Nuevamente un acuerdo internacional lesivo contra la soberanía fue aprobado por el Congreso, frente a una oposición atrincherada en torno eslogans de poco calado conceptual.

Decir, como sostiene el gobierno, que es un tratado comercial y que dará un mejor acceso a ciertos mercados de exportación ni siquiera califica de verdad a medias. El país ya tiene acuerdos comerciales bilaterales (y bastante profundos) con cada uno de los 11 países miembros del acuerdo. La ganancia en acceso al mercado será, por lo tanto, marginal.

Decir, desde la otra esquina, que es un blindaje para los controladores estadounidenses de las AFP, tampoco tiene asidero. Contrariamente a lo que se ha dicho, empresas financieras como Prudential o Metlife no podrían invocarlo para exigir compensaciones si el sistema fuese algún día reformado de raíz, puesto que Estados Unidos se retiró del acuerdo. Lo mismo corre para la colombiana Sura (AFP Capital) o el Banco de la Svitzzera italiana (Planvital), dado que ni Colombia ni Suiza son parte del TPP-11. Este fake ha sido repetido incluso en prestigiosas emisoras radiales.

Solo siete de los 30 capítulos del TPP-11 tienen que ver con comercio. El resto básicamente se vincula a la protección de inversiones, lo que hace de este un instrumento jurídico internacional vinculante destinado a protegerlas en caso de expropiación o de decisiones políticas que afecten sus ganancias directas, royalties o  patentes. Hasta aquí nada nuevo bajo el sol, dirán los veteranos de las guerras mediáticas del último cuarto de siglo. Entonces ¿cuál es el drama?

En los últimos días ha circulado por las redes sociales varios memes con aseveraciones apocalípticas sobre el fin de los derechos laborales, de la agricultura tradicional, los medicamentos genéricos y de la privacidad en internet, sazonado con penas de cárcel por bajar contenidos protegidos por derechos de autor. Combinan temores legítimos con grandes exageraciones.

Una de las críticas más fuertes de impugnación del tratado es la de Chile Mejor sin TLC, que elaboró una lista de 16 motivos para rechazarlo. Citando artículos específicos, esta plataforma recurre a argumentos propios de la crítica a la globalización neoliberal. No obstante, varias de sus impugnaciones caen en el terreno de lo profético, tal como lo hacen los conservadores al oponerse a leyes liberales en materias valóricas (“el matrimonio igualitario abrirá el camino a la poligamia”). Para precisar los alcances negativos del TPP no hay que fijarse solo en el articulado del acuerdo, como hace Chile Mejor sin TLC, sino también en los países firmantes.

Ahí está la clave.

Dime con quién andas

El gran error de quienes se oponen al TPP-11 es argumentar como si el tratado abarcara a todos los países capitalistas y sus multinacionales. Son solo once, y tienen niveles distintos de poder financiero, multinacional y de desarrollo social. ¿Debemos estar preocupados por Brunei Darussalam, una monarquía absoluta islámica rica en petróleo y gas, que acaba de aprobar la lapidación contra las adúlteras? ¿O de Vietnam, proveedor de celulares y calzado deportivo? Ya con Singapur hay más paño que cortar, pues es un proveedor de medicamentos patentados y en particular antirretrovirales, cuyas patentes exclusivas el TPP-11 promete robustecer.

Sin embargo, es cierto que el TPP-11 ofrece una protección legal más amplia para las empresas farmacéuticas extranjeras, en desmedro de la industria nacional de genéricos. Mala noticia para la salud pública y las farmacias populares/municipales y los adultos mayores.

Con México y Perú hay una matriz de comercio e inversiones relativamente equilibrada. ¿Impugnará Perú políticas públicas que afecten a sus inversiones en cemento y construcción en Chile (Brescia, Graña y Montero)? ¿Atacará Gastón Acurio -el famoso empresario gastronómico- una ley que fomente la formación de sindicatos en sus restaurantes? ¿Televisa meterá chilenos en la cárcel por bajar ilegalmente viejos episodios del Chavo del Ocho? No son chistes al voleo; el comercio y el derecho internacional está hecho de casuística, y aquí si hay un riesgo.

Pero donde el gobierno de Piñera y la Zeitgeist neoliberal sí está entregando con toda seguridad un cheque en blanco es a tres países de la angloesfera que son pare del TPP-11: Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En particular los dos primeros, dos potencias mineras con inversiones cuantiosas en Chile. BHP Billiton, Río Tinto, Barrick Gold son pesos pesados cuyos intereses quedarán robustecidos por el TPP-11 más de lo que ya están con los respectivos acuerdos bilaterales.

