El concepto diplomático “in statu quo ante bellum” se utiliza para suspender las conflagraciones y restablecer la paz, dejando las cosas "como eran antes de la guerra"; permite propiciar la retirada de las tropas y recuperar la situación de poder y liderazgo previa al conflicto. Es lo que sucedió el lunes con el “Acuerdo por Chile” para continuar el proceso constituyente, retomando la antigua manera de hacer las cosas y el orden que reinaba antes del estallido social de 2019. El acuerdo trae grandes certezas pero ninguna garantía de estabilidad ni de éxito, porque fue justamente ese orden de poder previo al estallido el que causó la crisis política y social.

Tal como está concebida esta nueva etapa del proceso constituyente, las posibilidades de alcanzar un verdadero pacto social dependen exclusivamente de la voluntad del sector que domina el Congreso, la derecha ampliada a sus nuevos aliados, lo que reduce al mínimo los incentivos de cambio. Nadie que ocupa posiciones ventajosas querrá modificar ese status quo.

Es bastante contundente la lista de cerrojos a la libre deliberación democrática en el nuevo proceso, desde la sobre representación de regiones menos pobladas en el consejo elegido con el sistema de circunscripciones; pasando por expertos designados con incidencia desmedida; hasta llegar a los doce bordes, cuya vaguedad permite interpretaciones arbitrarias. Pero hasta ahí las restricciones pueden considerarse razonables, porque los quorum supra mayoritarios de 3/5 garantizan el consentimiento de las minorías.  Por lo demás, existe experiencia comparada con similares mecanismos  de participación de expertos y de legisladores en procesos constituyentes de diversas democracias respetables.

El verdadero candado autoritario ha pasado más o menos inadvertido y radica en el quorum del comité de admisibilidad. Esta suerte de Tribunal Constitucional del proceso, que vigilará la correcta aplicación de los doce principios acordados por los partidos políticos, decide por la mitad más uno de sus 14 integrantes y puede impugnar cualquiera de las normas aprobadas por los 3/5 del Consejo elegido, sin ninguna instancia de apelación. O sea, la mitad más uno del comité de admisibilidad designado a dedo,  tendrá mayor peso que los 3/5 de los consejeros constituyentes elegidos en las urnas. Más encima, para que intervenga este comité basta 1/5 de constituyentes elegidos; a penas diez.

Y aquí entra un segundo mecanismo antidemocrático del acuerdo al que tampoco se ha hecho referencia. Estos 14 censores constitucionales de las doce bases reproducirán de modo exacto la composición de fuerzas políticas del Congreso, porque serán designadas por el Senado a proposición de la Cámara de Diputados. ¿Qué tiene eso de antidemocrático si se trata de un Congreso elegido por el pueblo? Primero, que los parlamentarios fueron votados para legislar y, si bien poseen un poder constituyente derivado, resulta abusivo endosar esa derivación a terceros designados. Segundo, la correlación de fuerzas del Congreso fue distorsionada a espaldas de sus electores, cuando dos senadores y tres diputados elegidos en virtud de su militancia demócratacristiana dejaron de serlo para pactar con la derecha.  

De igual forma, un diputado elegido como independiente en lista radical mutó al “amarillismo” para sentarse con la derecha. Finalmente, 6 diputados del PDG, electos por su supuesta filiación de centro, se han convertido en un impredecible archipiélago de intereses individuales, predominantemente derechistas.   

El verdadero candado autoritario ha pasado más o menos inadvertido y radica en el quorum del comité de admisibilidad. Esta suerte de Tribunal Constitucional del proceso, que vigilará la correcta aplicación de los doce principios acordados por los partidos políticos, decide por la mitad más uno de sus 14 integrantes y puede impugnar cualquiera de las normas aprobadas por los 3/5 del Consejo elegido, sin ninguna instancia de apelación.

La consecuencia es que un Congreso que fue elegido para legislar con una ligera mayoría de centroizquierda se convirtió, sin mediar elecciones, en un doble poder legislativo y constituyente, con mayoría conservadora. Y el impacto de esto en la nueva propuesta constitucional puede ser dramático, porque nadie asegura su aprobación.

Huelga recordar que la distancia de la ciudadanía con la Convención Constitucional no tuvo nada que ver con la indiscutida participación democrática en su origen y en su metodología de trabajo; de hecho, nunca llegó al nivel de descrédito del actual Congreso. El pecado de la Convención fue exactamente el mismo que han cometido todas las instituciones democráticas en los último 32 años: encerrarse en su burbuja, sin atender a los vaivenes y vicisitudes de la ciudadanía.

El Acuerdo por Chile repite ese error, pero esta vez las consecuencias son de exclusiva responsabilidad de quienes impusieron sus condiciones, la derecha (amarillos incluidos), porque el estado de fragilidad del oficialismo le hizo imposible vencer la presión conservadora; máxime considerando que la opción de desahuciar las negociaciones imponía mayor incertidumbre a un gobierno extremadamente debilitado.

Así las cosas, esta vez es la derecha la responsable de conducir el proceso hacia su aprobación en el plebiscito de salida. Puede hacerlo si permite una Constitución genuinamente democrática, si no pretende restablecer el orden “in statu quo ante bellum”. O bien, puede repetir su historia autoritaria e imponer un maximalismo inverso al que tanto criticó; mientras espera sentada una versión institucional del estallido, que no será en las calles, sino en las urnas, mediante gobiernos populistas de ultraderecha que ofrezcan salidas a la vulnerabilidad social, a través del orden y la paz de los cementerios.