Las isapres llevan largos años enfrentando juicios por las alzas unilaterales de sus precios, los cuales eventualmente tienen correlato en la adición de cobertura y otros servicios por parte de estas aseguradoras. Sin embargo, la Justicia, a través de varias sentencias, ha encontrado -desde temprano en la década de 2010- que dichas alzas son arbitrarias por cuanto limitan un derecho esencial a la salud de las personas.

Esto ha sido objeto de aplausos y reproches para abogados y estudiosos del derecho, según desde qué tribuna y punto de vista han emitido sus declaraciones.

En ese contexto, Ángela Vivanco, ministra y actual vocera de la Corte Suprema -la cual hizo noticia por señalar que la sentencia que obliga a las isapres a hacer millonarias devoluciones a los afiliados aplica solo para quienes hayan hecho demandas-, ya tenía en 2013 una opinión bien formada respecto de los numerosos juicios que caían sobre la industria. 

En julio de 2013, en la sección de opinión de El Mercurio, Vivanco señaló en el artículo denominado Isapres, AUGE-GES y tribunales que “la noticia de los últimos días en el sector salud ha sido la presentación de 100 mil recursos de protección por los cotizantes de las isapres, oponiéndose a las alzas de las tarifas AUGE-GES”.

Vivanco señaló que “la ley vigente expresamente permite modificar el precio de las Garantías Explícitas en Salud (GES)”, de manera que “se trata, entonces, de alzas justificadas por la adición de cobertura dispuesta por la autoridad y respaldadas por sus análisis técnicos. Sin embargo, las acciones cautelares que las cuestionan empiezan a ser acogidas por las cortes”.

Sobre el caso, Vivanco señaló que “la ley vigente expresamente permite modificar el precio de las Garantías Explícitas en Salud (GES)”, de manera que “se trata, entonces, de alzas justificadas por la adición de cobertura dispuesta por la autoridad y respaldadas por sus análisis técnicos. Sin embargo, las acciones cautelares que las cuestionan empiezan a ser acogidas por las cortes”.

Según la columna de Vivanco, una sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua “considera que el alza es arbitraria, pues se ha brindado al afiliado ‘información claramente insuficiente, la cual no permite a esta cotizante siquiera vislumbrar si esa alza corresponde a una aplicación razonable de la aludida facultad, por cuanto se apoyaría en mayores gastos que no se pormenorizan y que por consiguiente no son comprobables’, previniendo ‘que las instituciones privadas de salud no pueden subordinar el cálculo del precio a pagar a la consecución de un fin de lucro’”.

Vivanco menciona que esta situación es preocupante pues “el cuestionamiento de las alzas relativas al sistema privado opera hoy en Chile a todo evento, sin importar sus montos ni sus razones, quedando demostrado que litigar sobre ellas resulta una industria fructífera para sus patrocinantes y un perverso atractivo para sus cotizantes”, y que debido a esta mecánica “toda alza de precio es definida como un atentado a los derechos del cotizante, lo cual paradójicamente no se aplica a otras realidades”. 

Vivanco cierra su columna con una pregunta retórica que refleja preocupación por el futuro del sistema de salud privado: “Queda entonces hacernos una lógica pregunta: si cumplir con la ley y con las instrucciones de la autoridad sanitaria no basta, más aún empieza a ser reprobable, ¿qué es lo que se exige del sistema de salud privado en realidad? ¿Posibilita este estado de cosas su subsistencia?”.

Cuando Ángela Vivanco fue designada ministra de la Corte Suprema en julio de 2018 -a proposición del ex presidente Sebastián Piñera- CNN Chile publicó un breve perfil titulado Anti aborto y pro Isapres: El perfil de la nueva ministra de la Corte Suprema, en el cual recuerdan el artículo de opinión antes referenciado.

Pero esta no es la única vez que Vivanco ha figurado en los medios y en las páginas de El Mercurio en defensa de las Isapres. A mediados de 2016, La Tercera publicó un artículo titulado Isapres arriesgan $38 mil millones por posible cambio en criterio tributario del SII. 

