El 23 de enero de 2020 se publicó la Ley de Humedales Urbanos, legislación que tiene como objetivo dar protección a estas zonas, en cuanto sean declarados como tales por el Ministerio de Medio Ambiente.

Esta ley define los humedales como “aquellas extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina, cuya profundidad en marea baja no excede los seis metros, y que se encuentren total o parcialmente dentro del radio urbano”.

En noviembre de 2020 se publicó el reglamento de la ley por parte del Ministerio del Medio Ambiente, suscrito también por el Ministerio de Obras Públicas, donde se señalan los criterios mínimos para la sustentabilidad de los humedales urbanos, “a fin de resguardar sus características ecológicas y su funcionamiento, y de mantener el régimen hidrológico, tanto superficial como subterráneo”.

Hasta junio de 2022, el Ministerio de Medio Ambiente había reconocido un total de 83 humedales urbanos a lo largo del país, totalizando una superficie protegida de 8.383,75 hectáreas. Sin embargo, el mismo organismo en la actualización de su catastro nacional hecha en 2020 había identificado más de 1.400 humedales urbanos en el país. 

En ese sentido, se indica que las municipalidades del país “deberán establecer en una Ordenanza General, los criterios para la protección, conservación y preservación de los humedales urbanos ubicados dentro de los límites de su comuna, utilizando los lineamientos del referido reglamento”.

Hasta junio de 2022, el Ministerio de Medio Ambiente había reconocido un total de 83 humedales urbanos a lo largo del país, totalizando una superficie protegida de 8.383,75 hectáreas. Sin embargo, el mismo organismo en la actualización de su catastro nacional hecha en 2020 había identificado más de 1.400 humedales urbanos en el país. 

Para mayor detalle de este levantamiento, a continuación esta herramienta online que permite geolocalizar los humedales urbanos catastrados:

Si bien la legislación ha sido celebrada por las organizaciones y comunidades dedicadas a la protección del medio ambiente, su implementación también ha sido considerada incompleta por distintos factores. 

Entre los aportes que la ley ha generado, los ambientalistas destacan que se trata de un instrumento que permite el reconocimiento legal de los humedales urbanos, lo que era inexistente hasta la fecha. A su vez, destacan el hecho de que se pueda diseñar ordenanzas de protección de humedales con los municipios, con lo que se podría incidir en los instrumentos de planificación territorial tanto a nivel comunal como regional. 

Sin embargo, las críticas apuntan a que la implementación de la ley queda a la discreción de la autoridad de turno, por lo que muchas veces son las comunidades las que tienen que presionar para realizar los actos administrativos y aportar la información necesaria para que un humedal sea reconocido. 

Sin embargo, las críticas apuntan a que la implementación de la ley queda a la discreción de la autoridad de turno, por lo que muchas veces son las comunidades las que tienen que presionar para realizar los actos administrativos y aportar la información necesaria para que un humedal sea reconocido. 

Junto a ello, los ambientalistas también muestran su preocupación por la judicialización que están llevando a cabo actores privados en contra de humedales urbanos que ya han sido reconocidos, para quitarles esa figura, tal como ocurrió recientemente en los Humedales de Quilicura, donde 468,3 hectáreas que habían sido declaradas como humedales urbanos el 24 de junio del 2021, perdieron su declaratoria desde el 30 de diciembre del 2022 por orden del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago. 

Comunidades en alerta

INTERFERENCIA conversó con distintas organizaciones ambientalistas de diferentes lugares del país para conocer su experiencia con la actual legislación de humedales urbanos. 

Consultados por este medio, Jocelin Varela y Arturo Yáñez de la Red de Humedales Bío Bío, mencionaron que “quizás se podría decir que ha pasado harto tiempo desde la promulgación de la ley, por el ritmo acelerado con el que se pierden humedales. No nos gusta pensar que es una ley tan nueva, aunque sí lo es. Por lo mismo, podemos decir que ha tenido dificultades en su desarrollo, efectividad y funcionamiento. Es una gran oportunidad, pero ninguna figura de protección en Chile es total”.

"Al juntarnos con municipalidades tuvimos distintas experiencias y eso nos permitió hacer propuestas tangibles, lo que fue un éxito. Creo que hemos avanzado más rápido que las municipalidades, con propuestas más ambiciosas”, concluyen desde la Red de Humedales Bío Bío. 

En ese sentido, desde la organización explicaron que “la ley empieza a ser funcional recién con el reglamento, y ante eso vemos que no hay actividad de parte de los municipios. Hicimos algunas preguntas, vimos que no había ningún proceso claro de ejecución para aplicar la ley. así que armamos un comité de ley de humedales urbanos justamente para apoyar, exigir y proponer específicamente las áreas que deberían protegerse como humedal urbano",

"La verdad es que fue un proceso que nos sirvió bastante. Consistió en hacer un llamado general, principalmente a profesionales del área, y desde ahí salir mucho a terreno, recolectar información, hacer reuniones para compartir metodologías, ya que el reglamento es genérico", explican.

