tanto de Defensa; Cristián de la Maza (independiente, ex marino), como de Fuerzas Armadas; Alfonso Vargas Lyng (RN). Esto, en una señal del gobierno de Sebastián Piñera de restarle respaldo a un comandante en jefe cuestionado en su probidad, que ya va de salida y por la puerta trasera, aunque formalmente Martínez debía entregar su cargo el próximo miércoles 9 de marzo.

Su sucesor, designado por Piñera el pasado 3 de noviembre, será el general Javier Iturriaga, quien se hizo conocido por contradecir al mandatario durante el estallido social cuando afirmó que él no estaba "en guerra con nadie" y que era un hombre feliz", teniendo a su cargo el control militar de la Región Metropolitana en el estado de excepción decretado por Piñera, y a horas de que este haya declarado su famosa frase: "estamos en guerra".

Martínez comunicó su decisión a Piñera durante la tarde de este martes, tras haberse rechazado su petición a Rutherford de suspender su citación a declarar, en calidad de inculpado, de este jueves 3 de marzo.

El apuro de Rutheford era inversamente proporcional a la necesidad de aplazar la diligencia de Martínez hasta después del 9 de marzo: mientras que el entonces comandante en jefe buscaba evitar asistir al interrogatorio siendo el primer jefe del Ejército activo procesado por un caso de corrupción, Rutherford quería definir la citación antes de la posibilidad de ser retirada del caso por el Tribunal Constitucional (TC), tema que se vería este mismo miércoles en dicho tribunal, ante la solicitud de otro ex comandante en jefe procesado por corrupción; Juan Miguel Fuente-Alba.

El día martes, el ex comandante en jefe Fuente-Alba interpuso un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional solicitando suspender la investigación. Fuente-Alba también es investigado por el Ministerio Público. Fuente-Alba también es investigado por el Ministerio Público por el delito de lavado de activos, donde también su esposa, Ana María Pinochet, está siendo investigada.

Al final el TC pospuso su decisión ayer miércoles 2 de marzo, pero Martínez ya había renunciado por la mañana.

Después de todo, Martínez no sólo corría el riesgo de ser el primer comandante en jefe activo citado como inculpado por un caso de corrupción, sino también, ser detenido estando activo, ya que Rutherford tenía la opción de dejarlo en esa condición por al menos cinco días durante su investigación tras el interrogatorio, tal como ocurrió con el general Óscar Izurieta, otro ex comandante en jefe inculpado.

A esto se habría sumado un tercer hito infamante: Martínez hubiese sido el primer comandante en jefe en entregar su cargo, ante el inminente cambio de mando en el Ejército, siendo procesado judicialmente.

Según La Tercera, Martínez buscó evitar estas circunstancias a toda costa, supuestamente para “no mancillar a la comandancia en jefe”.

“Manifiesto enfáticamente al país y a mis camaradas de armas mi inocencia en tales imputaciones, siempre he actuado de buena fe y todos mis actos se han ajustado a la normativa vigente en la institución”, agregó Martínez.

Sin embargo, Martínez no perdió su oportunidad en la tribuna de su cuenta pública de criticar la investigación de Rutherford e intentar limpiar su imagen, alegando que durante la investigación no se ha respetado la presunción de inocencia.

“Pese a que debiera contar con la presunción de inocencia de que goza todo ciudadano, pero que en la práctica aplica para algunos y no para todos, comunico que he resuelto presentar al Presidente de la República mi renuncia al cargo de comandante en jefe del Ejército, asunto que le fue informado a Su Excelencia en la tarde del día de ayer”, dijo.

“Manifiesto enfáticamente al país y a mis camaradas de armas mi inocencia en tales imputaciones, siempre he actuado de buena fe y todos mis actos se han ajustado a la normativa vigente en la institución”, agregó.

El ahora ex comandante en jefe del Ejército será interrogado por la ministra que investiga el caso Milicogate este mismo jueves.  Se calcula que el desfalco de dinero en la institución supera los $7.500 millones de pesos, aunque la investigación sigue sumando aristas, como el de “pasajes y fletes”, en el que estaría involucrado Martínez. 

Los últimos comandantes en jefe Humberto Oviedo, Juan Miguel Fuentealba y Óscar Izurieta han sido procesados por corrupción en este caso, al que se suma ahora Martínez. A ellos se agregan otros integrantes del alto mando, también involucrados en estos delitos, como el general en retiro Héctor Ureta.

Ante esta crisis por corrupción generalizada, además de falta de probidad y transparencia, se suma el momento político que puede complicar las cosas en las Fuerzas Armadas: el cambio de mando en el Ejército y en el gobierno, además de los posibles cambios constitucionales que involucren a la institución. 

El día martes, el ex comandante en jefe Fuente-Alba interpuso un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional solicitando suspender la investigación. Fuente-Alba también es investigado por el Ministerio Público.

Rutherford, quien ha llevado el caso desde 2017, ha procesado a 13 oficiales de la institución desde su labor en la corte marcial.