El pasado 23 de septiembre la familia de Manuel Rebolledo, joven de 23 años asesinado a manos de la Armada el 21 de octubre de 2019 durante los primeros días del Estallido Social en la población Libertad de Talcahuano, recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) buscando revertir el fallo de los tribunales chilenos que dejó en libertad a Leonardo Medina Caamaño, el infante de marina que arrolló a la víctima.

A tres años exactos del hecho –marcado por la revelación de Interferencia y periódico Resumen del registro que muestra el momento en que se produjo el ataque–, nuestro medio accedió a la presentación levantada por la familia del joven, en la cual se apunta, entre otros, al ex presidente Sebastián Piñera como uno de los responsables de una serie de vulneración de derechos, entre ellos el asesinato de la persona.

Además del ex mandatario, incluido tácitamente en esto por ser el máximo dirigente del Poder Ejecutivo en la época del atropello a Manuel Rebolledo, se menciona a la Armada de Chile, liderada entonces por el almirante Julio Leiva Molina; al Ministerio Público, especificando a la Fiscalía de Talcahuano; como también al Poder Judicial, tanto al Tribunal Oral en lo Penal de Concepción, la Corte de Apelaciones de dicha ciudad y la Corte Suprema.

En el documento se expone también la vulneración de una serie de derechos en este caso, entre estos, el derecho a la vida de Manuel Rebolledo, el derecho a la integridad psíquica de la familia de la víctima, como también la afectación de los derechos de los querellantes durante el proceso judicial.

manuel rebolledo

Derechos afectados de acuerdo a los abogados del caso.

La acción de los familiares es patrocinada por la oficina de abogados de Nelson Caucoto, destacado litigante en casos de violaciones a los derechos humanos –asesinato de Víctor Jara y Caso Quemados, entre otros–, junto con el abogado Roberto Pino Almeyda, quien además es fundador del colectivo Justicia para Manuel Rebolledo.

El conjunto de profesionales, de cara a esta acción en la CIDH, encontró una serie de falencias en el proceso, las cuales son alegadas en el documento.

"A nuestro entender el juicio oral debió haber sido anulado de inmediato por la Corte de Apelaciones de Concepción ya que no se cumplió con el estándar legal mínimo al momento de ponderar las pruebas. Por ejemplo, Leonardo Medina manifestó incongruencias en sus declaraciones sobre si había visto y perseguido a Manuel Rebolledo, pero el Tribunal Oral sólo consideró la versión que lo beneficiaba. Tampoco el tribunal se hizo cargo de la declaración del Teniente André Ducaud, uno de los responsables que jamás fue formalizado por la fiscalía. A la Corte no le interesaron estos aspectos, y lamentablemente tampoco a la Corte Suprema quien cerró la última posibilidad que existía en Chile”, dijo a Interferencia Roberto Pino Almeyda.

Para el abogado, la investigación del caso a manos de la Fiscalía de Talcahuano fue “lenta, poco precisa y bastante cuestionable”:

“Si el INDH solicitó reconstitución de escena el día 22 de octubre de 2019, ¿Por qué la fiscalía nunca se refirió a esa petición? Recién se realizó el 15 de octubre de 2020 a pretexto de la pandemia, pero ya antes de la pandemia que la diligencia fue solicitada. ¿Por qué la fiscalía tardó tanto en formalizar a Medina por homicidio? ¿Por qué el detective José Vidal Escalona afirmó impunemente que la familia de Manuel fue a "baldear" el lugar el día de los hechos? Estos y otros antecedentes requieren ser estudiados por un tribunal que esté a la altura de las circunstancias", agregó Pino.

Si el organismo determina que amerita juzgar el proceso dado en Chile, el caso es enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual falla si es que se sanciona al Estado de Chile por vulneraciones en la búsqueda de justicia.

Para el lamento de los familiares de Manuel Rebolledo, este proceso en la CIDH tarda en promedio ocho años. Posteriormente a esto, si el organismo determina que amerita juzgar el proceso dado en Chile, el caso es enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual falla si es que se sanciona al Estado de Chile por vulneraciones en la búsqueda de justicia.

En este sentido, vale destacar que en Chile en términos penales, los tribunales determinaron que el Leonardo Medina Caamaño es culpable de cuasidelito de homicidio, que debido a su pena más baja benefició al marino, quien no ha cumplido ningún día de cárcel. 

Mientras que en tribunales civiles, recientemente el Estado fue condenado a indemnizar con $220 millones a la familia de Rebolledo, pero esta acción actualmente está siendo apelada en la corte penquista, puesto que la parte querellante busca que el pago sea superior.