"Al juntarnos con municipalidades tuvimos distintas experiencias y eso nos permitió hacer propuestas tangibles, lo que fue un éxito. Creo que hemos avanzado más rápido que las municipalidades, con propuestas más ambiciosas”, concluyen desde la Red de Humedales Bío Bío. 

Junto a ello, Varela y Yáñez valoraron la guía para declarar humedales urbanos que presentó el Ministerio de Medio Ambiente a comienzos de 2022, ya que a su juicio “se determina una metodología más específica de cómo determinar un límite de un humedal, lo cual igual nos ayudó. Sin embargo, si consideramos que desde fines de 2020 e inicios de 2021 está en funcionamiento la ley y recién ahora tenemos una guía para poder declararlos, la verdad es que sentimos que es demasiado lento el funcionamiento. Para qué hablar también del financiamiento que tienen para poder hacer eficiente este proceso”. 

Por su parte, Montserrat Lara, del Comité Comunal de Humedales de Valdivia, cree que la ley generó “un cambio radical al pasar de un contexto normativo en el cual no había ninguna ley que directamente se abocase a la protección de humedales, a tener un instrumento que efectivamente permite reconocer de manera oficial humedales y asociarles algunas medidas de protección, en algunas áreas de resguardo. Es una mejora y un avance hacia dónde deberíamos ir como país”. 

Aún así, Lara cree que la normativa “tiene algunos defectos que deberían poder mejorarse. Por ejemplo, requiere de un proceso administrativo bastante lento y engorroso para que efectivamente un humedal se reconozca como tal en un acto administrativo. Esos procedimientos no dependen de la ciudadanía ni las comunidades tienen mayores posibilidades de aportar, sino que están a cargo de los municipios o del Ministerio del Medio Ambiente”.

Desde Valdivia muestran preocupación por la judicialización de los humedales que disputan su reconocimiento legal como ‘humedales urbanos’. “un porcentaje importante ha sido llevado al Tribunal Ambiental, en general por parte de privados que tienen intereses inmobiliarios en esas zonas, donde se cuestiona el procedimiento de declaración y le piden al Ministerio del Medio Ambiente que la deje sin efecto. Ahí uno no sabe qué puede pasar ni qué puede decidir el humedal”, dice Montserrat Lara. 

Junto a ello, Lara muestra su preocupación por la judicialización de los humedales que disputan su reconocimiento legal como ‘humedales urbanos’. “un porcentaje importante ha sido llevado al Tribunal Ambiental, en general por parte de privados que tienen intereses inmobiliarios en esas zonas, donde se cuestiona el procedimiento de declaración y le piden al Ministerio del Medio Ambiente que la deje sin efecto. Ahí uno no sabe qué puede pasar ni qué puede decidir el humedal”. 

Humberto Gómez, encargado de investigación de la Agrupación Ecológica Patagónica, si bien valora la legislación, asegura que han tenido varios problemas con su implementación.

“Por ejemplo, acá en Puerto Natales no hay plan regulador. entonces se está tratando de rescatar humedales sin el conducto regular, pero en Punta Arenas hay nuevos humedales que hay que rescatar. En caso de no apurarse, no alcanzaremos a levantar la información base para declararlos como 'humedales urbanos', explica.

"Eso no debería ser nuestro trabajo, sino el del Estado, pero en el papel lo terminamos haciendo las organizaciones. Es una situación que hemos visto que se repite en distintos lugares de Chile”, concluye Gómez.

Además, el ambientalista relató que “en la situación actual incluso suceden algunas cosas incómodas, como que no se reconocen los humedales urbanos a tiempo, y se proyectan viviendas en esas zonas. Y luego se producen discusiones entre la propia ciudadanía entre quienes quieren vivir ahí y los que deseamos que esas áreas sean protegidas. Esto es irracional, y lo que debiese ocurrir es que sea el Estado el que establezca la protección, sin necesidad de que sean las organizaciones sociales y las comunidades las que tengan que solicitarlo”.

Nicolás Ferraro, del Cabildo Ciudadano de Los Molles, dice que “desde el cuarto trimestre de 2020 comenzamos un trabajo para incentivar a la Municipalidad de La Ligua a postular a nuestro humedal a la nueva Ley de Humedales Urbanos. Lo anterior, con bastante resistencia por parte del Municipio, una cosa muy extraña. Finalmente nosotros estuvimos en alianza con los concejales y gracias a ellos logramos oficializarlo, con un trabajo muy participativo de la comunidad”. 

De esa forma, en 2021, en Los Molles consiguieron que el decreto correspondiente incluyese el humedal dentro de la categoría correspondiente. Pero, según relata Ferraro, “lamentablemente el decreto modificó el polígono original que se había establecido en conjunto con la Municipalidad, el que era bastante extenso. La zona fue intervenida por distintos elementos como escombros y edificios. Esta reducción se hizo aduciendo que habían ciertos sectores que no cumplían con los requisitos que establecía la ley".

"Nosotros replicamos que esos terrenos sí cumplían con la normativa y no aceptamos ese polígono reducido porque eso implicaba renunciar a la recuperación del humedal. Por eso estamos a la espera de un reclamo al Tribunal Ambiental que pide que el decreto definitivo recupere el terreno original en su integridad”, comenta.