En esta publicación, el entonces presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, el Superintendente de Salud de la época, Sebastián Pavlovic, además de Ángela Vivanco y Franco Gorziglia -ambos abogados y académicos de la Pontificia Universidad Católica- comentan lo perjudicial que sería para la industria de las isapres que el Servicio de Impuestos Internos (SII) no considere los gastos por costas judiciales de las isapres -luego de numerosos juicios perdidos- como gastos necesarios de la empresa y así poder reducir su carga tributaria. 

Según el artículo de La Tercera, el rechazo de estos gastos significaría que las isapres tengan que pagar $38.142 millones de pesos de manera retroactiva para el periodo 2012-2016.

En este contexto, Vivanco nuevamente critica que hay una “industria de la litigación” en torno a los juicios y recursos ganados contra las isapres, y que “hoy la vida ordinaria de las isapres es vivir con juicios. Eso se suma a que existe un vacío en aspectos legales que no han sido cubiertos', señala Vivanco, quien agrega que esta es una situación grave y anómala, y que “pone en riesgo la subsistencia de la salud privada”.

Polémica con Atria

Las declaraciones de Vivanco tuvieron eco en la época, cuando Fernando Atria escribió una carta a El Mercurio en la que señala que “la señora Ángela Vivanco ha defendido que las costas a las que las isapres son condenadas deben ser tratadas tributariamente como gastos, a pesar de que no se trata de ‘la actividad propia de una isapre’. Según ella, ‘la condena en costas es, en estos casos, la usanza común y el modo de pago de los abogados respectivos, no una sanción a quien insiste en litigar mañosamente’”.

Según Atria, la ‘verdadera industria estable de la litigación’ que denuncia Vivanco es causada por la persistencia de las isapres, que insisten en alzar sus planes a sabiendas de que esas alzas serán declaradas ilícitas por los tribunales, porque asumen (correctamente) que muchos de sus afiliados no recurrirán de protección. En esas condiciones, la condena en costas es una sanción, y tratarlas como gastos sería tan absurdo como pretender que las multas sean gastos”.

Fernando Atria escribió una carta a El Mercurio en la que señala que "es una práctica recomendable que, cuando los profesores de derecho escriban columnas en defensa de quienes también son sus clientes, lo hagan presente”. Ante lo que Vicanco retrucó: "en cuanto a intervenciones profesionales respecto de mis clientes, dado que todas me honran y satisfacen, puede tener por seguro que son públicas y conocidas y claramente diferenciadas de las opiniones que doy como constitucionalista con más de 30 años de experiencia”.

Y finaliza señalando que “es una práctica recomendable que, cuando los profesores de derecho escriban columnas en defensa de quienes también son sus clientes, lo hagan presente”.

Al respecto, Vivanco respondió a Atria en el mismo espacio de El Mercurio, el 30 de junio de ese año, que “cuando comente artículos relativos con temas de interés público, sería deseable que se documentara acerca de la trayectoria académica que tienen sus autores, a fin de mantener las claves propias de los debates intelectuales y no otras del todo improcedentes”.

Al respecto Vivanco agregó que “tiene razón don Fernando acerca de que tengo intereses personales en el tema. Como usuaria de la salud privada, me interesa que el sistema funcione bien y no se desmantele; como abogado, me preocupa que las acciones cautelares no dejen de ser lo que son y se transformen en procedimientos puramente formales que no arreglan temas de fondo; como académica, me gustaría que hubiera una buena regulación de la salud en su conjunto y que no se acudiera a la demonización de la actividad privada puesto que el Estado es totalmente incapaz de sustituirla".

Respecto de lo señalado por Atria, en el sentido de que Vivanco tendría que transparentar que tiene a isapres por clientes, Vivanco respondió que "en cuanto a intervenciones profesionales respecto de mis clientes, dado que todas me honran y satisfacen, puede tener por seguro que son públicas y conocidas y claramente diferenciadas de las opiniones que doy como constitucionalista con más de 30 años de experiencia”.