Pero aquí hay otra fuente de equívocos que mezclan el temor con los riesgos reales. Al negociar este tipo de tratados los países transparentan su legislación y ofrecen a sus contrapartes concesiones a cambio de otras.

En materia laboral, el TPP-11 establece una serie de derechos laborales mínimos y entre sus miembros hay países como Australia y Canadá, con un sindicalismo fuerte y derechos potentes; otros sin derechos como Brunéi o Malasia, y los sudamericanos con niveles intermedios. Entonces no es concebible que el país se verá obligado a modificar su legislación laboral, o de lo contrario será demandado en tribunales internacionales y privados, como sostiene Chile Mejor sin TLC. De hacerlo, Chile también podría -por ejemplo- obligar a Australia a modificar su protección social doméstica.

Imaginar que el TPP-11 vaya a obligar a sus miembros más avanzados en derecho laboral, Australia o Canadá, a eliminar el derecho a huelga o el feriado legal es estar fuera de la realidad. 

La verdadera naturaleza perniciosa del TPP-11 es la que señaló el académico José Gabriel Palma en CNN. Se trata de un “un-dos-tres-momia-es” que congela la legislación y dificulta profundizar derechos sociales y laborales. No obliga a desmantelar los que ya existe. De hecho, la Organización Mundial del Comercio, que ofrece el modelo de negociación para todos los tratados como el TPP-11, prohíbe explícitamente reducir derechos laborales o protección medioambiental como herramientas para ganar competitividad exportadora y atraer inversiones.

En síntesis, al firmar el TPP-11 el gobierno chileno se expondrá a que sus decisiones soberanas en estas materias se judicialicen en unos tribunales ad hoc. Tribunales, para peor, que ni siquiera ofrecen las garantías del CIADI, el centro de arbitraje internacional del Banco Mundial, el que, contrariamente a lo que se piensa, sí ha fallado varias veces a favor de los estados nacionales en sus disputas con multinacionales.

La cuestión de las semillas

El TPP-11 sí obliga a los firmantes a adherir al UPOV91, el muy polémico acuerdo internacional que regula y facilita el patentamiento de material genético vegetal modificado, ya sea por bioingeniería o cruzamiento natural. Es una mala noticia para la conservación de un patrimonio vegetal de libre acceso para la pequeña agricultura.

Pero aquí también hay que tomar resguardos. El UPOV91 no es una plataforma pro transgénicos, porque entre sus firmantes hay países visceralmente opuestos a Monsanto, como son Francia, Alemania y otros de la Unión Europea.

La legislación ya vigente en el país establece condiciones específicas para que una persona o una empresa pueda patentar una semilla. Tiene que ser nueva respecto de las que ya existen desde tiempo inmemorial, distinguible genéticamente de aquellas, homogénea (generar frutos iguales entre sí) y estables en el tiempo, o sea, no mutar entre una cosecha y otra. Cada vez que uno ve un tomate limachino de forma irregular, puede estar seguro de que no es transgénico. En otras palabras, la posibilidad de patentar el tomate limachino es casi nula desde el punto de vista biológico. En cambio, cuando se ve en la feria una ruma de tomates idénticos entre sí, se puede tener la certeza razonable de que provienen de semillas patentadas.

Esto no excluye los abusos, por cierto. Por ejemplo, que una empresa inescrupulosa registre como propias las modificaciones genéticas obtenidas por una cooperativa agrícola mediante entrecruzamiento natural o breeding de semillas tradicionales. Para evitarlo se requiere trabajar con seriedad y robustecer los catálogos de semillas autóctonas o incluso promover su uso. Los agricultores viven bombardeados de propaganda para que utilicen semillas patentadas, más resistentes a plagas e intensivas en agroquímicos, pero onerosas para el medio ambiente por su carga de agroquímicos. ¿Habrá llegado el momento de salir a dar esa pelea en serio?  

Hay otros elementos polémicos donde también la oposición al TPP-11 ha confundido riesgos reales con profecías apocalípticas de difícil comprobación. Es una pena, porque cuando se trata de fakes flagrantes, el lobby empresarial y sus representantes en el Congreso los desarticulan con facilidad, y la señora Juanita, que es pragmática y desconfiada de los cabros revoltosos, se resta de una movilización que debiera ser transversal. 

Ese es el drama de la izquierda. No elige el terreno del combate, va a la pelea con pólvora mojada y termina cosechando apenas triunfos morales. La oposición al TPP-11 se pudo haber articulado en base a tres líneas argumentativas sólidas, no había para qué usar dieciséis.